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Una insólita situación se desató la semana pasada en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 y amenaza con volverse un escándalo. Es que tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal le reclamaron a otros tres que le envíen la causa por los cuadernos y todas sus derivadas. El dato no menor: lo hace cuando un fallo ya activó las libertades de Julio De Vido y Roberto Baratta y cuando ya estaba a punto de resolverse si se cae o queda en pie la prisión preventiva de Cristina Kirchner. El tribunal también debe resolver si hace lugar la recusación del fiscal Carlos Stornelli en todos esos expedientes, luego del procesamiento en la causa D’Alessio. De hacer lugar a ese apartamiento, podrían caer todas las elevaciones a juicio de esa megacausa, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La presidenta de la Sala III, Liliana Catucchi, junto a sus colegas Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucchi, le pidió la semana a sus colegas de la Sala I, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que les manden todas las causas vinculadas a los cuadernos. Formalmente no les pidieron que se inhibieran de seguir actuando, sino que requirieron la remisión de las causas. Para justificarlo, dijeron que ellos fueron los que intervinieron antes que ninguna otra sala de Casación en una de las causas que ya existían y que fueron anexadas al megaexpediente que se abrió por las anotaciones del remisero de Baratta.
El problema es que el pedido se hizo cuando ya se fijó audiencia y se escucharon a los defensores argumentar para que caiga la prisión preventiva de la hoy vicepresidenta. De hecho, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, había reclamado una definición antes del 10 de diciembre. El fallo de Casación que derivó en la excarcelación de De Vido y Baratta hacía preveer que se revocaría la orden de detención contra la ex presidenta, que nunca se activó por sus fueros como senadora.
Pero la Sala I de Casación también había escuchado los argumentos de la defensa de Baratta pidiendo la recusación de Stornelli. De hecho, el abogado Alejandro Rúa presentó antes de las 8 de la mañana del jueves 19 de diciembre con una copia del procesamiento que había dictado el día anterior el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla contra el fiscal por los delitos de asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Horas después, los jueces de la Sala I notificaron que se suspendían todos los plazos para la deliberación de la causa cuadernos para resolver el pedido de la Sala III. Ahora, la discusión está abierta. Si en la Sala I deciden rechazar el pedido de sus colegas, la polémica podría terminar definiéndola el resto de los magistrados de ese tribunal -el más importante en materia federal por debajo de la Corte Suprema de la Nación-. Pero de ser así, todo quedará para el año próximo.
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El escenario. El conflicto se formalizó en los últimos días, aunque las ideas y vuelta entre la Sala I y la Sala III ya habían comenzado en octubre. Fue cuando el fiscal de Casación Javier De Luca solicitó la certificación de causas. Tampoco era novedoso que en el tribunal más importante de Comodoro Py se debatía quién tenía que quedarse por el expediente, por la cantidad de causas aludidas. Infobae lo había adelantado en octubre de 2018 y en ese momento se definió que fuera la Sala I. Sin embargo, el planteo de la Sala III recién se activó ahora.
El foco gira en torno a la causa de los cuadernos, el expediente que explotó en agosto de 2018 con una seguidilla detenciones para ex funcionarios y empresarios, y en donde se acusaba a la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner de asociación ilícita.
Para intentar explicarlo hay que hacer algunas consideraciones previas. Las anotaciones de Oscar Centeno fueron presentadas por el periodista Diego Cabot al fiscal Carlos Stornelli, que llevaba junto al juez Claudio Bonadio la causa por la compra de Gas Nacional Licuado. Ese expediente había nacido en 2008 y ya había tenido varios avatares. En ese momento intervenía la Sala II de la Cámara Federal (que revocó procesamientos de Bonadio) y la Sala I de Casación.
El juez Bonadio declaró entonces conexa el caso GNL con el de los cuadernos; él y Stornelli continuaron en la investigación. Fue por eso que muchas defensas denunciaron “forum shopping”, algo que ni en primera ni en segunda instancia tuvo éxito. Cuando los primeros empresarios y ex funcionarios que no se arrepintieron buscaron la libertad, reclamaron su excarcelación sin suerte. Y tras fracasar en Bonadio y la Cámara Federal, buscaron su chance en Casación.
Hubo un sorteo para definir qué sala intervendría. Fue en setiembre de 2018. Salió elegida la número 2, con la integración de Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Giacobucci. Era la sala que más entusiasmaba a las defensas. Los macristas la tildaban de “sala K”. Los kirchneristas la señalaban como la menos alineada con el gobierno macrista.
Pero la Sala II no se quedó con el expediente. Después de certificar otras causas, Slokar -uno referente de Justicia Legítima- mandó el expediente a la Secretaría General para que resolviera quién se lo quedaba.
Se lo quedó la Sala I, que tenía en sus manos la causa de GNL. En la Sala I están los jueces Diego Barreoetaveña y Daniel Petrone (llegados hace un año y medio al máximo tribunal), junto a la jueza Ana María Figueroa.
