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Cayó otro de los líderes de La Salada: “La feria no era Disney”, dijo antes de entregarse

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Juan Manuel Louzan, alias “JP”, un ex policía de La Bonaerense apartado de sus filas por actos de corrupción, habló con Infobae

—¿Desde cuándo está prófugo de la justicia?
—Y…desde el 10 de agosto. Ese día detuvieron a (Enrique) “Quique” Antequera y a otras personas a las que el fiscal (de Lomas de Zamora) Sebastián Scalera considera miembros de una asociación ilícita.

—¿Usted cree en la justicia?
—No. Cómo voy a creer en esta justicia que lleva adelante una causa armada. Una causa en la que hay injerencia del poder político. Cómo voy a creer en una justicia en la que el fiscal Scalera dejó de hacer allanamientos para ir a una conferencia de prensa junto a la ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich, y al ministro (Cristian) Ritondo, para acusarnos de mafiosos.

—¿Me va a decir que en La Salada no había mafias? Si en los puestos de la calle hasta asesinaban por un lugar.
—La Salada no era Disney. Pero adentro de la feria Urkupiña no había mafias. Las mafias estaban afuera. Afuera pasaba de todo. Se vendía droga, estaban los pungas, las mecheras…

—Si no cree en la justicia, ¿por qué se va a entregar?
—Porque esto es una locura. No nací para que me corran. Desde agosto no veo a mis hijos. Porque mi nuevo abogado, Lucio de la Rosa, me aconsejó que me ponga a derecho. Porque quiero que se sepa la verdad. En esta causa se inventaron pruebas. La única manera que tengo de defenderme es declarando. Como no tengo confianza en el fiscal Scalera, ya pedí la presencia del juez de Garantías Gabriel Vitale. A él le voy a poder contar cosas.

—¿Por ejemplo?
—Que la abogada que representa a las personas que yo eché de la feria por corruptas y que declararon en mi contra por venganza, es la doctora Mónica Frade, la abogada de la diputada Elisa Carrió. Esta es una causa armada políticamente. A Jorge Castillo (conocido como “El Rey de la Salada”) lo detuvieron el 28 de junio, pocas semanas antes de las elecciones PASO (se realizaron el 13 de agosto) y a “Quique” tres días antes de las elecciones. Mire, yo voté a este gobierno. A mí (María Eugenia) Vidal, la gobernadora, me parece que quiere hacer las cosas bien. Hasta creo que el ministro Ritondo quiere combatir algunas mafias. Pero con nosotros se equivocaron. A las mafias no se las combate con pescado podrido.

—¿Usted sabe que de los tribunales de Lomas de Zamora sale esposado y va a un penal?
—Sí.

—Pensando en eso, ¿qué cenó anoche?
—(Llora)…Nada, hace dos días que no como. Quiero que esto se termine. Quiero ver a mis hijos. Lo peor de estar prófugo es no ver a tu familia.

El que dialoga con Infobae antes de entregarse a la justicia en el marco de una de las causas policiales más resonantes del año, es Juan Manuel Louzan, alias “JP”, un ex policía de La Bonaerense apartado de sus filas por actos de corrupción.

Para el fiscal y juez de la causa, Louzan era el poderoso jefe de seguridad de Urkupiña, una de las ferias que integran el complejo La Salada. El otro referente era el también preso Jorge Castillo, el dueño de Punta Mogotes. El mismo que recibió a balazos a los grupos especiales de la policía de la Provincia de Buenos Aires cuando fueron a detenerlo en su mansión de Luján.

La Salada fue calificada por la Unión Europea como “la feria ilegal más grande del mundo”. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), calculó que allí se movilizaban, por año, 71.500 millones de pesos, y que la mayoría de ese dinero era en negro, es decir que no tributaba al fisco.

Jorge Castillo, el “Rey de La Salada”

Jorge Castillo, el “Rey de La Salada”

Antequera y Castillo están procesados con prisión preventiva. Se los acusa de ser los líderes de una o más asociaciones ilícitas, formadas por más de 40 personas, que amenazaban y extorsionaban a puesteros en los alrededores de esa feria ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. También por los delitos de “coacciones agravadas, extorsión y privación ilegal de la libertad”.

