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CAUSA DE OBRA PUBLICA EN SANTA CRUZ: PARA LOS FISCALES ESTARIA PROBADA LA PARTICIPACION DE MAXIMO KIRCHNER

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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron con su alegato en la tercera jornada del juicio por la Obra Pública que tiene como principal apuntada a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Tras una nueva extensa jornada de más de ocho horas, finalmente se decidió ir a cuarto intermedio hasta el lunes, donde los fiscales seguirán con la acusación.

La gran novedad que tuvo este viernes fue cuando, ya sobre el final del día, Luciani apuntó contra el actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner. “Está comprobada la participación de Máximo Kirchner” en las maniobras, señaló el fiscal.

El fiscal Luciani siguió con sus alegatos contra la familia Kirchner y puntualizó en el líder de La Cámpora, hijo mayor, Máximo Kirchner, de quién aseguró que “está probada su participación. “Digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”, afirmó y se reparó en los mensajes del ex funcionario kirchnerista José López como prueba.

“Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”, sostuvo. Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”.

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados.

Tras repasar varias licitaciones, el fiscal Mola hizo un apartado en el que citó una declaración ante la Justicia del ex secretario de Obras Públicas, José López. “En el 2010 con la muerte de Kirchner se suspende todo. En enero de 2011 me llama al presidenta y me dice ‘podes ser parte del problema o de la solución'”.

“Cristina Fernández y (Julio) De Vido no sólo estaban al tanto de lo que ocurría sino que eran quienes daban las órdenes, decidían a quién pagaban y a quien no”, dijo Mola tras citar la declaración.

Sin iniciar las obras se pagaban adelantos suculentos. Los expedientes hablan, gritan y todo lo demás. Hay que analizarlos”.

Tras casi cuatro horas de exposición de Luciani, la audiencia entró en un cuarto intermedio para que Sergio Mola retome el alegato. Al hacerlo, siguió con el análisis de las obras públicas y desarrolló “la nueva modalidad de convenios” que se puso en marcha con la llegada de Cristina Kirchner a la presidencia.

En esa línea, explicó que Vialidad Provincial publicaba una oferta de obra con un presupuesto estimativo y si la oferta no superaba ese monto, sólo se debía comunicar a Vialidad Nacional. Previamente, el proceso era más complejo y requería de mayores instancias de control.

“Todo lo que vemos acá es opaco, burdo, confuso”, opinó Mola. También señaló como irregularidad que en uno de los casos se designó a la comisión de análisis de ofertas una vez que ya se sabía quiénes eran los oferentes para realizar la obra pública.

Al abordar la licitación N°38, Luciani contó que para ese entonces habían pasado las elecciones presidenciales de 2007 y ya era presidenta Cristina Kirchner. “Había una fiebre por contratar rápidamente pero se empezó a dilatar”, advirtió. 

En esa línea, contó que mientras todo estaba listo para adjudicarle la obra en cuestión a Gotti, empresa de Lázaro Báez, “a mediados de 2007 sucedió algo inesperado para el plan que tenían: (Jaime) Mecicovsky (entonces subdirector de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP) informa que se había presentado el informe final de investigación por facturación apócrifa contra Gotti“.

En ese momento del relato apareció el nombre de Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo del presidente Alberto Fernández, que para esa época era titular de la AFIP. “Con el informe se paralizó el trámite y no por casualidad la época en la que se destrabó el conflicto coincide con la época en la que (Claudio) Moroni le había dicho (a Horacio Castagnola, entonces a cargo de la DGI) que había que desplazar a Mecicovsky“.

Por más de una hora, el fiscal avanzó sobre el análisis de las licitaciones. Además de centrarse en “celeridad inadmisible, la falta de certificación del certificado para construcción y la extensión de plazos”, insistió con el mecanismo mediante el cual Báez “competía” contra si mismo para quedarse con las obras.

Tras describir la presunta maniobra ilegal, Luciani anticipó a los jueces que desarrollaría cuatro licitaciones más hasta la número 40, para hacer luego un cuarto intermedio. Después lanzó sus propias conclusiones: “Nos asombramos cuando vemos estas cosas pero no podemos dejar de decir la verdad de lo que pasó acá. (…) Hubo un direccionamiento al amigo del presidente de la Nación (Néstor Kirchner)”.

Inmediatamente volvió a preguntarse cómo fue que los funcionarios que debían controlar no advirtieron las maniobras cuestionadas. Y se respondió: “Nadie iba a denunciar nada, todos están denunciados, ¿Quién iba a denunciar?“.

