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Cristina Kirchner no apelará su procesamiento

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Lo que sí apelarán será la prisión preventiva dictada con el procesamiento que, para hacer efectiva el juez solicitó al Senado el desafuero de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner no apelará el procesamiento por traición a la patria que le dictó este jueves el juez federal Claudio Bonadio en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. En cambio, tiene previsto acudir a tribunales internacionales para denunciar su caso.

En una entrevista con Martín Angulo para Infobae, Alejandro Rúa, abogado de la ex presidenta, aseguró: “Vamos a consentir esa resolución porque queremos ir rápido a juicio oral y así demostrarle al juez que no interferimos ninguna investigación”.

Pero la estretegia de no apelar para ir rápido a juicio oral rápidamente no es algo que se concrete de inmediato: alguno de los otros 11 procesados sí puede apelar, y demoraría el envío a juicio oral. Además, en este expediente el juez Bonadio dictó la falta de mérito de cuatro acusados. Eso significa que seguirán siendo investigados y para eso no hay plazo

Por otra parte, Rúa adelantó que realizarán una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Ya la veníamos trabajando y hoy se concretó la afectación. En esta causa se cometieron muchas irregularidades que vamos a poner en conocimiento de los tribunales internacionales”, explicó el letrado. Nexofin

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Absolvieron a Nicolás Pachelo y el crimen de María Marta García Belsunce continuará impune

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El 2 de diciembre de 2002 se realizó la autopsia al cuerpo de María Marta García Belsunce, quien había sido hallada muerta en el baño de su casa del country Carmel de Pilar 36 días antes. Ese día se descubrió que no había fallecido por un accidente doméstico sino que tenía cinco proyectiles en el cráneo. Quiso el destino, la causalidad o la causalidad que 20 años después los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro eligieran este 2 de diciembre para leer el veredicto contra Nicolás Pachelo, en el tercer juicio por el asesinato de la socióloga. Pasaron dos décadas y todo está igual que al principio: el homicidio sigue impune. Por mayoría, los jueces absolvieron al ex vecino y a los ex vigiladores Norberto Glenno y José Ortiz en medio de insultos de los familiares de la víctima, gritos y llantos.

A contracara de la absolución, los jueces por mayoría decidieron condenar a Pachelo por los seis robos a 9 años y medio de cárcel: dos hechos de robo simple y cuatro agravados por efracción ocurridos en los countries de las localidades bonaerenses de Pilar y Hudson entre la Semana Santa de 2017 y la de 2018 y por los que está detenido en el penal de La Plata.

Tras escuchar el veredicto, Pachelo dijo a la prensa presente en la sala: “La absolución era lo que correspondía”. Aunque se mostró disconforme con la pena por los robos, y se lo veía compungido: “El llanto es por bronca y desahogo”. Sin embargo, no tenía lágrimas en los ojos. Por su parte, el coimputado Matías Marasco recibió 6 años de cárcel, pero no irá preso, e Iván Martínez fue absuelto.

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El fallo absolutorio no fue una novedad: desde el martes pasado los rumores de una posible absolución por el crimen de María Marta crecían con fuerza. Incluso, 24 horas antes de conocerse la decisión de los magistrados Federico EckeOsvaldo Rossi y Esteban Andrejin, los fiscales que acusaron a Pachelo, Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, presentaron un escrito ante el tribunal en el que aseguraron que el resultado del veredicto se filtró entre diversas partes, una falta más que grave, ya que ese documento debe ser reservado al extremo.

Pachelo, José Ortiz y Norberto Glennon (Adrián Escandar)Pachelo, José Ortiz y Norberto Glennon (Adrián Escandar)

Lo cierto es que, tal como aseguraban los rumores, fueron los votos de los jueces Rossi y Andrejin los que le dieron la absolución a Pachelo, quien había llegado al juicio acusado por el crimen de María Marta en el marco de un robo bajo el encuadre legal de autor del delito de “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego por su comisión criminis causa, y agravado por alevosía; en concurso real con el delito de robo calificado por el uso de armas”. Federico Ecke, presidente del tribunal, votó por condenar al acusado.

