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Club de París: el acuerdo firmado por Kicillof en 2014 costaría al país USD 2.000 millones adicionales en caso de default

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Un incumplimiento obligaría a la Argentina a hacer frente a un millonario resarcimiento a los países acreedores, según lo que se firmó en el acuerdo que el ministro Martín Guzmán intenta renegociar en su gira europea
Axel Kicillof y Martín Guzmán

Un posible nuevo default con el Club de París tendría consecuencias millonarias para la Argentina. No sólo quedarían impagos USD 2.400 millones de la última cuota, que vence en breve, sino que además se sumarían intereses y resarcitorios por nada menos que USD 2.000 millones adicionales. Así surge de las condiciones que aceptó el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando llegó a un acuerdo en 2014 para normalizar la deuda con un grupo de 19 países que integran la organización.

Semejante carga explica la preocupación del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, que emprendió una gira en Europa para buscarle alguna salida a esta situación. Ayer se reunió en Berlín con el ministro de Asuntos de Economía y Energía de ese país, Peter Altmeier, y con Lars Hendrik Roller, asesor económico de la canciller Angela Merkel. Hoy se reunirá con el secretario de Finanzas, Wolfgang Schmidt, con el Club de París al tope de la agenda. Cabe recordar que Alemania es el principal acreedor, con más del 37% de la deuda que la Argentina mantiene con el Club de acreedores.

Con reservas menguadas, la intención de Guzmán es evitar la erogación de esos USD 2.400 millones y obtener alguna prórroga adicional, que hoy parece inviable. Pero en caso de no cumplir la deuda se volvería a multiplicar, obligando al país a pagos aún más onerosos en el futuro.

El ministro Martin Guzmán con su par alemán, Peter Altmaier (@Martin_M_Guzman)El ministro Martin Guzmán con su par alemán, Peter Altmaier (@Martin_M_Guzman)

El acuerdo con el Club de París era a cinco años de plazo por deuda que totalizaba los USD 9.700 millones sin quita, pero también incluía dos de gracia a una tasa mínima en caso de que la Argentina no estuviera en condiciones de cancelar todas las obligaciones en 2019. Ese plazo se cumple ahora y resta hacer frente a la última cuota.

Un informe del banco de inversión BTG Pactual detalló a sus clientes cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Si bien el pago debe efectuarse a fin de mayo, en realidad hay otros 60 días adicionales de plazo para ponerse al día sin que se considere un default. Es decir hay tiempo hasta el 31 de julio para pagar la última cuota sin caer en un incumplimiento.

Cumplido ese período se ponen en marcha distintas cláusulas, que la entidad detalla de la siguiente forma. El Club de París cobrará un interés básico más otro compensatorio de 3% más 4,5% anual. Pero además se cobrará otro concepto denominado “interés final” del 9% anual capitalizado, que se cobrará en forma retroactiva a mayo de 2014. Ambos conceptos sumarían cerca de USD 2.000 millones, lo que agregaría otro 83% sobre la deuda que eventualmente entre en default.

En caso de default a fin de julio con el Club de París, la Argentina quedaría obligada a pagar una tasa de 9% anual capitalizable desde 2014 hasta ahora (siete años) por el monto impago. Además, se aplican intereses y punitorios. La cláusula “leonina” fue firmada por Axel Kicillof como ministro de Economía

Se trata de condiciones “leoninas” que en su momento aceptó pagar el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su momento, Kicillof fue criticado por no haber conseguido una quita de la deuda y por el corto plazo negociado para el repago. Sin embargo, casi nadie había reparado en los duros castigos que debía enfrentar la Argentina en caso de incumplir el acuerdo.

Los problemas para la Argentina no sobrevendrían sólo por un aumento de la deuda. Sucede que los países que integran el Club de París (la mayoría europeos, pero también otros como Japón) también cortarían líneas que agencias de crédito otorgan a exportadores argentinos, agravando aún más los problemas de competitividad del país.

Las negociaciones con el Club de París y con el FMI definirán hasta qué punto la Argentina está en condiciones de recuperar el acceso a los mercados financieros. “No hay forma que un país con bonos rindiendo 20% anual en dólares pueda lograr que la economía crezca”, explicó el financista Marcelo Blanco. “Un mal manejo del crédito externo –agregó- afecta directamente el bienestar de sus ciudadanos”.

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MDP : Eximen de tasas municipales a gimnasios y natatorios

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Ante la orden de cerrar hasta el 21 de mayo, por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, el intendente resolvió eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios durante ese tiempo.

