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Economia

César Litvin: “El impuesto a la riqueza y Bienes Personales ponen un límite a la tolerancia de los contribuyentes”

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El tributarista analizó los aspectos más polémicos del nuevo impuesto a las grandes fortunas

Es un impuesto que viola garantías constitucionales y cuyo reglamento tiene excesos, con una altísima presión fiscal sobre los bienes”. Así resume el tributarista César Litvin el impacto del nuevo impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno sancionó como un Aporte Solidario y que fue reglamentado la semana pasada. Una vez publicado los plazos para los vencimientos, el especialista estima que comenzarán los reclamos judiciales basados en la confiscatoriedad y retroactividad.

“Este aporte solidario nace con una denominación incorrecta, un mal seudónimo. Es un verdadero impuesto y por eso le caben todas las garantías constitucionales que tienen los contribuyentes”, explicó en diálogo con Infobae.

— ¿Qué garantías viola este nuevo impuesto?

— En primer lugar hay una doble imposición sobre bienes entre este impuesto y el impuesto sobre los Bienes Personales. Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020. Además, algunos bienes, como inmuebles, automotores o embarcaciones, ya pagan un tercer tributo, que son tributos específicos como impuesto inmobiliario o patente.

La posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breveLa posible confiscatoriedad del nuevo impuesto puede llegar a la justicia en breve

En segundo lugar, dado lo exorbitante de las alícuotas del impuesto, de entre 2% y 5,25%, si se suma con Bienes Personales, es muy probable que para muchos contribuyentes el impuesto se torne confiscatorio. Es decir, que absorba un parte sustancial de la renta. Lo que se está afectando es un derecho a la propiedad privada, respaldado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Los contribuyentes que pagan este impuesto van a pagar sobre las valuaciones de sus bienes al 18 de diciembre y, a los pocos días, dentro del mismo mes van a tener que volver a calcular otro impuesto patrimonial al 31 de diciembre de 2020

— En su experiencia, ¿este tipo de reclamos puede prosperar o no en la Justicia?

— Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada. El pleno ejercicio de los derechos de los contribuyentes actúa como un “dique de contención” contra el avance del Estado sobre su patrimonio.

— ¿Hubo ya casos resueltos a favor del contribuyente?

— Hay un fallo muy importante que, si bien no tiene que ver con impuesto al patrimonio, es sobre el impuesto a las ganancias. Es de 2009, la causa Candy, y estableció que la no aplicación del ajuste por inflación tornaba confiscatorio al impuesto. La otra garantía que se afectada es la capacidad contributiva, en el caso de que se intenta gravar los trust irrevocables, que son estructuras jurídicas que actúan como planificación hereditaria; y cuando se hace irrevocable el fiduciante al portante de ese activo, ya no tiene la disponibilidad y la tenencia de esos bienes. Querer gravar al aportante es violar la capacidad contributiva porque el contribuyente ya no tiene esos bienes en su patrimonio.

Los depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuestoLos depósitos en dólares serán gravados por el nuevo impuesto

— El nuevo impuesto tiene menos bienes exentos que Bienes Personales, ¿cuáles son las diferencias?

— Determinados bienes que por una política fiscal quedaban exentos, en el aporte solidario quedan gravados; por ejemplo los que que tienen títulos públicos argentinos. A pesar de que aquellos que le prestaron al Estado perdieron gran parte de su patrimonio. A diferencia de Bienes Personales, también están gravados plazos fijos en la Argentina, saldos en caja de ahorro en la Argentina, inmuebles rurales, la casa habitación y las participaciones societarias. En ese caso, la sociedad retiene como responsable sustituto un 0,5% del valor de las participaciones societaria. Acá están incluidas dentro del aporte solidario. Por ejemplo, para los que tienen un campo con una explotación agropecuaria, máquinas, bienes de cambio y bienes de uso. Ahí se puede cuestionar que este aporte solidario afecta a la productividad. Muchos contribuyentes que tienen una empresa, o son socios de una empresa, al incorporar el valor de esas firmas es probable que tengan que quitar un poco de disponibilidad financiera para pagar los impuestos. El impuesto deja adentro a la inversión productiva y ahí es donde le quita masa muscular a la economía.