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En una sala del Tribunal Laboral N°2 de San Isidro del piso 7, de 6 metros de largo por 4 de ancho -un cuarto de la que se usó en el entrepiso para el juicio, y con un agujero en el cielorraso-, y en un contexto de alza de casos de Covid-19; había más de 50 personas para 28 asientos, muchas de ellas paradas contra la puerta, otras acurrucadas en un mismo asiento, incluso Jorge del Río uno de los abogados de Norberto Glennon, aprovechó un escritorio vacío para treparse, del que le colgaban las piernas; y el defensor de Matías Marasco, Marcelo Costantino, optó por permanecer de pie, casi respirándole en la nuca a uno de los secretarios del TOC.

La mayoría eran parientes de María Marta. Leyla Keller, la ex mujer de Horacio García Belsunce, gritó “vergüenza” al escuchar el veredicto absolutorio y se paró la lectura de la sentencia para echarla de la sala. Cuando se iba, agregó: “Ustedes la volvieron a matar de vuelta”.

Los jueces Osvaldo Rossi (sentado), Federico Ecke y Esteban Andrejin (Télam)Los jueces Osvaldo Rossi (sentado), Federico Ecke y Esteban Andrejin (Télam)

A lo largo de los 110 días que duró el juicio, Pachelo no estuvo solo en el banquillo de los acusados. Junto a él enfrentaron la acusación los ex vigiladores del country Carmel José Ortiz y Glennon. Hay que recordar que en la última audiencia, la de los alegatos, los fiscales desistieron de acusarlos, no así el particular damnificado: Gustavo Hechem, abogado de Carlos Carrascosa, siguió adelante con la imputación. Ambos también fueron absueltos por los jueces del TOC N°4 de San Isidro.

“Cuando un crimen queda impune el mundo se vuelve peor”, había lanzado el fiscal general adjunto Ferrari durante su férreo alegato contra Pachelo. El funcionario judicial aseguraría luego: “¿La duda razonable contra qué? Contra un fantasma que entró cortando campo por el alambre del country sin motivación, y no se sabe quién es; que mató a María Marta y no se supo más de él. Es eso o es Nicolás Pachelo”.

Lo cierto es que, en consideración de los jueces, la prueba no alcanzó para tener la certeza necesaria para condenar a Pachelo. Así, la pregunta de quién mató a María Marta sobrevuela indemne a 20 años del crimen, aunque no para la familia de la víctima: están convencidos de que el ex vecino fue el autor del crimen, más allá del fallo de este viernes. La apelación a la sentencia ya estaría comenzando a escribirse.

La llegada a los Tribunales de San Isidro de Carlos Carrascosa (Adrián Escandar)La llegada a los Tribunales de San Isidro de Carlos Carrascosa (Adrián Escandar)

El crimen

María Marta García Belsunce (50) fue hallada muerta por su esposo Carlos Carrascosa en un supuesto accidente en la bañera de su casa del Carmel Country de Pilar el 27 de octubre de 2002. 36 días después, se exhumó el cuerpo y la autopsia reveló que había sido asesinada de cinco balazos en la cabeza y que un sexto tiro había rebotado: el famoso ‘pituto’. Los proyectiles eran calibre .32 largo.

Con la investigación del crimen a cargo del fiscal Diego Molina Pico, el primer sospechoso para la familia de la víctima fue el vecino Nicolás Pachelo. El funcionario judicial, en cambio, apuntó al viudo y a la familia. Por ello, en abril de 2003 Carrascosa fue detenido como presunto asesino de su esposa. Quedarí preso hasta el 23 de mayo de ese año, cuando recuperó su libertad con una morigeración de la prisión preventiva y tras pagar 100.000 pesos de fianza.

El crimen ocurrió en el country Carmel (Ariel Torres)El crimen ocurrió en el country Carmel (Ariel Torres)

Fue el 16 de febrero de 2004 que Molina Pico elevó la causa a juicio oral y consideró que el crimen se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras relacionadas al dinero ilegítimo vinculado al lavado de dinero. Tres años y cinco meses después, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de San Isidro absolvió al viudo por el asesinato, pero lo condenó a cinco años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable de encubrirlo.

En 2009, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó a prisión perpetua a Carrascosa como “coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo”. El viudo fue detenido en la casa de un amigo en un country de Escobar y trasladado a la Unidad 41 de Campana.

Dos años después, los fiscales de Pilar Daniel Márquez Leonardo Loiterstein pidieron la detención y la indagatoria de Irene Hurtig por el asesinato de su media hermana. Con ello, la inhabilitaron para ser testigo en el juicio por encubrimiento a los familiares. Sin embargo, el juez de Garantías N°1 de San Isidro, Ricardo Costa, rechazó la detención al considerar que no había pruebas para acusarla.

