Connect with us

Economia

César Litvin: “El impuesto a la riqueza y Bienes Personales ponen un límite a la tolerancia de los contribuyentes”

Published

on

El tributarista analizó los aspectos más polémicos del nuevo impuesto a las grandes fortunas

Es un impuesto que viola garantías constitucionales y cuyo reglamento tiene excesos, con una altísima presión fiscal sobre los bienes”. Así resume el tributarista César Litvin el impacto del nuevo impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno sancionó como un Aporte Solidario y que fue reglamentado la semana pasada. Una vez publicado los plazos para los vencimientos, el especialista estima que comenzarán los reclamos judiciales basados en la confiscatoriedad y retroactividad.

“Este aporte solidario nace con una denominación incorrecta, un mal seudónimo. Es un verdadero impuesto y por eso le caben todas las garantías constitucionales que tienen los contribuyentes”, explicó en diálogo con Infobae.

— ¿Qué garantías viola este nuevo impuesto?

— En primer lugar hay una doble imposición sobre bienes entre este impuesto y el impuesto sobre los Bienes Personales. Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020. Además, algunos bienes, como inmuebles, automotores o embarcaciones, ya pagan un tercer tributo, que son tributos específicos como impuesto inmobiliario o patente.

La posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breveLa posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breve

En segundo lugar, dado lo exorbitante de las alícuotas del impuesto, de entre 2% y 5,25%, si se suma con Bienes Personales, es muy probable que para muchos contribuyentes el impuesto se torne confiscatorio. Es decir, que absorba un parte sustancial de la renta. Lo que se está afectando es un derecho a la propiedad privada, respaldado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020

— En su experiencia, ¿este tipo de reclamos puede prosperar o no en la Justicia?

— Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada. El pleno ejercicio de los derechos de los contribuyentes actúa como un “dique de contención” contra el avance del Estado sobre su patrimonio.

— ¿Hubo ya casos resueltos a favor del contribuyente?

— Hay un fallo muy importante que, si bien no tiene que ver con impuesto al patrimonio, es sobre el impuesto a las ganancias. Es de 2009, la causa Candy, y estableció que la no aplicación del ajuste por inflación tornaba confiscatorio al impuesto. La otra garantía que se afectada es la capacidad contributiva, en el caso de que se intenta gravar los trust irrevocables, que son estructuras jurídicas que actúan como planificación hereditaria; y cuando se hace irrevocable el fiduciante al portante de ese activo, ya no tiene la disponibilidad y la tenencia de esos bienes. Querer gravar al aportante es violar la capacidad contributiva porque el contribuyente ya no tiene esos bienes en su patrimonio.

Los depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuestoLos depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuesto

— El nuevo impuesto tiene menos bienes exentos que Bienes Personales, ¿cuáles son las diferencias?

— Determinados bienes que por una política fiscal quedaban exentos, en el aporte solidario quedan gravados; por ejemplo los que que tienen títulos públicos argentinos. A pesar de que aquellos que le prestaron al Estado perdieron gran parte de su patrimonio. A diferencia de Bienes Personales, también están gravados plazos fijos en la Argentina, saldos en caja de ahorro en la Argentina, inmuebles rurales, la casa habitación y las participaciones societarias. En ese caso, la sociedad retiene como responsable sustituto un 0,5% del valor de las participaciones societaria. Acá están incluidas dentro del aporte solidario. Por ejemplo, para los que tienen un campo con una explotación agropecuaria, máquinas, bienes de cambio y bienes de uso. Ahí se puede cuestionar que este aporte solidario afecta a la productividad. Muchos contribuyentes que tienen una empresa, o son socios de una empresa, al incorporar el valor de esas firmas es probable que tengan que quitar un poco de disponibilidad financiera para pagar los impuestos. El impuesto deja adentro a la inversión productiva y ahí es donde le quita masa muscular a la economía.

Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada

— ¿Esto ya generó casos de contribuyentes que cambian de residencia fiscal?

— Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay. Cuando se empezó a hablar de este este impuesto más el incremento exorbitante que la Ley de Solidaridad de diciembre de 2019 dispuso para Bienes Personales, que pasó de una alícuota de 0,25% a un mínimo de 0,5%, el doble, y hasta 2,25%, ya mucha gente empezó a migrar.

— ¿En qué porcentaje se considera confiscatorio a un impuesto?

— La sumatoria de las dos alícuotas, Bienes Personales y grandes fortunas en su máxima expresión, llega al 7,5 por ciento. No existe país en el mundo que tenga tamaña imposición sobre bienes. Los pocos países que tienen impuesto patrimoniales los tienen sobre el patrimonio neto, activos menos deuda. La Argentina lo tiene sobre los bienes sin cancelar pasivos. El aporte solidario tampoco considera pasivos. Entonces, se vuelve mucho más oneroso y viola la capacidad contributiva para los que tienen deudas. Uruguay tiene este impuesto pero mide activos menos pasivos, no grava los bienes fuera de Uruguay y el mínimo no imponible para un matrimonio es USD 250.000. En la Argentina es de $2 millones (unos USD 21.500) y cuando nació el impuesto a los Bienes Personales era de USD 100.000.

Uruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributariaUruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributaria

— Sin aumento del mínimo, ¿este año Bienes Personales va a terminar afectando a más familias de clase media?

— De clase media baja te diría. Un auto de media performance ya sale 2 millones de pesos.

— Volviendo al tema del impuesto a la riqueza, ¿cuándo podrían comenzar los primeros reclamos?

— La estrategia jurídica más adecuada es empezar a defenderse al mismo tiempo en instancia administrativa, cuando venza el impuesto, y simultáneamente en instancia judicial con una acción declarativa de inconstitucionalidad más el pedido de una medida cautelar. Hay que esperar el vencimiento.

— ¿Cree que será un reclamo mayoritario o que muchos contribuyentes prefieren no ir a la Justica porque temen a una revisión exhaustiva de su patrimonio?

— Este impuesto a la riqueza más Bienes Personales han puesto en escena un límite a tolerancia de los contribuyentes respecto de la contribución en exceso y la altísima presión fiscal sobre los bienes. Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo. Hasta ahora lo que hemos observado es que esto es poco digerible por su magnitud, sumado a Bienes Personales. Normalmente a los contribuyentes argentinos no les gusta el litigio, pero cuando la carga fiscal es tan exorbitante es cuando empiezan a analizar y dejan de lado todos los mitos y defienden sus derechos.

Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay

— ¿Van a pagar este nuevo impuesto 12.000 personas o serán más?

— Son muchos más porque cuando se evalúen a las empresas, que no es un dato que surja de la base de datos de Bienes Personales, es probable que sean muchos más. Pero por más que sean pocos los contribuyentes, diez o 20.000, en la medida que la imposición sea de espaldas a la Constitución no tiene legitimidad. No es defender a los que más tienen, simplemente respetar un Estado de derecho. Aun cuando sean pocos no hay posibilidad de que el Estado legitime esta situación.

— La AFIP podrá investigar movimientos realizados180 días antes de la fecha de la vigencia del impuesto, un período de sospecha. ¿Eso se puede cuestionar?

Lo que mucha gente hizo, que no está mal y no debería ser cuestionado, es anticipar su planificación familiar hereditaria y hacer donaciones a los hijos o a los afectos más cercanos. En la medida en que estén perfectamente instrumentadas, con fechas ciertas, no deberían ser observadas y cuestionadas. Si hay algún tipo de disminución patrimonial de importes significativos no bien instrumentada es posible que ahí apunten los misiles de la AFIP. Las donaciones que cumplan son los requisitos legales no tiene por qué ser cuestionadas.

Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo

— ¿Hay alguna otra cuestión técnica de la reglamentación que pueda ser cuestionada?

