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Cristina tiró al pichón y una Bielsa se cruzó en su camino

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 La ministra de Hábitat era uno de los miembros del gabinete más cuestionados por la vicepresidente. Alberto no pudo sostenerla y pronto la siguen otros ya sentenciados por Cristina.

Tras varias críticas a su función y luego de tensiones internas en el Frente de Todos, María Eugenia Bielsa dejó de ser la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat tras 11 meses en su cargo. En las cercanías de la ahora ex funcionaria dejaron trascender que «Cristina venía pidiendo su cabeza desde hace tiempo y el presidente no tuvo espalda para sostenerla».

La primera funcionaria eyectada luego de la carta de Cristina Kirchner en la que marcaba que había «funcionarios y funcionarias que no funcionan» es Bielsa. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sería quien la reemplace. Ferraresi compartió actos con Alberto Fernández en el último tiempo y fue muy elogiado por el Presidente por su gestión en esa ciudad del conurbano bonaerense, aunque es un secreto a voces que su nombre fue impuesto por Máximo Kirchner que lo tiene como un eslabón especial en su política de acercamiento con los intendentes del conurbano.

Con respecto a este y otros cambios en el gabinete que se vienen los más estrechos colaboradores del presidente prefieren sostener que Alberto «los ve como un ajuste de tuercas lógico en un equipo que lleva casi un año de trabajo en el peor de las condiciones, más que como un acontecimiento político en sí mismo. Sin embargo no podrá evitar las especulaciones y segundas lecturas cuando todos los focos apuntan al gabinete, sobre todo después de la carta de Cristina Fernández de Kirchner que puso en palabras lo que muchos, incluso el Presidente, pensaban: hay figuras que no supieron adaptarse al ritmo que demandan la doble crisis de pandemia y recesión. El Presidente ya tiene sobre su escritorio varias opciones de recambio para su staff de ministros y secretarios de Estado, algunas de las cuales ya están en marcha» afirman tratando de ocultar lo que ya a esta altura es obvio: Cristina es la que armará el nuevo gabinete y hay cosas del pasado que no supera y de las que piensa tomar revancha.

La dimitente había criticado fuertemente la conducción de la ex presidente al revelar crudamente las condiciones que le impuso Cristina para que sea candidata en el 2015 a pocas horas de que se venza el plazo para la presentación de listas y que Bielsa terminó rechazando y bajándose de la postulación. «Yo era candidata hasta un viernes a las 12 de la noche, pero Cristina propuso una serie de condiciones y la primera era que La Cámpora tenga prioridad en la lista de legisladores» contó para justificar el portazo que diera por aquellos tiempos.

Doblemente dura fue cuando, al analizar el triunfo de Cambiemos en diciembre de ese mismo año 2015, la santafesina no dudó en sostener que «por las mezquindades de Cristina podemos decir que no nos ganó Macri, perdimos nosotros. Hagámonos cargo de lo que hoy está padeciendo el pueblo argentino que en parte es por la mezquindad que tuvimos nosotros. Gobernamos durante 12 años, teníamos gente proba, lúcida, para construir candidatos, dejarlas crecer y después te dicen que vamos con un candidato muletto, pobre Scioli, demasiado hizo. Muchas veces, del negocio de los dirigentes resulta el dolor de la gente».

Pero si algo la ex presidente nunca le perdonó a Bielsa fue cuando, refiriéndose a las denuncias de corrupción contra Cristina y los suyos, se atrevió a afirmar que «me da mucha pena tener que sentarme a una mesa y explicar por qué robamos. Muchachos, robamos y no hay que robar en la política».

Cultora de aquello de «siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo» la ex presidente se lleva ahora puesta a alguien cuya presencia en el gabinete siempre criticó.

Ahora siguen Santiago Cafiero -más que por su opaco desempeño Cristina guarda hacia él una inquina que es proyección de la que tenía por su ilustre abuelo que fue quien hizo público que cuando fue a solicitar a la entonces senadora un aporte para el monumento que el PJ quería erigir en memoria de Juan Domingo Perón recibió como respuesta «yo no voy a poner un peso para ese viejo de mierda» y luego Vilma Ibarra, la persona de mayor confianza de Alberto, a quien se refirió hace pocos días al recordar su decisión de «resignar la primera magistratura para construir un frente político con quienes no sólo criticaron duramente nuestros años de gestión sino que hasta prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos (en clara alusión a Sergio Massa a quien considera ya neutralizado por Máximo y La Cámpora que «lo tienen guardado en una cajita»(sic) como suele decir divertida a quien quiera escucharla)  o escribieron y publicaron libros en mi contra». La Secretaria Legal y Técnica es la indudable destinataria de este último dardo.

