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Sociedad

Coronavirus en Argentina: compras y contrataciones públicas por la emergencia de la pandemia, bajo la lupa

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3 años ago

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Según Poder Ciudadano, el 72% se realizan por el régimen especial de emergencia y sólo el 20% son publicadas en los sitios oficiales. Debate en la Auditoría General de la Nación ante un pedido de esta ONG y de la oposición para auditar las que se resolvieron en el primer semestre

El 72% de las contrataciones de organismos nacionales se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5% fueron realizadas a través de licitación pública, el mecanismo usual para las compras y adquisiciones del Estado. Así surge de un relevamiento realizado por Poder Ciudadano, en el cual estimó que solo un 20% de las contrataciones públicas relacionadas a Covid-19 están siendo publicadas.

“No se encuentran garantizados estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre las compras que realizó el gobierno nacional para combatir los efectos de la pandemia”, señaló el capítulo argentino de la Transparencia Internacional en su informe.

Por este motivo, la ONG le solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) la realización de auditorías de todas las contrataciones públicas realizadas en el marco de los decretos y disposiciones administrativas dictados en la lucha contra el Covid-19. Y esta semana le envió otra nota a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas -a la que la AGN remite sus informes-, para que “instruya” al organismo de control a incluir estas auditorías sobre las contrataciones por la pandemia en su Plan Operativo Anual ya aprobado.

Para elaborar el informe que envió a la AGN, Poder Ciudadano relevó 61 portales oficiales, entre ellos Compr.ar, el Boletín Oficial, la Oficina Nacional de Contrataciones, y las páginas web de los distintos organismos nacionales, incluidos los hospitales. El objetivo es poder “ejercer un control social efectivo” sobre “la integridad de los fondos públicos afectados” con foco en el acceso y la publicidad del sistema de compras y contrataciones públicas.

“No criticamos las compras de emergencia porque entendemos que son instrumento necesario en este momento. Pero necesitan un control de emergencia específico. Hay información desperdigada en distintos sitios web oficiales; cada ministerio hace sus compras, y la cantidad de información publicada varía sustancialmente”, le dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, a Infobae.

Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG, detalló con qué se encontraron en su relevamiento: “A partir de relevar los números de expedientes que en los distintos organismos, como llevan números correlativos, detectamos que hay una gran cantidad que no están publicados. Estimamos que solo el 20% figura en los portales oficiales. Hay compras que están en las páginas de los ministerios que pero que no están en el sitio Compr.ar; hay adjudicaciones que aparecen en el Boletín Oficial pero no figuran en el sitio Compr.ar. Y por otro lado, está la convocatoria o el inicio de la contratación, pero no la adjudicación”.

Observatorio de Compras Covid-19

La información publicada en los sitios oficiales portales fue cargada manualmente por Poder Ciudadano en una única base de datos on line de acceso público y en formato abierto, que se irá actualizando con el tiempo. Este Observatorio de Compras COVID-19 incluye hasta el momento la información de las 330 contrataciones iniciadas dentro del período de la emergencia, hasta el 30 de mayo último.

La base de datos cuenta con información desagregada sobre el tipo de contratación, objeto de la contratación, el estado del proceso, datos sobre las ofertas realizadas (oferentes, montos ofertados), quiénes fueron los adjudicatarios, el valor de la compra, y las referencias de los portales web de donde se extrajo la información.

Del relevamiento surge que la mayoría de las contrataciones se encuentran concentradas en la Universidad Nacional de San Martín, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Ministerio de Salud y el de Desarrollo de la Nación, y hospitales nacionales.

Los principales organismos del Estado nacional contratante. Fuente: Poder Ciudadano

Los principales organismos del Estado nacional contratante. Fuente: Poder Ciudadano

El 72,3% se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5,3% fueron realizadas a través de licitación pública y el 1,7% bajo el sistema de licitación privada.

Hasta el 30 de mayo, fueron adjudicados más de $3.000 millones de pesos a 182 oferentes. Del total de las contrataciones relevadas, al 30 de mayo resultaron adjudicadas el 51%, un 38% estaba pendiente, el 5% quedó desierta y otro 5% resultó fracasada.

Respecto de las empresas participantes en cada proceso de compra que resultaron adjudicadas, según el informe de Poder Ciudadano, lideran el ranking por monto promedio del contrato, TECME SA, Genbiotech SRL y Chemtest Argentina SA, con sumas que van de los $260.000 a los $384.000.