— Si. Primero, la extensión de los sujetos obligados al pago aquellos que se dieron de baja durante el año 2020, que se fueron a otros países antes de la vigencia de la ley. En forma retroactiva, genera un hecho imponible a sujetos que ya incorporaron un derecho subjetivo a su patrimonio. Esto pulveriza un derecho constitucional y es una retroactividad manifiesta. Y segundo, para los argentinos que viven en jurisdicciones no cooperantes o en países de baja o nula tributación, aun cuando se hayan ido hace muchos años. Por ser de nacionalidad argentina y vivir por ejemplo en Paraguay, Bolivia o en Cuba, la ley los obliga a contribuir con el impuesto. Es una violación flagrante a la Constitución, porque se produce una retroactividad manifiesta y un desafío de misión imposible para la AFIP tratando de obtener todos los datos de contribuyentes que viven fuera de la Argentina hace muchos años. Para aquellos que han perdido la residencia o que viven en países de baja tributación o no cooperantes, el decreto reglamentario establece una responsabilidad sustituta, alguien se va a hacer cargo de pagar el impuesto por el que ya no vive en la Argentina. Es una figura muy delicada por eso de ninguna manera puede surgir de un decreto reglamentario.

— ¿Qué puede suceder con las repatriaciones que prevé la ley?

— Los que repatrien el 30% de los activos financieros en el exterior tienen la posibilidad de pagar las alícuotas de bienes de la Argentina y no de las exterior, que tiene un 50% de incremento. Pero para eso tienen que repatriar dentro de los 30 días hábiles. La repatriación puede tener distintos destinos. El primero, la venta de esos dólares en el mercado oficial, algo muy difícil e ilusorio, las otras son la compra de Obligaciones Negociables en moneda nacional o algún instrumento que fije el Poder Ejecutivo, que debería apurarse porque está corriendo el reloj, y la ultima es una incorporación muy importante, que se aporte a sociedades del país donde tenga participaciones el contribuyente al 18 de diciembre. El 30% que está en el exterior se puede aportar a una sociedad o empresa donde tenga participación. Pero eso genera una limitación a la distribución de dividendos durante 2021, lo que puede afectar a otros accionistas. Ahí el contribuyente se plantea que, una vez que repatrié y lo aporte a la sociedad, cuando quiera mandarlo de nuevo al exterior con cepo y brecha, se le va a complicar.

 

xcasas@infobae.com

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Economia

Inflación y precios: las empresas ya validan un dólar de 450 pesos para sus productos importados

Published

on

No hay empresario ni ejecutivo de primera línea, de esos que se sientan en contadas sillas, que no tenga diálogo constante y frecuente con Sergio Massa. Escuchan de primera mano las intenciones y los pedidos del ministro de Economía. Claro que esas intenciones suelen no ser más que eso cuando de la teoría pasan al terreno de la praxis.

Pero hay algunas que sí son operativas y que dependen de su decisión o de la de los que trabajan directamente con ellos. Una de ellas es simple: las góndolas no pueden estar vacías hasta fin de año. “No quiero ver las chapas”, le escuchó decir a Massa un interlocutor.

Se refería, metafóricamente, a los estantes donde se colocan los productos a la venta. Ese pedido simple para un país que circule por el andarivel de la normalidad esconde, para la Argentina, toda una definición. Sucede que, para seguir con la ilustración del ministro, las góndolas llenas implican un alto costo, ya que importar productos o insumos implica un desembolso que se mide en dólares, pero se recauda en pesos. “El precio no importa, no pueden faltar productos”, cerró la charla el funcionario, según testigos.

Por estos días, con los precios de los alimentos desatados, la gran mayoría de los actores del sector ubican esa explicación en dos razones. La primera, el rotundo fracaso de Precios Justos; la segunda, las expectativas de un dólar mucho más alto. Esto genera una consecuencia letal para la inflación: gran parte de los productos que hoy se venden tiene un componente de precio que valida un dólar de alrededor de 450 pesos.

