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Claudio Bonadio: “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”

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En la imputación, el juez sostiene que la finalidad de esa asociación ilícita “fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”

Néstor y Cristina Kirchner (Eduardo Longoni)

Néstor y Cristina Kirchner (Eduardo Longoni)

El juez Claudio Bonadio imputó este jueves a los indagados por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.

En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: “integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”, agrega la imputación.

“El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”, contínúa.

Y sigue: “La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido”.

En otro apartado de la imputación, Bonadio les describió a los imputados cómo funcionaba el esquema de recolección de bolsos: “El sistema estribaba básicamente en una serie de puntos fijos de recaudación en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios de los cuales recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense, alternativa mente esos puntos fijos se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el pase de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas. Después de un episodio confuso el 22 de octubre de 2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar el automóvil del Ministerio que había retirado una recaudación de “Supercemento SAIC”, el sistema cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de Planificación,  ingresar por el estacionamiento privado y de allí accedían directamente al despacho de Baratta”.

Y agrega que “con posterioridad solo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna empresa a retirar la recaudación. En este contexto se puede afirmar que había un primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron este sistema. Quienes integraban el primer círculo se encontraban entre otros Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael Enrique Llorens, y Germán Ariel Nivello. En el segundo nivel quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Muñoz. Finalmente  quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto no es el único, según conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron este tribunal o son de público y notorio son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel De Vido”.

También describió Bonadio en la imputación a los receptores de las sumas de dinero que según Centeno estaban en los bolsos: “Entre las personas que recibían el dinero que les llevaban los nombrados se encuentran entre otros Igor Rudy Fernando Ulloa, Oscar Parrilli-Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel Muñoz-secretario privado de Presidencia-, Hugo Martín Larraburu-coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, Juan Manuel Abal Medina-Jefe de Gabinete de Ministros-, José María Olazagasti-Secretario Privado de De Vido-, Jorge Omar Mayoral -Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal-, y Germán Ariel Nivello -Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal”.

“Los recaudadores de la asociación ilícita-señala la imputación que hizo Bonadio-contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por una suma aproximada de dólares estadounidenses TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (USD 35.645.000,00); en un sin número de oportunidades entre 2008 y 2015 lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita”.

Los empresarios identificados como pagadores por Bonadio son Carlos Guillermo Enrique Wagner, Armando Roberto Loson, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Carlos José Mundín, Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra, Oscar Juan Carlos de Goycoechea, Néstor Otero y Claudio Javier Glazman. En ese listado Bonadio sumó a Alfredo Thomas, quien estuvo a cargo del Ente Binacional Yaciretá.

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Atentado a Cristina Kirchner: Las intimidaciones al testigo que denunció a Gerardo Milman

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El diputado Marcos Cleri habló sobre la denuncia que realizó su colaborador Jorge Abello, el hombre que declaró haber escuchado al dirigente del PRO decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

“Todo lo que el testigo escuchó, lo que vio, todo sucedió”, dice el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, para referirse a su colaborador en el Congreso, Jorge Abello, el hombre que declaró bajo juramento que había escuchado en el bar Casablanca al diputado del PRO Gerardo Milman decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa” dos días antes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Cleri contó quedó impactado cuando recibió el mensaje. “Me pedía que le creyera”, describió. También contó que Abello “tuvo persecuciones, algunas intimidaciones” y “sufrió un ACV”. “Debían resguardar su identidad”, y responsabilizó a la jueza María Eugenia Capuchetti. “Filtró su nombre”, dijo.