 

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dispuso hoy eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios, que deberán permanecer cerrados hasta el 21 de mayo, de acuerdo a las nuevas restricciones establecidas para los distritos en fase 3 de coronavirus, oficializadas por el Gobierno bonaerense.

Montenegro comunicó hoy su decisión de beneficiar a gimnasios y natatorios durante el tiempo que no puedan desarrollar sus actividades por el avance de la segunda ola de Covid-19, en principio hasta el 21 de este mes.

«Como desde el primer día hablamos con todos los sectores porque sabemos que muchos se ven perjudicados por las restricciones», dijo el jefe comunal a través de un comunicado y agregó: «Es muy importante que cumplamos con los protocolos, para seguir cuidándonos».

Asimismo, confirmó que fue prorrogado hasta el 21 de mayo el libre estacionamiento en zonas permitidas con el objetivo de propiciar una merma en la utilización de transporte público.

Por su parte, Ariel Caltalbiano integrante de la Cámara de Gimnasios, aseguró hoy a Télam que «nadie» les informó sobre las nuevas disposiciones y que hasta el viernes pasado se trabajó «normalmente, bajo los protocolos acordes a la fase 3».

«El año pasado estuvimos cerrados durante 8 meses por las restricciones en el marco de la pandemia del coronavirus y hace poco abrimos con estrictos protocolos; no se registraron contagios y a pesar de ello ahora debemos cerrar las puertas. No creo que podamos seguir subsistiendo de esta manera», lamentó Caltabiano.

El Gobierno provincial oficializó anoche cambios en las restricciones contenidas en la fase 3 -en la que está contenido el distrito de General Pueyrredón-, entre las que se determinó el cierre temporal de las salas de cines, los gimnasios y los natatorios.

Por su parte, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 20, mientras que los espacios gastronómicos podrán trabajar hasta las 23. Se mantiene además la restricción total de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Una canasta de 120 productos con precios congelados por 180 días: la nueva apuesta del Gobierno para frenar la inflación

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La Secretaría de Comercio mantuvo entre lunes y martes reuniones con empresas de consumo masivo para pedirles su colaboración. A cambio, el sector espera que deroguen Precios Máximos
La inflación se aceleró en los últimos meses y alimentos y bebidas es un rubro que no logra ceder a pesar de los controles

Tras haber anunciado días atrás mediante un comunicado que estaba en negociaciones con la industria alimenticia una nueva canasta de productos básicos a precios accesibles, la Secretaría de Comercio Interior comenzó esta semana las reuniones para avanzar con esta anunciada medida, que hasta la semana pasada sólo se reducía a conversaciones muy genéricas con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, sobre cómo desarmar el programa Precios Máximos. Con la tensión por la aceleración inflacionaria como trasfondo, el Gobierno citó a las principales compañías alimenticias y les explicó cuál es el plan que busca implementar durante las próximas semanas.

Fueron convocados ayer a la secretaria directivos de Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo Papelera del Plata, y el lunes les había tocado a Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone Alicorp. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: extrema preocupación por la suba de precios y la necesidad de conformar una nueva canasta básica que esté compuesta por 100/120 productos y cuyos precios queden congelados por seis meses

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recalcó que los precios se estaban disparando y que para poder salir del congelamiento de Precios Máximos, era necesario avanzar con esta nueva canasta, que no tiene que reunir productos de primeras marcas pero que deben poder encontrarse en la mayor cantidad de puntos de venta del país. Le pidió a cada empresa que ofrezca entre 2 y 3 productos con un precio sugerido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. El objetivo oficial, según especulan en el sector privado, es que sea lanzado en mayo, en línea con el vencimiento de los máximos (finaliza a mediados de mes).

A diferencia del programa Precios Cuidados, que contiene productos de primeras marcas -como es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo- y que tiene como finalidad fijar precios de referencia dentro de cada categoría, en este caso el Gobierno no les exigió a las compañías marcas líderes, sino que lo que busca es que haya una opción dentro de cada categoría básica a un precio accesible y que no se mueva por 180 días. Las empresas deberán hacer sus propuestas y luego comenzará un ida y vuelta con el Gobierno, como es habitual cuando se negocian este tipo de acuerdos.