Ya en septiembre de 2018, Infobae había planteado de la polémica entre las Salas. Y se había señalado que en la Sala III había una tercera causa que estaba vinculada, por decisión de Bonadio, al expediente de los cuadernos. Se trataba de la causa de los subsidios a los colectivos, en donde fueron procesados CFK, Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Más tarde, recién en noviembre de 2018, Bonadio también tomó el control del expediente por lavado de dinero de Daniel Muñoz, que había nacido en el 2013 y se reactivó por un pedido de la Unidad de Información Financiera en 2016, luego del escándalo Panamá Papers.
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Es que con las anotaciones de Centeno, Bonadio decidió declarar conexas a la investigación un ramillete de otros expedientes que existían en el fuero de antes. Esos expedientes ya habían sido revisados por distintos jueces.
El caso de los cuadernos avanzó con más causas en trámite y la intervención de la Sala I en la Cámara Federal y la Sala I en la Cámara de Casación Penal. Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa rechazaron los planteos de diversas libertades que pidieron a fin de 2018 ex funcionarios y empresarios presos. En mayo de 2019, en tanto, Barroetaveña y Petrone rechazaron un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Kirchner, en donde se reclamaba la recusación de Bonadio. En disidencia, la jueza Figueroa se inclinó por analizar el pedido y aludió a la causa de las fotocopias.
Pero a la Sala I de Casación seguían llegando diferentes presentaciones de los acusados: planteos por fórum shopping, revisiones de procesamientos, quejas por prisiones preventivas y hasta el reclamo de los empresarios de segunda línea que habían sido desprocesado por Bonadio inicialmente, y luego procesados por la Cámara Federal. Ellos fueron incluidos en la lista de enviados a juicio sin saber si que su situación procesal fuera revisada (doble conforme).
En octubre, a partir de un planteo del fiscal De Luca, se le informó a la Sala III de Casación que una de las causa relacionadas a cuadernos, la de los subsidios al transporte de colectivos, de 2013, había tenido radicación en ese tribunal. La jueza Catucchi se lo avisó a su colega Barroetaveña. Hubo una segunda notificación. En ese contexto, el juez Barroetaveña le mandó el expediente que investiga lavado de dinero del entorno de Daniel Muñoz.
Mientras tanto, la Sala I de Casación citó a las defensas del caso de los cuadernos a una serie de audiencias para inicios de noviembre para escuchar a los defensores. De Vido y Barattta cuestionaron su detención. La defensa de CFK, sin embargo, pidió postergación y alegó el 28 de noviembre. Allí, reclamó revocar la prisión preventiva de la ex presidenta por considerarla una decisión antojadiza, disparatada y vergonzosa. También pidió que se le diera una respuesta antes del 10 de diciembre. “No estoy pidiendo ningún tipo de privilegio. Sino que se cumplan con los plazos procesales”, dijo Beraldi. En ese momento, en las puertas de Comodoro Py, una marcha reclamaba la libertad de los “presos políticos”.
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Sin embargo, el fallo no salió antes de la asunción de Cristina Kirchner como vicepresidenta. El viernes 13, no obstante, la Sala I de Casación dictó la resolución que abrió la llave para que De Vido y Baratta salieran en libertad, al obligar al Tribunal Oral Federal 7 a fundamentar el rechazo de la excarcelación que pidieron las defensas a la luz de las nuevas pautas fijadas por el Código Procesal Penal, que impuso medidas obligatorias a evaluar antes de ordenar un arresto sin condena.
Cuando los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa se disponían a resolver sobre la situación de Cristina Kirchner y el pedido de recusación para Stornelli, el 16 de diciembre pasado una nueva notificación llegó a la Sala I, que aquí Infobae reproduce, en la que la Sala III pedía formalmente la causa “atento a que las múltiples conexidades con que se relacionan los expedientes” del caso cuadernos.
“A fin de dar plena satisfacción a la inquietud de los señores codefensores y lograr que todas las causas afectadas por la relación de conexidad certificada, queden definitivamente radicadas en esta Sala III, evitando la actuación simultánea de decisiones en dos Salas, reitérense los pedidos.oportunamente cursados”, sostuvo la misiva. “En caso de no acceder a lo solicitado, se invita a los señores jueces integrantes de la Sala I a elevar la cuestión planteada a la Presidencia para que el pleno dirima”, decía la nota.
Los jueces de la Sala I ahora deben responder qué deciden. Si envían el caso a la Sala III o se lo quedan y llevan el tema a un plenario en donde los que definan serán los jueces que no intervienen en ninguno de los dos tribunales. Se trata de los jueces de la Sala II, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, junto a Carlos Mahiques (que se aleja de la presidencia de la Cámara el 31 de diciembre) y de los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Son seis votos, porque el juez Juan Carlos Gemignani está excluido de votar de todos los expedientes en donde aparezca el nombre de Julio De Vido.
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