Las principales empresas que resultaron adjudicadas en las compras por la emergencia de Covid-19. (Fuente: Poder Ciudadano)

Las principales empresas que resultaron adjudicadas en las compras por la emergencia de Covid-19. (Fuente: Poder Ciudadano)

Riesgos detectados

Entre los riesgos que detectó Poder Ciudadano en el procedimiento de excepción de compras públicas de emergencia, figuran:

– Amplios márgenes de discrecionalidad, ya que se puede optar por realizar la contratación a través del sistema Compr.ar o por fuera de él.

– Ambigüedad en la determinación de la invitación a proveedores a participar. Cuando una contratación se realiza por fuera del Compr.ar, la norma indica que debe invitarse a mínimo de tres. Pero esta disposición genera el riesgo de que los proveedores sean elegidos para beneficiar a uno en particular.

– Ausencia del acto formal de apertura de ofertas y de la instancia para impugnar la decisión por parte de los proveedores descartados, ya que no se emite un dictamen de evaluación.

– La normativa permite que la compra se adjudique, incluso, si se presentó una sola oferta.

– La publicación de la contratación pasados los 10 días de completada impide el control de la ciudadanía en forma concomitante.

Cómo es el proceso de contratación de emergencia por el Covid-19 y sus riesgos (Fuente: Poder Ciudadano)

Cómo es el proceso de contratación de emergencia por el Covid-19 y sus riesgos (Fuente: Poder Ciudadano)

Discusión en la AGN

El pedido de Poder Ciudadano generó una fuerte encontronazo entre los miembros del Frente de Todos y los de la oposición en la reunión de auditores del martes pasado. En el temario estaba previsto que se trate una iniciativa del radical Alejandro Nieva para incorporar a partir de julio al Plan Operativo Anual 2020, aprobado el año pasado, la auditoría de los gastos presupuestarios y las compras efectuadas por el Estado desde que se inició la pandemia.

La AGN es un organismo de control externo del Ejecutivo de asistencia técnica al Poder Legislativo. Está integrado por siete miembros y presidido por un opositor. Desde este año, su titular es el radical Jesús Rodríguez, pero la mayoría la tiene el actual oficialismo.

El presidente de la AGN y coautor de esa propuesta avaló el pedido y mencionó la nota de Poder Ciudadano en el mismo sentido y un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta Fiscalía envió un oficio consultando si la AGN estaba llevando adelante alguna auditoría en relación a los sobreprecios detectados en las compras de alimentos que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. La PIA inició una investigación preliminar sobre este tema y advirtió las dificultades para realizar su tarea por la “desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.

Pero los auditores oficialistas Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela De la Rosa y Gabriel Mihura Estrada plantearon sus objeciones, por considerar que, encarar una nueva auditoría a esta altura implicaría frenar las investigaciones en curso sobre la gestión de Mauricio Macri. Además sostuvieron que cualquier modificación al Plan Operativo anual debía contar con el visto bueno de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

“No implica dejar de auditar lo que se tiene que auditar de toda la gestión anterior. Eso es un pretexto para decir que no quieren auditorías concomitantes”, replicó Nieva. Este auditor radical que hace 11 años se desempeña en la AGN insistió en que el organismo debe incorporar al Plan Anual las contrataciones de la emergencia, ya que la norma prevé hacerlo hasta un mes antes de comenzar la auditoría.

Alejandro Nieva (UCR), auditor de la AGN.

Alejandro Nieva (UCR), auditor de la AGN.

“Siguiendo los lineamientos de todas la entidades fiscalizadoras del mundo, podemos y debemos adecuar los planes de la Auditoría para ejercer un control de modificaciones presupuestarias vinculadas al Covid. Esta gestión ya lleva siete meses, y podemos auditar las contrataciones y compras en el marco de la emergencia del primer semestre. Más teniendo en cuenta que este año no tenemos un Presupuesto aprobado y las facultades del jefe de Gabinete para reasignar de partidas”, advirtió Nieva en diálogo con Infobae.

“Hay compras ya terminadas, que no están en ejecución. Y hay auditorías no solo vinculadas a compras, como por ejemplo a la gestión de geriátricos por parte del PAMI, que pueden comenzar en agosto, y se auditan hasta un mes antes, el 30 de junio”, agregó el auditor radical.

