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Internacional

CON EL VOTO ARGENTINO LA ONU SUSPENDIÓ A RUSIA DEL CONSEJO DE DDHH

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La Asamblea General de la ONU suspendió hoy a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión militar a Ucrania, una iniciativa impulsada por Estados Unidos y sus aliados.

 

La Asamblea General de la ONU suspendió hoy a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión militar a Ucrania, una iniciativa impulsada por Estados Unidos y sus aliados tras denunciar una matanza de civiles en la localidad de Bucha, cercana a Kiev.

El cuerpo aprobó la medida con 93 votos a favor, incluido el de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones.

La resolución expresa la «profunda preocupación» de la Asamblea General «por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular ante las informaciones de violaciones y abusos de los derechos humanos», a veces «sistemáticas», y «violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia».

«Los criminales de guerra no tienen cabida en los órganos de la ONU destinados a proteger los derechos humanos. Agradecido a los Estados miembros que apoyaron la resolución y eligieron estar del lado correcto de la historia», celebró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en su cuenta de Twitter.

El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores consideró «ilegal» la suspensión y motivada políticamente, «con el objetivo de castigar de manera ostentosa a un Estado miembro soberano de la ONU que tiene una política interior y exterior independiente», según un comunicado publicado hoy. A su vez, decidió una «rescisión anticipada» de este Consejo, consignó la agencia AFP.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lamentó la decisión de la ONU y advirtió que Moscú «seguirá defendiendo sus intereses por todos los medios legales».

Pekov, que ayer había dicho que la exclusión de Rusia sería inconcebible porque el trabajo de ese organismo no sería efectivo sin la presencia rusa, volvió a rechazar las acusaciones de haber perpetrado una masacre en la ciudad ucraniana de Bucha.

«Insistimos en que toda la situación de Bucha es una insinuación bien montada, nada más. Los cadáveres allí encontrados no fueron víctimas de militares rusos», aseguró sobre las decenas de personas con ropas civiles que fueron halladas muertas en esa localidad tras la retirada del ejército ruso.

En sus 16 años de existencia, el Consejo de Derecho Humanos, con sede en Ginebra y que actualmente preside la Argentina, tenía hasta ahora un solo antecedente de una suspensión: Libia, como respuesta a la represión de las protestas de 2011 que realizó el entonces líder del país, Muammar Kaddafi.

En el caso ruso, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en ese Consejo cuando está «subvirtiendo todos los principios básicos» de la ONU con su invasión de Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil.

Para suspender a Rusia se requería una mayoría de dos tercios en la Asamblea General, una cifra que se alcanzó, aunque el texto obtuvo menos apoyo que las anteriores resoluciones críticas con el Kremlin votadas desde el inicio de la guerra.

Las abstenciones no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una «iniciativa precipitada» que «añade leña al fuego» y un «precedente peligroso». También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero perdió su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes.

Entre los países latinoamericanos, además de Argentina, apoyaron la medida Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, mientras que Brasil, El Salvador y México se abstuvieron.

El embajador brasileño ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, dijo que «Brasil ha decidido abstenerse en la votación de hoy porque cree que se debe permitir que la comisión de investigación complete su investigación independiente para que se puedan determinar las responsabilidades».

El lunes pasado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que promovería la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, precisó por su parte que la solicitud de Estados Unidos de excluir a Rusia fue presentada a petición del presidente Joe Biden.

Esa declaración se produjo después que el pasado fin de semana las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieran numerosas imágenes en las que aparecen cadáveres de civiles en las calles de la ciudad de Bucha.

La localidad estuvo bajo el control de las tropas rusas, que la abandonaron el 30 de marzo pasado, y el Kremlin negó las acusaciones de una matanza a la que calificó como una «provocación escenificada» en medio de las negociaciones de paz.

El Consejo del que fue suspendida Rusia es el principal foro de la ONU encargado de promover los derechos humanos. Se creó en 2006 y está integrado por 47 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su misión también consiste en revisar periódicamente su situación en los países miembros de la ONU y puede abordar cualquier tema relacionado con los derechos humanos, incluso en reuniones excepcionales que se pueden convocar con carácter urgente.

Desde la invasión rusa de Ucrania, la Asamblea General de la ONU se pronunció sobre esta guerra en tres ocasiones, incluido el voto de este jueves.

