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Comenzará mañana el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública: cómo será la primera audiencia y el proceso en medio de la campaña

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Quiénes son los acusados, qué lugar especial tendrá la ex presidenta y qué rol tendrá el ahora precandidato presidencial Alberto Fernández

La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público. Es por el caso de la obra pública. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El proceso se dará durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que será vicepresidente de la fórmula con Alberto Fernándezquién también estará en el juicio: será testigo. Cristina Kircner comenzará a ser juzgada como ex mandataria y cuando se conozca el veredicto, dentro de un año aproximadamente, podría ser una de las cabezas del estado.

El juicio se iniciará a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py y se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor KirchnerNelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

¿Cómo será la primera audiencia del juicio? “Sabemos que hay una gran expectativa pero para nosotros será como la de cualquier juicio, aburrida”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

La expectativa está puesta porque es el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, porque se da en un contexto electoral, a pocos días de haber anunciado su fórmula y porque estará junto con ex funcionarios presos y condenados. De Vido, Báez y Kirchner están detenidos y López bajo el programa de protección de testigos e imputados tras declarar como arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y está en juicio por la compra de trenes chatarra durante su gestión; Báez está siendo juzgado por lavado de dinero y López por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en el convento de General Rodríguez y por los que tiene pedido de condena a seis años de prisión. López podría tener un papel central en el juicio de la obra pública.

“La presidenta se fijaba los montos que debían cobrar Austral, CPC, Electróingeniería y JCR”, dijo el ex funcionario en su última declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. Austral es la empresa de Báez y los montos era el dinero de la obra pública que tenía. López dijo todos los meses le entregaba a Cristina Kirchner y a De Vido un listado con lo que las empresas debían cobrar y los fondos disponibles y que la mandataria decidía quién cobraba.

José López

José López

Eso lo declaró en otra causa y la expectativa estará en si también lo hará en el juicio o si decide seguir otra estrategia ya que en ese proceso no es arrepentido.

La primera audiencia estará destinada a leer la acusación del caso, que es como comienza todo juicio. Pero se prevé que haya entre tres o cuatro audiencias para eso y que cada una dure de cuatro a cinco horas. Se leerán las acusaciones de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de la OA, de la UIF y la elevación a juicio del juez Julián Ercolini. Todas son muy extensas. La de la Fiscalía tiene 584 páginas.

Para ese trámite no sea tedioso la costumbre es leer solo las partes importantes. Pero en este caso el tribunal tiene la intención de que se conozca íntegramente para evitar cualquier planteo de nulidad a futuro. Pero las defensas pueden consentir que se lee solo un extracto.

El dato no es menor. En la lectura de la acusación todos los acusados tienen la obligación de estar presentes, lo que haría que Cristina Kirchner deba asistir a esas audiencias: una vez por semana durante un mes en tribunales. Luego puede pedir autorización para no ir a la declaración de los testigos, como suelen hacer muchos acusados. Los otros dos momentos en que los imputados tienen que estar es en los alegatos y en el veredicto.

Más allá de la lectura de la acusación no se descarta que en la primera audiencia las defensas hagan algún tipo de planteo. Es porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación están pendientes de resolución nueve apelaciones. Eso generó que la semana pasada el inicio del juicio haya estado en vilo. El máximo tribunal le pidió al tribunal la causa lo que generó la posibilidad que el proceso no empiece hasta que eso esté resuelto. El tribunal no suspendió el juicio, la Corte dijo que empezaba el martes y el viernes devolvió la causa.

Pero las defensas pueden objetar que lo que vaya a resolver la Corte pueda tener injerencia directa en el desarrollo del juicio. De hecho, durante el proceso el máximo tribunal definirá las apelaciones y la expectativa está puesta en cómo podría repercutir. De hecho, el viernes Báez recusó a dos jueces y pidió que no comience.

Una de las discusiones es sobre un peritaje. De las 51 obras públicas que están en discusión se dispuso una pericia solo sobre cinco de ellas. Las defensas lo objetaron y eso está entre los temas que tiene que resolver el máximo tribunal.

Mañana habrá un operativo de seguridad especial en Comodoro Py. El edificio estará vallado y tendrá un refuerzo de 70 oficiales de la Policía Federal más a los habituales. El exterior del lugar estará a cargo de Prefectura y Gendarmería con una cantidad de personal que todavía no se definió porque dependerá de si va público y qué cantidad a acompañar a la ex presidente.