Era un verdadero descontrol de las arcas del Estado. Se presentaban en las ofertas los mismos de siempre”, lanzó.

El núcleo central del juicio es la acusación por el supuesto favoritismo estatal sobre las empresas de Báez. Para Luciani y Mola, Néstor Kirchner y luego Cristina eran quienes daban las órdenes a los funcionarios jerárquicos más cercanos, es decir, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y/o el entonces secretario de Obra Pública, José López.

Para los representantes del Ministerio Público ellos eran los encargados de que la presunta maniobra no falle en la etapa de la apertura de licitación y posterior adjudicación. Bajo investigación hay 51 obras públicas como tramos de rutas o remediación de canteras.

La supuesta orden se materializaba a través de los llamados a licitación. Según la versión de los fiscales, ocurría que en todos los llamados se presentaban al menos dos empresas de Báez y una tercera perteneciente a otra firma que planteaba una oferta superior al límite por lo cual quedaba descalificada para competir, de modo tal que Austral, por ejemplo, quedaba con el camino libre.

En otro tramo de las exposiciones, los fiscales buscaron dejar en claro que en varios casos se obtuvieron “insólitas e injustificadas” ampliaciones del plazo. Es decir, obras que debían terminarse en determinado tiempo tardaban mucho más en concluir. 

Frente a eso, hasta el momento la defensa de varios de los acusados ha sostenido que las empresas de Báez solían tener ventajas competitivas principalmente porque estaban radicadas en la provincia. Ese sólo hecho abarataba los costos de logística frente a otras firmas que debían sumar los costos de traslado de maquinarias, por ejemplo.

 

Fuente: Perfil

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LA SOBRINA DE UN LEGISLADOR DE LA CAMPORA AL FRENTE DE LA TOMA DEL MARIANO ACOSTA EN CABA

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Los reclamos estudiantiles escalaron esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y lo que se traducía en asambleas, a través de las redes sociales y por medio de pedidos formales al Ministerio de Educación derivó en la toma de más de una decena de colegios. El puntapié vino del colegio Mariano Acosta por medio de su centro de estudiantes liderado por un espacio afín a La Cámpora y conducido por la sobrina de un legislador porteño de ese espacio.

Se trata de Carla Andrade, estudiante de quinto año de ese colegio secundario y actual presidenta del Centro de Estudiantes. La adolescente, que fue la encargada de difundir en las redes el video donde se comunicó la decisión tomada en asamblea, es la representante política de la Lista 10 “Acostazo”, alineada al kirchnerismo.

Carla es la sobrina de Javier Andrade, diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y militante de La Cámpora, según confirmaron desde su entorno a PERFIL. El vínculo no sólo lo comparte con la dirigenta estudiantil de 17 años sino que también con sus dos hermanas.

Amanda Andrade, también integrante del “Acostazo”, es la menor de las hermanas. Pero la historia viene de más atrás en el tiempo.

De la misma familia emerge un gran interés por la actividad política que a fines de 2019 se catalizó por primera vez a nivel estudiantil. Fue cuando Julia Andrade, hermana mayor de las estudiantes que hoy motorizan la toma, asumió como presidenta del Centro de Estudiantes del mismo colegio.

Fue el 7 de diciembre de 2019. Aquella tarde de verano hubo un acto en el patio exterior del colegio y, desde un atril, Julia dio su discurso. “Es una locura poder estar acá en representación de todes les estudiantes. Estoy completamente convencida de que se nos viene un año lleno de amor, alegría y lucha política. Vamos a dejarlo todo para que todes les pibis sean y se sientan parte del centro de estudiantes”, dijo.

El momento fue retratado desde el público por su tío, el legislador porteño, que no ocultó su alegría ante la asunción familiar en la conducción estudiantil. “Comparto con mucho orgullo las palabras de mi sobrina, Julia Andrade, representante de una generación que elige levantar con amor, ética y compromiso, las banderas de la política y la solidaridad”, sostuvo en Twitter.

Así las cosas, desde el entorno del legislador Andrade le dijeron a PERFIL que no es cierto que sus sobrinas son funcionarias del Estado como se difundió en algunos medios de comunicación. “Sólo presidenta del Centro de Estudiantes que eligen los propios alumnos”, aclararon.