De aquella definición se salta a la microeconomía, una de las áreas que menos miran los funcionarios y los líderes de la oposición. Aquellos interlocutores se dieron vuelta para poder operar esa directiva. Los actores del consumo tienen un problema nada menor: recaudan en pesos y pagan en dólares. Está bien que a dólar oficial. Ahora bien, ¿a qué valor de dólar oficial? Y ahí está el punto central del asunto, ya que las licencias para importar se aprueban a 270 días, aproximadamente. Esto significa que alguien que está autorizado a comprar productos en el exterior tendrá que desembolsar los dólares entre diciembre de este año y enero de 2024.

Y entonces, la pregunta: ¿a qué precio? Liberados en esto de tener que llenar góndolas a cualquier precio, la cobertura se hace en mercados de futuros. Dicho esto, por ejemplo, quien tenga pesos en su cartera y una licencia para importar para diciembre y recurra al Rofex, el principal mercado de futuros de la Argentina, validará un precio para el último día del año, cuando se ejecuta el contrato de cambio, de 415 pesos. Para el que deba hacer su pago en enero próximo, deberá pensar en una divisa de 445 pesos y los desafortunados de febrero, podrán fijar precios con una moneda estadounidense que el mercado cree que estará en 475 pesos.

De vuelta a las góndolas, a los precios y a la inflación, pues lo que sucede en la microeconomía es que ese dólar de más de 400 pesos que esperan los que compran y los que venden ya se traslada al precio de hoy de un producto por una simple razón: el precio de reposición que se calcula está relacionado con aquella importación con la que logrará reponer el stock.

La secuencia de semejante descalabro, sofisticado y financiero, finalmente llega a los consumidores: los precios de miles de productos. De hecho, no es ninguna casualidad que los índices de inflación de los alimentos hayan mostrado sus niveles más altos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el índice nacional mostró un aumento de 9,8%, en el Noroeste y en el Noreste fue de 10,6%, y en el Gran Buenos Aires, de 10,2%. La explicación está en estas conductas de miles de empresarios, medianos, pymes y grandes, que descuentan el valor de reposición de sus ventas de hoy mediante un precio más alto.

En la Argentina hay alrededor de 280.000 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de limpieza. De ese número, los grandes supermercados suman 70.000. El resto, 210.000, se reparten entre negocios medianos y pequeños comercios. Nadie controla los precios ahí. De hecho, ya son muchos los empresarios pymes de la alimentación que prefieren no vender a los supermercados. Es decir, pasar por góndolas más resistentes a los inconducentes acuerdos de precios del secretario de Comercio, Marías Tombolini. De hecho, la gran mayoría de los que tienen a estos funcionarios de interlocutores refieren que ponen mucha más atención a las licencias de importación que a los precios en las góndolas. Dicen, le es más redituable en términos políticos políticos y económicos. Nadie sabe si esa aseveración se refiere a la macroeconomía o a la microeconomía propia.

Mientras tanto, la Argentina está a 250 días de un cambio de Gobierno. Poco se habla, o nada, mejor dicho, pero el 11 de diciembre, cuando un nuevo presidente pise Balcarce 50, lo esperará una enorme deuda invisible. Se trata de la deuda comercial de importaciones que se autorizaron en la gestión actual y que se deberán pagar entonces.

Nadie se atreve a decir cuánto será ese número, pero los que lo miran con atención reconocen que hoy ya suma 11.000 millones de dólares. Se habla de que quedará entre alrededor de 22.000 y 24.000 millones de dólares. Es una anécdota el número final. Pero será una deuda que la Argentina tiene con los proveedores privados de todo el globo. Y eso, no se puede defaultear.

 

Diego Cabot para La Nacion

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Cultura

Mar del Plata será sede del evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica

Published

on

Mar del Plata será en septiembre la sede de la Icca Latin American & the Caribbean Summitt, el evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica, y se posiciona como ciudad líder del turismo de congresos y reuniones en Argentina a nivel nacional e internacional.