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

La seguridad definió que la ex mandataria ingrese por la calle Costa Brava, que da atrás de Comodoro Py y por la que siempre llegó cada vez fue a tribunales. Ingresará por una puerta lateral que queda a poco más de 20 metros de la sala de audiencia. Para la ex mandataria se dispuso que en caso que en el juicio se haga un cuarto intermedio tenga una sala y un baño a su disposición para que espera allí el reinicio de la audiencia. 

Tras las lecturas en el juicio se hará lo que se conoce como “cuestiones preliminares”. Allí las partes podrán pedir nulidades y hacer distinto tipo de planteos. Luego será el momento de las indagatorias. Es la etapa en la que cada acusado puede declarar o no.

En el juicio declararán 159 testigos, entre ex funcionarios y empresarios. Uno de ellos es Alberto FernándezTambién los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, todos a pedido de la defensa de la ex presidenta.

Además fueron citados el ex titular de la Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien en 2016 presentó la denuncia que originó la causa; las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Olivettto y la ex legisladora Margarita Stolbizer.

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Otros testigos serán el arrepentido Leonardo Fariña y varios empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Los dos están procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El juicio está previsto que dure un año. “Es difícil precisar una fecha porque los juicios son dinámicos y dependen de muchos factores, pero no menos de un año”, explicó una fuente.

Con ese cronograma ninguna fecha del juicio coincidirá con las elecciones. Cuando se hagan las internas -el 11 de agosto–, la primera vuelta –el 27 de octubre– o el ballotage –el 24 de noviembre– el juicio transcurrirá en la etapa de testigos. Cuando sean los alegatos, el momento en el que se piden penas y absoluciones, y el veredicto ya se sabrá quién ganó las elecciones.

Los audiencias serán todos los lunes y se prevé que más adelante se sumen los martes.

Cristina Kirchner no será la primera ex presidenta en ser juzgada. También lo fueron Carlos Menem y Fernando De la Rúa. La diferencia es que la ex mandataria llega al proceso con poder político y expectativas electorales. Ni Menem ni De la Rúa tuvieron ese escenario en sus juicios.

“No desconocemos el contexto político, ni que juzgamos a una ex presidenta. Pero es nuestra función y sabemos la expectativa social que tienen los casos de corrupción. Sin un mínimo de coraje no se puede ser juez”, le dijo a Infobae uno de los magistrados del caso.

También señaló que cualquier decisión que tomen será objetada. “En ese sentido, la grieta ya nos pasa”, dijo para graficar que cuando el mes pasado pasado autorizaron a Cristina Kirchner a viajar a Cuba donde está su hija Florencia recibieron críticas y elogios.

Comodoro Py (Adrián Escandar)

Comodoro Py (Adrián Escandar)

La acusación y la defensa de Cristina Kirchner

El caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018 y el juez Ercolini señaló en su resolución que se investigó “una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Para el magistrado, Cristina Kichner “en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”. Pero en rigor, los presuntos delitos comenzaron mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió como presidente y “montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos” y continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner.

La acusación que hicieron los fiscales Pollicita y Mahiques está centrada en los 51 contratos de obra pública para Santa Cruz por 8 mil millones de pesos, que luego se ampliaron 16 mil millones, que recibieron las empresas de Báez, “Austral Construcciones”, “Kank y Costilla”, “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “Loscalzo y del Curto Construcciones”.

Según la imputación fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Para los fiscales hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos.

Para la Fiscalía todo eso fue posible porque se permitió desde el gobierno que instrumentó distintos mecanismos legales, como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para beneficiar a Báez.

También señalaron que Báez creó su empresa en 2003, pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente, y que después compró, alquiló y administró propiedades y hoteles de la familia presidencial. La sospecha es que ese dinero salió de los fondos públicos que recibió de las obras. Esos hechos forman parte de las causas “Los Sauces” y “Hotesur” que se juzgarán en otro juicio.

La defensa de Cristina Kichner -a cargo del abogado Carlos Beraldi- rechaza la acusación. Sostiene que ningún gobierno puede ser considerado una asociación ilícita y que las decisiones sobre la obra pública no pasaban por ella ya que las partidas para esos contratos las votó el Congreso en el presupuesto y que sus modificaciones son decisiones de los jefes de gabinete. Por eso pidió que los cuatro que ocuparon el cargo en sus gobiernos -Alberto y Aníbal Fernández, Massa, Capitanich y Abal Medina- declaren cono testigos.