El 2 de marzo, 141 países condenaron la invasión lanzada por Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, 5 votaron en contra (además de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 se abstuvieron.

El 24 de marzo, la Asamblea General pidió el acceso humanitario sin obstáculos y la protección de los civiles en Ucrania. Durante la votación, 140 países votaron a favor, cinco en contra (los mismos cinco que el 2 de marzo) y 38 países se abstuvieron.

fuente : libre expresion

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En un encuentro con la Plataforma Unitaria, Estados Unidos volvió a pedir elecciones libres y justas en Venezuela

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“Apoyamos al pueblo venezolano en su esfuerzo por restaurar la democracia”, señaló Brian Nichols, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina.

FOTO : Delegados de la Plataforma Unitaria de Venezuela se reunieron con autoridades del gobierno de Estados Unidos

Brian Nichols, secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, informó que representantes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro se reunieron este viernes con autoridades del gobierno de Joe Biden para conversar sobre los avances en la mesa de diálogo que se volvió a instalar en México en noviembre de 2022 para buscar una salida a la crisis económica, social y política de Venezuela.

“Valiosa reunión con miembros de la delegación de negociaciones de la Plataforma Unitaria de Venezuela para reafirmar el apoyo de los EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en Venezuela en 2024. Apoyamos al pueblo venezolano en su esfuerzo por restaurar la democracia”, declaró Nichols en una publicación en su cuenta de Twitter que incluyó una fotografía de dicho encuentro.

En las negociaciones de México, restablecidas en noviembre después de 15 meses de parálisis, la alianza opositora Plataforma Unitaria exige fijar una fecha para unos comicios presidenciales en 2024 con garantías, que comiencen con el levantamiento de inhabilitaciones judiciales a posibles candidatos.

Nicolás Maduro, en tanto, insistió el jueves en su demanda de que se levanten “todas” las sanciones internacionales que buscaron presionar su salida del poder.

Foto de archivo: El canciller de México, Marcelo Ebrard, el jefe de la delegación opositora de Venezuela, Gerardo Blyde, el representante del gobierno de Noruega, Dag Nylander, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, brindan una conferencia de prensa sobre las conversaciones políticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición (REUTERS/Henry Romero)Foto de archivo: El canciller de México, Marcelo Ebrard, el jefe de la delegación opositora de Venezuela, Gerardo Blyde, el representante del gobierno de Noruega, Dag Nylander, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, brindan una conferencia de prensa sobre las conversaciones políticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición (REUTERS/Henry Romero)

Aún no hay fecha para una próxima reunión entre las partes del diálogo, aunque el chavismo la condicionó al desembolso de 3.000 millones de dólares bloqueados por sanciones, acordados el año pasado para proyectos sociales. “Esperamos ese depósito para seguir las conversaciones, para que tengan validez”, dijo Maduro en su mensaje anual al Parlamento.

Por otra parte, el gobierno de EEUU eliminó el lunes cualquier mención al opositor Juan Guaidó y a sus aliados en las excepciones que contempla en las sanciones impuestas a Venezuela, después de que líderes opositores aprobaran eliminar el “Gobierno interino”.

Y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de EEUU, John Kirby, reiteró recientemente en una rueda de prensa telefónica que Estados Unidos sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 2015, cuyo período venció en enero de 2021 y no reconoce al Legislativo de 2021, controlado por el chavismo. La mayoría de estos ex parlamentarios de 2015 retiró a finales de año a Guaidó de la presidencia del Legislativo paralelo, que ahora ocupará Dinorah Figuera, exiliada en España.

(Con información de AFP y EFE)

FUENTE :INFOBAE

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La Justicia chavista ordenó el arresto de la reemplazante de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional de Venezuela

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El tribunal que responde al régimen de Nicolás Maduro dictó la detención de la opositora Dinorah Figuera, nueva presidenta del Parlamento electo en 2015, y también se ordenó la captura de su primera y segunda vicepresidenta Marianela Fernández y Auristela Vásquez.

Un tribunal del régimen chavista ordenó la captura de las tres integrantes de la nueva directiva del Parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende la oposición, en medio de la interna que desplazó al dirigente Juan Guaidó.