“Cuando fui a llevar el mensaje que había recibido (de Abello) la jueza Capuchetti no me atendió. Fui con un escrito, con copia certificada del mensaje y puse el celular a disposición, si querían tener mi teléfono para comprobar la certificación. Esperé 45 minutos”, relató en diálogo con la AM990. Hasta ahora el diputado no había hablado públicamente de estos hechos. “Pasaron como veinte días hasta que declaré. Ellos decían que estaban ocupados tomando testimonios. Es como dice Cristina, no querían llevar adelante la investigación”, criticó. “Ni la justicia, una jueza de primera instancia ni la Corte Suprema tomaron las acciones para clarificar y mostrarle a la ciudadanía qué pasó, quién financió, quién fue el autor intelectual, ni hicieron nada por acompañar a la víctima. Muestran que las acciones partidistas son las que gobiernan gran parte del Poder Judicial en Comodoro Py esto se debe corregir”, sostuvo Cleri.

Abello le envió el mensaje a Cleri el 1 de septiembre a las 22.36, un rato después del intento de magnicidio, según declararon ambos ante Capuchetti. ¿Qué decía? “Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”. Luego agregaba: “Están las cámaras que no me dejan mentir”. “Creeme estoy temblando”, le insistía. Cleri contó este sábado que vio el mensaje recién a la madrugada, en medio de la conmoción por el atentado.  “Cuando lo vi quedé impactado. Estábamos todos y todas organizando la marcha del día siguiente, que fue multitudinaria. En defensa de Cristina, que se haga la investigación y que no continúe la violencia política. Intentaron matar a Cristina”, subrayó. También dijo que le generó “dolor” conocer “la crudeza que se manifestaban estas personas (Milman y sus colaboradoras), la impunidad y la sobreactuación. Estar en un bar diciendo esas cosas, manejándose así, esperando que eso suceda”.

“Lo que el testigo vio, escuchó, todo sucedió”, remarcó Cleri y se recordó que  celulares de las dos colaboradoras de Milman aún no fueron analizados. Primero la jueza no había querido secuestrarlos, luego la Cámara Federal se lo indicó, y las mujeres dijeron, una que había borrado el contenido y la otra que había cambiado de aparato. Capuchetti al final ordenó recuperar y analizar el contenido desde el día del atentado, pero la querella de CFK pide que sea al menos desde un mes antes. La Cámara debe resolver esta cuestión, ya dilatoria.

Cleri también cuestionó a Milman por denunciar a Abello “sin siquiera dar el testimonio debido” y tratándose de “la persona acusada”. La jueza hizo la denuncia por falso testimonio y el colaborador del diputado tiene una causa abierta. Luego contó que además de situaciones intimidatorias, en su casa montaron una guardia periodística porque se había filtrado su identidad. “También había mayor presencia de ciertas personas, policía también”, sembró sospechas. Detalló que aunque “está mas tranquilo sufrió un pequeño ACV”.

FUENTE : PAGINA 12

FOTO TAPA C5N

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Se entregaron los otros dos acusados que estaban prófugos por el robo millonario en los departamentos

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Mauricio Di Norcia y Ricardo Soteris se presentaron junto al abogado Lautaro Resua en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones. Quedaron detenidos en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán.

Los dos hombres acusados de formar parte de una banda que cometió varios robos por un monto millonario en departamentos de la ciudad se entregaron este sábado a la mañana en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local y quedaron así a disposición de la Justicia.

Mauricio Di Norcia y Ricardo Soteris llegaron a la dependencia policial acompañados del abogado Lautaro Resua, quien también defiende a los otros dos imputados, Facundo Carro y Agustín Suárez, que ya habían sido detenidos y que este viernes se negaron a declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri en Tribunales.

Ahora, Di Norcia y Soteris correrán la misma suerte que ellos y serán alojados en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán.

El caso comenzó cuando el 28 de julio del año último ladrones robaron en un edificio de Moreno al 3000 y unos días después, el 1° de agosto, la banda regresó al mismo lugar para cometer otro robo hecho.

Aunque se investiga si participaron en asaltos parecidos, solo se comprobaron dos. El siguiente fue fue en Bolívar al 3500 el 13 de noviembre y el cuarto en Rodríguez Peña al 100 el pasado 20 de enero.

