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CORDOBA : La Unicameral aprobó por unanimidad la Ley de Electrodependientes

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Durante la sesión ordinaria de este miércoles, última del año, la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley Provincial de pacientes electrodependientes. Este régimen diferenciado dispone la gratuidad del servicio eléctrico para pacientes con afecciones que dependen de la conexión al servicio eléctrico. Además se contempla el contacto directo con la empresa de energía en caso de falta de servicio y equipamiento para la provisión de fuente eléctrica alternativa. La condición de paciente electrodependiente será acreditada por el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que debe emitirse conforme lo establece la normativa vigente en la materia.

Cabe destacar que, la Comisión de Salud de la Unicameral logró el acuerdo conjunto de cinco proyectos presentados por los diferentes bloques.

La Comisión de Salud Humana de  la Legislatura de Córdoba, procedió el pasado martes a consensuar el despacho de comisión en el cual se establece que, la persona registrada como paciente electrodependiente por cuestiones de salud, dentro de la jurisdicción provincial, gozará del derecho a una cobertura del cien por ciento de la energía eléctrica que consuma y los componentes de la tarifa del servicio.

El Presidente de dicha Comisión, Daniel Passerini argumentó: “Entendimos que la Ley Nacional no era aplicable en Córdoba porque nuestra Provincia tiene distintas realidades de provisión de energía, es por eso que decidimos avanzar en una ley provincial”. Y añadió: “La verdad que estamos celebrando que hoy la Legislatura de Córdoba haya sancionado por unanimidad la Ley Provincial de Electrodependientes. Esta Ley consagra un derecho que es para aquellas personas electrodependientes que viven en la provincia de Córdoba, que son aquellas personas que necesitan para vivir de un suministro ininterrumpido, constante y estable de energía eléctrica, tengan la garantía de la cobertura del servicio por parte  de la provincia y, también, la provisión del equipamiento técnico adecuado para poder proveer, en caso de necesidad, energía alternativa. Además, se va a conformar un registro provincial de electrodependientes y se va a habilitar una línea telefónica gratuita para los electrodependientes, para que tengan comunicación directa con la empresa proveedora de energía.”

Por otro lado, la Legisladora del Bloque Córdoba Podemos, Liliana Montero sostuvo: “Resaltar casi a fin de año la satisfacción de haber sancionado una ley que nos costó mucho trabajo y que pone en evidencia que cuando hay vocación de todos los que estamos acá sentados por hacer una buena ley, hoy tenemos el orgullo, si se quiere, de haber dado respuesta a una demanda que a todas luces era absolutamente justificada”.

Por su parte la Legisladora Vilches del Bloque Frente de Izquierda afirmó: “Me parece que es una ley que se ha conquistado con la lucha de los familiares de pacientes electrodependientes. Consideramos que ha sido un paso importante, que es un derecho que está otorgado en nuestra provincia, vamos a controlar la reglamentación y creemos que si hay alguien que se merece el reconocimiento por esta ley son las propias familias”.

Por último, el Legislador Juan Pablo Quinteros del Bloque Frente Cívico sostuvo: “Me parece que hoy en la legislatura se ha hecho un acto de estricta justicia. Son los días que uno siente orgullo de pertenecer a esta cámara, que ha votado por unanimidad.  A mí en lo personal me enriqueció muchísimo y aprendimos mucho”.

Se denominan pacientes electrodependientes aquellos que por cuestiones de salud necesitan de manera constante, ininterrumpida y estable, del suministro de energía eléctrica para alimentar equipos específicos destinados a la preservación de su salud, su calidad de vida y su vida misma.

La Legislatura de Córdoba rindió un reconocimiento al joven sanfrancisqueño Alexander Uriel Ghigo, reconocido como “Joven Abanderado”.

Su hermano Kevin falleció a causa de un paro cardíaco mientras jugaba al vóley, a raíz de esto, él y su familia crearon una fundación con el objetivo de prevenir riesgos.