La novedad fue dada a conocer este martes por la tarde por el Ente Municipal de Turismo (EMTur), que trabajó en la candidatura a través de un Libro de Postulación (Bidding Book). “La Feliz” fue la única ciudad argentina que se presentó y logró imponerse ante otras propuestas que hicieron Santiago (Chile) y Río de Janeiro (Brasil).

El ICCA Latin American & the Caribbean Summitt es considerado uno de los eventos más demandados de la región latinoamericana respecto al segmento MICE, que incluye reuniones de negocios; viajes de motivación, tanto de negocios como de ocio; conferencias científicas y prácticas; seminarios de capacitación y eventos corporativos.

 

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

 

“Es el evento regional más importante de Icca, que representa a los proveedores más notables y líderes mundiales en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones internacionales de Icca que está integrada por más de 1.100 empresas y organizaciones de casi 100 países en todo el mundo”, afirmaron en el Ente de Turismo que conduce Bernardo Martín.

Empresarios del sector consultados por 0223 se manifestaron en la misma sintonía y destacaron que es la primera vez que se hace este evento en Argentina: “Esto es realmente importante para el turismo de reuniones y posiciona a Mar del Plata dentro de toda América”.

La cumbre se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de septiembre de este año. Entre el 29 y el 31 de marzo, el EMTur recibirá a miembros directivos de ICCA Región Latinoamérica que realizarán una visita de inspección a la ciudad, en la que recorrerán hoteles, salones, espacios recreativos, culturales, venues exteriores, sitios icónicos de la ciudad, establecimientos gastronómicos, entre otros.

El comunicado de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (Icca)

 

 

"Mar del Plata (Argentina) será el destino anfitrión de la Cumbre de América Latina y el Caribe ICCA 2023.

Nuestro anfitrión local será el destacado equipo del Ente de Turismo de Mar del Plata. Les agradecemos su dedicación, profesionalismo, creatividad y voluntad de recibir a la comunidad latinoamericana de ICCA este año. Fechas confirmadas: 4-7 de septiembre de 2023

Nuestra tradicional cumbre regional continuará innovando y mejorando su estructura, sus experiencias y contenidos para crear el mayor valor para todos los participantes. Asociaciones internacionales, miembros de ICCA y actores regionales tendrán una íntima plataforma de negocios y conocimiento en un destino único que, como dice su eslogan, lo tiene todo.

ICCA espera dar la bienvenida a todos nuestros miembros, socios y colegas regionales a Mar del Plata en septiembre.

Las inscripciones se abrirán pronto”

 

0223

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Economia

Consejo del Salario: aumentará el mínimo en tres tramos hasta 88 mil pesos

Published

on

La CGT y las cámaras empresarias acordaron hoy un nuevo salario mínimo, vital y móvil con aumentos en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio, informaron esta tarde fuentes gremiales y oficiales.

En tanto, la CTA que lidera Hugo Yasky se abstuvo en la votación y su par Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy, rechazó la propuesta y anunció una medida de fuerza para abril.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel Olmos, confirmó que el acuerdo fue logrado por “amplia mayoría”, ya que el plenario del organismo aprobó la propuesta de la comisión con 30 votos positivos, una abstención y un sufragio negativo a ese incremento.

El encuentro virtual inauguró el período anual del Consejo entre abril de este año y marzo de 2024 sobre la base de los valores vigentes a marzo último, no acumulativos.

Los trabajadores que perciben ese ingreso cobrarán un 15,6% en abril, un 6% en mayo y otro 5% en junio, en tanto la cartera laboral convocará a un nuevo encuentro entre sindicalistas y empresarios para el 15 de julio próximo, confirmaron fuentes oficiales.

La CTA que lidera el docente Yasky se abstuvo en la votación, en tanto su par Autónoma (CTAA) del estatal Godoy y del visitador médico Ricardo Peidro la rechazó de forma total y anunció que convocará a la conducción para llamar a una protesta a mediados de abril.

 

La Capital

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Más Vistas