Nicolás Pachelo siempre fue el sospechoso de la familiaNicolás Pachelo siempre fue el sospechoso de la familia

Ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro quedó a cargo del juicio por el “encubrimiento” del crimen y condenó 5 años de prisión a Guillermo Bártoli; a 4 años de cárcel a Horacio García Belsunce (h); a 3 y medio a Juan Hurtig; y a 3 para Gauvry Gordon Sergio Binello. Para todos ellos ordenó la detención inmediata, en tanto que absolvió a la masajista Beatriz Michelini.

El 28 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una “revisión amplia” de la condena al viudo y así al año siguiente Carrascosa abandonó la cárcel con arresto domiciliario. Ya en 2016, Casación bonaerense anuló el fallo condenatorio tras descubrir graves irregularidades en la investigación y absolvió a Carrascosa.

Ese mismo fallo dio curso al tercer juicio contra Nicolás Pachelo. La Fiscalía General de San Isidro decidió armar un equipo de fiscales para que hagan una reinvestigación del crimen. Los fiscales María Inés Domínguez Andrés Quintana finalmente elevaron la causa a juicio contra Pachelo y los ex vigiladores Glennon y Ortiz: la teoría es que la habían matado en el marco de un robo.

Francisco Pachelo declaró contra su medio hermano y lo acusó de matar a su padre (Télam)Francisco Pachelo declaró contra su medio hermano y lo acusó de matar a su padre (Télam)

Luego, Pachelo fue detenido acusado de robar en diversos countries y, en paralelo, eran sobreseídos por el encubrimiento los hermanos de María Marta y el vecino Binello, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de esa parte de la causa. Mientras que para diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme de manera definitiva la absolución de Carrascosa en el crimen de su esposa.

El juicio contra Pachelo, Glennon y Ortiz comenzó el 13 de julio pasado en el TOC N°4 de San Isidro. Durante el debate, y a pedido de los fiscales, la Justicia de San Isidro reabrió la causa por la muerte en enero de 1996 del padre de Pachelo, para que se investigue si fue asesinado por su propio hijo. El caso sigue su curso.

 

Por

María Laura BalongayMartín Candalaft para Infobae

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Dos vicepresidentes de YPF imputados en la persecución a Grupo Indalo, y corridos por la Justicia para seguir interviniendo en el proceso de la investigación

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Los apuntados son GermánVito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía.
La situación judicial de dos vicepresidentes de YPF, Fernández Lahore y Martínez Tanoira, se complicó aún más en el marco de la causa por la persecución a Grupo Indalo, y la intención de apoderarse de los activos de Oil Combustibles de manera espuria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los apuntados son Germán Vito Fernández Lahore es VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira es VP de Gas y Energía. La jueza María Servini los tiene imputados a pedido de la querella encarada por el empresario Fabián De Sousa, razón por la cual solicitó que no intervengan en las respuestas que se brindan desde YPF en el marco de la causa.

 

Se debe a que Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla.

Santiago Martínez Tanoira

Santiago Martínez Tanoira

Con gran nivel de detalle, Ámbito detalló en abril de este año cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.

 

A continuación, reproducimos esa nota que destapa parte de la trama de la avanzada macrista contra el Grupo Indalo y especialmente Oil Combustibles:

Un abogado externo ligado al aún prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”. La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.

Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF. El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.

 

La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.

Los u$s100 mil

El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aportó a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.

La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.

En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por u$s50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.

“Operación OCSA”

El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro. Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.

Facturas

No solo faltan aportar 23 facturas de Rufino que inexplicablemente YPF retaceó a la justicia. Algunas otras tienen como motivo de pago “Programa de Propiedad Participada” y “Caso SPA” que tampoco están contenidas dentro de su contrato, mientras que en el sistema aparece aparece el criterio “abono mayo” cuando no existía vínculo alguno. Por ejemplo, Rufino cobró u$s 6.630 por brindar “opinión legal del 24/4/2018”, contabilizando 39 horas de trabajo. Se desconoce a qué respondía esa “opinión” –porque no hay referencias que la enmarquen-, pero lo que sí se conoce es que Rufino la hizo valer y la petrolera estatal pagó.

