Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron con su alegato en la tercera jornada del juicio por la Obra Pública que tiene como principal apuntada a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Tras una nueva extensa jornada de más de ocho horas, finalmente se decidió ir a cuarto intermedio hasta el lunes, donde los fiscales seguirán con la acusación.
La gran novedad que tuvo este viernes fue cuando, ya sobre el final del día, Luciani apuntó contra el actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner. “Está comprobada la participación de Máximo Kirchner” en las maniobras, señaló el fiscal.
El fiscal Luciani siguió con sus alegatos contra la familia Kirchner y puntualizó en el líder de La Cámpora, hijo mayor, Máximo Kirchner, de quién aseguró que “está probada su participación. “Digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”, afirmó y se reparó en los mensajes del ex funcionario kirchnerista José López como prueba.
“Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”, sostuvo. Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.
Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.
En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”.
No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.
“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal.
La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados.
Tras repasar varias licitaciones, el fiscal Mola hizo un apartado en el que citó una declaración ante la Justicia del ex secretario de Obras Públicas, José López. “En el 2010 con la muerte de Kirchner se suspende todo. En enero de 2011 me llama al presidenta y me dice ‘podes ser parte del problema o de la solución'”.
“Cristina Fernández y (Julio) De Vido no sólo estaban al tanto de lo que ocurría sino que eran quienes daban las órdenes, decidían a quién pagaban y a quien no”, dijo Mola tras citar la declaración.
“Sin iniciar las obras se pagaban adelantos suculentos. Los expedientes hablan, gritan y todo lo demás. Hay que analizarlos”.
Tras casi cuatro horas de exposición de Luciani, la audiencia entró en un cuarto intermedio para que Sergio Mola retome el alegato. Al hacerlo, siguió con el análisis de las obras públicas y desarrolló “la nueva modalidad de convenios” que se puso en marcha con la llegada de Cristina Kirchner a la presidencia.
En esa línea, explicó que Vialidad Provincial publicaba una oferta de obra con un presupuesto estimativo y si la oferta no superaba ese monto, sólo se debía comunicar a Vialidad Nacional. Previamente, el proceso era más complejo y requería de mayores instancias de control.
“Todo lo que vemos acá es opaco, burdo, confuso”, opinó Mola. También señaló como irregularidad que en uno de los casos se designó a la comisión de análisis de ofertas una vez que ya se sabía quiénes eran los oferentes para realizar la obra pública.
Al abordar la licitación N°38, Luciani contó que para ese entonces habían pasado las elecciones presidenciales de 2007 y ya era presidenta Cristina Kirchner. “Había una fiebre por contratar rápidamente pero se empezó a dilatar”, advirtió.
En esa línea, contó que mientras todo estaba listo para adjudicarle la obra en cuestión a Gotti, empresa de Lázaro Báez, “a mediados de 2007 sucedió algo inesperado para el plan que tenían: (Jaime) Mecicovsky (entonces subdirector de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP) informa que se había presentado el informe final de investigación por facturación apócrifa contra Gotti“.
En ese momento del relato apareció el nombre de Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo del presidente Alberto Fernández, que para esa época era titular de la AFIP. “Con el informe se paralizó el trámite y no por casualidad la época en la que se destrabó el conflicto coincide con la época en la que (Claudio) Moroni le había dicho (a Horacio Castagnola, entonces a cargo de la DGI) que había que desplazar a Mecicovsky“.
Por más de una hora, el fiscal avanzó sobre el análisis de las licitaciones. Además de centrarse en “celeridad inadmisible, la falta de certificación del certificado para construcción y la extensión de plazos”, insistió con el mecanismo mediante el cual Báez “competía” contra si mismo para quedarse con las obras.
Tras describir la presunta maniobra ilegal, Luciani anticipó a los jueces que desarrollaría cuatro licitaciones más hasta la número 40, para hacer luego un cuarto intermedio. Después lanzó sus propias conclusiones: “Nos asombramos cuando vemos estas cosas pero no podemos dejar de decir la verdad de lo que pasó acá. (…) Hubo un direccionamiento al amigo del presidente de la Nación (Néstor Kirchner)”.
Inmediatamente volvió a preguntarse cómo fue que los funcionarios que debían controlar no advirtieron las maniobras cuestionadas. Y se respondió: “Nadie iba a denunciar nada, todos están denunciados, ¿Quién iba a denunciar?“.
“Era un verdadero descontrol de las arcas del Estado. Se presentaban en las ofertas los mismos de siempre”, lanzó.
El núcleo central del juicio es la acusación por el supuesto favoritismo estatal sobre las empresas de Báez. Para Luciani y Mola, Néstor Kirchner y luego Cristina eran quienes daban las órdenes a los funcionarios jerárquicos más cercanos, es decir, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y/o el entonces secretario de Obra Pública, José López.
Para los representantes del Ministerio Público ellos eran los encargados de que la presunta maniobra no falle en la etapa de la apertura de licitación y posterior adjudicación. Bajo investigación hay 51 obras públicas como tramos de rutas o remediación de canteras.
La supuesta orden se materializaba a través de los llamados a licitación. Según la versión de los fiscales, ocurría que en todos los llamados se presentaban al menos dos empresas de Báez y una tercera perteneciente a otra firma que planteaba una oferta superior al límite por lo cual quedaba descalificada para competir, de modo tal que Austral, por ejemplo, quedaba con el camino libre.
En otro tramo de las exposiciones, los fiscales buscaron dejar en claro que en varios casos se obtuvieron “insólitas e injustificadas” ampliaciones del plazo. Es decir, obras que debían terminarse en determinado tiempo tardaban mucho más en concluir.
Frente a eso, hasta el momento la defensa de varios de los acusados ha sostenido que las empresas de Báez solían tener ventajas competitivas principalmente porque estaban radicadas en la provincia. Ese sólo hecho abarataba los costos de logística frente a otras firmas que debían sumar los costos de traslado de maquinarias, por ejemplo.
Fuente: Perfil
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