Alexander Uriel Ghigo fue electo en el certamen impulsado por el canal El Trece, ‘Joven Abanderado’ en el marco del proyecto Abanderados de la Argentina Solidaria.

Alexander junto a sus padres, Mario Ghigo y Lucía Quinteros, luego del fallecimiento de su hermano e hijo respectivamente decidieron concientizar a la población sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP).

El Presidente Provisorio, Oscar Félix González, junto con la Legisladora Graciela Brarda, impulsora del homenaje y presidentes de los diferentes bloques, hicieron entrega a Alexander de una plaqueta de reconocimiento.

Además, otro de los homenajes que se rindieron esta tarde en la Unicameral fue al plantel de Atenas que se consagró campeón de la Liga Nacional por primera vez, hace 30 años.

La obtención del 1º título de Liga Nacional de Básquet fue el 19 de diciembre de 1987 por parte de la Asociación Deportiva Atenas.

Estuvieron presentes parte del plantel, entre ellos Marcelo Milanesio, Donald Jones, Mario Milanesio, Germán Filloy, el director técnico Walter Garrone, además del Legislador Héctor “Pichi” Campana. Acompañó a los agasajados en el recinto, el Vice Intendente de Córdoba, Felipe Lábaque.

Los homenajeados recibieron de manos del Presidente Provisorio, el Doctor Oscar González, plaquetas de reconocimiento en el recinto de la Unicameral.

En la tarde del miércoles la Unicameral aprobó que el Poder Ejecutivo Provincial convoque a concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de cargos correspondientes al Escalafón general, Ley Nº 7233, y al Equipo de Salud Humana, Ley Nº 7625.

El Proyecto de Ley fue promulgado por la Legisladora María Laura Labat del Bloque Unión por Córdoba. El mismo logró la asignación de competencia en materia de violencia familiar a los Juzgados de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas con sede en la ciudad de Rio Tercero, perteneciente a la Decima Circunscripción Judicial, los que pasarán a denominarse Juzgados de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas. El Tribunal Superior de Justicia dictará las normas prácticas para la adecuación de la tramitación de las causas que están radicadas en dichas sedes.

El objetivo de la misma es procurar mayor agilidad en la actual administración de justicia en la Decima Circunscripción Judicial, atendiendo en esta ocasión a fueros de alta injerencia social como lo es la violencia familiar, a través de una adecuación funcional y equitativa de los recursos humanos y materiales disponibles.

Las causas en materia de violencia familiar requieren un proceso de análisis integro de la problemática para poder lograr una tutela judicial efectiva y cumplir con los plazos procesales y así satisfacer los requerimientos de los justiciables en forma rápida y eficaz. Además poseen exigencias muy particulares, como por ejemplo la oficiosidad y urgencia en la toma de medidas y el abordaje en general, las cuales concuerdan con los principios establecidos por el fuero penal y de menores, ya que en el mismo se encuentra atenuado el principio dispositivo resultando esto beneficioso en razón de la problemática abordada en tales causas.

La Unicameral aprobó la adhesión de la Provincia de Córdoba a la ley nacional Nº 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor. De esta forma, se exime de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) creado por el artículo 14 de la ley nacional Nº 27.349 y a todas las operaciones de los fiduciarios directamente relacionadas con el fondo con los alcances del artículo 21 de la ley nacional Nº 27.349.

El Pleno Legislativo aprobó las siguientes designaciones:

Designar al abogado Mariano Eduardo Pelliza Palmes como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.

Designar al abogado Francisco Gustavo Martos como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 1ª Nominación de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.

Designar al señor Franco Martín Herrera como Juez de Paz correspondiente a la Sede San José, Dpto. San Javier.

Designar a la señora Paola Natalia Rizzi como Juez de Paz correspondiente a la Sede Sinsacate, Dpto. Totoral.

Designar a la señora Norma Beatriz Cagol como Juez de Paz correspondiente a la Sede Achiras, Dpto. Río Cuarto.