Hay jurisprudencia favorable de la Corte respecto de la confiscatoriedad porque la Constitución Nacional está vigente para ser respetada

— ¿Esto ya generó casos de contribuyentes que cambian de residencia fiscal?

— Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay. Cuando se empezó a hablar de este este impuesto más el incremento exorbitante que la Ley de Solidaridad de diciembre de 2019 dispuso para Bienes Personales, que pasó de una alícuota de 0,25% a un mínimo de 0,5%, el doble, y hasta 2,25%, ya mucha gente empezó a migrar.

— ¿En qué porcentaje se considera confiscatorio a un impuesto?

— La sumatoria de las dos alícuotas, Bienes Personales y grandes fortunas en su máxima expresión, llega al 7,5 por ciento. No existe país en el mundo que tenga tamaña imposición sobre bienes. Los pocos países que tienen impuesto patrimoniales los tienen sobre el patrimonio neto, activos menos deuda. La Argentina lo tiene sobre los bienes sin cancelar pasivos. El aporte solidario tampoco considera pasivos. Entonces, se vuelve mucho más oneroso y viola la capacidad contributiva para los que tienen deudas. Uruguay tiene este impuesto pero mide activos menos pasivos, no grava los bienes fuera de Uruguay y el mínimo no imponible para un matrimonio es USD 250.000. En la Argentina es de $2 millones (unos USD 21.500) y cuando nació el impuesto a los Bienes Personales era de USD 100.000.

Uruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributariaUruguay, entre los destinos elegidos por los argentinos para escapar de la mayor presión tributaria

— Sin aumento del mínimo, ¿este año Bienes Personales va a terminar afectando a más familias de clase media?

— De clase media baja te diría. Un auto de media performance ya sale 2 millones de pesos.

— Volviendo al tema del impuesto a la riqueza, ¿cuándo podrían comenzar los primeros reclamos?

— La estrategia jurídica más adecuada es empezar a defenderse al mismo tiempo en instancia administrativa, cuando venza el impuesto, y simultáneamente en instancia judicial con una acción declarativa de inconstitucionalidad más el pedido de una medida cautelar. Hay que esperar el vencimiento.

— ¿Cree que será un reclamo mayoritario o que muchos contribuyentes prefieren no ir a la Justica porque temen a una revisión exhaustiva de su patrimonio?

— Este impuesto a la riqueza más Bienes Personales han puesto en escena un límite a tolerancia de los contribuyentes respecto de la contribución en exceso y la altísima presión fiscal sobre los bienes. Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo. Hasta ahora lo que hemos observado es que esto es poco digerible por su magnitud, sumado a Bienes Personales. Normalmente a los contribuyentes argentinos no les gusta el litigio, pero cuando la carga fiscal es tan exorbitante es cuando empiezan a analizar y dejan de lado todos los mitos y defienden sus derechos.

Impuestos exorbitantes y complejos, como hay en la Argentina, son una motivación para buscar lugares o jurisdicciones que lo recepten con mucho más cariño impositivo, como por ejemplo Uruguay

— ¿Van a pagar este nuevo impuesto 12.000 personas o serán más?

— Son muchos más porque cuando se evalúen a las empresas, que no es un dato que surja de la base de datos de Bienes Personales, es probable que sean muchos más. Pero por más que sean pocos los contribuyentes, diez o 20.000, en la medida que la imposición sea de espaldas a la Constitución no tiene legitimidad. No es defender a los que más tienen, simplemente respetar un Estado de derecho. Aun cuando sean pocos no hay posibilidad de que el Estado legitime esta situación.

— La AFIP podrá investigar movimientos realizados180 días antes de la fecha de la vigencia del impuesto, un período de sospecha. ¿Eso se puede cuestionar?