La metodología era investigar la tenencia de dinero de las futuras víctimas y luego hacer copia de las llaves de los edificios, muchas veces engañando a otros vecinos.

Lo que investiga el fiscal Berlingeri son también los gastos desmedidos de los cuatro involucrados: hubo compras de vehículos de alta gama, armas de fuego, incluso una operación para la compra de una vivienda y hasta viajes a Qatar para ver el mundial. El sindicado como jefe de la organización habría realizado gastos por 70 millones de pesos.

FUENTE : LA CAPITAL

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De 3 años de prisión a la perpetua: las posibles condenas a la madre y la madrastra de Lucio

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El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado presuntamente en La Pampa por su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigaíl Páez, está entrando en su etapa final y en las próximas horas se dará a conocer el veredicto para saber si ambas mujeres son culpables o no del delito de “homicidio agravado y abuso ultrajante”.

Las dos están detenidas y a la espera de la decisión de los jueces del Tribunal de La Pampa, Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora. Tal como anticipó TN, las imputadas no estarán presentes en la audiencia de cesura, ya que solicitaron por medio de su abogado hacer uso de ese derecho.

Por un lado, Espósito Valenti fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

A Páez, en tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le imputó “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

¿Qué pena podrían recibir?

Este jueves 2 de febrero, los magistrados deberán emitir una sentencia para definir si las imputadas son culpables o no. En cuanto a las pruebas y los pedidos de las partes, se plantean por lo menos tres escenarios posibles: en primer lugar, si el Tribunal acepta la acusación del Ministerio Público Fiscal, la condena para ambas será de prisión perpetua.

En caso de que los jueces de Santa Rosa las encuentren responsables de la muerte del chiquito, pero valoren las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer los años que las imputadas deberán permanecer en la cárcel.

Homicidio preterintencional

Si los magistrados deciden tomar el planteo de una de las abogadas de las acusadas, Silvina Blanco Gómez, que consideró que en el caso de Páez no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad de matar, la novia de la madre de Lucio recibiría una pena base de entre 3 y 6 años de prisión, aunque los jueces también podrían tener en cuenta los agravantes y aumentar la condena.

ara ello, en el alegato de la defensora de Páez, la letrada enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.

Homicidio simple con dolo eventual

De igual modo, la defensa dijo que “ninguna de las tres agravantes” planteadas por el MPF para el homicidio quedaron probadas y agregó que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Con respecto a la acusación de abuso sexual, pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda, al tiempo que aseveró que la mediatización del caso provocó un “estado de indefensión” en la imputada.

Absolución

Otra de las posibilidades, pero la menos viable, es que el tribunal no encuentre culpables a las mujeres, más allá de las pruebas que hay en su contra, y resulten absueltas.

Eso fue lo que solicitó el defensor oficial Pablo De Biasi, que en su alegato pidió la absolución de la madre de Lucio por los dos delitos analizados durante el debate (el asesinato y el abuso previo), ya que considera que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”, al descartar la coautoría del homicidio.

“La única testigo fue Abigail”, acotó el letrado, al tiempo que descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión.

En su alegato, el defensor planteó que, en forma subsidiaria, si la madre de Lucio fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

Cómo será el operativo de seguridad que se montará para la lectura del veredicto

Las autoridades de Seguridad de la provincia de La Pampa diagramaron un operativo de seguridad para los alrededores de los tribunales de Santa Rosa, donde desde la mañana del jueves se desarrollará una marcha en reclamo de justicia por el crimen de Lucio Dupuy.

Aún así, la ausencia de las acusadas Magdalena Espósito Valenti y de su pareja, Abigail Páez, en el momento de la lectura de la sentencia morigeró el operativo de seguridad de la Policía de La Pampa.

Además, para este jueves está prevista una marcha para acompañar a la familia Dupuy que fue convocada por Christian, padre de Lucio, a la que ya garantizaron su presencia la monja Martha Pelloni y ciudadanos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

 

TN

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