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Cuadernos: Casación puso en la mira a los arrepentidos, el corazón de la causa por la que está procesada Cristina Kirchner

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El máximo tribunal pidió al juzgado que le envíe el “soporte fílmico o digital” con el que se hayan registrado esas declaraciones. Las defensas de De Vido y otros reclamaron la inconstitucionalidad de la ley, su aplicación y la nulidad de toda la causa. El antecedente que permitió sobreseer a Máximo Kirchner y Wado de Pedro

FOTO :Oscar Centeno, junto a su ex mujer Hilda

La llamada causa de los cuadernos, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber comandado una asociación ilícita que recolectó coimas entre empresarios, desfila por una delgada cornisa. Un grupo de defensores reclamó la nulidad de todo el expediente, por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y su aplicación directa en esta causa. Y ahora la Cámara Federal de Casación Penal decidió reclamar de manera “urgente” que le envíen el “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos. El dato no es menor: todos en Comodoro Py saben que esas grabaciones nunca existieron. Y hasta eso sirvió cuando a fin de año pasado el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora.

Los acuerdos entre el fiscal Carlos Stornelli y los 31 imputados-colaboradores, entre ex funcionarios y empresarios, que tuvo la causa de los cuadernos quedaron detallados por escrito. Tanto el fallecido juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal porteña consideraron que el papel constituía un “medio técnico idóneo” suficiente. Pero las quejas de las defensas llegaron a la Sala I de la Cámara de Casación, que ahora decidió tratar el tema.

En una audiencia que tuvo lugar el jueves y a la que asistió Infobae, un grupo de defensores, entre los que estaban los de Julio De Vido, exigieron saber si existían los registros de las declaraciones de los arrepentidos de los que habla la ley 27.304. Denunciaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, en general, y su aplicación en este expediente y reclamaron la nulidad de todo lo que se hizo desde que se inició la causa. Dispararon sobre el remisero Oscar Centeno, su declaración y también la interpretación sobre sus cuadernos. Y apuntaron contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido Claudio Bonadio. Hablaron además de la teoría del fruto del “árbol envenado”, la doctrina que establece que si una prueba se obtuvo de manera ilícita no puede ser usada en un proceso judicial. Esa doctrina fue, precisamente, lo que llevó a caer la investigación de la causa AMIA, cuando el caso llegó a juicio y los que terminaron acusados fueron los investigadores.

La discusión llega dos años después del inicio de la causa que sacudió al país y cuando la principal acusada es la vicepresidenta. El capítulo de los arrepentidos es el corazón del expediente. Según quien lo mire, es donde radica la principal fuerza o la mayor debilidad de la causa que se destapó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, narrando en detalle durante años viajes de recaudación cuando trasladaba a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación. “El futuro de la causa cuadernos depende de la política”, decían a Infobae en tribunales, cuando todavía no se sabía quién ganaría las PASO y el caso cumplía un año.

“Con esto se cae todo”, se entusiasman en diálogo con Infobae algunos defensores. Por lo pronto, Casación comenzó a estudiarlo y no tiene plazos para pronunciarse. Los encargados de decidir son los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Ex funcionarios y empresarios investigados por BonadioEx funcionarios y empresarios investigados por Bonadio

La causa

El caso de los cuadernos de la corrupción marcó un punto de inflexión en Comodoro Py cuando estalló el 31 de julio de 2018 y derivó en una seguidilla de ex funcionarios y empresarios presos. Fue entonces cuando una veintena de empresarios y ex funcionarios, acusados de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner, reconocieron haber pagado o cobrado coimas en el marco de los negocios, licitaciones o convenios que surgían desde el Ministerio de Planificación. Algunos explicaron que lo hacían porque les pedían plata para la campaña, otros porque si no ponían dinero no obtenían licitaciones o no conseguían que se liberaran los pagos por los negocios que ya tenían con el Estado.

Lo cierto es que cada uno de los declaró como imputado-colaborador ante el fiscal Stornelli lo hizo sabiendo que debían aportar datos ciertos y valiosos para la investigación, apuntando “hacia arriba”. A cambio, los que estaban presos consiguieron la libertad; y los que podían quedar detenidos, consiguieron seguir el proceso sin ir a cárcel. Con su arrepentimiento, firmaban el reaseguro de que, a la hora de la sentencia, tendrían una reducción de la pena. Ahí se anotaron los ex funcionarios José López y Claudio Uberti, el financista Ernesto Clarens y empresarios que van desde Carlos Wagner hasta Angelo Calcaterra, pasando por Aldo Roggio y Enrique Pescarmona.