“El Acostazo”: el espacio K al frente de la conducción estudiantil

Desde aquel entonces, el Centro de Estudiantes está en manos de la conducción de la lista aliada al kirchnerismo. La Cámpora es la organización que tiene a la agrupación bajo su ala por medio de La Cámpora Secundarios.

A lo largo de los años, el grupo ha mantenido una fuerte militancia política dentro de los pasillos de la escuela y también afuera. Para comprobarlo sólo basta con hacer una simple revisión en las redes sociales del “Acostazo”, que son el canal de comunicación entre militantes y el exterior.

Por ejemplo, se organizaron para juntar juguetes y armar festejos por el Día de las Infancias, armaron asambleas en defensa de la educación pública y contra el Fondo Monetario Internacional mientras, paralelamente, discutían las necesidades escolares como las condiciones edilicias, entre otros puntos de reclamo.

Los y las integrantes del “Acostazo” también hicieron una importante cantidad de talleres sobre temas como nuevas masculinidades, derechos humanos y Educación Sexual Integral. Hubo charlas con referentes nacionales de La Cámpora como el propio secretario general Andrés “Cuervo” Larroque y la legisladora porteña Lucía Cámpora, entre otros.

En 2019 el espacio también militó la llegada del Frente de Todos a la Presidencia mientras en simultáneo daban clases de apoyo escolar a niños y niñas y jornadas solidarias en la ciudad de Buenos Aires y algunos puntos del Conurbano como Lanús.

Pedimos que se abra el espacio al diálogo. Queremos sentarnos a discutir qué es lo que está pasando en la educación y que seamos escuchades”, dijo este miércoles Carla Andrade en declaraciones a Radio Con Vos. 

“Venimos estudiando en condiciones que no son dignas. Nunca tenemos ninguna respuesta: hay muchas grietas, vidrios que no están laminados. Corremos muchos riesgos cuando estudiamos“, agregó en relación a uno de los puntos del reclamo.

AS / MCP

Fuente: Perfil

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IMPUTARON A TRES IRANIES POR TERRORISMO E INDAGARON A DOS VENEZOLANOS DEL AVION SOSPECHOSO

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El juez federal Federico Villena indagó a dos tripulantes venezolanos del avión de Emtrasur retenido en Ezeiza hace cuatro meses e indagará en las próximas horas a tres iraníes, incluido el piloto Gholamreza Ghasemi, el ingeniero Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh, acusados de supuestas actividades de financiamiento de actividades terroristas.

El magistrado decidió además sobreseer los otros acusados. Se trata de Mandi Mouseli, Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta; Armando Marcao Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginez Perez; Ángel Marín Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras.

Villena además permitió salir del país a Khosraviarah y a José García Contreras: el resto de los sobreseídos ya había salido del país el 15 de septiembre pasado.

En total había 19 tripulantes iraníes y venezolanos cuando el avión llegó a la Argentina. Unos 12 tripulantes ya fueron sobreseídos, se les devolvió el pasaporte y se los dejó seguir viaje a sus países. De los siete restantes, dos están en condiciones de irse y otros cinco quedaron sospechados de realizar actividades de financiamiento de terrorismo.

Los indagados son los venezolanos Víctor Pérez Gómez, gerente general de Operaciones de Emtrasur, la dueña del avión, y Mario Arraga Urdaneta. El juez debe resolver su situación procesal: es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito.

Villena explicó que tomaba la decisión urgido por la decisión de la Cámara Federal de La Plata que lo emplazó con diez días hábiles a resolver la situación de los tripulantes. Dejó a salvo su opinión acerca de que restaban llegar los resultados de diversas medidas de prueba que se habían encargado y los exhortos enviados a otros países. Dijo que ni la fiscalía ni la querella pidieron indagar a los extranjeros a los que sobreseyó y que por esa razón dispuso su sobreseimiento.

El juez, en un apartado, señaló que dejaba a salvo su opinión: “No se verifica la certeza negativa que requiere el pronunciamiento liberatorio, es decir que si bien no se ha reunido el grado de sospecha requerido para que los nombrados sean convocados a prestar declaración indagatoria, tampoco existe certeza negativa para dictar su sobreseimiento”.

Al contrario, el juez dijo que había elementos de sobra, como lo sostuvo al fiscal Cecilia Incardona y la querella, para continuar la investigación de los tripulantes.

“El auto de sobreseimiento exige un estado de certeza corroborante sobre la causal en que se funda y no procede cuando existen dudas acerca de la falta de responsabilidad de quien es imputado”. Y en este caso siguen las dudas, sostuvo.

