La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público. Es por el caso de la obra pública. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El proceso se dará durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que será vicepresidente de la fórmula con Alberto Fernández, quién también estará en el juicio: será testigo. Cristina Kircner comenzará a ser juzgada como ex mandataria y cuando se conozca el veredicto, dentro de un año aproximadamente, podría ser una de las cabezas del estado.

El juicio se iniciará a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py y se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

¿Cómo será la primera audiencia del juicio? “Sabemos que hay una gran expectativa pero para nosotros será como la de cualquier juicio, aburrida”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

La expectativa está puesta porque es el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, porque se da en un contexto electoral, a pocos días de haber anunciado su fórmula y porque estará junto con ex funcionarios presos y condenados. De Vido, Báez y Kirchner están detenidos y López bajo el programa de protección de testigos e imputados tras declarar como arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y está en juicio por la compra de trenes chatarra durante su gestión; Báez está siendo juzgado por lavado de dinero y López por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en el convento de General Rodríguez y por los que tiene pedido de condena a seis años de prisión. López podría tener un papel central en el juicio de la obra pública.

“La presidenta se fijaba los montos que debían cobrar Austral, CPC, Electróingeniería y JCR”, dijo el ex funcionario en su última declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. Austral es la empresa de Báez y los montos era el dinero de la obra pública que tenía. López dijo todos los meses le entregaba a Cristina Kirchner y a De Vido un listado con lo que las empresas debían cobrar y los fondos disponibles y que la mandataria decidía quién cobraba.

Eso lo declaró en otra causa y la expectativa estará en si también lo hará en el juicio o si decide seguir otra estrategia ya que en ese proceso no es arrepentido.

La primera audiencia estará destinada a leer la acusación del caso, que es como comienza todo juicio. Pero se prevé que haya entre tres o cuatro audiencias para eso y que cada una dure de cuatro a cinco horas. Se leerán las acusaciones de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de la OA, de la UIF y la elevación a juicio del juez Julián Ercolini. Todas son muy extensas. La de la Fiscalía tiene 584 páginas.

Para ese trámite no sea tedioso la costumbre es leer solo las partes importantes. Pero en este caso el tribunal tiene la intención de que se conozca íntegramente para evitar cualquier planteo de nulidad a futuro. Pero las defensas pueden consentir que se lee solo un extracto.

El dato no es menor. En la lectura de la acusación todos los acusados tienen la obligación de estar presentes, lo que haría que Cristina Kirchner deba asistir a esas audiencias: una vez por semana durante un mes en tribunales. Luego puede pedir autorización para no ir a la declaración de los testigos, como suelen hacer muchos acusados. Los otros dos momentos en que los imputados tienen que estar es en los alegatos y en el veredicto.

Más allá de la lectura de la acusación no se descarta que en la primera audiencia las defensas hagan algún tipo de planteo. Es porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación están pendientes de resolución nueve apelaciones. Eso generó que la semana pasada el inicio del juicio haya estado en vilo. El máximo tribunal le pidió al tribunal la causa lo que generó la posibilidad que el proceso no empiece hasta que eso esté resuelto. El tribunal no suspendió el juicio, la Corte dijo que empezaba el martes y el viernes devolvió la causa.

Pero las defensas pueden objetar que lo que vaya a resolver la Corte pueda tener injerencia directa en el desarrollo del juicio. De hecho, durante el proceso el máximo tribunal definirá las apelaciones y la expectativa está puesta en cómo podría repercutir. De hecho, el viernes Báez recusó a dos jueces y pidió que no comience.

Una de las discusiones es sobre un peritaje. De las 51 obras públicas que están en discusión se dispuso una pericia solo sobre cinco de ellas. Las defensas lo objetaron y eso está entre los temas que tiene que resolver el máximo tribunal.

Mañana habrá un operativo de seguridad especial en Comodoro Py. El edificio estará vallado y tendrá un refuerzo de 70 oficiales de la Policía Federal más a los habituales. El exterior del lugar estará a cargo de Prefectura y Gendarmería con una cantidad de personal que todavía no se definió porque dependerá de si va público y qué cantidad a acompañar a la ex presidente.

La seguridad definió que la ex mandataria ingrese por la calle Costa Brava, que da atrás de Comodoro Py y por la que siempre llegó cada vez fue a tribunales. Ingresará por una puerta lateral que queda a poco más de 20 metros de la sala de audiencia. Para la ex mandataria se dispuso que en caso que en el juicio se haga un cuarto intermedio tenga una sala y un baño a su disposición para que espera allí el reinicio de la audiencia. 

Tras las lecturas en el juicio se hará lo que se conoce como “cuestiones preliminares”. Allí las partes podrán pedir nulidades y hacer distinto tipo de planteos. Luego será el momento de las indagatorias. Es la etapa en la que cada acusado puede declarar o no.