El 10/12/2018 -año prolífico para Rufino- el abogado remite una nota al entonces CEO durante la gestión de Mauricio Macri, Daniel González, en el que aclara que adjunta “la factura correspondiente a los honorarios profesionales de éxito pactados por la adquisición de los activos petroleros de Oil Combustibles en el marco del proceso de quiebra”, pero sin acompañarlo de requerimiento alguno que justifique su actuación en el caso. Esa nota formal llegó como una suerte de “maquillaje” para una situación que -de hecho- había ocurrido 5 meses antes.

 

Pero el cúmulo de irregularidades llega a su clímax el 6/9/2018. Martínez Tanoira presenta la oferta para quedarse con los activos de Oil ante el directorio de YPF. Allí, el VP admite que los 42 millones de dólares base para la licitación “son un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”. Deja entrever que podría ser un precio por debajo del valor real. En la justicia, se denomina a esta operatoria “precio vil”.

DAPSA

En la documentación ahora en poder de la justicia existen dos tramos adicionales de la misma operatoria. Una vez en posesión de los activos de Oil, YPF asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Pero además, contó con una autorización del Directorio de la petrolera estatal para firmar un “contrato de suministro exclusivo” con DAPSA que tuvo su correspondiente contrato. En paralelo, Servini cuenta con una copia de la oferta de adquisición por parte de Delta Patagonia de los activos de Oil y su correspondiente contrato de suministro. Pero aquí también vuelve a aparecer Rufino, aunque en un rol diferente. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Es decir, ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”? En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.

Omisiones

Entre los faltantes que YPF no aportó (todavía) se encuentra la reunión de directorio donde supuestamente se aprobaba la presentación de la oferta de licitación de YPF -en el marco de la quiebra- ni tampoco la que aprueba la venta de las estaciones de servicio a la firma Delta, del que tampoco existe rastro sobre informes técnicos que justifiquen su elección. ¿Existió una compulsa de precios para elegir el mejor oferente para alcanzar la meta de negocios redituable para YPF? Misterio. De las negociaciones para arribar a ese resultado, no quedó registro. La desprolijidad fue tal que en el acuerdo de suministro con Delta, YPF le asigna vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin precisar fecha de inicio y fin, algo intrínseco a casi cualquier contrato. Todos estos elementos configuran un paso más en la confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre las más altas esferas del Poder Ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía en un trámite que tuvo inusual velocidad.

FUENTE ambito

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Atentado contra Cristina Kirchner: la jueza Capuchetti delegó la investigación al fiscal Rívolo

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Este miércoles, la jueza María Eugenia Capuchetti derivó la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en la fiscalía de Carlos Rívolo, luego de que la Vicepresidenta cuestionara su imparcialidad y pidiera a la Cámara Federal que la aparten de la causa.

La magistrada justificó su decisión basándose en las críticas que recibió por parte de la expresidenta y explicó que busca evitar que las medidas que se tomen en un futuro sean impugnadas. “No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, señaló.

Capuchetti, quien luego hizo hincapié en el pedido de recusación que hizo Cristina Kirchner ante la Cámara Federal la semana pasada.

La magistrada expresó: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”. Por eso tomó la decisión de delegarle la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

Esta delegación implica que el fiscal llevará adelante las medidas para la investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. Rívolo podrá tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias sin necesidad de un autorización de Capuchetti.

“En caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad) puede avanzar en la elevación a juicio del caso”, dijo la magistrada sobre el fiscal.

La jueza aclaró que la decisión que tomó no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Este último es el supuesto líder de “La banda de los copitos” que la Vicepresidenta quiere acusar de ser coautor del crimen, pero que en la causa es considerado como partícipe secundario.

“La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.

El último de los embates del círculo íntimo de Cristina Kirchner contra la jueza lo protagonizó el abogado José María Ubeira, representante de la expresidenta. “Si le pasa algo a la Vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, aseguró.

El punto de quiebre entre Capuchetti y la querella fue cuando rechazó el pedido de secuestrar los teléfonos de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que habían estado con él en el bar Casablanca dos días antes del atentado. En aquel bar, un asesor legislativo llamado Jorge Abello -que nunca fue llamado como testigo- aseguró que el 23 de septiembre escuchó a Gerardo Milman decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están trabajando en una resolución ligada a si corresponde o no secuestrar los teléfonos. También debaten si en esa resolución hacen un análisis de como llevó el caso Capuchetti y piden determinadas medidas de investigación.

 

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