Las defensas cuestionaron desde el primer momento la aplicación de la ley en esta causa. Pero la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia Pablo Bertuzzi –hoy en el centro de la polémica por sus traslados y desplazados del segundo piso de Comodoro Py- ratificaron los procesamientos dictados, validaron las declaraciones los arrepentidos y elevaron el caso a juicio oral. El tema ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo de Fernando Canero, Enrique Mendez Signori y, hasta hace unos días, Germán Castelli, otro de los magistrados desplazados por el Senado porque llegó a ese lugar por un traslado.

Allí Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita -junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner- de haber comandado una asociación ilícita que funcionó entre principios de 2003 y noviembre de 2015, “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Por debajo de la hoy vicepresidenta, estaban De Vido y Baratta, Clarens y Wagner, de la compañía Esuco, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción; y por abajo los “integrantes”, entre los que aparecen los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Centeno, que se convirtió en testigo protegido. Los empresarios, que en un primer momento habían sido incluidos por Bonadio en la asociación ilícita, quedaron acusados por la Cámara Federal solo por haber entregado coimas.

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El debate

El análisis sobre el rol de los arrepentidos está pendiente desde el año pasado. Incluso hubo un tironeo entre salas de Casación sobre quiénes eran los jueces que debían analizado el expediente cuadernos, una discusión que fue detallando Infobae mientras ocurría. Pero cuando finalmente la causa 9608/2018 quedó en manos de los jueces de Sala I y la jueza Figueroa fijó una audiencia para los primeros días de abril para escuchar a las defensas, llegó la pandemia y la audiencia se demoró más de medio año.

El jueves pasado, finalmente, en una audiencia en la que participó Infobae, hicieron oír sus quejas las defensas de De Vido, Hernán Gómez -ex funcionario de Planificación que estuvo preso cinco meses-, Gerardo Ferreyra -el ex dueño de Electroingeniería que fue incluido en la asociación ilícita- y Juan Lascurain -el ex titular de la Unión Industrial Argentina ya condenado en la causa Río Turbio y quien estuvo presente frente a los jueces de Casación-.

En nombre de De Vido, los abogados Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro afirmaron que la ley del arrepentido y su aplicación en el expediente cuadernos es inconstitucional. “Fue una violación palmaria” de los principios de igualdad, de proporcionalidad, de legalidad y el derecho de defensa, dijo Rusconi. “Es muy llamativo que a mayor intervención en el ilícito, haya más calidad informativa y más chance de beneficiarse, cuando el que más participó del hecho más pena debería tener. Los que menos intervinieron son perjudicados, por haber intervenido menos. Es el mundo del revés. Y encima el que llega antes, le ganó el lugar a otro de arrepentirse”, afirmó.

Según la defensa, esas garantías no solo se violaron para los acusados que no se arrepintieron, sino también para los que aceptaron ser colaboradores. Y sostuvo que el caso de la ley del arrepentido nunca debió haberse aplicado en la causa cuadernos, porque los hechos que se investigan comenzaron en 2003 y la ley se votó en 2016, por lo que debió aplicarse el principio de la ley más benigna.

Un tercer foco estuvo dedicado a lo que se entendió como el incumplimiento del artículo 6 de la Ley 27.304, que establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Fue por eso que Palmeiro pidió a Casación que solicitara al juzgado de instrucción, al tribunal oral o la fiscalía de juicio los registros fílmicos o o de audio de las declaraciones de los arrepentidos. De no estar, solicitó que se declare nulo todas esas declaraciones. Después de la audiencia, Casación ordenó solicitar esos registros al juzgado federal 11, que estuvo en manos de Bonadio y hoy subroga Marcelo Martínez De Giorgi, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)

No es un dato al pasar que el fiscal Jorge Di Lello y la jueza María Servini sobreseyeron al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta; y al hoy ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre otros, por la plata que La Cámpora recibió y que había salido de los viajes de los cuadernos. ¿Qué dijo en aquel momento Di Lello? Que sin un soporte “técnico” para escuchar la declaración de José López prestó como imputado ante Stornelli no se podía saber “la voluntariedad de la manifestación”. Según dijo, “la recepción en forma escrita no era suficiente” para dar por cumplida con la ley del arrepentido.

