El juez en lo penal ecónomico Javier López Biscayart procesó al presidente de Crónica TV, Jorge Álvarez, y a la empresa dueña de ese canal de noticias, Estrellas Satelital. Además les dictó un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente, por la evasión de aportes de sus empleados. En cambio, el juez declaró “prescriptas” las deudas de los hermanos Alejandro y Raúl Olmos, por haber pasado más de seis años de los delitos cometidos.

La empresa Estrellas Satelital es la titular de Crónica TV y les pertenece a los hermanos Olmos, que fueron grandes beneficiarios de la publicidad oficial durante los gobiernos kirchneristas, lograda por su íntima relación con Antonio Caló, jefe de la UOM y secretario general de la CGT alineada en ese entonces con Néstor y Cristina Kirchner. Esa plata les sirvió para quedarse durante el kirchnerismo con los medios de Héctor Ricardo García (Crónica y Crónica TV), comprarle a Sergio Szpolski el diario BAE y la revista Veintitrés, además de comprarle a Sebastián Ortega una parte de la productora Underground.

La denuncia contra Crónica TV fue presentada el año pasado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), organismo de la Procuración General de la Nación para investigar los delitos de la seguridad social. Tanto Álvarez como Estrellas Satelital alegaron que el Grupo Crónica canjeaba deudas impositivas y laborales por publicidad oficial. Pero eso “no se logró con Estrellas Satelital SA por razones económicas”, planteó en la causa judicial el presidente de Crónica TV.

Por eso, Jorge Álvarez fue considerado por el juez como el “autor” de la “apropiación indebida de los recursos de la seguridad social” de sus empleados, por $ 38.349.969, entre 2013 y 2016; mientras que Estrellas Satelital evadió $ 48.134.296, entre 2012 y diciembre de 2016. Pero como la evasión de los Olmos fue anterior, declaró “prescriptos” esos delitos y dispuso la “falta de mérito” para procesarlos o sobreseerlos, “sin perjuicio de continuarse la investigación”.

El creador de Crónica TV, Héctor Ricardo García, todavía mantiene un juicio por $ 2 millones contra los Olmos, por la ocupación ilegal de su edificio en el barrio porteño de Balvanera, durante gran parte del año pasado. Los hermanos Alejandro y Raúl Olmos le compraron en 2011 el 51% del canal a García, y en 2016 completaron la adquisición total. En ese entonces, firmaron un convenio que establecía que “el 30 de abril de 2017 la empresa de los hermanos Olmos dejaría de ocupar las instalaciones”. Pero tardaron varios meses más en irse de Riobamba 280 y lo hicieron bajo apercibimiento judicial.

De hecho, en una solicitada publicada a fines de 2015, García aseguró que había censura en Crónica TV, para beneficiar al gobierno de Cristina Kirchner. Y mencionó que Álvarez le pidió “levantar una protesta por los cortes de luz”; además intentó “cortar” el discurso del entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; y “prohibió las notas de Sergio Massa y Mauricio Macri”. Cuando Moyano estaba políticamente cerca de Macri y lejos de los Kirchner, uno de sus empleados “Hugo Ferrer, en ocasión de la inauguración del monumento al tres veces presidente Juan Domingo Perón, impidió que mandara un móvil para cubrir la nota aduciendo que ‘están Macri y Moyano, no hay móvil’. Rubén Molina (director de Crónica TV) tuvo que ‘pedir las imágenes’ a un colega”, sostuvo Héctor Ricardo García en su solicitada.

Los Olmos compraron en 2005 el diario Crónica a García, después de que pasara un año detenido en su domicilio por evasión impositiva. Luego fue absuelto de ese delito por el Tribunal Oral en lo Penal Económico. Fuentes cercanas a García afirmaron que los Olmos se quedaron con el diario y el canal de TV como consecuencia de que funcionarios del gobierno kirchnerista le negaron publicidad oficial y la posibilidad de canjear $ 149 millones en deudas impositivas por avisos del gobierno. “Los Olmos asumieron que ellos la iban a pagar con un canje de deuda por publicidad y, además, conseguían pauta a cambio de darles el manejo político en relación con Casa de Gobierno”, dijeron cerca de García.

Pero ahora la Justicia procesó al presidente de Crónica TV y a la empresa, a quienes embargó por $ 110 millones, justamente por la evasión de aportes laborales. Fuentes de la investigación señalaron que este caso es similar al de Szpolski, donde la AFIP lo acusa por evasión de $ 163 millones en aportes de sus empleados, ante el juzgado de Juan Galván Greenway; mientras que Szpolski se victimiza y alega que se trata de una “persecución” en su contra, ya que realizó canjes de esa deuda por publicidad oficial.
Fuente: Diario Clarín