Pero desde el oficialismo, ante la consulta de este medio, se mantuvieron en su postura. “Los recursos son escasos. El plan de acción fue aprobado el año pasado. Es una cuestión de horas de trabajo. Si están pidiendo duplicar lo que que revisar, no se puede hacer la misma cantidad de auditorías. Lo que sí podemos hacer, es terminar primero el Plan actual de este año, y arrancar luego con lo de la emergencia por el coronavirus. Esas contrataciones se van a auditar, pero ellos quieren dejar de lado las auditorías sobre la gestión del macrismo cuando hay cosas muy graves, como el endeudamiento externo”, sostuvo ante este medio un auditor del Frente de Todos.

“Por otro lado, la AGN siempre hace auditorías ex-post. Tenemos un desfasaje de un año o dos. Para los controles internos en el tiempo que suceden las contrataciones está la SIGEN. A nosotros nos prohíbe la ley hacer controles concomitantes. Cuando estaba Macri en el Gobierno, decían que había que esperar. Pero hoy quieren auditar la actual gestión”, argumentó un auditor integrante del oficialismo.

Y relativizó la falta de controles señalada: “Es un error decir que no existen en la emergencia. Si hacés una licitación con todos los tiempos que te quieren, posiblemente llegues a destiempo. Pero se pueden tomar medidas como una contratación directa y se siguen los canales para darle transparencia. Los controles siguen existiendo, la auditoría interna de cada organismo sigue estando y la SIGEN sigue actuando también. No es que no haya controles”.

El argumento fue rechazado, a su vez, por el presidente de la AGN. “La SIGEN hace el control interno y nosotros el externo. En el contexto de emergencia que estamos viviendo, la AGN algo tiene que hacer, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. No quieren auditar las contrataciones de emergencia y buscan argumentos de que no se puede, cuando sí se puede, al menos, hasta un mes atrás. La AGN tiene autonomía funcional. Un ejemplo fue el caso de Sueños Compartidos”, recordó Rodríguez, en referencia al plan de construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fue denunciado por numerosas irregularidades y la Justicia se basó en un informe de la AGN para corroborarlas.

Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación

Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación

El Frente de Todos hizo una contrapropuesta que la oposición quedó en estudiar. “Es bastante mezquina. Nosotros propusimos varias auditorías, y ellos dicen que no a la mayoría, y aceptan solo unas pocas”, admitió Nieva, sin perder las esperanzas de poder llegar a una postura consensuada.

Ante la falta de acuerdo, oficialismo y oposición decidieron posponer una definición hasta la asunción de Miguel Pichetto en la AGN que ocurrirá en estos días. Se prevé que la próxima reunión de auditores sea la semana del 13 de julio. Para entonces, con el cuerpo de auditores completo, Nieva y Rodríguez esperan sumar una voz de apoyo con el ex senador peronista devenido en opositor, a la discusión de la propuesta de ampliar el plan de auditorías.

“La propia AGN tiene en su web una vía para que la sociedad civil envíe recomendaciones de programas o áreas a auditar. En la emergencia, hay que fortalecer los controles. Este tipo de auditorías no deberían trabarse en una discusión política entre el oficialismo y la oposición”, se lamentó Secchi, de Poder Ciudadano.

Por 

4 de julio de 2020

FOTO TAPA ;: EL CRONISTA

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Opinión

La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”

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6 días ago

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24 marzo, 2023

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La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.

En una entrevista con Télam, Roqueta revivió la jornada del 5 de julio de 2012, cuando “en un día muy frío” el Tribunal que presidía leyó la última sentencia contra Videla, a quien condenó -junto a Jorge “el Tigre” Acosta, Reynaldo Bignone, el exmédico policial Jorge Luis Magnacco y otros- por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la exmagistrada reveló que al momento de leer el veredicto ella y los otros integrantes del TOF 6 “se sentían muy seguros” luego de haber estado “un año y medio trabajando”, pero confió que ese día al retornar a su casa tras el “tenso momento de la exposición” se encontró con su familia y entonces sí pudo, por fin, “bajar y llorar un poco”.

Roqueta se jubiló del poder judicial en 2017 y dos años después fue distinguida por la Legislatura porteña como personalidad destacada de los Derechos Humanos: se le reconoció su compromiso en la restitución de la identidad de menores apropiados durante la dictadura, a partir de su rol en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, una labor que para la exjueza implicó simplemente “cumplir con el trabajo” aunque al mismo tiempo, asumió, “quedó para la historia”.

Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?

María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.

P.: Fue un momento histórico.

M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.

P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?

M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.

P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?

M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.

P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?

M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.

P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.

P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?

M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.

P.: ¿Qué opina del fuero federal?

M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.

 

Andrea Holgado para Ambito

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Sociedad

El bullying es “el mayor problema de la educación”

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2 semanas ago

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20 marzo, 2023

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A pesar de que en los últimos años se ha hecho eco y difundido acerca de las consecuencia que trae el bullying y la importancia de la salud mental, el acoso escolar parece incrementarse con las redes sociales e incluso, como hace menos de un mes en Barcelona, sigue cobrándose vidas.

A raíz de la vuelta a clases, sumado a la triste noticia de las gemelas marplatenses que saltaron de un tercer piso tras verse denigradas en la escuela “por el simple hecho de ser argentinas” y la identidad sexual de Alana -que murió a consecuencia de la caída-, es necesario que los padres sepan de qué manera pueden ayudar a sus hijos.

En ese sentido, el psiquiatra y médico marplatense, Juan Tesone, habló con El Marplatense para abordar la problemática. En principio, explicó: “El bullying es una conducta de acoso y violencia social en el medio escolar, que puede ser continuado o potenciado por el uso de las redes sociales, a través de las cuales se hostiga a alguno de los compañeros”.

Acerca del impacto que puede generar, comentó que “depende de la personalidad” de cada uno, pero si permanece en el tiempo puede ser muy grave, incluso llevando a la “auto lesión”.

“El bullying no es necesariamente físico, también lo hay psicológico, como burlas, destrato y descalificación. A veces es acompañado de otro fenómeno asociado llamado peaje, que es la exigencia bajo amenazas para que el niño o adolescente lleve todos los días a la escuela una cierta suma de dinero para que lo dejen entrar”, sostuvo el psicólogo.

En paralelo, destacó que “no es un fenómeno exclusivamente argentino”, sino que ocurre en casi todos los países, aunque “la  violencia escolar se ha incrementado” en los últimos tiempos de manera “alarmante”.

En tanto a la actuación de los padres, indicó que es necesario que tengan un diálogo con sus hijos, aún más sobre el ámbito social, y en la medida de que sea fluido, “tendrán que estar atentos a posibles cambios de conducta”, si se retraer o  no quiere asistir a la escuela.

“Toda actitud de aislamiento del ámbito escolar puede significar algún tipo de sufrimiento. En medida que lo detecten, hay que trasladarlo al colegio porque la comunidad escolar es responsable de lo que pase allí y no puede desentenderse ni siquiera en el caso de que el bullying ocurra en redes sociales, ya que éste es un espacio prolongado de la misma”, expresó Tesone.

“Lo más urgente es erradicar el bullying porque no puede ir a terapia si las acciones siguen activas. La escuela puede intervenir con un trabajo de dinámica grupal que responsabilice a cada miembro del grupo, escondidos en cierto anonimato, de las consecuencias que pueden desencadenar sus actos, no bastan las sanciones disciplinarias”, argumentó.

A su vez, el experto aseguró que es uno de los mayores problemas dentro de la educación, al mismo tiempo que la segunda es la violencia que muchos estudiantes trasladan desde su hogar.

“Sucede permanentemente. Tuve pacientes que lo sufren y los ayudo luego de que el bullying haya cesado porque sino es contraproducente. Los directivos deben hacerse cargo”, concluyó.

El Marplatense

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Salud

Receta digital: por qué la implementación será lenta y existen resistencias entre los médicos

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1 mes ago

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27 febrero, 2023

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Adiós a la foto receta por WhatsApp. Desde este miércoles sólo dos documentos serán válidos para adquirir un medicamento en farmacias o droguerías de todo el país: la orden médica en papel y la receta electrónica o digital, un archivo que confecciona el médico a través de una plataforma digital, con firma electrónica certificada y una identificación única mediante código de barras o código QR.

Si bien es un paso para alcanzar la trazabilidad y fortalecer la seguridad del expendio de fármacos, hasta marzo de 2024 se tratará de un proceso paulatino que avanzará a paso lento, ya que el procedimiento para garantizar la firma certificada y otros datos clave, demorará. En una primera etapa que se extenderá por 12 meses, convivirán más de 50 apps o plataformas en las que los profesionales de la salud podrán confeccionar la prescripción electrónica.