Fuentes de varias compañías afirmaron que buena parte de la reunión del martes se la llevó la discusión en torno a quiénes son los responsables de la aceleración de los precios. Desde las empresas insistieron en que el propio Indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra a las claras que los productos envasados no son los que suben, sino la carne, las frutas y las verduras. De todos modos, en el índice de marzo, que mostró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,6%, también incidieron fuertemente los lácteos, los huevos y los aceites. De hecho, el litro de leche entera fresca en sachet subió 12%, el yogur firme, 10,8%, y los quesos treparon hasta 15% en el mes, según el Indec.

El nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a "Precios esenciales" del gobierno de Mauricio MacriEl nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a “Precios esenciales” del gobierno de Mauricio Macri

Aunque en muy buenos términos, admiten en las empresas, Español les dijo a los directivos que no hubo una salida del congelamiento responsable -en los casos de las categorías que fueron deslistadas- y que había habido muchas innovaciones en el último año, mecanismo que las firmas comenzaron a utilizar en mayor medida para sortear los controles. Así aparecieron “productos mellizos”, como se le suelen llamar, que tienen apenas una mínima diferencia de packaging o de peso. Tanto es así que, semanas atrás, desde la Secretaría de Comercio imputaron a varias compañías por ofrecer productos similares con diferencias de 1 gramo, en algún caso, y cobrarlo hasta 50% más.

La funcionaria hizo especial hincapié en que quiere que esta canasta, que aún no tiene nombre, llegue a todos los canales de venta, que la distribución sea lo más masiva posible. Sin embargo, desde las empresas le plantearon que no están en condiciones de garantizar que eso vaya a ser así porque al canal tradicional -autoservicios y almacenes- les venden generalmente a través de distribuidores.

Español también les pidió que los productos que elijan para que integren la nueva canasta no deben tener problemas de insumos, es decir, tienen que poder ser de fácil producción aún en el actual contexto para que pueda sostenerse el acuerdo. Pero este objetivo tampoco es así de sencillo como lo planteó el Gobierno, ya que “hay problemas a nivel global con los insumos, de precios y abastecimiento”, dijeron en una de las empresas.

La principal duda que tienen las compañías es si realmente Comercio Interior derogará Precios Máximos a cambio de este “aporte” o lo seguirá dilatando aún después de la firma del nuevo compromiso. De todos modos, hay intención de las empresas de colaborar y de generar un puente de diálogo en el medio de tanta tensión acumulada que hasta incluyó la presentación de dos recursos administrativos contra los sistemas SIPRE y SIFIRE, destinados a exigir información sobre costos y otros parámetros, impuestos por la secretaría.

FUENTE : INFOBAE

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Más trabas a las exportaciones de granos, carne y lácteos: qué tiene que hacer ahora un exportador para poder vender al mundo

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Hoy el Ministerio de Agricultura publicó una resolución por la cual regirán mayores exigencias a los operadores delcomercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria. Todos los detalles y los primeros rechazos a la medida
Mediante el ministerio de Agricultura, el Gobierno intensificó los controles a las exportaciones de granos y ganados y carne. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Mientras se aguardan detalles de las medidas anunciadas la semana pasada para la exportación de carne vacuna, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Luis Basterra, publicó hoy la Resolución 60/2021, a través de la cual regirán mayores exigencias a los operadores del comercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que depende de la cartera agropecuaria.

La norma exige la presentación de una enorme cantidad de documentación, mucha de ella ya disponible en otras dependencias del Estado, como paso previo a poder vender al exterior ganado, carne vacuna, lácteos y granos. Los especialistas sostienen, que “los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración”.

El RUCA no es nuevo, fue creado en febrero de 2017 con la idea de regular los requisitos y demás formalidades para la matriculación y registro que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas para ser habilitadas para actuar en las actividades de comercialización y/o industrialización de productos agroalimentarios.

Pero según explican en el Gobierno la resolución de hoy tiene como objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales. En la misma constan los numerosos nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores:

– Informar las ventas que planean hacer en el próximo año. Los exportadores de granos, leche y carnes que no cuentan con planta propia tienen que presentar “un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” para conseguir matrícula como exportador.

– Información financiera para probar solvencia. Además, para demostrar solvencia, “los interesados en exportar deberán informar el detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”. Lo cierto es que toda esa información ya se encuentra disponible, por ejemplo, en el Banco Central.

También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos. También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos.

– Presentar una constancia que el Banco Central ya les exigía. Por otro lado, hay un requisito puntual para los exportadores que se trata de presentar una constancia de ingreso de divisas del último año, en el caso de haber realizado una operación con el mercado externo. Hay que recordar que en 2020 se había implementado una normativa por la cual en el registro no podía figurar ningún operador que no haya entregado la información sobre liquidación de divisas ante el Banco Central.