Cuando fue indagada por el juez Ercolini, Cristina Kirchner también sostuvo que la acusación de los fiscales era “genérica y difusa” y que ella no es amiga de Báez y que en caso que Néstor Kirchner hubiese querido beneficiarlo lo podría haber hecho cuando era gobernador de Santa Cruz. También destacó que los fiscales obviaron analizar en su investigación el Informe Definitivo 3/2016 de la Unidad de Auditoria Interna de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Se concluyó que no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse; que sólo se consideraron obras que hayan tenida certificación a partir de enero de 2010; que los auditores razonaron que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación con la magnitud de las respectivas obras y que los incumplimientos advertidos son totalmente insignificantes”, declaró Cristina Kirchner.

La ex mandataria también sostuvo que detrás de la causa había una intencionalidad del gobierno de Macri y que en la obra pública a nivel nacional Báez estuvo durante su gobierno en el puesto 38, mientras que IECSA, la empresa entonces de Calcaterra -primo del actual presidente- había recibido más obra pública.

Todas las pruebas y los testimonios se expondrán en el juicio en donde al final del camino los jueces dirán si Cristina Kirchner es culpable o inocente.

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Cuadernos: Stornelli pidió elevar a juicio a 15 personas, cinco de ellas marplatenses

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Se trata de uno de los expedientes de la mega causa que investiga la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe. La viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, una de las involucradas.

El fiscal Carlos Stornelli presentó este viernes un nuevo pedido de elevación a juicio a 15 personas acusadas de intervenir en la mega causa de los Cuadernos de la Corrupción. Según precisó el Diario La Nación, el fiscal dio por terminada la investigación en el expediente que trata la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe y que, originalmente, fueron comprados con dinero del secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Por este hecho, sobresale el rol protagónico de la viuda del ex funcionario, Carolina Pochetti, pero hay otros 15 sindicados, cinco de los cuales son marplatenses. Carolina Pochetti, Elizabeth María Ortíz Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert, Carlos Cortéz, Leonardo y Rubén Laneza, Federico Zupicich y Miguel y María Jesús Plo fueron hallados responsables como co-autores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar miembros de una organización dedicada al comisión continuada de delitos. Isidro Bounine, acusado de lavado de activos en calidad de partícipe secundario, Elba Municoy, como coautora de esos delitos, y Marcelo Danza y Osvaldo Parolari, también por los mismo cargos en calidad de partícipe secundario y coautor.

Finalmente, el exministro de finanzas de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, también fue procesado por encubrimiento agravado.

El desglose local marca que los marplatenses Elizabeth María Ortíz Municoy, Sergio Todisco, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Parolari tuvieron, según la causa, distintas responsabilidades, siendo Elizabeth Municoy y Todisco los presuntos testaferros del fallecido secretario.

El pedido de elevación a juicio parcial que firmó Stornelli se suma al que ya realizó en la semana en el que acusó a 47 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y el exmnistro de Planificación Federal, Julio De Vido, algunos por pertenecer a una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado y otros, por pagar o recibir coimas.

La fiscalía probó, en esta instancia de instrucción, a partir del año 2010 y hasta el 2015, Carolina Pochetti junto a varios de los imputados utilizaron fondos destinados a la adquisición de 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas radicadas en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

Según cuenta el matutino nacional, uno de los arrepentidos, el marplatense Sergio Todisco, dijo que en el momento en que se hicieron las compras Muñoz recaudaba entre 500.000 y un millón de dólares por semana. Todisco dijo que ellos recibían ese dinero y lo ponían en unas cuentas que estaban acordadas. Es decir, se lavaba dinero con fondos presuntamente públicos.

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Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a Marcela Chocobar

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El hecho ocurrió en septiembre de 2015. El tribunal lo consideró un crimen motivado por el odio a la condición sexual de la víctima

La Cámara Oral Penal de Santa Cruz condenó el miércoles a prisión perpetua a Oscar Biott, luego de encontrarlo culpable del transfemicidio de Marcela Chocobar.

El tribunal determinó que en septiembre de 2015, Biott asesinó en Río Gallegos a la joven salteña que en ese entonces tenía 26 años, para luego descuartizar su cuerpo y posteriormente hacerlo desaparecer. El hombre fue considerado el autor material del hecho, que además contó con el agravante de haber sido motivado por el odio a la condición sexual de la víctima.