Centeno, los papeles privados y los cuadernos quemados

La abogada Laura Fechino, representante del ex funcionario Gómez, también sostuvo que la ley del arrepentido era inconstitucional. “Si tenemos que premiar al partícipe del delito para descubrir a sus autores, claramente el Estado está reconociendo su propia incapacidad”, comenzó diciendo. “No podría decirse que el acusado es libre a la hora de declarar cuando estaba en juego la posibilidad de ser excarcelado y tiene que negociar su arrepentimiento con el funcionario que lo acusa”, aseguró. “Si a una persona que cae en el sistema penal se le ofrece la libertad inmediata o se le dice que puede no pisar un penal si declara como arrepentido, ese premio es un método inductivo para declarar contra su voluntad. Y recordemos el precedente de la causa AMIA, cuando el Tribunal Oral Federal 3 dijo que el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín fue un método inductivo para inculpar a policías. Si un pago fue inductivo, ¿cuánto más lo es una libertad inmediata? “, añadió.

“Acá no solo se viola la igualdad entre fiscal y el imputado, sino una sumisión del imputado al fiscal, porque es el representante del Ministerio Público el que decide si esa información será suficiente para el acuerdo. No se sabe cuál es el límite. ¿Y si el acusado se autoincrimina por otro delito? ¿Y qué hace el fiscal con la información que le da un acusado cuando no se llega a un acuerdo? La ley no lo prevé”.

Pero la abogada Fechino también disparó sobre cómo se aplicó la ley del arrepentido en el caso cuadernos y puso la mira en los orígenes de la causa. “Esta causa se inició con una violación constitucional –aseguró-. Centeno es imputado de la causa Gas Licuado por una denuncia de la ex mujer por enriquecimiento ilícito. Claramente esa denuncia nunca debió haber prosperado, porque era la ex mujer la que lo acusaba y no había sido víctima del delito”. “Pero a raíz de esa denuncia –continuó-, Centeno le dio los cuadernos a su amigo, Jorge Bacigalupo para que no llegaran a manos de Bonadio. Y Bacigalupo se los dio al periodista Diego Cabot. Entre los dos abren la caja, leen los papeles privados de Centeno y Cabot se los lleva al fiscal Stornelli, quien lejos de frenar y decir ‘esto es un delito, pregunténmosle a Centeno si consiente que leamos sus papeles’, le toma declaración a Cabot y se abre una investigación en la que durante cuatro meses Bonadio hace tareas de inteligencia. Y con esos cuadernos, introducidos al proceso de manera inconstitucional, Bonadio ordena allanamientos el 31 de julio de 2018 y la detención de Centeno; el 1 de agosto las detenciones de ex funcionarios y empresarios y recién el 2 de agosto, en la fiscalía se le toma declaración a Centeno, sin leer sus derechos como imputado y advirtiéndole que podía declarar como arrepentido”.

La abogada continuó: “¿Y qué declara ahí Centeno? Lo primero que dice es que esos cuadernos estaban en una caja, la cerró y se las dio a Bacigalupo porque tenían miedo que llegaran a la justicia. Después dice que desconfió de Bacigalupo, le fue a pedir los papeles y el amigo le dijo que los tenía en Córdoba. ‘Cuando insistí, me los devuelve. Me enojé porque me devolvió la caja rota, conté que estuvieran los ocho cuadernos y me fui’…. Esta declaración de Centeno es una denuncia clara de violación de papeles privados. Y que sea un delito de instancia privada no borra el delito. ¿Se le informó a Centeno los derechos como imputado y que, como víctima, podía evitar el ingreso de esos cuadernos al expediente?”

La defensora siguió relatando cuando Stornelli y Centeno fueron a buscar los cuadernos a la casa del remisero, pero no aparecieron.“ Y ahí Centeno se acordó que los había quemado en la parrilla. Claramente Centeno mintió: nadie puede estar imputado por ocho cuadernos que fueron tan trascendentes y olvidarse que los quemó… Y no solo eso, sino que ahora parece que aparecieron”. “Con todo esto quiero decir –añadió- que la declaración de Centeno como arrepentido es nula por esta sucesión de violaciones, desde la imputación en Gas Licuado. Su declaración, más tarde o más temprano, va a ser declarada nula y todo lo actuado en consecuencia”.

Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)

La palabra “dinero” y una falla en la acusación

Cuando les llegó el turno, los abogados Marcelo Mónaco y Damián Real, defensores de Lascurain, profundizaron sobre un día: el 28 de octubre de 2008, cuando según Centeno, Lascurain le acercó a Baratta el listado de proveedores en un sobre. “Hasta ahí podemos decir que la anotación de Centeno es verosímil, pero con una particularidad: ahí no aparece la palabra dinero”. Cuál sería, entonces, el delito de llevar un sobre, se preguntaron los defensores. Sin embargo, en la acusación se atribuyó que se trataba de una coima y acusaron a su cliente de cohecho. “Si al señor Centeno se le cree en todas las anotaciones en donde habla de dinero, ¿por qué en la única anotación en donde no dice dinero creemos lo contrario?”

Y fue ahí cuando el defensor abordó la segunda cuestión –ya adelantada por Infobae en junio pasado-: que Lascurain fue elevado a juicio por una acusación más leve que la que tuvo el propio Centeno, acusado de haber integrado la asociación ilícita y, por lo tanto, no se cumple con las previsiones de la ley del arrepentido, que debe acusar a alguien de igual o mayor jerarquía. El tema también está en estudio del TOF 7.

Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).

El árbol venenoso y los “Mugrientos”

Por último, llegó el turno del constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de Gerardo Ferrreyra, que adhirió a todos los planteos anteriores y reclamó expresamente la nulidad de todas las declaraciones colectadas en la ley del arrepentido. Recordó el dictamen de Di Lello en la causa electoral por los cuadernos, sostuvo que lo que instruyó Bonadio “mal puede llamarse una causa judicial” y aseguró: “No hay ninguna duda de que este expediente es el paradigma del fruto del árbol venenoso. Se adquirió prueba de una manera que no se corresponde con la ley”.

El abogado recordó las palabras del fiscal Stornelli, cuando en el inicio del caso decía “no hay sortija para todos” o reconoció que de la declaración de José López volcó “lo que le pareció conveniente”. “Mi defendido Ferreyra no se amilanó frente a la amenaza extorsiva de perder su libertad si no volcaba incriminaciones para los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner… El fiscal Stornelli se refirió a ellos como los ‘mugrientos’…”, dijo. Cuando terminaba la audiencia, la jueza Figueroa volvió a preguntarle al abogado quién había formulado esas expresiones. El abogado respondió que Stornelli y que el propio Ferrreyra había contado aquel episodio frente a otros jueces de Casación en abril de 2019.

FUENTE : INFOBAE

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Las conclusiones de la junta médica de Maradona: así fue el peligroso cóctel de pastillas y alcohol que pudo haber matado a Diego

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La situación empeora para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov: un documento que fue analizado por la junta médica que intentó esclarecer su muerte detalla una serie de diez medicamentos y los riesgos que implican sus interacciones. El informe oficial fue presentado hoy a los fiscales tras ser filtrado a la prensa
 Ídolo final: Diego en sus últimos días como DT de Gimnasia y Esgrima.

Diego Armando Maradona, al momento de su muerte, según revelaron las pericias toxicológicas a su cuerpo y varios testimonios, consumía un cóctel de psicofármacos de alto calibre para tratar su alcoholismo, una serie de antidepresivos y antipsicóticos o la naltrexona, empleada en tratamientos de síndrome de abstinencia, todo recetado por la psiquiatra Agustina Cosachov y administrado por su entorno, o por los enfermeros a cargo de cuidarlo.

Además, bebía alcohol.

Los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, a cargo de investigar el expediente bajo la coordinación del fiscal general John Broyad, preguntaron expresamente por los efectos que podían producir las interacciones de estos psicofármacos y la bebida en el cuerpo de Diego a la junta médica citada para esclarecer su muerte y definir las imputaciones contra los acusados del caso y si específicamente podrían haber influido en el cuadro cardiológico que se encontró en la autopsia, con una insuficiencia cardíaca como causa aparente de muerte.

Cosachov, responsable del tratamiento con pastillas.Cosachov, responsable del tratamiento con pastillas.

La junta, entre peritos oficiales y de parte, más especialistas designados por las defensas, deliberó durante dos meses por Zoom cada lunes y jueves, conectados entre sí en un grupo de WhatsApp. Aseguraron que, efectivamente, así lo era, que los remedios eran correctos, pero que sus combinaciones podían traer efectos adversos directamente relacionados con el corazón de Diego. Encontraron que esas interacciones entre pastillas y alcohol podrían haber dañado gravemente a Maradona e incluso costarle la vida.