Lo que mucha gente hizo, que no está mal y no debería ser cuestionado, es anticipar su planificación familiar hereditaria y hacer donaciones a los hijos o a los afectos más cercanos. En la medida en que estén perfectamente instrumentadas, con fechas ciertas, no deberían ser observadas y cuestionadas. Si hay algún tipo de disminución patrimonial de importes significativos no bien instrumentada es posible que ahí apunten los misiles de la AFIP. Las donaciones que cumplan son los requisitos legales no tiene por qué ser cuestionadas.

Se está afectando los derechos esenciales de los contribuyentes, que es su derecho patrimonial de propiedad privada. Cuando un impuesto es excesivo, retroactivo, los contribuyentes tienen derecho de cuestionarlo

— ¿Hay alguna otra cuestión técnica de la reglamentación que pueda ser cuestionada?

— Si. Primero, la extensión de los sujetos obligados al pago aquellos que se dieron de baja durante el año 2020, que se fueron a otros países antes de la vigencia de la ley. En forma retroactiva, genera un hecho imponible a sujetos que ya incorporaron un derecho subjetivo a su patrimonio. Esto pulveriza un derecho constitucional y es una retroactividad manifiesta. Y segundo, para los argentinos que viven en jurisdicciones no cooperantes o en países de baja o nula tributación, aun cuando se hayan ido hace muchos años. Por ser de nacionalidad argentina y vivir por ejemplo en Paraguay, Bolivia o en Cuba, la ley los obliga a contribuir con el impuesto. Es una violación flagrante a la Constitución, porque se produce una retroactividad manifiesta y un desafío de misión imposible para la AFIP tratando de obtener todos los datos de contribuyentes que viven fuera de la Argentina hace muchos años. Para aquellos que han perdido la residencia o que viven en países de baja tributación o no cooperantes, el decreto reglamentario establece una responsabilidad sustituta, alguien se va a hacer cargo de pagar el impuesto por el que ya no vive en la Argentina. Es una figura muy delicada por eso de ninguna manera puede surgir de un decreto reglamentario.

— ¿Qué puede suceder con las repatriaciones que prevé la ley?

— Los que repatrien el 30% de los activos financieros en el exterior tienen la posibilidad de pagar las alícuotas de bienes de la Argentina y no de las exterior, que tiene un 50% de incremento. Pero para eso tienen que repatriar dentro de los 30 días hábiles. La repatriación puede tener distintos destinos. El primero, la venta de esos dólares en el mercado oficial, algo muy difícil e ilusorio, las otras son la compra de Obligaciones Negociables en moneda nacional o algún instrumento que fije el Poder Ejecutivo, que debería apurarse porque está corriendo el reloj, y la ultima es una incorporación muy importante, que se aporte a sociedades del país donde tenga participaciones el contribuyente al 18 de diciembre. El 30% que está en el exterior se puede aportar a una sociedad o empresa donde tenga participación. Pero eso genera una limitación a la distribución de dividendos durante 2021, lo que puede afectar a otros accionistas. Ahí el contribuyente se plantea que, una vez que repatrié y lo aporte a la sociedad, cuando quiera mandarlo de nuevo al exterior con cepo y brecha, se le va a complicar.

 

xcasas@infobae.com

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Club de París: el acuerdo firmado por Kicillof en 2014 costaría al país USD 2.000 millones adicionales en caso de default

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Un incumplimiento obligaría a la Argentina a hacer frente a un millonario resarcimiento a los países acreedores, según lo que se firmó en el acuerdo que el ministro Martín Guzmán intenta renegociar en su gira europea
Axel Kicillof y Martín Guzmán

Un posible nuevo default con el Club de París tendría consecuencias millonarias para la Argentina. No sólo quedarían impagos USD 2.400 millones de la última cuota, que vence en breve, sino que además se sumarían intereses y resarcitorios por nada menos que USD 2.000 millones adicionales. Así surge de las condiciones que aceptó el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando llegó a un acuerdo en 2014 para normalizar la deuda con un grupo de 19 países que integran la organización.