Indicó que se hicieron mas de 51 medidas de prueba y que el caso lleva tres meses y debe profundizarse. El Código prevé que el juez tiene cuatro meses para investigar, prorrogables por otros dos, y más aún en casos complejos, pero la Cámara Federal de La Plata lo emplazó a resolver.

A pesar de disponer el sobreseimiento, dijo que esta decisión es “resulta prematura toda vez que no puede afirmarse que los nombrados no hayan participado de la hipótesis delictiva investigada, máxime si se tiene en cuenta que parte de los investigados Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Vali Zadeh, Mario Arraga Urdaneta y Víctor Pérez Gómez fueron citados a indagatoria.

“La detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados”, escribió.

Concluyó que es prematuro desvincularlos del caso, pues “resta recibir la respuesta de los exhortos internacionales librados a la República de Paraguay, al Reino de España, a República Dominicana y a Aruba, lo cual no resultaba suficiente para impedirle salir del país, pero sí para resolver respecto de su situación procesal como así también la producción de otras medidas de prueba dispuestas, como ser la peritaje contable”.

 

Hernán Cappiello para La Nacion

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Economia

FRACASO LA REUNION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO ENTRE EL SINDICATO DE NEUMATICOS Y LAS CAMARAS DEL SECTOR

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En plena escalada del conflicto dentro del sector de neumáticos, el Ministerio de Trabajo recibió al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y a las cámaras empresariales del sector para llevar adelante la reunión paritaria convocada la semana pasada. Sin embargo, tras un extenso encuentro, no hubo acuerdo entre las partes.

La audiencia terminó pasadas las 16 y, al no alcanzar un acuerdo, el gremio decidió continuar con el paro y el bloqueo, según confirmó TN. Mientras tanto, el conflicto continúa.

Luego de la toma de los sindicalistas en el edificio de la cartera laboral, el organismo estatal citó a las partes involucradas para una nueva negociación que destrabe la disputa que ya lleva más de 100 días.

El encuentro sucedió en medio del cierre temporario de las tres firmas que producen neumáticos en el país, que decidieron no retomar el normal funcionamiento hasta que no cesen los bloqueos y el paro por parte del sindicato.

El freno en la producción arrancó en la fabricante nacional Fate el viernes y se extendió a la multinacional japonesa Bridgestone, que el último sábado efectuó un cierre “temporal” de sus operaciones en la Argentina. Por la noche hizo lo propio la italiana Pirelli.

El motivo que alegan las firmas es el prolongado conflicto con el Sutna, que decretó un paro por tiempo indeterminado en protesta porque las empresas del sector habían ofrecido comenzar a negociar la paritaria 2022-2023 sin haber dado lugar a los reclamos salariales sobre el período anterior, es decir, la negociación 2021-2022.

A través de un comunicado, el gremio convocó a los trabajadores a manifestarse y a acampar durante todo el fin de semana, garantizando la difusión de los paros hasta la nueva audiencia prevista para este lunes: “Llamamos a asistir masivamente este lunes 26 a las 11 de la mañana al Ministerio de Alem donde se llevará adelante la audiencia paritaria”.

 

Cuál es el pedido de los gremialistas del neumático

El conflicto ya lleva cinco meses, 33 audiencias entre las empresas y los sindicatos, y alrededor de 20 huelgas y bloqueos en las fábricas de cubiertas de Fate, Pirelli y Bridgestone, pero se profundizó el miércoles pasado, a raíz de una audiencia de negociación en la sede del ministerio de Trabajo, encabezada por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones Laborales, Gabriela Marcelló.

Todo comenzó tras una extensa negociación paritaria no resuelta, que concluyó con el rechazo del Sutna al 38% de aumento ofrecido por las cámaras empresarias sumado a la permanencia y el llamado a acampar en el perímetro hasta que hubiese un acuerdo que satisfaga sus necesidades.

Como las firmas querían comenzar a tratar la paritaria 2022-2023, el Sutna reclamó la revisión de la paritaria 2021-2022 con un pedido salarial de dos componentes: el aumento del salario real y una paga adicional para el fin de semana.

El gremio reclama una recomposición salarial del 5% por encima de la inflación anual prevista para 2022 -que el Gobierno ya estima que se ubicará en el 95%- y un aumento de 200% para las horas trabajadas en fines de semana.

 

Infobae

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