Según la acusación fiscal, Louzan parece tener una situación procesal extremadamente complicada.

Está señalado de ser el jefe de un ejército paralelo, contratado por Antequera e integrado por barras bravas de Boca como el también detenido Marcelo Aravena, para supuestamente controlar la seguridad en el predio; pero, según el expediente, cobraban “peajes” a ladrones y mecheras para robar a los clientes que se agolpaban para comprar desde zapatillas truchas hasta ropa ofertada por Barbie Pop, la puestera más conocida del lugar –ella trabajaba en Punta Mogotes-.

Louzan era el jefe de los casi 130 hombres y mujeres de “seguridad privada” que Antequera le contrataba a la empresa Vae-soli, de la cual “JP” también formaba parte –era el cuarto en el escalafón jerárquico-, según reconoció ante Infobae.

Mirian Irala, una ex integrante de ese “ejército paralelo”, declaró ante la fiscalía de Scalera que la fuerza de choque liderada por Louzan torturaba a “mecheras” y pungas que “robaban sin su autorización” y que hasta les exigían “pegarles con la tonfa en los tobillos, en los muslos y en las costillas” a las mecheras.

Sobre los pungas, es decir los ladrones varones, “les poníamos la mano sobre una mesa y les pegábamos con una taza de café en los dedos; salían destrozados”, declaró.

“Yo fui jefe de seguridad de la feria desde fines del año 2013 en adelante. Así que todo lo que pasaba en Urkupiña yo lo sabía perfectamente”, dice ante Infobae el hombre acusado de, por ejemplo, ordenar retener de manera ilegal a ladrones a los que les precintaban las muñecas y los retenían en un sector apartado al que denominaban “La Jefatura”.

—Entonces conocía las atrocidades que hacían con las mecheras a las que las obligaban a pasearse desnudas por los puestos y la connivencia con las barras bravas para delinquir.
—La connivencia con la barra de Boca, por ejemplo, no existía dentro de Urkupiña. Eso pasaba afuera. Afuera pasaba de todo. Pero nosotros no teníamos puestos en la calle. Tampoco los tenía Jorge Castillo.

—Eso está acreditado por testigos y escuchas en la causa.
—No. En la causa aparece involucrado con los puestos Adrián Castillo. Nosotros no. Yo voy a demostrar que nada teníamos que ver con eso.

—¿Me va a decir que en La Salada no había mafia?
—Pero afuera. Ya presentamos 92 testigos que van a declarar que Quique Antequera era la cara visible de Urkupiña para adentro. A esa gente todavía no se le tomó declaración. Cuando me entregue, en un rato nomás, voy a presentar más testigos. Nosotros no teníamos relación con los barras.

—¿Y con Aravena, que está preso, me va a decir que no tenía contacto?
—El famoso “manco” Aravena fue dos veces junto a otros barras a la feria Urkupiña para hablar con Antequera y Quique no los atendió. Fue después de los disturbios tan grandes que hubo en los alrededores de la feria en el año 2015. En el medio del pasillo Quique les dijo: “Yo no tengo nada que ver con lo que pasó. Los problemas de afuera los arreglan ustedes afuera”, y nunca los atendió. La segunda vez que fue Aravena fue a pedir plata porque había estado preso y no tenía un peso. Y tampoco lo recibió. La barra se manejaba sola. “Los Chaqueños” se manejaban solos.