Sus conclusiones, que debían ser presentadas este mediodía en la Fiscalía General de San Isidro, fueron filtradas el viernes pasado a la prensa.

El informe de la junta médica afirmó:

“A pesar de que por separado los psicofármacos indicados pudieran no tener una interacción directa y marcada con bebidas alcohólicas, la acción conjunta de los mismos, en un paciente complejo con una triple afección (cardíaca-hepática-renal), puede producir estados de sedación intensos, confusión, posibles descontroles conductuales severos, disminución de la capacidad motora, alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión arterial. Teniendo en cuenta la farmacodinamia y farmacocinética de los fármacos y el etanol, el suministro conjunto (no necesariamente en el mismo momento, sino durante el mismo día) está contraindicado”.

Infobae, por otra parte, accedió a un documento que fue evaluado por la junta médica para llegar a su conclusión, más allá del informe final. El informe detalla los diez medicamentos que Maradona tomaba al menos hasta el 24 de noviembre de 2020, el día previo a su muerte. También detalla, combinación por combinación, lo que podía ocurrir y los graves efectos colaterales.

Junta médica: parte por parte, el cuerpo de Diego según las conclusiones de los médicos.Junta médica: parte por parte, el cuerpo de Diego según las conclusiones de los médicos.

La combinación de alcohol y gabapentina, levetiracetam, lurasidona, naltrexona y quetiapina, cada droga por separado, lleva a los mismos resultados: depresión y deterioro del sistema nervioso central y el sistema psicomotriz, hemorragias intestinales, úlceras. Mezclar alcohol con venlafaxina puede ser, de acuerdo al documento, “potencialmente mortal” por “efectos aditivos antiplaquetarios aumentados por la inhibición de la captación de serotonina plaquetaria”.

El combo de quetiapina y venlafaxina puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. En su casa, según el informe, se halló agua mineral con alto contenido de sodio, además de un consumo de mariscos fritos a la provenzal y sándwiches de miga. El cuadro no lo favorecía. Lo mismo podía pasar con mezclar ketorolac y quetiapina o venlafaxina. En varias de las combinaciones se recomienda expresamente controlar la presión arterial: Maradona, de por sí, era hipertenso.

Dos altas fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que el archivo que se distribuyó fue el enviado a Aníbal Areco, perito psiquiatra designado por la defensa de Cosachov. Pero Areco mismo no fue quien envió el documento por WhatsApp a los periodistas interesados en el caso. Las mismas fuentes sospechaban que el informe había sido enviado para intentar un truco en los Tribunales de San Isidro: impugnar a la junta misma y así invalidar la principal prueba del caso.

Luque, más complicado (EFE)
Luque, más complicado (EFE)

El informe fue finalmente entregado este lunes a los fiscales, lo que se convierte en un momento clave para el caso: así, Capra, Iribarren y Ferrari podrán definir las imputaciones y si efectivamente los médicos son imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, tal como pidió el querellante Mario Baudry, en nombre de Diego Fernando, hijo del ídolo.

En una entrevista reciente, Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, anunció la posibilidad de impugnar la junta. El abogado Julio Rivas, defensor de Luque, aseguró hoy que el resultado de la junta “será motivo de una impugnación judicial”.

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FUENTE : INFOBAE

 

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Es diputado, tiene 43 años, se vacunó en febrero y figura como personal de salud: lo investiga la Justicia Federal

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Se trata de Santiago Igon, legislador de La Cámpora y referente de Esquel. Un médico lo denunció y ahora lo investiga un fiscal federal
Santiago Igón, diputado nacionalSantiago Igón, diputado nacional

El 17 de febrero, apenas 24 horas antes del operativo de vacunación VIP montado en las oficinas del Ministerio de Salud, un diputado de La Cámpora de apenas 43 años recibía la primer dosis de la Sputnik V. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, Santiago Igon se vacunó en el Hospital Zona del Esquel. Pero lo más llamativo es que fue registrado como “personal de salud”, tal como ocurrió con el procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros casos resonantes. El caso de Igon, uno de los 75 diputados vacunados, ya está en manos de la Justicia. La fiscalía federal de Esquel abrió una investigación y ya tiene datos sobre el proceso de vacunación.

Igón fue denunciado por Fernando Urbano, un médico que supo militar en política y ahora preside la Fundación FUSSO. En realidad, la presentación inicial fue ante el Procurador General de Chubut, el 10 de marzo, luego fue derivada al juzgado federal de Esquel, y terminó en la Fiscalía a cargo de Federico Baquioni.

