Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde”. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

Por

Andrés Klipphan

FUENTE INFOBAE

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