—En la causa figura que ustedes apretaban a los puesteros, que les cobraban 600 pesos para dejarlos trabajar…Que les pegaban a las mujeres…
—(Se ríe) Cuando yo asumo como jefe de seguridad de la feria, que a la feria me manda Luis Ávalos, el dueño de Vae-soli, audité la seguridad y detecté los actos de corrupción que ocurrían dentro de las ferias más grandes: Punta Mogotes, Urkupiña y Ocean. Eran tres personas que hacían todo lo que ahora nos endilgan a nosotros que era cobrarles a las mecheras. Cobrar para estacionar. Robarles la mercadería a las mecheras. Liberarles la zona a las mecheras para que roben. Usted no sabe cómo corría la droga entre los vigiladores. Y los delitos que se cometían, como robarles la plata a los pungas y después liberarlos en vez de entregarlos a la policía.

—¿Y quieres hacían o permitían todo eso?
—Los tres principales testigos de la causa: Facundo Coria, que era el jefe de seguridad antes de que llegara yo. Pedro Coria y Miriam Irala. Yo denuncié a estas tres personas ante Ávalos, el dueño de la empresa de seguridad, y esta gente fue despedida e indemnizada como corresponde. Estas personas, a las que les cortamos un negocio fabuloso, son las que hacen las falsas denuncias contra nosotros de la mano de Mónica Frade, la abogada de Lilita Carrió.

Juan Manuel Louzan habla rápido. Contra reloj. Sabe que sus horas en libertad están contadas. Su abogado Lucio de la Rosa pasará a buscarlo para ponerlo a disposición de la fiscalía de Scalera.

Esta no será la primera vez que termine en una cárcel. El 17 de septiembre de 2004 fue detenido, junto a otros dos policías de la Bonaerense –todos estaban en actividad-. Fueron acusados y condenados a 7 años de prisión por secuestrar a la esposa del presunto jefe de una banda de salideras bancarias. Pidieron 5000 dólares de rescate, que no llegó a pagarse. Antes habían paseado a la mujer durante dos horas en un auto y, al ver que la situación se complicaba, la dejaron en libertad.

Louzan, que no recuerda cuánto tiempo estuvo preso, salió en libertad hasta que la condena quede firme, una etapa judicial imprescindible que aún hoy, 13 años después, no ocurrió.

“Esa causa también me la armaron. Estábamos trabajando bien en la zona de Quilmes combatiendo el delito, a los narcos, pero el kirchnerismo, con La Cámpora a la cabeza, nos barrió de la zona”, se defiende molesto por el recuerdo que lo persigue.

—¿Siempre le arman las causas?
—Vamos a probar con mi abogado que en la causa de La Salada no tengo nada que ver. Fue un golpe político armado antes de las elecciones y el fiscal Scalera llevó a cabo una investigación vergonzosa. Me encanta la forma de trabajar de la gobernadora y de Ritondo. Pero en este caso se equivocaron. Fiscal y ministerio inventaron cosas. Yo estoy de acuerdo con la antimafia pero que hagan un trabajo serio.

—Le pregunto otra vez: ¿en La Salada no había mafias?
—Sí. Las mafias que todavía siguen y no somos nosotros. La mafia de los pibes que están tirados en la calle y arrastran a una mujer embarazada para robarle una cartera. Las mafias de los pungas. La mafia de los carteristas, la mafia de las mecheras. Todas mafias que perjudican al pueblo. Todas esas mafias siguen trabajando ahí y los ministros y fiscales no hacen nada.

—A pesar de sus palabras, Antequera, Aravena, Castillo, entre tantos otros y ahora usted, pasarán mucho tiempo presos, y hasta quizás los condenen.
—Sería una injusticia. Le juro que yo no formo parte de ninguna asociación ilícita.

—¿Y también confía en Antequera? ¿Podría asegurar que es un hombre honesto?
—Sí.

Hasta aquí la palabra del flamante preso que tiene la explosiva causa sobre las mafias en La Salada. Ahora es tiempo de que hable la justicia.

INFOBAE

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Dos vicepresidentes de YPF imputados en la persecución a Grupo Indalo, y corridos por la Justicia para seguir interviniendo en el proceso de la investigación

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Los apuntados son GermánVito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía.
La situación judicial de dos vicepresidentes de YPF, Fernández Lahore y Martínez Tanoira, se complicó aún más en el marco de la causa por la persecución a Grupo Indalo, y la intención de apoderarse de los activos de Oil Combustibles de manera espuria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los apuntados son Germán Vito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía. La jueza María Servini los tiene imputados a pedido de la querella encarada por el empresario Fabián De Sousa, razón por la cual solicitó que no intervengan en las respuestas que se brindan desde YPF en el marco de la causa.

