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Economia

César Litvin: “El impuesto a la riqueza y Bienes Personales ponen un límite a la tolerancia de los contribuyentes”

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El tributarista analizó los aspectos más polémicos del nuevo impuesto a las grandes fortunas

Es un impuesto que viola garantías constitucionales y cuyo reglamento tiene excesos, con una altísima presión fiscal sobre los bienes”. Así resume el tributarista César Litvin el impacto del nuevo impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno sancionó como un Aporte Solidario y que fue reglamentado la semana pasada. Una vez publicado los plazos para los vencimientos, el especialista estima que comenzarán los reclamos judiciales basados en la confiscatoriedad y retroactividad.

“Este aporte solidario nace con una denominación incorrecta, un mal seudónimo. Es un verdadero impuesto y por eso le caben todas las garantías constitucionales que tienen los contribuyentes”, explicó en diálogo con Infobae.

— ¿Qué garantías viola este nuevo impuesto?

— En primer lugar hay una doble imposición sobre bienes entre este impuesto y el impuesto sobre los Bienes Personales. Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020. Además, algunos bienes, como inmuebles, automotores o embarcaciones, ya pagan un tercer tributo, que son tributos específicos como impuesto inmobiliario o patente.

La posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breveLa posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breve

En segundo lugar, dado lo exorbitante de las alícuotas del impuesto, de entre 2% y 5,25%, si se suma con Bienes Personales, es muy probable que para muchos contribuyentes el impuesto se torne confiscatorio. Es decir, que absorba un parte sustancial de la renta. Lo que se está afectando es un derecho a la propiedad privada, respaldado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020

— En su experiencia, ¿este tipo de reclamos puede prosperar o no en la Justicia?

— Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada. El pleno ejercicio de los derechos de los contribuyentes actúa como un “dique de contención” contra el avance del Estado sobre su patrimonio.

— ¿Hubo ya casos resueltos a favor del contribuyente?

— Hay un fallo muy importante que, si bien no tiene que ver con impuesto al patrimonio, es sobre el impuesto a las ganancias. Es de 2009, la causa Candy, y estableció que la no aplicación del ajuste por inflación tornaba confiscatorio al impuesto. La otra garantía que se afectada es la capacidad contributiva, en el caso de que se intenta gravar los trust irrevocables, que son estructuras jurídicas que actúan como planificación hereditaria; y cuando se hace irrevocable el fiduciante al portante de ese activo, ya no tiene la disponibilidad y la tenencia de esos bienes. Querer gravar al aportante es violar la capacidad contributiva porque el contribuyente ya no tiene esos bienes en su patrimonio.

Los depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuestoLos depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuesto

— El nuevo impuesto tiene menos bienes exentos que Bienes Personales, ¿cuáles son las diferencias?

— Determinados bienes que por una política fiscal quedaban exentos, en el aporte solidario quedan gravados; por ejemplo los que que tienen títulos públicos argentinos. A pesar de que aquellos que le prestaron al Estado perdieron gran parte de su patrimonio. A diferencia de Bienes Personales, también están gravados plazos fijos en la Argentina, saldos en caja de ahorro en la Argentina, inmuebles rurales, la casa habitación y las participaciones societarias. En ese caso, la sociedad retiene como responsable sustituto un 0,5% del valor de las participaciones societaria. Acá están incluidas dentro del aporte solidario. Por ejemplo, para los que tienen un campo con una explotación agropecuaria, máquinas, bienes de cambio y bienes de uso. Ahí se puede cuestionar que este aporte solidario afecta a la productividad. Muchos contribuyentes que tienen una empresa, o son socios de una empresa, al incorporar el valor de esas firmas es probable que tengan que quitar un poco de disponibilidad financiera para pagar los impuestos. El impuesto deja adentro a la inversión productiva y ahí es donde le quita masa muscular a la economía.

Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada

— ¿Esto ya generó casos de contribuyentes que cambian de residencia fiscal?

— Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay. Cuando se empezó a hablar de este este impuesto más el incremento exorbitante que la Ley de Solidaridad de diciembre de 2019 dispuso para Bienes Personales, que pasó de una alícuota de 0,25% a un mínimo de 0,5%, el doble, y hasta 2,25%, ya mucha gente empezó a migrar.

— ¿En qué porcentaje se considera confiscatorio a un impuesto?

— La sumatoria de las dos alícuotas, Bienes Personales y grandes fortunas en su máxima expresión, llega al 7,5 por ciento. No existe país en el mundo que tenga tamaña imposición sobre bienes. Los pocos países que tienen impuesto patrimoniales los tienen sobre el patrimonio neto, activos menos deuda. La Argentina lo tiene sobre los bienes sin cancelar pasivos. El aporte solidario tampoco considera pasivos. Entonces, se vuelve mucho más oneroso y viola la capacidad contributiva para los que tienen deudas. Uruguay tiene este impuesto pero mide activos menos pasivos, no grava los bienes fuera de Uruguay y el mínimo no imponible para un matrimonio es USD 250.000. En la Argentina es de $2 millones (unos USD 21.500) y cuando nació el impuesto a los Bienes Personales era de USD 100.000.

Uruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributariaUruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributaria

— Sin aumento del mínimo, ¿este año Bienes Personales va a terminar afectando a más familias de clase media?

— De clase media baja te diría. Un auto de media performance ya sale 2 millones de pesos.

— Volviendo al tema del impuesto a la riqueza, ¿cuándo podrían comenzar los primeros reclamos?

— La estrategia jurídica más adecuada es empezar a defenderse al mismo tiempo en instancia administrativa, cuando venza el impuesto, y simultáneamente en instancia judicial con una acción declarativa de inconstitucionalidad más el pedido de una medida cautelar. Hay que esperar el vencimiento.

— ¿Cree que será un reclamo mayoritario o que muchos contribuyentes prefieren no ir a la Justica porque temen a una revisión exhaustiva de su patrimonio?

— Este impuesto a la riqueza más Bienes Personales han puesto en escena un límite a tolerancia de los contribuyentes respecto de la contribución en exceso y la altísima presión fiscal sobre los bienes. Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo. Hasta ahora lo que hemos observado es que esto es poco digerible por su magnitud, sumado a Bienes Personales. Normalmente a los contribuyentes argentinos no les gusta el litigio, pero cuando la carga fiscal es tan exorbitante es cuando empiezan a analizar y dejan de lado todos los mitos y defienden sus derechos.

Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay

— ¿Van a pagar este nuevo impuesto 12.000 personas o serán más?

— Son muchos más porque cuando se evalúen a las empresas, que no es un dato que surja de la base de datos de Bienes Personales, es probable que sean muchos más. Pero por más que sean pocos los contribuyentes, diez o 20.000, en la medida que la imposición sea de espaldas a la Constitución no tiene legitimidad. No es defender a los que más tienen, simplemente respetar un Estado de derecho. Aun cuando sean pocos no hay posibilidad de que el Estado legitime esta situación.

— La AFIP podrá investigar movimientos realizados180 días antes de la fecha de la vigencia del impuesto, un período de sospecha. ¿Eso se puede cuestionar?

Lo que mucha gente hizo, que no está mal y no debería ser cuestionado, es anticipar su planificación familiar hereditaria y hacer donaciones a los hijos o a los afectos más cercanos. En la medida en que estén perfectamente instrumentadas, con fechas ciertas, no deberían ser observadas y cuestionadas. Si hay algún tipo de disminución patrimonial de importes significativos no bien instrumentada es posible que ahí apunten los misiles de la AFIP. Las donaciones que cumplan son los requisitos legales no tiene por qué ser cuestionadas.

Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo

— ¿Hay alguna otra cuestión técnica de la reglamentación que pueda ser cuestionada?