Semejante carga explica la preocupación del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, que emprendió una gira en Europa para buscarle alguna salida a esta situación. Ayer se reunió en Berlín con el ministro de Asuntos de Economía y Energía de ese país, Peter Altmeier, y con Lars Hendrik Roller, asesor económico de la canciller Angela Merkel. Hoy se reunirá con el secretario de Finanzas, Wolfgang Schmidt, con el Club de París al tope de la agenda. Cabe recordar que Alemania es el principal acreedor, con más del 37% de la deuda que la Argentina mantiene con el Club de acreedores.

Con reservas menguadas, la intención de Guzmán es evitar la erogación de esos USD 2.400 millones y obtener alguna prórroga adicional, que hoy parece inviable. Pero en caso de no cumplir la deuda se volvería a multiplicar, obligando al país a pagos aún más onerosos en el futuro.

El ministro Martin Guzmán con su par alemán, Peter Altmaier (@Martin_M_Guzman)El ministro Martin Guzmán con su par alemán, Peter Altmaier (@Martin_M_Guzman)

El acuerdo con el Club de París era a cinco años de plazo por deuda que totalizaba los USD 9.700 millones sin quita, pero también incluía dos de gracia a una tasa mínima en caso de que la Argentina no estuviera en condiciones de cancelar todas las obligaciones en 2019. Ese plazo se cumple ahora y resta hacer frente a la última cuota.

Un informe del banco de inversión BTG Pactual detalló a sus clientes cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Si bien el pago debe efectuarse a fin de mayo, en realidad hay otros 60 días adicionales de plazo para ponerse al día sin que se considere un default. Es decir hay tiempo hasta el 31 de julio para pagar la última cuota sin caer en un incumplimiento.

Cumplido ese período se ponen en marcha distintas cláusulas, que la entidad detalla de la siguiente forma. El Club de París cobrará un interés básico más otro compensatorio de 3% más 4,5% anual. Pero además se cobrará otro concepto denominado “interés final” del 9% anual capitalizado, que se cobrará en forma retroactiva a mayo de 2014. Ambos conceptos sumarían cerca de USD 2.000 millones, lo que agregaría otro 83% sobre la deuda que eventualmente entre en default.

En caso de default a fin de julio con el Club de París, la Argentina quedaría obligada a pagar una tasa de 9% anual capitalizable desde 2014 hasta ahora (siete años) por el monto impago. Además, se aplican intereses y punitorios. La cláusula “leonina” fue firmada por Axel Kicillof como ministro de Economía

Se trata de condiciones “leoninas” que en su momento aceptó pagar el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su momento, Kicillof fue criticado por no haber conseguido una quita de la deuda y por el corto plazo negociado para el repago. Sin embargo, casi nadie había reparado en los duros castigos que debía enfrentar la Argentina en caso de incumplir el acuerdo.

Los problemas para la Argentina no sobrevendrían sólo por un aumento de la deuda. Sucede que los países que integran el Club de París (la mayoría europeos, pero también otros como Japón) también cortarían líneas que agencias de crédito otorgan a exportadores argentinos, agravando aún más los problemas de competitividad del país.

Las negociaciones con el Club de París y con el FMI definirán hasta qué punto la Argentina está en condiciones de recuperar el acceso a los mercados financieros. “No hay forma que un país con bonos rindiendo 20% anual en dólares pueda lograr que la economía crezca”, explicó el financista Marcelo Blanco. “Un mal manejo del crédito externo –agregó- afecta directamente el bienestar de sus ciudadanos”.

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Falabella cerrará sus últimas tres sucursales en la Argentina: bajará las persianas en Unicenter, la calle Florida y la ciudad de Rosario

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Empleaban a unas 500 personas. La empresa aclaró que seguirá operando en el país a través de su portal de e-commerce
Sólo quedaban tres tiendas en funcionamiento

La empresa de tiendas departamentales se acerca a completar su larga y agónica salida de la Argentina. Hoy, la firma informó a sus empleados que cerrará sus últimas tres sucursales: la del shopping Unicenter, la de la calle Florida y la de Rosario. Continuará en el país con venta online.