 

Se debe a que Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla.

Santiago Martínez Tanoira

Santiago Martínez Tanoira

Con gran nivel de detalle, Ámbito detalló en abril de este año cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.

 

A continuación, reproducimos esa nota que destapa parte de la trama de la avanzada macrista contra el Grupo Indalo y especialmente Oil Combustibles:

Un abogado externo ligado al aún prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”. La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.

Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF. El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.

 

La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.

Los u$s100 mil

El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aportó a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.

La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.

En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por u$s50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.

“Operación OCSA”

El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro. Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.

Facturas

No solo faltan aportar 23 facturas de Rufino que inexplicablemente YPF retaceó a la justicia. Algunas otras tienen como motivo de pago “Programa de Propiedad Participada” y “Caso SPA” que tampoco están contenidas dentro de su contrato, mientras que en el sistema aparece aparece el criterio “abono mayo” cuando no existía vínculo alguno. Por ejemplo, Rufino cobró u$s 6.630 por brindar “opinión legal del 24/4/2018”, contabilizando 39 horas de trabajo. Se desconoce a qué respondía esa “opinión” –porque no hay referencias que la enmarquen-, pero lo que sí se conoce es que Rufino la hizo valer y la petrolera estatal pagó.

El 10/12/2018 -año prolífico para Rufino- el abogado remite una nota al entonces CEO durante la gestión de Mauricio Macri, Daniel González, en el que aclara que adjunta “la factura correspondiente a los honorarios profesionales de éxito pactados por la adquisición de los activos petroleros de Oil Combustibles en el marco del proceso de quiebra”, pero sin acompañarlo de requerimiento alguno que justifique su actuación en el caso. Esa nota formal llegó como una suerte de “maquillaje” para una situación que -de hecho- había ocurrido 5 meses antes.

 

Pero el cúmulo de irregularidades llega a su clímax el 6/9/2018. Martínez Tanoira presenta la oferta para quedarse con los activos de Oil ante el directorio de YPF. Allí, el VP admite que los 42 millones de dólares base para la licitación “son un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”. Deja entrever que podría ser un precio por debajo del valor real. En la justicia, se denomina a esta operatoria “precio vil”.

DAPSA

En la documentación ahora en poder de la justicia existen dos tramos adicionales de la misma operatoria. Una vez en posesión de los activos de Oil, YPF asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Pero además, contó con una autorización del Directorio de la petrolera estatal para firmar un “contrato de suministro exclusivo” con DAPSA que tuvo su correspondiente contrato. En paralelo, Servini cuenta con una copia de la oferta de adquisición por parte de Delta Patagonia de los activos de Oil y su correspondiente contrato de suministro. Pero aquí también vuelve a aparecer Rufino, aunque en un rol diferente. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Es decir, ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”? En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.

Omisiones

Entre los faltantes que YPF no aportó (todavía) se encuentra la reunión de directorio donde supuestamente se aprobaba la presentación de la oferta de licitación de YPF -en el marco de la quiebra- ni tampoco la que aprueba la venta de las estaciones de servicio a la firma Delta, del que tampoco existe rastro sobre informes técnicos que justifiquen su elección. ¿Existió una compulsa de precios para elegir el mejor oferente para alcanzar la meta de negocios redituable para YPF? Misterio. De las negociaciones para arribar a ese resultado, no quedó registro. La desprolijidad fue tal que en el acuerdo de suministro con Delta, YPF le asigna vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin precisar fecha de inicio y fin, algo intrínseco a casi cualquier contrato. Todos estos elementos configuran un paso más en la confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre las más altas esferas del Poder Ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía en un trámite que tuvo inusual velocidad.

