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Economia

Cristina Kirchner y su enigmática ausencia en una lista de compradores de dólares

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La explicación central que ofrece Alberto Fernández para la crisis económica que heredó es que, en una maniobra diabólica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestó a la Argentina dólares destinados a que se los lleven los amigos de Mauricio Macri.
Para corroborar esa teoría, el Banco Central filtró una lista de personas que compraron dólares durante la gestión anterior. Fue publicada el domingo pasado por Horacio Verbitsky en su portal El cohete a la luna.

La operación presenta varias peculiaridades. Algunas ya son conocidas. Por ejemplo, incurre en el error de identificar lo que los técnicos denominan “formación de activos externos”, es decir, compra legal de moneda extranjera, que en muchísimos casos no fue girada al exterior, con “fuga de capitales”.

Otra rareza es que en la nómina no aparecen amigos de Macri sino de Néstor Kirchner y de otros jerarcas del oficialismo: casi toda la familia Eskenazi, socios de Cristóbal López, el fugitivo Adrián Werthein y el proveedor de cloro Mauricio Filiberti, entre otros.

Pero en la lista que dejó escapar el Central y publicó Verbitsky hay otro rasgo asombroso. Es la ausencia de alguien: Cristina Kirchner. ¿Por qué debería figurar? Porque ella misma, en la página 154 de su libro “Sinceramente”, reveló: “El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62 por ciento de la moneda. A esa altura, tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada no sólo en el banco sino también en todas las declaraciones juradas ante la oficina anticorrupción, ante la AFIP y en el expediente de la sucesión -en la que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos mismos plazos fijos-, fueran convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia, en cajas de seguridad. Había tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué”.

A partir de los datos que ofrece la vicepresidenta se abre un abanico de incógnitas. Una inicial se refiere al hermético significado que le asigna a la ocurrencia de un año bisiesto. Es relevante porque 2020 también es bisiesto. La siguiente es más obvia: por qué no figura en la lista. Esa ausencia obliga a pensar que alguien puso un filtro antes de dejar trascender la información. Para no presumir que Verbitsky fue quien la excluyó. Si se la incluyera, debería estar en el puesto Nº 91, ya que Florencia Kirchner atesoraba en su caja de seguridad 4.664.000 dólares. Pero hay un detalle más sugerente. En el puesto 25 de ese ranking no aparece un nombre de persona sino la frase “identificación no localizada”. ¿Será Cristina Kirchner la misteriosa Nº25? En ese caso, habría “fugado”, por usar el léxico del Frente de Todos, 8.781.362 dólares.

Si se sigue la lógica de quienes realizan la denuncia, el gobierno anterior habría tomado dólares prestados no para que se los lleven los amigos de Macri, sino la familia Kirchner

En su libro “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”, el genial Carlo María Cipolla definió: “Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso”. El caso de la lista de quienes compraron dólares filtrada por el Banco Central y publicada por Verbitsky inspiraría una nueva ley, no imaginada por Cipolla: la del que, pretendiendo causar un daño a otro, no lo logra, pero sí consigue dañarse a sí mismo. Si se sigue la lógica de quienes realizan la denuncia, el gobierno anterior habría tomado dólares prestados no para que se los lleven los amigos de Macri, sino la familia Kirchner. Eso sí: en el caso de los que aparecieron en la caja de Florencia Kirchner no serían dólares del Fondo, ya que el acuerdo con ese organismo se firmó mucho después de febrero de 2016. Pero igual serían dólares, que es lo que los denunciantes repudian.

Va a ser interesante observar qué destino tiene el pedido de informes que realizó al Banco Central el senador formoseño José Miguel Mayans, en su carácter de presidente de la Comisión bicameral de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda exterior de la Nación. De pronto, un subordinado a Gildo Insfrán y aliado estrecho de Cristina Kirchner pide explicaciones sobre los fondos que “fugó” Cristina Kirchner. Al kirchnerismo le gusta la incoherencia. En 2003, su fundador hostigó a los empresarios españoles por haber dejado su dinero en el país. “Deberían haber hecho como yo, que saqué la plata de mi provincia”, le dijo. Era Néstor Kirchner y hablaba de los fondos de Santa Cruz, “fugados” y jamás recuperados.

Desaciertos e irregularidades

La polémica sobre las compras de dólares durante la gestión de Macri es un océano de desaciertos e irregularidades. El mismo pasaje del libro de la vicepresidenta ayuda a demostrarlo. Es cierto que ella se equivoca confundiendo depreciación del tipo de cambio con devaluación de la moneda. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 lo que se modificó en 62% fue el tipo de cambio, es decir, la relación entre el peso y el dólar. Pero la moneda perdió el 43% de su valor. Es una distinción elemental, que pasa con mucha frecuencia desapercibida.