Lo cierto es que el presidente pierde a una de las funcionarias de su equipo con las que trataba de dar alguna imagen de equilibrio de poder y queda expuesto por la imposibilidad de sostener a los suyos más allá de la voluntad de Cristina.

Lo que en las puertas de un año electoral, en el que en pocos meses comenzarán a conformarse las listas de candidatos, lo debilita frente a propios y extraños y es una clara señal a los factores de poder interno del peronismo -gobernadores y caciques del conurbano- de quien es la persona con la que deberán negociar espacios de cara al futuro.

Una forma de ejercer el poder que puede ser considerada brutal por parte de la viuda de Kirchner pero que, por cierto, no debe sorprender a nadie.

Además porque recordando el estilo del difunto ex presidente podríamos afirmar que «lo que se hereda no se roba»...aunque en el caso del kirchnerismo tal vez no sea ele ejemplo más apropiado.

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Politica

PORQUE NO AVANZA LA NUEVA LEY DE ALQUILERES

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“Silencio de radio”. Así explican los diputados de distintos bloques la posibilidad de debatir en los próximos días la nueva Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio había dejado trascender la posibilidad de una sesión este jueves. Sin embargo, aún no tienen el número confirmado para llevarlo al recinto .

El conflicto llegó con la decisión de poner aumentos trimestrales a los contratos de alquiler. “Con eso sumamos los apoyos de Espert y los liberales”, comentó a PERFIL uno de los operadores de Juntos por el Cambio que hace casi dos meses trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de los bloques de la oposición.

Lo cierto, es que este punto puso en riesgo el apoyo de los cuatro diputados del Interbloque Provincias Unidas, que integran dos rionegrinos y dos misioneros. Ambos bloques responden a sus gobernadores. “Es un tema que todavía seguimos conversando”, comentó un diputado de ese bloque que, el miércoles cuando se firmó el dictamen unificado de la oposición, estaba a favor.

 

Esto aleja aún más a los dos diputados del bloque Socialista, que igualmente no iban a acompañar el dictamen opositor. Este sector comparte el interbloque Federal con otros dos bloques que sí van a acompañar, el de Graciela Camaño y el de Córdoba Federal, alineado con el gobernador Juan “Gringo” Schiaretti.

Camaño habló en varias ocasiones con los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez. Se vieron sorprendidos de que la “Negra” aceptara el proyecto de Juntos por el Cambio que elimina el límite a los aumentos de los contratos que ella había acordado con el rionegrino Domingo. Ella les contestó que si no lo hacía “el remedio va a ser peor que la enfermedad”.

“La oposición cree que solo es un problema del mercado. Vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas. Este tema no debe ser un botín para la grieta”, dijo Fein esta mañana en Diputados TV.

Sobre la decisión de ceder en el límite a los aumentos, el despacho de la oposición admite que sea totalmente libre el acuerdo para que se aumente el precio de los alquileres, señalaron: “Iba a ser muy difícil de regular y a los fines prácticos va a terminar sucediendo. Es raro que los aumentos sean por encima de la inflación”.

Esta explicación no contentó a varios diputados. A esto también se suma el rechazo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda y la incertidumbre de qué hará Milei. “Es bastante difícil ponerse de acuerdo con él. No se corre de lo que está convencido y no define nada”, comentó indignado un diputado de Juntos por el Cambio que lo llamó para ver qué iba a hacer con este tema.

Juntos por el Cambio intenta quitarle dramatismo a la demora en el tratamiento de este tema. Ellos mismos habían anunciado, sin confirmarlo formalmente, que iban a tratar este tema el jueves 30. “Cuando estemos todos, vamos a sesionar. En estos días hay muchos viajes”, explicó uno de los jefes del espacio en Diputados. Lo cierto es que en la Cámara se sabe que cuando hay voluntad política, hay presencia.

En tanto, el Frente de Todos mantiene el silencio. Sergio Massa llegó recién este martes de Alemania. Estuvo con el Presidente en la Cumbre del G7. “Todavía no nos dijo nada de qué quiere hacer”, comentó un diputado que tiene diálogo frecuente con el tigrense. Hasta la semana pasada, se esperaba que convocara una sesión con los tres temas que tienen despacho de comisión y un acuerdo entre los distintos bloques, estos son el de Compre Argentino, el de nano y biotecnología y cuidados paliativos.

“Ahora que resuelvan ellos toda la expectativa que generaron”, dijo a PERFIL una de las espadas políticas del Frente de Todos. “Nosotros no vamos a mover nada, ellos festejaron una mayoría, que vean ahora cómo lo resuelven”, agregó.