FUENTE ambito

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Atentado contra Cristina Kirchner: la jueza Capuchetti delegó la investigación al fiscal Rívolo

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Este miércoles, la jueza María Eugenia Capuchetti derivó la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en la fiscalía de Carlos Rívolo, luego de que la Vicepresidenta cuestionara su imparcialidad y pidiera a la Cámara Federal que la aparten de la causa.

La magistrada justificó su decisión basándose en las críticas que recibió por parte de la expresidenta y explicó que busca evitar que las medidas que se tomen en un futuro sean impugnadas. “No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, señaló.

Capuchetti, quien luego hizo hincapié en el pedido de recusación que hizo Cristina Kirchner ante la Cámara Federal la semana pasada.

La magistrada expresó: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”. Por eso tomó la decisión de delegarle la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

Esta delegación implica que el fiscal llevará adelante las medidas para la investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. Rívolo podrá tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias sin necesidad de un autorización de Capuchetti.

“En caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad) puede avanzar en la elevación a juicio del caso”, dijo la magistrada sobre el fiscal.

La jueza aclaró que la decisión que tomó no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Este último es el supuesto líder de “La banda de los copitos” que la Vicepresidenta quiere acusar de ser coautor del crimen, pero que en la causa es considerado como partícipe secundario.

“La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.

El último de los embates del círculo íntimo de Cristina Kirchner contra la jueza lo protagonizó el abogado José María Ubeira, representante de la expresidenta. “Si le pasa algo a la Vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, aseguró.

El punto de quiebre entre Capuchetti y la querella fue cuando rechazó el pedido de secuestrar los teléfonos de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que habían estado con él en el bar Casablanca dos días antes del atentado. En aquel bar, un asesor legislativo llamado Jorge Abello -que nunca fue llamado como testigo- aseguró que el 23 de septiembre escuchó a Gerardo Milman decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están trabajando en una resolución ligada a si corresponde o no secuestrar los teléfonos. También debaten si en esa resolución hacen un análisis de como llevó el caso Capuchetti y piden determinadas medidas de investigación.

 

Infoveloz

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Motochorros se llevaron millonaria suma de dinero en una salidera bancaria en Mar del Plata

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Con recuperación de registros de cámaras de seguridad, tanto del sistema de monitoreo público como de comercios y viviendas particulares, investigadores buscan reconstruir el recorrido realizado por motochorros que sorprendieron a un empresario de Mar del Plata en pleno centro y le sustrajeron una suma millonaria de dinero en efectivo que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

El robo ocurrió en horas cercanas al mediodía del jueves, según confirmaron a Ahora Mar del Plata fuentes judiciales cercanas a la causa que se abrió en sede fiscal de turno para averiguación de autores del hecho, hasta el momento sin identificar y, por ende, prófugos.

 

El caso se mantuvo en el más extremo hermetismo, al igual que los primeros pasos de esta pesquisa que por el momento –según se pudo conocer- tiene muy pocos elementos sólidos hacia el objetivo perseguido de esclarecimiento y captura de los delincuentes.

Información a la que accedió Ahora Mar del Plata de fuentes con acceso a la causa confirma que la víctima se acercó hasta una sucursal bancaria de la zona de Peatonal San Martín y Córdoba, donde realizó la extracción de una millonaria suma de dinero en efectivo.

Se retiró de esas oficinas para dirigirse a su camioneta, con la que comenzó un recorrido por calles céntricas. Se sitúa el robo en una esquina con semáforo que sería la de San Luis y Bolívar, donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta se pusieron a la par, rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron el bolso en el que estaba el dinero.

El testimonio que el damnificado dio en Comisaría 1ª sirvió a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para saber algunos detalles sobre características de vestimenta y motocicleta, además del sentido en que orientaron la fuga. Detrás de ese recorrido están los investigadores, que con registros solicitados al Centro de Ordenamiento y Monitoreo y a comerciantes tratan de reconstruir paso a paso ese escape. Por el momento sin resultados positivos.

 

DiezAhora

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