Más allá de ese detalle, la señora de Kirchner es un ejemplo de que no había nada irregular en lo que sus feligreses pretenden reprochar. Ella tenía pesos declarados, con los que compró dólares en el mercado libre de cambios. Y esos dólares ni fueron sacados del país. Los atesoró en una caja de seguridad. Su conducta no encuadra en ninguna de las dos acepciones que tendría la noción de fuga: ni era plata no declarada, ni la giró al exterior. Mucha gente hizo lo mismo. Sólo que, en vez de conservar los dólares, los destinó a comprar otro bien.

Que la ignorancia de las autoridades del Banco Central sobre la dinámica de este problema quede al desnudo es una pésima señal que Alberto Fernández emite hacia una sociedad angustiada por la crisis

Los documentos que publica el Banco Central utilizan la expresión “fuga de capitales” como equivalente de “formación de activos externos”, con la intención de estigmatizar operaciones irreprochables de compra de dólares, como la que realizó Cristina Kirchner. Ese reproche supone un desvarío intelectual inquietante por parte del oficialismo. Y constituye un mensaje económico muy poco conveniente. Sobre todo porque el Gobierno está llamado a resolver un intrincado problema monetario y cambiario. Los niveles de emisión superan lo imaginable. En marzo fueron de 300.000 millones de pesos. En abril, según una información que se conoció esta mañana, subieron a 400.000 millones de pesos. Que la ignorancia de las autoridades del Banco Central sobre la dinámica de este problema quede al desnudo es una pésima señal que Alberto Fernández emite hacia una sociedad angustiada por la crisis. Es como si se estuvieran evaluando las calidades de un corredor de autos, y el candidato aparece intentando cargar nafta en el depósito de aceite.

Además del extravío técnico, en la publicación de la lista hay un problema jurídico. En los documentos publicados por el Central no figuraban nombres propios. Por eso algunas de las personas que aparecen en ella ya reclamaron a esa institución que aclare por qué revelaron su identidad. En especial porque, en varios casos, la información fue errónea, es decir, se refirió a individuos que no habían operado en el mercado de cambios. También fue incompleta: se hicieron conocer las compras pero no las ventas de dólares por parte de los mismos sujetos.

Tensiones internas

El escándalo de esta lista comienza a generar tensiones en el propio Gobierno. Cuando el Presidente fue consultado sobre el tema por un conocido, salió del paso con un “no leí la nota”. Otros funcionarios descargan culpas echando mano al desagradable procedimiento de la caza de brujas. Mencionan a la directora del Banco Central Betina Stein, por el hecho de haber manifestado afinidades con la cobertura que Verbitsky y su portal vienen haciendo de la compra de dólares y el endeudamiento con el Fondo durante la gestión de Macri. La presunción de que esa fuga informativa podría haber descubierto la “fuga” de dólares de Cristina Kirchner puede volver más tenaz la cacería. Al parecer, la auditoría del Central quiso abrir un expediente sobre la infidencia. Pero el directorio lo habría impedido.

La ocasión en la cual el Banco Central filtró información reservada también promueve suspicacias. Coincide con el momento en que el Gobierno, a través de su Ministerio de Seguridad, se propone regularizar tareas policiales de inteligencia sobre las redes sociales. En otras palabras: con el momento en que el kirchnerismo vuelve a exhibir los reflejos de una vieja vocación hegemónica.

Las propensiones se repiten. Pero el contexto histórico, no. Alberto Fernández y Cristina Kirchner no gobiernan en el marco de un desequilibrio de poder. La primera oposición obtuvo, en octubre del año pasado, 41% de los votos, y quedó a 7 puntos de distancia del ganador. Esta proximidad se verificó hoy en el Senado. La vicepresidenta quiso hacer votar, ignorando lo que había pactado con sus rivales, una agenda ajena a la pandemia. Debió conseguir los dos tercios de los votos. No lo logró. Tenía que sumar 48 votos. Pero sólo consiguió 42. Hubo 29 senadores que votaron en contra. Es una noticia de primera magnitud. La señora de Kirchner encontró en el Congreso el límite para avanzar en soledad con proyectos como la designación del procurador general de la Nación, el juicio político a un magistrado de la Corte o una reforma constitucional. Si quiere alcanzar esos objetivos deberá estrenar una habilidad desconocida. La fantasmática Nº 25 deberá acordar con los que no piensan como ella.

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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