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Politica

Cristina y una carta pública que parece anunciar un asalto al poder

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La ex presidente dejó su mirada sobre el primer año de gestión, destacó lo hecho por el Legislativo, minimizó al Ejecutivo y atacó a la Corte.

Una sorpresiva carta pública en la que ni siquiera nombra al presidente y ataca con vehemencia que roza el agravio o el conflicto de poderes a la Corte Suprema, la vicepresidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner dejó su mirada acerca del primer año de gestión del gobierno que políticamente lidera.

Con respecto al Poder Ejecutivo la ex mandataria solo acepta como positiva la respuesta sanitaria a la pandemia -algo por cierto discutible a la luz de los resultados concretos- y el acuerdo con los acreedores internacionales. En ningún momento indica que esté de acuerdo con lo realizado en materia de redistribución de ingreso o manejo de la economía nacional, algo que hace pensar que que disiente con la gestión llevada adelante en la materia.

Sin embargo Cristina se explaya a la hora de hablar de lo hecho desde el legislativo -ámbito que maneja con mano de hierro en el Senado y que su hijo conduce en los hechos en Diputados- realizando una larga enumeración de lo que considera sus logros principales: «Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado como el Presupuesto 2021, la sostenibilidad de la deuda, solidaridad social y reactivación productiva, el aporte solidario extraordinario, la protección y beneficios al personal de Salud, el fondo nacional de la Defensa, las capitales alternas, la reforma del Ministerio Público, la ley de manejo del fuego y la de góndolas, la de etiquetado frontal, la de alquileres la de cuidados paliativos y la de telesalud, la receta electrónica, la de economía del conocimiento, la ley de grooming, la de teletrabajo, la de fibrosis quística y la de educación a distancia» enumeró en una afirmación que parece esconder el claro mensaje de que se gobernó desde el Congreso y no desde Balcarce 50.

Y luego se despacha sin pudor contra los jueces de la Corte a quienes descalifica y acusa en una inocultable intromisión que en cualquier democracia civilizada supondría un conflicto de poderes pero que en Argentina tiene una sola lectura: la furia de la vicepresidente ante los traspiés judiciales sufridos la llevan a amenazar sin pudor a quienes en definitiva tienen en sus manos el destino de las causas por corrupción que la involucran.

«La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa» denuncia Cristina acusando al máximo tribunal de la república de armar causas en su contra.

La emprende luego contra Ricardo Lorenzetti al sostener que «este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo».

Y no queda afuera de su furia la Dra. Highton de Nolasco de la que afirma que «no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional».

Y por supuesto descalifica en su origen a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al recordar que «quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte».

De Juan Carlos Maqueda, al no tener agravio que expresar, se limita a recordar que es un «histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente» una forma de menospreciar su enjundia jurídica y su origen en el tribunal.

Una Cristina en estado puro, capaz de erigirse en juez y parte de un gobierno que integra, desconocer a quien cumple la menos formalmente con la función de presidente y avasallar la independencia de poderes sin siquiera pensar en la responsabilidad que le compete como miembro del Ejecutivo y titular de una parte del Legislativo.

Pero también una Cristina incapaz de mentir su esencia y ocultar sus planes: no actúa democráticamente porque ella no es demócrata -al menos en la concepción de nuestra Constitución- y ante el riesgo judicial que se cierne sobre ella no oculta en esta carta que va por el ejercicio total del gobierno.

¿Con Alberto o sin Alberto?…a ella no le importa, y así lo deja en claro con esta nueva aparición pública,  y para la sociedad poco y nada cambiaría la imagen que hoy se tiene acerca de como está compuesto el poder en la Argentina.

Así son las cosas en el país que imagina la vicepresidente.

Por Adrián Freijo – 

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Noticias

LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

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Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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Politica

EL GOBIERNO PRESENTÓ “REGISTRADAS”, EL PLAN PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL PERSONAL DOMÉSTICO

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Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, acompañadas por el ministro Claudio Moroni y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, anunciaron el Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detallaron.

La primera en explicar los alcances del programa, fue Gómez Alcorta: “La bancarización no solo va a permitir una mejor fiscalización sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y a una mejor participación económica que la que tienen actualmente”.

Agregó: “Esta medida es importante porque apuntala a un sector de la población que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación, por eso entendemos que es una medida progresiva. También estamos contribuyendo al alivio del bolsillo de muchísimas familias en el contexto de la pandemia”.

Acto seguido, la titular de la AFIP explicó que esta inciativa está dispuesta en el marco de la batería de medidas del Gobierno para morigerar los efectos de la pandemia en las economías familiares: “Esta es una medida de política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como el aumento del salario mínimo, la suba a 175.000 pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias, la exitosa colocación del crédito a tasa 0 para monotributistas. Por eso es una política de formalización y de bancarización”.

Del Pont explicó que “una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o empleado una tarjeta de crédito que va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo, vital y móvil, por eso va a tener un límite de hasta 32.000 pesos”.

Y concluyó: “Esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el gobierno nacional, desde el principio de la gestión para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad”.

FUENTE PAGINA 12

FOTO TAPA RADIO SUQUIA

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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