El 72% de las contrataciones de organismos nacionales se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5% fueron realizadas a través de licitación pública, el mecanismo usual para las compras y adquisiciones del Estado. Así surge de un relevamiento realizado por Poder Ciudadano, en el cual estimó que solo un 20% de las contrataciones públicas relacionadas a Covid-19 están siendo publicadas.

“No se encuentran garantizados estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre las compras que realizó el gobierno nacional para combatir los efectos de la pandemia”, señaló el capítulo argentino de la Transparencia Internacional en su informe.

Por este motivo, la ONG le solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) la realización de auditorías de todas las contrataciones públicas realizadas en el marco de los decretos y disposiciones administrativas dictados en la lucha contra el Covid-19. Y esta semana le envió otra nota a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas -a la que la AGN remite sus informes-, para que “instruya” al organismo de control a incluir estas auditorías sobre las contrataciones por la pandemia en su Plan Operativo Anual ya aprobado.

Para elaborar el informe que envió a la AGN, Poder Ciudadano relevó 61 portales oficiales, entre ellos Compr.ar, el Boletín Oficial, la Oficina Nacional de Contrataciones, y las páginas web de los distintos organismos nacionales, incluidos los hospitales. El objetivo es poder “ejercer un control social efectivo” sobre “la integridad de los fondos públicos afectados” con foco en el acceso y la publicidad del sistema de compras y contrataciones públicas.

“No criticamos las compras de emergencia porque entendemos que son instrumento necesario en este momento. Pero necesitan un control de emergencia específico. Hay información desperdigada en distintos sitios web oficiales; cada ministerio hace sus compras, y la cantidad de información publicada varía sustancialmente”, le dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, a Infobae.

Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG, detalló con qué se encontraron en su relevamiento: “A partir de relevar los números de expedientes que en los distintos organismos, como llevan números correlativos, detectamos que hay una gran cantidad que no están publicados. Estimamos que solo el 20% figura en los portales oficiales. Hay compras que están en las páginas de los ministerios que pero que no están en el sitio Compr.ar; hay adjudicaciones que aparecen en el Boletín Oficial pero no figuran en el sitio Compr.ar. Y por otro lado, está la convocatoria o el inicio de la contratación, pero no la adjudicación”.

Observatorio de Compras Covid-19

La información publicada en los sitios oficiales portales fue cargada manualmente por Poder Ciudadano en una única base de datos on line de acceso público y en formato abierto, que se irá actualizando con el tiempo. Este Observatorio de Compras COVID-19 incluye hasta el momento la información de las 330 contrataciones iniciadas dentro del período de la emergencia, hasta el 30 de mayo último.

La base de datos cuenta con información desagregada sobre el tipo de contratación, objeto de la contratación, el estado del proceso, datos sobre las ofertas realizadas (oferentes, montos ofertados), quiénes fueron los adjudicatarios, el valor de la compra, y las referencias de los portales web de donde se extrajo la información.

Del relevamiento surge que la mayoría de las contrataciones se encuentran concentradas en la Universidad Nacional de San Martín, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Ministerio de Salud y el de Desarrollo de la Nación, y hospitales nacionales.

El 72,3% se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5,3% fueron realizadas a través de licitación pública y el 1,7% bajo el sistema de licitación privada.

Hasta el 30 de mayo, fueron adjudicados más de $3.000 millones de pesos a 182 oferentes. Del total de las contrataciones relevadas, al 30 de mayo resultaron adjudicadas el 51%, un 38% estaba pendiente, el 5% quedó desierta y otro 5% resultó fracasada.

Respecto de las empresas participantes en cada proceso de compra que resultaron adjudicadas, según el informe de Poder Ciudadano, lideran el ranking por monto promedio del contrato, TECME SA, Genbiotech SRL y Chemtest Argentina SA, con sumas que van de los $260.000 a los $384.000.

Riesgos detectados

Entre los riesgos que detectó Poder Ciudadano en el procedimiento de excepción de compras públicas de emergencia, figuran:

– Amplios márgenes de discrecionalidad, ya que se puede optar por realizar la contratación a través del sistema Compr.ar o por fuera de él.

– Ambigüedad en la determinación de la invitación a proveedores a participar. Cuando una contratación se realiza por fuera del Compr.ar, la norma indica que debe invitarse a mínimo de tres. Pero esta disposición genera el riesgo de que los proveedores sean elegidos para beneficiar a uno en particular.

– Ausencia del acto formal de apertura de ofertas y de la instancia para impugnar la decisión por parte de los proveedores descartados, ya que no se emite un dictamen de evaluación.

– La normativa permite que la compra se adjudique, incluso, si se presentó una sola oferta.

– La publicación de la contratación pasados los 10 días de completada impide el control de la ciudadanía en forma concomitante.

Discusión en la AGN

El pedido de Poder Ciudadano generó una fuerte encontronazo entre los miembros del Frente de Todos y los de la oposición en la reunión de auditores del martes pasado. En el temario estaba previsto que se trate una iniciativa del radical Alejandro Nieva para incorporar a partir de julio al Plan Operativo Anual 2020, aprobado el año pasado, la auditoría de los gastos presupuestarios y las compras efectuadas por el Estado desde que se inició la pandemia.