En un fallo dividido, la Cámara condenó a su vez a Ángel Azzolini, la otra persona que se encontraba acusada en el caso, a seis años de prisión. Azzolini fue considerado partícipe necesario y encubridor del crímen. Esta decisión contrastó con la postura del fiscal del caso, Iván Saldivia, quien había solicitado perpetua para ambos acusados.

Un tercer acusado, Adrián Fioramonti, logró inicilamente su libertad luego de pagar 50 mil pesos de fianza y fue sobreseído el miércoles.

De acuerdo a la investigación, la víctima fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre de 2015, cuando subió a un auto en la esquina de un boliche en el centro de Río Gallegos.  Ocho días después su cráneo apareció en un baldío ubicado a unos 7 kilómetros de distancia, en el barrio San Benito de esa misma ciudad. El resto de su cuerpo jamás apareció.

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Según la reconstrucción del caso, Chocobar se subió al auto en el que estaban Biott y Azzolini, con la intención de prestarles servicios sexuales. Sin embargo, en su declaración indagatoria Azzolini indicó que el decidió irse a dormir debido a su estado de intoxicación y que, al despertarse, encontró a Biott completamente alterado.

Dijo que tranquilizó, que lo ayudó a quemar las ropas ensangrentadas en el patio de la vivienda y a buscar el cuerpo en reiteradas oportunidades de la joven que, según su amigo, había quedado desvanecida y muerto en circunstancias desconocidas.

Sin embargo, el informe forense del cuerpo concluyó que Chocobar no pudo haber muerto por alguna causa que no hubiera sido un asesinato. Informó que su decapitación sucedió post-mortem y que el cráneo había sido perfectamente separado y cortado con un elemento filoso entre la segunda y la tercera vértebra.

Tras conocerse el fallo, las hermanas de la víctima, visiblemente emocionadas, agradecieron a todos los que las acompañaron durante el proceso e insistieron en la necesidad de encontrar el cuerpo. Sin embargo, se mostraron en desacuerdo con la condena a Azzolini.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

A su vez, el tribunal, integrado por los camaristas Joaquín Cabral, Jorge Yance y Carlos Arenillas, aceptó la propuesta de las hermanas de la víctima para crear una fiscalía especializada en violencia de género.

Por su parte, Carlos Muriete, el abogado de las hermanas de Chocobar, se mostró conforme con el fallo y resaltó que la condena con el componente de género fue la primera en la historia de la provincia.

De hecho, la causa fue inicialmente caratulada como “homicidio simple”. Pero luego de que se revelaran las características del crímen a lo largo de las audiencias orales, el fiscal Saldivia  pidió que se aplique el agravante.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), presentó también un amicus curiae solicitando a los jueces que se aplique esa misma figura que hace un año se utilizó por primera vez en un fallo contra David Gabriel Marino, único detenido y condenado por el crimen de la dirigente y activista trans Diana Sacayán, asesinada de 13 puñaladas en Buenos Aires, un mes después que Marcela Chocobar.

Los informes psicológicos oficiales a los que accedió Infobae indican que el ataque tuvo “directamente que ver con concebir a Marcela Chocobar como un objeto, no después de su muerte, sino aún antes” y califican tanto a Biott como a Azzolini como sujetos con “características antisociales y desadaptados” y con “noción de equipo” en la relación entre ellos.

Chocobar

Chocobar

Los peritos señalaron además que los imputados indicaron que no supieron de la condición de transgénero de Marcela desde el inicio de su encuentro y que la revelación del dato produjo en ellos un “quiebre emocional”.

En su informe anual de femicidios en Argentina, la Corte Suprema informó que de los 255 femicidios que tuvieron lugar en el país en 2018, cuatro de ellos fueron transfemicidios o travesticidios.

De hecho, la presente condena es la segunda de esta naturaleza en la semana. El pasado martes, el Tribunal Criminal 2 de Jujuy dictó la prisión perpetua para Jesús Moreno por haber asesinado de 35 puñaladas a su pareja trans, Zoe Quispe, en 2016, en Palpalá.

Foto  : TN Rio Gallegos

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Indagaron por lavado de dinero a un ex secretario de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos

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Se trata de Fabian Gutiérrez, a quien José Lopez señaló como el hombre que le entregó los bolsos que llevó al convento

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

La Justicia reactivó la investigación por el dinero que manejó Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos y confesó haber visto cómo llevaban bolsos al sur. Este hombre, que había sido sobreseído por enriquecimiento ilícito en el 2011 y le reabrieron la causa en 2017 por una denuncia por lavado de activos de la Unidad de Información Financiera, ahora no solo tiene que dar explicaciones por sus manejos de dinero sino que las sospechas sobre sus bienes y el de sus presuntos testaferros quedó ligada a la banda que recaudó dinero en los viajes del chofer Oscar Centeno.