Designar al señor Jorge Roberto Ricardo como Juez de Paz correspondiente a la Sede Las Mojarras, Dpto. General San Martín.

Designar al señor Raúl Marcel Campoli como Juez de Paz correspondiente a la Sede Calchín-Calchín Oeste, Dpto. Río Segundo.

Designar al señor Carlos Mauricio Longo como Juez de Paz correspondiente a la Sede Dalmacio Vélez, Dpto. Tercero Arriba.

Designar al señor Rafael Francisco Alessio como Juez de Paz correspondiente a la Sede Sacanta, Dpto. San Justo.

Acuerdo para designar a la señora Ana Marcela Ferrandiz como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Cumbre-Dolores, Dpto. Punilla.

Designar a la señora Melina Rita García como Juez de Paz correspondiente a la Sede Chazón, Dpto. General San Martín.

Designar a la señora María Julia Poli como Juez de Paz correspondiente a la Sede Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman.

Designar al señor Carlos Alejandro Tapia como Juez de Paz correspondiente a la Sede Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje.

Designar a la señora Silvia Judith del Valle Rodríguez como Juez de Paz correspondiente a la Sede Villa Candelaria, Dpto. Río Seco.

Designar al señor Ariel Raúl Fernández como Juez de Paz correspondiente a la Sede Olaeta-Lagunillas, Dpto. Juárez Celman.

Designar al señor Miguel Hernán Lamponi como Juez de Paz correspondiente a la Sede Tío Pujio-Yucat Norte, Dpto. General San Martín.

Designar al señor Walther Edgar Romagnoli como Juez de Paz correspondiente a la Sede Monte Cristo, Dpto. Río Primero.

Designar al señor Gustavo Alejandro Quiñones como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Cesira – Ex Laguna del Monte, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.

 

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La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas de corrupción

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Félix Crous adelantó que el organismo que preside seguirá el mismo camino que tomó en los casos Hotesur y Los Sauces

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) fue noticia la semana pasada al comunicar que dejaba de ser querellante en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces. El anuncio generó enorme revuelo e impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el titular de la OA, Félix Crous, adelantó que el organismo que preside también renunciará a otras querellas en procesos judiciales por hechos de corrupción.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Crous destacó: “Las querellas que iniciaremos serán en aquellos casos en los cuales haya un interés superlativo en controlar el desempeño de los jueces y los fiscales. Y de inmediato apuntó que “la OA está investigando la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social” e interviene también “en un juicio por lavado de activos que tiene como protagonista a Lázaro Baez“.

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la decisión de que la OA haya renunciado a los juicios por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, Crous respondió: “Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera (UIF). La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro”.

El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, argumentó el titular de la OA, quien apuntó que desistir de una querella es “algo rutinario” y recordó que la gestión anterior (encabezada por Laura Alonso) “tuvo 45 desistimientos de todos los calibres”.

“Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella”, finalizó.

FOTO TAPA . PAGINA 12

FUENTE: INFOBAE

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El Frente de Todos pidió que se investigue la denuncia de Ana María Figueroa

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Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras.

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la “enorme gravedad institucional del caso”, solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las “presiones” sufridas durante el gobierno de Cambiemos. “Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri “me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación”, y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  “No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, añadió, y apuntó a un funcionario “por debajo del ministro (Germán) Garavano”, quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques.

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, y que esas maniobras fueron “planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial” integrada  “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

“Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada”, apuntan lo legisladores. “Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'”.

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, “lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia” que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.

FUENTE : PAGINA 12

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Presentaron un proyecto para agilizar los juicios políticos a los jueces que liberaron presos

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La iniciativa es de Juntos por el Cambio en el senado bonaerense con la idea de activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por la cuarentena

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.

Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.

En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse “de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.

En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.

FOTO TAPA : PAGINA 12

FUENTE : INFOBAE

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