En el juicio declararán 159 testigos, entre ex funcionarios y empresarios. Uno de ellos es Alberto Fernández. También los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, todos a pedido de la defensa de la ex presidenta.

Además fueron citados el ex titular de la Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien en 2016 presentó la denuncia que originó la causa; las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Olivettto y la ex legisladora Margarita Stolbizer.

Otros testigos serán el arrepentido Leonardo Fariña y varios empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Los dos están procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El juicio está previsto que dure un año. “Es difícil precisar una fecha porque los juicios son dinámicos y dependen de muchos factores, pero no menos de un año”, explicó una fuente.

Con ese cronograma ninguna fecha del juicio coincidirá con las elecciones. Cuando se hagan las internas -el 11 de agosto–, la primera vuelta –el 27 de octubre– o el ballotage –el 24 de noviembre– el juicio transcurrirá en la etapa de testigos. Cuando sean los alegatos, el momento en el que se piden penas y absoluciones, y el veredicto ya se sabrá quién ganó las elecciones.

Los audiencias serán todos los lunes y se prevé que más adelante se sumen los martes.

Cristina Kirchner no será la primera ex presidenta en ser juzgada. También lo fueron Carlos Menem y Fernando De la Rúa. La diferencia es que la ex mandataria llega al proceso con poder político y expectativas electorales. Ni Menem ni De la Rúa tuvieron ese escenario en sus juicios.

“No desconocemos el contexto político, ni que juzgamos a una ex presidenta. Pero es nuestra función y sabemos la expectativa social que tienen los casos de corrupción. Sin un mínimo de coraje no se puede ser juez”, le dijo a Infobae uno de los magistrados del caso.

También señaló que cualquier decisión que tomen será objetada. “En ese sentido, la grieta ya nos pasa”, dijo para graficar que cuando el mes pasado pasado autorizaron a Cristina Kirchner a viajar a Cuba donde está su hija Florencia recibieron críticas y elogios.

La acusación y la defensa de Cristina Kirchner

El caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018 y el juez Ercolini señaló en su resolución que se investigó “una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Para el magistrado, Cristina Kichner “en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”. Pero en rigor, los presuntos delitos comenzaron mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió como presidente y “montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos” y continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner.

La acusación que hicieron los fiscales Pollicita y Mahiques está centrada en los 51 contratos de obra pública para Santa Cruz por 8 mil millones de pesos, que luego se ampliaron 16 mil millones, que recibieron las empresas de Báez, “Austral Construcciones”, “Kank y Costilla”, “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “Loscalzo y del Curto Construcciones”.

Según la imputación fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Para los fiscales hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos.

Para la Fiscalía todo eso fue posible porque se permitió desde el gobierno que instrumentó distintos mecanismos legales, como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para beneficiar a Báez.

También señalaron que Báez creó su empresa en 2003, pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente, y que después compró, alquiló y administró propiedades y hoteles de la familia presidencial. La sospecha es que ese dinero salió de los fondos públicos que recibió de las obras. Esos hechos forman parte de las causas “Los Sauces” y “Hotesur” que se juzgarán en otro juicio.

La defensa de Cristina Kichner -a cargo del abogado Carlos Beraldi- rechaza la acusación. Sostiene que ningún gobierno puede ser considerado una asociación ilícita y que las decisiones sobre la obra pública no pasaban por ella ya que las partidas para esos contratos las votó el Congreso en el presupuesto y que sus modificaciones son decisiones de los jefes de gabinete. Por eso pidió que los cuatro que ocuparon el cargo en sus gobiernos -Alberto y Aníbal Fernández, Massa, Capitanich y Abal Medina- declaren cono testigos.

Cuando fue indagada por el juez Ercolini, Cristina Kirchner también sostuvo que la acusación de los fiscales era “genérica y difusa” y que ella no es amiga de Báez y que en caso que Néstor Kirchner hubiese querido beneficiarlo lo podría haber hecho cuando era gobernador de Santa Cruz. También destacó que los fiscales obviaron analizar en su investigación el Informe Definitivo 3/2016 de la Unidad de Auditoria Interna de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Se concluyó que no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse; que sólo se consideraron obras que hayan tenida certificación a partir de enero de 2010; que los auditores razonaron que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación con la magnitud de las respectivas obras y que los incumplimientos advertidos son totalmente insignificantes”, declaró Cristina Kirchner.

La ex mandataria también sostuvo que detrás de la causa había una intencionalidad del gobierno de Macri y que en la obra pública a nivel nacional Báez estuvo durante su gobierno en el puesto 38, mientras que IECSA, la empresa entonces de Calcaterra -primo del actual presidente- había recibido más obra pública.

Todas las pruebas y los testimonios se expondrán en el juicio en donde al final del camino los jueces dirán si Cristina Kirchner es culpable o inocente.