– Informar destalles sobre sus empleados y salarios pagos. También se exige a los exportadores que presenten un listado del personal en relación de dependencia, informar sobre la compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores.

– Presentar balances. Otro de los requisitos será la presentación del “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.

– Verificar que las empresas a las que compran cumplan con estos mismos requisitos.En el caso de la exportación de ganados y carnes, la resolución también establece que “los titulares de los establecimientos matriculados que presten servicios de exportación a terceros matriculados en este registro, serán mancomunada y solidariamente responsables por los incumplimientos de los requisitos y demás condiciones establecidas en la normativa”.

Fundamentos de la medida

De acuerdo a lo expresado por la cartera agropecuaria, “se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”.

Frente a esta situación, con el propósito de transparentar y controlar la exportación, las autoridades nacionales consideraron establecer las nuevas exigencias que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el RUCA y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio. “Los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”, se menciona en la Resolución.

En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares. En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares.

Por último, desde el ministerio de Agricultura señalaron que “la medida propiciada brindará un horizonte de mayor certidumbre no solo para los interesados en participar en la actividad, sino también para los compradores extranjeros, creando un entorno que contribuya a consolidar más aun la industria agroexportadora de nuestro país, instalándola como marca distintiva en el mundo”.

Repercusiones

En los últimos días desde diversos sectores de la cadena agroindustrial salieron a cuestionar al Gobierno por la implementación de un Registro para la exportación de carne vacuna. Las dudas que hay en el ámbito privado, es que el mismo funcione como el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que fue aplicado por el kirchnerismo y que provocó un freno a la producción y las exportaciones y derivó en el cierre de plantas frigoríficas. En aquel momento funcionaba el ROE Blanco para los lácteos, un ROE Verde para productos agrícolas y el ROE Rojo para la carne vacuna.

Es por eso que antes de que entre en vigencia dicho Registro de exportadores de carne vacuna, los dirigentes de la Mesa de Enlace pidieron una audiencia con el ministro de Economía, Martín Guzmán; con el ministro de Agricultura, Luis Basterra y también con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías kulfas. Hasta el momento los funcionarios no respondieron el reclamo de los representantes de los productores agropecuarios.

<b>“</b>Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas” (Etchevehere)

Con la aplicación de este tipo de medidas, se profundiza la sensación del sector agroindustrial de que existen en el Gobierno dos sectores que operan de manera diferente al momento de regular la actividad. Por un lado, hay funcionarios y hasta el propio Alberto Fernández, que promueven un aumento de las exportaciones que permitan el ingreso de divisas que son necesarias para combatir los grandes flagelos de la Argentina, como la pobreza e indigencia. Y por el otro lado, se implementan normativas con que no conducen a facilitar las tareas de los exportadores, sino todo lo contrario.

En diálogo con este medio, el contador Juan Manuel Barrero, Socio de Barrero & Asociados, precisó que el Gobierno solicita información mediante la nueva Resolución, que ya cuenta a través del Banco Central, el RUCA, la AFIP y la Aduana para de esa manera poder evitar la subfacturación y controlar el ingreso de divisas. Además, dijo que los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración.

“Se multiplican requisitos y exigen un año antes informar que operaciones se van a realizar. Este es un ejemplo más del exceso control que sufre el sector: no solo cada vez paga más impuestos haciendo que su actividad sea más ineficiente y menos sostenible, que sino genera mayor burocracia”, señaló.

Y agregó: “En definitiva se termina perjudicando a las empresas más chicas, que no tienen otra opción de seguir agrandando su costo administrativo con el fin de reportar” a un socio (el Estado) que sólo participa de las ganancias y no de las pérdidas.Hay muchas inconsistencias como la que obliga a los empresarios ´Sin planta´a informar mercadería a exportar, volumen, proveedores y destinos como si esto fuera fácil o posible proyectar”.

Entre las primeras repercusiones a la Resolución, surgió la opinión de Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por el Movimiento Compromiso Federal. “Más burocracia es más control y trabas sobre los productores, cabañeros y empresarios del campo. Estas medidas nos hacen perder competitividad y nos traen malos recuerdos”, dijo desde su cuenta personal de Twitter.

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, también utilizó las redes sociales para criticar la medida: “Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas para exportar carnes, granos y lácteos. Acceso más difícil para que se exporte menos con pocos operadores. Pide exportar más y dificulta exportaciones”, comentó.

FUENTE : INFOBAE

FOTOT TAPA : RURALNET

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