Esto plantea un escenario poco claro para algunos médicos, que quedan librados a su propia elección personal o a la elegida por el distrito, la prepaga u obra social con la que trabajen. Esto implica que un mismo profesional se vea en la situación de utilizar tres o cuatro apps distintas para prescribir sus recetas.

Infobae participó esta mañana de una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de detallar el paso a paso del nuevo sistema que regirá desde el miércoles en todo el país y para toda la población, sin distinción del tipo de patología o tratamiento. Del encuentro participaron la ministra a cargo del área, Carla Vizzotti y los funcionarios encargados de implementar la nueva normativa.

Es importante destacar que la Ley 27.553 de Recetas Electrónicas fue sancionada en agosto de 2020, pero aún no fue reglamentada, es decir que falta la “letra chica” de la implementación sobre aspectos que aún no están claros. Ante la consulta de Infobae, Vizzotti aseguró que el decreto de reglamentación se publicará esta semana.

En diciembre de 2022 el Ministerio de Salud de la Nación dejó sin efecto la resolución anterior 696/20 que permitía presentar foto de recetas, fotocopias u órdenes médicas por mail para adquirir un fármaco (Getty)

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, explicó que la ley nacional “no se reglamentó antes porque el acto de prescripción digital (de un medicamento) forma parte de un acto médico más grande englobado en la telemedicina o la telesalud y, como en el Congreso de la Nación existían proyectos de telemedicina, la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina. Como esto no ocurrió, se decidió avanzar en la reglamentación de Ley de Receta Electrónica”.

La foto receta deja de tener validez en todos los casos

Desde abril de 2020, la foto de la orden médica de papel, digitalizada por la cámara del teléfono móvil y enviada por WhatsApp o mail (denominada “foto receta”) fue autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación de manera temporaria y excepcional en el contexto del ASPO (Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio) por el COVID-19.

Sin embargo, el uso de la foto receta se prolongó en el tiempo y su utilización se extendió en todas la ciudades del país, llegando incluso a representar más de la mitad de las prescripciones en algunas zonas. En diciembre de 2022, la cartera sanitaria nacional mediante una resolución dejó sin efecto esta modalidad.

Como excepción, su uso se extendió hasta el 28 de febrero para pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos prolongados. Desde el miércoles, esta excepción queda sin efecto.

Cómo se prescribe la receta electrónica y/o digital

En CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años (Getty)En CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años (Getty)

Las recetas digitales no se efectuarán a través de una plataforma única unificada en todo el país. En esta primera instancia, que se prolongará por un año, todas las plataformas que hoy están en uso podrán seguir utilizándose.

Según el primer relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se utilizan unas 50 apps o plataformas para confeccionar recetas electrónicas. Cada médico puede acceder a ellas a través del sistema público de cada jurisdicción (como en la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires), de algunas obras sociales -como Pami-, las provistas por las prepagas y hasta apps gratuitas que cada médico puede descargar en internet.

En cuanto a por qué el Ministerio de Salud de la Nación no elaboró una plataforma nacional única para la confección de recetas, Vizzotti señaló que se priorizó integrar los distintos sistemas digitales que ya están en uso en lugar de diseñar uno desde cero, “se buscó construir sobre lo construido y no intentar hacer un sistema nuevo para que lo use todo el mundo, porque eso no funciona en la realidad”, apuntó la funcionaria.

El interrogante es cuál es el estatus de seguridad y protección de datos, tanto del paciente como del profesional de la salud, que ofrecen las distintas aplicaciones digitales que hoy se utilizan. “Se va a poner un plazo para que se inscriban todas las plataformas disponibles y las que no se inscriban, van quedan afuera del proceso. Mientras tanto se va a generar un conjunto mínimo de requisitos para que una vez que estén inscritas, sean evaluadas. Esos requisitos son los que se están trabajando con expertos, con las sociedades científicas y con los distintos subsectores del sistema de salud. Todo ese proceso va a ser progresivo”, señaló Vizzotti.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presentó una aplicación a través del celular, por la cual los pacientes podrán tener sus prescripciones en formato digital, que serán aceptadas en todas las farmacias del territorio bonaerense (Getty)El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presentó una aplicación a través del celular, por la cual los pacientes podrán tener sus prescripciones en formato digital, que serán aceptadas en todas las farmacias del territorio bonaerense (Getty)

“Hasta el 31 de diciembre de este año se podrán inscribir las plataformas y en marzo de 2024 vamos a empezar a registrarlas y autorizarlas, mediante un sistema de fiscalización progresivo”, señaló Claudio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización en Ministerio de Salud.