La AGN es un organismo de control externo del Ejecutivo de asistencia técnica al Poder Legislativo. Está integrado por siete miembros y presidido por un opositor. Desde este año, su titular es el radical Jesús Rodríguez, pero la mayoría la tiene el actual oficialismo.

El presidente de la AGN y coautor de esa propuesta avaló el pedido y mencionó la nota de Poder Ciudadano en el mismo sentido y un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta Fiscalía envió un oficio consultando si la AGN estaba llevando adelante alguna auditoría en relación a los sobreprecios detectados en las compras de alimentos que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. La PIA inició una investigación preliminar sobre este tema y advirtió las dificultades para realizar su tarea por la “desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.

Pero los auditores oficialistas Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela De la Rosa y Gabriel Mihura Estrada plantearon sus objeciones, por considerar que, encarar una nueva auditoría a esta altura implicaría frenar las investigaciones en curso sobre la gestión de Mauricio Macri. Además sostuvieron que cualquier modificación al Plan Operativo anual debía contar con el visto bueno de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

“No implica dejar de auditar lo que se tiene que auditar de toda la gestión anterior. Eso es un pretexto para decir que no quieren auditorías concomitantes”, replicó Nieva. Este auditor radical que hace 11 años se desempeña en la AGN insistió en que el organismo debe incorporar al Plan Anual las contrataciones de la emergencia, ya que la norma prevé hacerlo hasta un mes antes de comenzar la auditoría.

“Siguiendo los lineamientos de todas la entidades fiscalizadoras del mundo, podemos y debemos adecuar los planes de la Auditoría para ejercer un control de modificaciones presupuestarias vinculadas al Covid. Esta gestión ya lleva siete meses, y podemos auditar las contrataciones y compras en el marco de la emergencia del primer semestre. Más teniendo en cuenta que este año no tenemos un Presupuesto aprobado y las facultades del jefe de Gabinete para reasignar de partidas”, advirtió Nieva en diálogo con Infobae.

“Hay compras ya terminadas, que no están en ejecución. Y hay auditorías no solo vinculadas a compras, como por ejemplo a la gestión de geriátricos por parte del PAMI, que pueden comenzar en agosto, y se auditan hasta un mes antes, el 30 de junio”, agregó el auditor radical.

Pero desde el oficialismo, ante la consulta de este medio, se mantuvieron en su postura. “Los recursos son escasos. El plan de acción fue aprobado el año pasado. Es una cuestión de horas de trabajo. Si están pidiendo duplicar lo que que revisar, no se puede hacer la misma cantidad de auditorías. Lo que sí podemos hacer, es terminar primero el Plan actual de este año, y arrancar luego con lo de la emergencia por el coronavirus. Esas contrataciones se van a auditar, pero ellos quieren dejar de lado las auditorías sobre la gestión del macrismo cuando hay cosas muy graves, como el endeudamiento externo”, sostuvo ante este medio un auditor del Frente de Todos.

“Por otro lado, la AGN siempre hace auditorías ex-post. Tenemos un desfasaje de un año o dos. Para los controles internos en el tiempo que suceden las contrataciones está la SIGEN. A nosotros nos prohíbe la ley hacer controles concomitantes. Cuando estaba Macri en el Gobierno, decían que había que esperar. Pero hoy quieren auditar la actual gestión”, argumentó un auditor integrante del oficialismo.

Y relativizó la falta de controles señalada: “Es un error decir que no existen en la emergencia. Si hacés una licitación con todos los tiempos que te quieren, posiblemente llegues a destiempo. Pero se pueden tomar medidas como una contratación directa y se siguen los canales para darle transparencia. Los controles siguen existiendo, la auditoría interna de cada organismo sigue estando y la SIGEN sigue actuando también. No es que no haya controles”.

El argumento fue rechazado, a su vez, por el presidente de la AGN. “La SIGEN hace el control interno y nosotros el externo. En el contexto de emergencia que estamos viviendo, la AGN algo tiene que hacer, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. No quieren auditar las contrataciones de emergencia y buscan argumentos de que no se puede, cuando sí se puede, al menos, hasta un mes atrás. La AGN tiene autonomía funcional. Un ejemplo fue el caso de Sueños Compartidos”, recordó Rodríguez, en referencia al plan de construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fue denunciado por numerosas irregularidades y la Justicia se basó en un informe de la AGN para corroborarlas.

El Frente de Todos hizo una contrapropuesta que la oposición quedó en estudiar. “Es bastante mezquina. Nosotros propusimos varias auditorías, y ellos dicen que no a la mayoría, y aceptan solo unas pocas”, admitió Nieva, sin perder las esperanzas de poder llegar a una postura consensuada.

Ante la falta de acuerdo, oficialismo y oposición decidieron posponer una definición hasta la asunción de Miguel Pichetto en la AGN que ocurrirá en estos días. Se prevé que la próxima reunión de auditores sea la semana del 13 de julio. Para entonces, con el cuerpo de auditores completo, Nieva y Rodríguez esperan sumar una voz de apoyo con el ex senador peronista devenido en opositor, a la discusión de la propuesta de ampliar el plan de auditorías.

“La propia AGN tiene en su web una vía para que la sociedad civil envíe recomendaciones de programas o áreas a auditar. En la emergencia, hay que fortalecer los controles. Este tipo de auditorías no deberían trabarse en una discusión política entre el oficialismo y la oposición”, se lamentó Secchi, de Poder Ciudadano.