— Si. Primero, la extensión de los sujetos obligados al pago aquellos que se dieron de baja durante el año 2020, que se fueron a otros países antes de la vigencia de la ley. En forma retroactiva, genera un hecho imponible a sujetos que ya incorporaron un derecho subjetivo a su patrimonio. Esto pulveriza un derecho constitucional y es una retroactividad manifiesta. Y segundo, para los argentinos que viven en jurisdicciones no cooperantes o en países de baja o nula tributación, aun cuando se hayan ido hace muchos años. Por ser de nacionalidad argentina y vivir por ejemplo en Paraguay, Bolivia o en Cuba, la ley los obliga a contribuir con el impuesto. Es una violación flagrante a la Constitución, porque se produce una retroactividad manifiesta y un desafío de misión imposible para la AFIP tratando de obtener todos los datos de contribuyentes que viven fuera de la Argentina hace muchos años. Para aquellos que han perdido la residencia o que viven en países de baja tributación o no cooperantes, el decreto reglamentario establece una responsabilidad sustituta, alguien se va a hacer cargo de pagar el impuesto por el que ya no vive en la Argentina. Es una figura muy delicada por eso de ninguna manera puede surgir de un decreto reglamentario.

— ¿Qué puede suceder con las repatriaciones que prevé la ley?

— Los que repatrien el 30% de los activos financieros en el exterior tienen la posibilidad de pagar las alícuotas de bienes de la Argentina y no de las exterior, que tiene un 50% de incremento. Pero para eso tienen que repatriar dentro de los 30 días hábiles. La repatriación puede tener distintos destinos. El primero, la venta de esos dólares en el mercado oficial, algo muy difícil e ilusorio, las otras son la compra de Obligaciones Negociables en moneda nacional o algún instrumento que fije el Poder Ejecutivo, que debería apurarse porque está corriendo el reloj, y la ultima es una incorporación muy importante, que se aporte a sociedades del país donde tenga participaciones el contribuyente al 18 de diciembre. El 30% que está en el exterior se puede aportar a una sociedad o empresa donde tenga participación. Pero eso genera una limitación a la distribución de dividendos durante 2021, lo que puede afectar a otros accionistas. Ahí el contribuyente se plantea que, una vez que repatrié y lo aporte a la sociedad, cuando quiera mandarlo de nuevo al exterior con cepo y brecha, se le va a complicar.

 

xcasas@infobae.com

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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Tras el nuevo “cepo” del BCRA, sube el blue y las sociedades de Bolsa suspendieron la venta de dólares

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El Banco Central limitó desde este viernes 13 aún más la operatoria de los dólares financieros.

La disposición del Banco Central para ponerle fin a los inversores que hacían “rulo” con el dólar, especialmente arbitrando dólar Contado Con Liqui y dólar Bolsa o MEP, disparó el valor de la divisa paralela, al tiempo que las Sociedades de Bolsa suspendieron la venta de la moneda extranjera.

El BCRA puso una nueva barrera a aquellos que operan con dólares financieros.

Para adecuarse a las nuevas restricciones que implementó el Banco Central a las operaciones con el dólar CCL, las sociedades de bolsa suspendieron su actividad y se estima que recién la semana que viene volverían a estar funcionando con normalidad, informaron desde el sector.

En las últimas semanas, el BCRA perdió más de u$s 1.000 millones en reservas, al intentar controlar el mercado cambiario.

El BCRA limita operaciones con dólares financieros, que incluyen prohibir el envío de divisas al exterior a cuentas de terceros, y normas destinadas a controlar la operatoria del contado con liquidación (CCL).

BLUE

El dólar blue sube otros 1,50 centavos este viernes a $ 181, con lo que suma su segunda alza consecutiva, en la city porteña.

Hace dos semanas había tocado los $ 185 y en octubre de 2020 había alcanzado su valor máximo de $ 195. La brecha sigue por encima del 80% con respecto al dólar oficial.

  • DÓLAR BLUE $ 181
  • DÓLAR OFICIAL PROMEDIO $ 102.50
  • DÓLAR BOLSA $ 170.75
  • CONTADO CON LIQUI $169.75
  • DÓLAR SOLIDARIO $ 168.30

FUENTE : LA VOZ DEL INTERIOR

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