“En el contexto del plan que Falabella está llevando a cabo para hacer sustentable su operación en Argentina, la Compañía cerrará las tiendas por departamento ubicadas en Rosario, Martínez y en la calle Florida en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la firma a través de un comunicado.

“Al igual que en los casos anteriores, este proceso contempla un plan de retiro voluntario para todos los colaboradores de las tiendas que cesarán sus actividades. Falabella seguirá operando a través del e-commerce”, agregó el breve texto.

Finalmente, la firma chilena abandonará su local del shopping UnicenterFinalmente, la firma chilena abandonará su local del shopping Unicenter

Fuentes del sector calcularon que las tres sucursales en cuestión empleaban en total a unas 500 personas.

A mediados de septiembre del año pasado, Falabella había anunciado oficialmente que se encontraba evaluando “opciones de rentabilización” de las operaciones de sus filiales en la Argentina, que incluían el ingreso de un socio estratégico. También señalaban que a partir de ese momento comenzaban un proceso de cierre de algunas de sus tiendas en el país y un plan de retiro voluntario para sus empleados. La empresa chilena dueña de Falabella también anunció en ese momento la posible venta de la cadena Sodimac, su negocio de venta de materiales para la construcción.

Desde entonces, sus directivos exploraban distintas alternativas para continuar la operación. Por ejemplo, se contemplaba la posibilidad de conseguir un socio estratégico que invirtiera en el negocio y acompañara en su reformulación. También se encontraba abierta a la posibilidad de encontrar compradores.

Pero mientras estos intentos se llevaban a cabo, la empresa aceleraba el cierre de locales ubicados en zonas céntricas de distintas ciudades del país que fueron las más golpeadas durante la pandemia.

La cadena de tiendas departamentales llegó a tener 10 sucursales en todo el país. Las tres que se cerrarán eran las últimas que quedaban.

Según contaron representantes sindicales de trabajadores de la sucursal de Rosario, las persianas de los locales aún abiertos bajarán por última vez en “unos 60 días”.

Imagen de archivo de una tienda Falabella en la ciudad chilena de Viña del Mar. En enero la compañía presentó un plan de inversiones por USD 800 millones que no incluye a la Argentina. REUTERS/Rodrigo GarridoImagen de archivo de una tienda Falabella en la ciudad chilena de Viña del Mar. En enero la compañía presentó un plan de inversiones por USD 800 millones que no incluye a la Argentina. REUTERS/Rodrigo Garrido

El Sindicato de Comercio lamentó los cierres de las últimas tres sucursales de Falabella en el país. “Asimismo, desde la entidad gremial se está supervisando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y se exigirá que la empresa garantice el pago de la totalidad de las indemnizaciones correspondientes”, expresó el gremio.

“Hoy nos llegó el comunicado de la empresa. No sabemos bien cómo se van a pagar las indemnizaciones y eso genera mucha preocupación”, dijo Juan Gómez, secretario de Empleados de Comercio de Rosario, durante una entrevista a Radio 2 de Rosario. “Es una decisión política, no hay problemas de recaudación o venta, es una decisión del grupo. Es un combo, la tasa de retorno no es la prevista, en su país de origen tienen menos ingresos y deciden irse del país”, agregó el dirigente gremial.

Falabella desembarcó en la Argentina en la década de los 90 y llegó a tener diez tiendas en el país: tres en Capital Federal, tres en la provincia de Buenos Aires y cuatro en el interior: Córdoba, Mendoza, Rosario y San Juan. El año pasado, cerró su local ubicado en Florida 343, en el centro porteño, y dos que se encontraban dentro de los shoppings Dot y Tortugas Open Mall.

Según el último informe de resultados financieros de la compañía, el negocio de la empresa en la Argentina durante los primeros nueve meses de 2020 tuvo una disminución de 25,9% a nivel de ingresos, principalmente por las restricciones sanitarias durante la pandemia.