Un tribunal penal de Caracas informó el sábado de noche de la orden de aprehensión contra Dinorah Figuera, que sustituyó a Guaidó en la presidencia de esa Asamblea Nacional, que es reconocida por Estados Unidos y otras decenas de países como la última institución electa democráticamente en Venezuela.

También se ordenó la captura de su primera y segunda vicepresidenta Marianela Fernández y Auristela Vásquez.

En la práctica las detenciones no podrán ejecutarse pues las tres viven en el extranjero: Figuera y Vásquez en España, y Fernández en Estados Unidos.

Se les acusa de “usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales, en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta Asamblea Nacional ilegitima, para el robo de activos venezolanos en el exterior”, indicó el Circuito Judicial Penal de Caracas en Twitter.

“Desde la Asamblea Nacional legítima se considera esta acción como violatoria de todo proceso y otro atentado más en contra de los derechos humanos en Venezuela”, señaló un comunicado este domingo. “Hacemos un llamado a la comunidad democrática nacional y a los gobiernos democráticos del mundo a alzar su voz y pronunciarse ante esta arremetida feroz del régimen de Nicolás Maduro”.

Una mayoría dentro de la oposición designó a Figuera el 5 de enero al frente de ese Parlamento, desplazando a Guaidó y poniendo fin a la figura de “gobierno interino” que este dirigente encabezó los últimos cuatro años, aunque nunca con poder real.

Esa mayoría eliminó la “presidencia interina”, pero no la Asamblea de 2015, cuyo período acabó en 2021. Sus integrantes defienden su continuidad al denunciar como un “fraude” el triunfo del gobernante chavismo en las elecciones parlamentarias de 2020.

Estados Unidos dio un espaldarazo a ese foro y dijo que respetaba la decisión de apartar a Guaidó, que era su principal aliado.

Este año además, en medio de estos fuertes enfrentamientos, la oposición aspira a celebrar primarias para elegir un candidato unitario de cara a los próximos comicios presidenciales, previstos para 2024.

“Quedan 360 días para el 2024, fecha tope para la e

FUENTE INFOBAElección presidencial que nos deben. Sé que suena mucho, pero está a la vuelta de la esquina. (…) Tenemos en lo inmediato un reto que enfrentar, y es derrotar a Maduro. No es entre nosotros, la pelea es con Maduro”, dijo Juan Guaidó días atrás.

Agregó que, tras la eliminación del “gobierno interino”, es “difícil hablar de unidad”, sin embargo, insistió en que “es un deber” alcanzarla para enfrentar “a la dictadura”.

El líder opositor venezolano pidió que se fijen las fechas para los comicios de la unidad democrática

El pasado diciembre, el abogado Jesús María Casal, presidente de la Comisión de Primarias, adelantó que los comicios primarios podrían realizarse el 25 de junio de 2023, una fecha sin fijar aún pero que ha servido como guía para la planificación de estas elecciones.

FUENTE INFOBAE

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El Tribunal Supremo de Brasil ordenó al Ejército desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” en un plazo de 24 horas

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El magistrado Alexandre de Moraes Moraes dijo que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva”.

Detención de simpatizantes de Bolsonaro que invadieron Planalto (Reuters)

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este lunes al Ejército del país desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas después de que este domingo cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran las sedes del Congreso y el Supremo, además del palacio presidencial.

El magistrado Alexandre de Moraes recalcó así la importancia de que estos campamentos -situados en territorio ajeno al Ejército- sean completamente desmantelados a medida que la Policía arresta a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles” tras una jornada que se ha saldado hasta el momento con al menos 300 detenidos.

En una nueva orden judicial, Moraes expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.

Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.

Además, señaló que las principales autovías de país, parcialmente ocupadas por la turba de seguidores, deben ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.

Desalojo de los simpatizantes de Bolsonaro (Reuters)Desalojo de los simpatizantes de Bolsonaro (Reuters)

El asalto a las citadas instituciones brasileñas se ha producido tras meses de acampada por parte de seguidores de Bolsonaro en la capital, Basilia, después de que el expresidente perdiera las elecciones presidenciales de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes también apartó de su cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

(Reuters)(Reuters)

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.

Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.

(Con información de Europa Press y EFE)

FUENTE : INFOBAE

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