“Es indignante observar a este funcionario que asume su posición como un privilegio de casta que lo eleva por encima de los ciudadanos que él está representando”, dice esa denuncia.

El fiscal de Esquel le pidió colaboración a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodriguez, que ya respondió con los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Esa Fiscalía especializada está investigando el caso del vacunatorio “VIP” junto al fiscal federal Eduardo Taiano y recibió el listado completo de todos los vacunados entre el 29 de diciembre y el 23 de febrero de este año. Son casi 2 millones de personas.

Igon estaba en ese listado porque se inoculó el 17 de febrero con la Sputnik V. Para ese entonces, en la provincia de Chubut todavía no se había terminado de vacunar a los residentes en geriátricos ni a los trabajadores de la salud.

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El diputado Santiago Igon admite que se vacunó en Esquel

“Yo me podría haber vacunado cuando se vacunaron distintos referentes de la provincia. En ese momento había una discusión (sobre la vacuna). Yo decidí que no. Me anoté como cualquier hijo de vecino. Nos dimos la primera dosis hace una semana”, dijo el diputado en una entrevista con FM del Lago Esquel. Fue a fines de febrero, tras una denuncia pública de la abogada Florencia Arietto.

El diputado camporista se apuró en ese momento para intentar despegarse de los vacunados “VIP”. “No tiene que ver con el contexto VIP, tengo afecciones de salud importantes, con temas coronarios y de diabetes muy importante”, dijo. En Esquel, muy pocos le creyeron.

“Se blindó el tema en la mayoría de los medios locales. Igón dijo que se había anotado como cualquiera. Pero en el Hospital lo desmintieron, la partida que había llegado no era para su segmento etario. Su caso fue en simultáneo a las vacunas que se roban en Comodoro Rivadavia”, recordó el diputado de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, ante una consulta de este medio.

Igon es oriundo de la ciudad de Mercedes, al igual que el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, y se fue a vivir al sur hace poco más de una década. En 2015 encabezó la lista de diputados en su provincia y en 2019 volvió a repetir ese lugar. Ahora apunta a presentarse como candidato a senador.

Alberto Fernández en ChubutAlberto Fernández en Chubut

El camporista estaba junto al presidente Alberto Fernández el día de los incidentes en la localidad de Lago Puelo, que derivaron en una fuerte disputa política. El gobierno de Mariano Arcioni lo acusó de desviar la comitiva oficial. También fue apuntado el intendente local.

“Lamento lo que dijo el Gobernador (Mariano Arcioni) con respecto a que el Presidente acompañaba el proyecto de la minería, es muy difícil decir algo en nombre de otro y termina provocando algunas reacciones que son repudiables”, dijo el camporista luego de ese incidente.

FUENTE : INFOBAE

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El fiscal Pleé busca que la Corte revise sobreseimientos en la causa dólar futuro

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Pleé presentó un recurso extraordinario contra la decisión que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por inexistencia de delito.

Pleé, en la audiencia en la que la Cámara sobreseyó a Fernández de Kirchner y a Kicillof.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé presentó este lunes un recurso extraordinario contra la decisión que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a ex miembros del directorio del Banco Central en la llamada causa “dólar futuro”.

En un escrito entregado a la sala I de la Cámara Federal de Casación, el fiscal pidió que se le conceda el recurso extraordinario para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que el máximo tribunal del país “deje sin efecto la sentencia impugnada”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

El 13 de abril pasado, la sala I de Casación sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta Kirchner, al exministro de Economía Kicillof, al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y a Miguel Angel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.

El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa de la Vicepresidenta, entre otros, y revocó una decisión del Tribunal Oral Federal 1 que había resuelto avanzar con la preparación de un juicio oral pese a que una pericia concluyó que no hubo delito con la operatoria.

Casación deberá resolver ahora si concede el recurso extraordinario y envía la causa a la Corte y caso contrario sólo quedará como recurso ir en queja directa ante el máximo tribunal.

En su escrito, Pleé insistió en la “importancia de la realización del juicio oral para dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la pretensión acusatoria del Ministerio Público Fiscal respecto de los imputados”

La fiscalía aludió a la “arbitrariedad de la resolución” de Casación por “falta de fundamentación suficiente” y “valoración fragmentaria de los elementos probatorios”.

 

FUENTE : INFOBAE

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