Además del efecto de la pandemia, que derrumbó las ventas de los locales de grandes superficies, el modelo de negocios de la firma chilena sufre particularmente los controles de cambio dado que buena parte de su oferta es importada. Por eso deja el país mientras invierte en otras partes de la región.

A mediados de enero pasado, el directivo argentino Gastón Bottazzini, que ocupa el cargo de gerente general de Falabella en Chile, presentó un plan de inversiones por USD 800 millones para 2021, que no incluyó a la Argentina. “Tiene un porcentaje muy relevante dedicado a la construcción de nuevas tiendas, desarrollo de la franquicia Ikea, el desarrollo de Sodimac en México y algunas nuevas tiendas en Brasil, el desarrollo de Tottus en Perú, algunas nuevas tiendas en Chile y también, el desarrollo de lo que soporta todo eso, que son los centros de distribución y las nuevas ubicaciones”, señaló al diario chileno La Tercera.

FUENTE : INFOBAE

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Jubilados y pensionados: qué bonos y beneficios tendrán a partir de abril

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El bono de $1500 alcanzará al 70% de los beneficiarios del sistema previsional y se suma al plus de contención dispuesto para las víctimas de incendios forestales en Chubut.

Se oficializó el subsidio extraordinario de $1500 que será percibido por un universo 5.900.000 jubilados y pensionados a partir de abril próximo. El bono alcanza al 70% de los beneficiarios del sistema previsional y se suma al plus de contención dispuesto para la victimas de incendios forestales en Chubut.

Se oficializó a través del Decreto 218/21 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial el otorgamiento de un bono extraordinario para jubilados y pensionados de $1.500, que será abonado en los meses de abril y mayo próximo según los criterios que determina la norma publicada.

Lo percibirán aquellos titulares que cobran un monto de hasta $30.857,16 por la suma de los haberes de todas sus prestaciones actuales.

Sin embargo, si perciben un importe mayor a $30.857,16 el monto del bono extraordinario será la suma necesaria para alcanzar los $32.357,16 (es decir un haber jubilatorio mínimo y medio).

Jubilados y pensionados: quiénes cobrarán el subsidio extraordinario de $1.500 en abril y mayo

Un ejemplo práctico para saber cuánto se va a cobrar con bono extraordinario

El titular que cobra sumando todas sus prestaciones $30.000, recibirá un bono extraordinario de $1.500 en abril y otro de igual importe en mayo.

Sin embargo, si la suma de todos los beneficios que percibe da $32.000, el subsidio extraordinario solo será de $357,16.

Vale recordar que esta asistencia extraordinaria será otorgada a:

  • jubilaciones,
  • pensiones contributivas y
  • pensiones asistenciales, con beneficios vigentes en el mismo el mes de pago.

No serán alcanzadas las personas bajo los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias si fuera único beneficio.

Por su parte, los subsidios a abonar no serán susceptibles de descuento alguno ni computables para ningún otro concepto. Calculándose en junio el próximo ajuste por movilidad solo sobre los haberes iniciales, es decir, sobre $20.571,44 que es haber mínimo para los meses de marzo, abril y mayo próximos.

 

Otros beneficios que llegan en abril

Por su parte, este beneficio extraordinario será adicionable con el plus dispuesto por ANSES para todas familias que se vieron afectadas por los incendios forestales en Chubut.

Específicamente, en abril próximo, dichos grupos recibirán una ayuda adicional si cobran prestaciones del organismo y habitan las localidades de

  • Lago Puelo
  • El Hoyo
  • El Maitén
  • Epuyen
  • Cholila

Privilegios para Cristina y migajas para todos (nosotros)

De esta manera, los titulares de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) que perciban hasta $41.142 (dos haberes mínimos) percibirán además un plus de $14.400 que se le suma también a los $1.500 a percibir en abril y mayo si sus haberes no superan $30.857,16.

También a dichas familias se le duplicará el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (incluyendo cónyuge) y Prestación por Desempleo en caso que igualmente perciban tales beneficios.

 

* Abogada, Estudio Bezares, Parrota y Asociados

FUENTE : PERFIL

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