Así, se espera que en las próximas semanas el interbloque opositor siga buscando esa mayoría que le permita sancionar una nueva ley. Por ahora, están lejos de que eso suceda.

 

 

Antonio Riccobene para Perfil

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Politica

CÓMO ES LA DISPUTA INTERNA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL DESTINO DE 128.000 PLANES SOCIALES

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Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareasDesde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando EspinozaLa diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la "tercerización" de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

 

 

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POTENCIAR TRABAJO: LA CAUSA QUE INVESTIGA MANIOBRAS IRREGULARES EN EL POLO OBRERO PODRÍA SALPICAR A OTRAS ORGANIZACIONES

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El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba.

La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas. Entre ellas, cuantas Unidades de Gestión -estas son, por ejemplo, cooperativas de trabajo- hay anotadas en el Ministerio de Desarrollo Social a través de las cuales brindan sus servicios los militantes del PO beneficiados con el Potenciar Trabajo.

En su escrito, Marijuan ya había sugerido algunos requerimientos que Delgado puede tomar como propios o no: “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.

Federico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de "extorsión" que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar TrabajoFederico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de “extorsión” que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar Trabajo

También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.

Por último, le reclamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.

En el escrito, el fiscal federal denuncio al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO), por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

El Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de JulioEl Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de Julio

En los fundamentos reproduce las declaraciones periodísticas de Solano, quien aseguró: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

Horas después de ese reconocimiento, y ante una consulta de Infobae, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Ante una consulta de este medio, Belliboni aseguró que las imputaciones que realizó el fiscal federal son “absolutamente falsas ya que ningún dirigente del Partido Obrero ni del Polo Obrero obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran como afirma el fiscal”.

El gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueterosEl gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueteros

El desafío del fiscal Delgado será desmontar estos dichos y probar, a través de testimonios y pruebas documentales, que la quita reconocida por Solano y la Mesa Directiva del Polo Obrero no era voluntaria, que cada uno de los inscriptos en el Potenciar Trabajo prestaban efectivamente sus cuatro horas de tareas en la Unidades de Gestión que declararon ante la secretaría de Desarrollo Social, el área que esta a cargo de Emilio Pérsico (líder además del Movimiento Evita), que está a cargo del Programa Potenciar Trabajo.

La fiscalía de Delgado tendrá una ardua tarea para corroborar este tipo de irregularidades u otras que los dirigentes del Polo Obrero -y quizás de otros movimientos sociales- podrían haber cometido.

Tal como publicó Infobae, desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aprobó una resolución que habilitaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a pasar de Unidad de Gestión a otra – es el lugar donde desarrollan sus tareas- 188.222 personas (hasta junio pasado) pidieron hacerlo invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Antes de esa resolución, los beneficiarios del programa social estaban “cautivos” del movimiento social para el cual desarrollaban las cuatro horas de trabajo como contraprestación por el haber que reciben.

Casi la totalidad de reasignaciones, realizadas por Desarrollo Social, fueron derivadas a las Unidades de Gestión que dependen de las intendencias, la mayoría del conurbano bonaerense y gobernaciones. Es decir, dejaron de depender de las organizaciones populares para pasar a depender de las intendencia o los ejecutivos provinciales.

Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones

De las 188.222 personas que pidieron abandonar la Unidad de Gestión piquetera, o de otros espacios sociales, 7.700 manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

De 7.700, cerca de 900 aseguraron haber recibido algún tipo de amenaza, más de 3.000 expresaron que los piqueteros que manejan las Unidades de Gestión les exigían “un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otras 1.400 personas señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares describieron “maltratos por parte del referente (piquetero o social) o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”, es decir al querer renunciar al lugar de trabajo que dependía del movimiento popular.

El fiscal Federico Delgado y su equipo de investigadores deberá acreditar si alguna de estas denuncias tiene estado judicial y, de no ser así, si podrán tirar de esos indicios para acreditar si se cometieron delitos.

En los tribunales federales de Comodoro Py entienden que esta causa puede ser una “Caja de Pandora”. Se comienza investigando uno o varios supuestos delitos, se tiene bajo sospecha a determinados dirigentes, pero nadie puede asegurar que a lo largo del proceso alguna víctima revele que otros movimientos sociales, como por ejemplo los que forman parte del Frente de Todos, también realizaron alguna de las supuestas maniobras irregulares. O que los funcionarios que debían controlar, no lo hacían.

La causa judicial que vuelve a poner en el tapete las presuntas maniobras abusivas contra los sectores más vulnerables que suelen ser tomados como rehenes de sus propias necesidades, y las denominadas “cajas políticas, recién comienza, pero ya agita viejos y nuevos fantasmas.

 

 

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