Cada plataforma digital debe poder validar la firma del profesional médico, la identidad del paciente, el nombre del medicamento y su dosificación. Todos estos aspectos en el primer año de implementación van a poder validarse en algunos casos y en otros no.

“El proceso de implementación en todos los países que han incorporado la receta digital es muy largo, va a llevar entre 5 y 10 años que en todo el país se pueda usar la receta electrónica”, añadió Ortiz.

Cómo se certifica la firma del médico

El objetivo de la receta electrónica es ofrecer mayor seguridad y trazabilidad, es decir poder seguir el proceso desde la prescripción hasta la venta en la farmacia. Para lograrlo, un paso indispensable es que la firma del profesional esté certificada.

Si bien cada médico tiene un número de matrícula distinto en cada jurisdicción, en la actualidad ya existe una Licencia Sanitaria Federal, un solo número que los identifica como profesional de la salud en todo el territorio nacional.

Medical doctor Makoto Kitada demonstrates a telemedicine application service called 'CLINICS', developed by Japanese medical start-up Medley Inc., in Tokyo, Japan, July 8, 2020. Picture taken July 8, 2020. REUTERS/Issei KatoMedical doctor Makoto Kitada demonstrates a telemedicine application service called ‘CLINICS’, developed by Japanese medical start-up Medley Inc., in Tokyo, Japan, July 8, 2020. Picture taken July 8, 2020. REUTERS/Issei Kato

Esa licencia única se establece cada vez que un profesional se matricula en una jurisdicción y ese dato se envía al Registro Federal del Ministerio de Salud, allí se genera esa clave única de identificación, que es la Licencia Sanitaria Federal. Ese código de identificación es el que el profesional de la salud debe completar en las diferentes plataformas en las que confeccione recetas digitales. “Nadie va a tener que hacer un trámite adicional”, explicó el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la cartera sanitaria nacional.

“El gobierno de las matrículas no es del Ministerio de Salud de la Nación, cada jurisdicción regula a sus profesionales y con esa información que todos los colegios profesionales proporcionan al Registro Federal, el Ministerio de Salud recaba los datos para tener todo en un único lugar. La responsabilidad de la matrícula, de la sanción y de la vigencia es de cada colegio profesional que gobierna la matrícula”, explicó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el momento, algunas apps para recetas digitales tienen la posibilidad de validar que sea una firma certificada perteneciente a un profesional matriculado y con Licencia Sanitaria Federal, pero no todas cuentan con este paso de seguridad. El plazo límite estipulado para que todos cumplan con este requisito es marzo de 2024.

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak admitió este lunes que aún son pocos los médicos adheridos al nuevo sistema de receta electrónica (Gettyimages)El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak admitió este lunes que aún son pocos los médicos adheridos al nuevo sistema de receta electrónica (Gettyimages)

La situación en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

En cuanto a la posibilidad de disponer de un medicamento a través de una receta digital, desde la Ciudad de Buenos Aires, explicaron a Infobae que en CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años. De manera que todas las prescripciones del sistema público se hacen por receta electrónica y se retiran por farmacias. Respecto a validez de la “foto receta”, la misma seguiría en vigencia para enfermos crónicos el 28 de febrero, tal como lo dispuso la cartera sanitaria nacional.

Esta mañana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dio detalles de la implementación de la Receta Electrónica Bonaerense y dijo que en territorio bonaerense la inscripción de los médicos para dejar asentada su firma digital “es muy fácil y rápido”, pero indicó que es “presencial” porque deben “ir a mostrar la documentación” que los acredite como profesionales en un trámite similar, dijo, a “cuando uno saca la clave fiscal en la AFIP, que hay un nivel de seguridad que necesita que la persona vaya y lleve los papeles personalmente”.

Otro aspecto al que se refirió Kreplak es dónde puede utilizarse la receta digital emitida por un profesional bonaerense y dijo que si bien el sistema de receta digital “lo tienen todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires” quienes obtengan una receta electrónica de ese distrito solo podrán comprar medicamentos en farmacias situadas en territorio bonaerense y no, por ejemplo, en Capital Federal”.

 

Diario Veloz

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