Un detalle más: Gutiérrez es la persona a la que el ex secretario de Obras Publicas José López acuso de haberle dados los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez hace casi dos años. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que eso era mentira y que López se estaba vengando por una vieja pelea que tuvieron cuando ambos trabajaban en el Gobierno.

El ex secretario de Cristina Kirchner tuvo que presentarse hoy a dar explicaciones ante el juez Claudio Bonadio, a cargo del expediente. También fueron convocados en indagatoria su madre, Teresa Amalia García, y su hermana Valeria Alejandra Martinovich, su cuñado y la pareja de la madre. El magistrado citó a indagatoria a Matías Lázaro Raimondo y Carlos Mario César Siverino, y ayer ya habían sido interrogados Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Alberto Rodríguez, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Guillone y Diego Miguel Derdey.

La sorpresa para los defensores fue cuando llegaron a la indagatoria. No solo les pedían explicaciones del manejo de dinero sino que se enteraron que ligaron esos activos a la organización ilícita que –según Bonadio y la Cámara Federal- habría liderado Cristina Kirchner, secundada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta para recaudar dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Víctor Fabián Gutiérrez había acompañado a Cristina Kirchner como secretario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, Gutiérrez fue designado secretario adjunto. Antes había sido cadete en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, donde su madre fue interventora. En 2010 presentó su renuncia tras haber sido denunciado por enriquecimiento ilícito.

El portal Opi Santa Cruz denunció en aquel momento que Gutiérrez había multiplicado su patrimonio en forma exponencial desde 2003 y que estaba construyendo una casa en El Calafate por un millón de dólares. Se le abrió entonces una causa en la que se planteó que, según sus declaraciones juradas, el patrimonio de Gutiérrez aumentó más de siete veces a partir de que colaboraba con la Presidenta. El caso cayó en manos del juez Bonadio, que también investiga a Isidro Bounine, a Daniel Muñoz y a Daniel Alvarez, los otros secretarios privados de la Presidenta y del ex presidente Néstor Kirchner. Todos ellos fueron sobreseídos en aquel momento.

Cuando el escándalo de los cuadernos estalló, Bonadio detuvo a todos los colaboradores cercanos del matrimonio Kirchner. Fue por las sospechas de cómo enviaban el dinero de la recaudación de Baratta al sur. En ese momento, Gutierrez pidió ser arrepentido. Tal como publicó Infobae en aquel momento, el joven aseguró que  no había visto el contenido de los bolsos que los Kirchner movían desde Buenos Aires al sur, pero reveló que a Cristina la llamaban “la loca” o la “yegua” porque “nadie quería trabajar con ella”, contó cuánto dinero gastaba en compras cuando se iba de viaje oficiales, cómo terminó renunciando porque la ex Presidenta lo increpó por haber ido al baño y por qué el ex ministro De Vido “la odiaba”.

Ya en 2017, sin embargo, la UIF había pedido reabrir la causa por el dinero que manejó Gutiérrez. Ahora, esa reactivación llegó con las citaciones a indagatoria que se cumplían en estas horas y, sorpresivamente, las pruebas obtenidas en la causa de los cuadernos.

Según señalaron fuentes judiciales, el escenario para Gutiérrez –en este contexto- sería al que enfrentaron los familiares y allegados de Daniel Muñoz, el ex millonario secretario de Néstor Kirchner que falleció en 2016. Su viuda se convirtió en “arrepentida” después de pasar dos meses en prisión y de que otros de los testaferros también pidieran hacer un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y contaran detalles de cómo compraron 16 propiedades en Miami y Nueva York –incluidos dos departamentos en el Hotel Plaza, de Manhattan- y luego decidieran venderlos a las apuradas cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers y quedaran expuestas las sociedades off shore que usaron para hacer esas operaciones. Hoy se cree que parte de ese dinero fue invertido en unos terrenos de las Islas Turk and Caicos del Caribe pero, tal como publicó Infobae, el gobierno británico de esas islas paradisíacas se resiste a ponerlo a disposición de los  tribunales de Comodoro Py.

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