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Cuadernos: Casación puso en la mira a los arrepentidos, el corazón de la causa por la que está procesada Cristina Kirchner

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El máximo tribunal pidió al juzgado que le envíe el “soporte fílmico o digital” con el que se hayan registrado esas declaraciones. Las defensas de De Vido y otros reclamaron la inconstitucionalidad de la ley, su aplicación y la nulidad de toda la causa. El antecedente que permitió sobreseer a Máximo Kirchner y Wado de Pedro

FOTO :Oscar Centeno, junto a su ex mujer Hilda

La llamada causa de los cuadernos, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber comandado una asociación ilícita que recolectó coimas entre empresarios, desfila por una delgada cornisa. Un grupo de defensores reclamó la nulidad de todo el expediente, por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y su aplicación directa en esta causa. Y ahora la Cámara Federal de Casación Penal decidió reclamar de manera “urgente” que le envíen el “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos. El dato no es menor: todos en Comodoro Py saben que esas grabaciones nunca existieron. Y hasta eso sirvió cuando a fin de año pasado el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora.

Los acuerdos entre el fiscal Carlos Stornelli y los 31 imputados-colaboradores, entre ex funcionarios y empresarios, que tuvo la causa de los cuadernos quedaron detallados por escrito. Tanto el fallecido juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal porteña consideraron que el papel constituía un “medio técnico idóneo” suficiente. Pero las quejas de las defensas llegaron a la Sala I de la Cámara de Casación, que ahora decidió tratar el tema.

En una audiencia que tuvo lugar el jueves y a la que asistió Infobae, un grupo de defensores, entre los que estaban los de Julio De Vido, exigieron saber si existían los registros de las declaraciones de los arrepentidos de los que habla la ley 27.304. Denunciaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, en general, y su aplicación en este expediente y reclamaron la nulidad de todo lo que se hizo desde que se inició la causa. Dispararon sobre el remisero Oscar Centeno, su declaración y también la interpretación sobre sus cuadernos. Y apuntaron contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido Claudio Bonadio. Hablaron además de la teoría del fruto del “árbol envenado”, la doctrina que establece que si una prueba se obtuvo de manera ilícita no puede ser usada en un proceso judicial. Esa doctrina fue, precisamente, lo que llevó a caer la investigación de la causa AMIA, cuando el caso llegó a juicio y los que terminaron acusados fueron los investigadores.

La discusión llega dos años después del inicio de la causa que sacudió al país y cuando la principal acusada es la vicepresidenta. El capítulo de los arrepentidos es el corazón del expediente. Según quien lo mire, es donde radica la principal fuerza o la mayor debilidad de la causa que se destapó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, narrando en detalle durante años viajes de recaudación cuando trasladaba a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación. “El futuro de la causa cuadernos depende de la política”, decían a Infobae en tribunales, cuando todavía no se sabía quién ganaría las PASO y el caso cumplía un año.

“Con esto se cae todo”, se entusiasman en diálogo con Infobae algunos defensores. Por lo pronto, Casación comenzó a estudiarlo y no tiene plazos para pronunciarse. Los encargados de decidir son los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Ex funcionarios y empresarios investigados por BonadioEx funcionarios y empresarios investigados por Bonadio

La causa

El caso de los cuadernos de la corrupción marcó un punto de inflexión en Comodoro Py cuando estalló el 31 de julio de 2018 y derivó en una seguidilla de ex funcionarios y empresarios presos. Fue entonces cuando una veintena de empresarios y ex funcionarios, acusados de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner, reconocieron haber pagado o cobrado coimas en el marco de los negocios, licitaciones o convenios que surgían desde el Ministerio de Planificación. Algunos explicaron que lo hacían porque les pedían plata para la campaña, otros porque si no ponían dinero no obtenían licitaciones o no conseguían que se liberaran los pagos por los negocios que ya tenían con el Estado.

Lo cierto es que cada uno de los declaró como imputado-colaborador ante el fiscal Stornelli lo hizo sabiendo que debían aportar datos ciertos y valiosos para la investigación, apuntando “hacia arriba”. A cambio, los que estaban presos consiguieron la libertad; y los que podían quedar detenidos, consiguieron seguir el proceso sin ir a cárcel. Con su arrepentimiento, firmaban el reaseguro de que, a la hora de la sentencia, tendrían una reducción de la pena. Ahí se anotaron los ex funcionarios José López y Claudio Uberti, el financista Ernesto Clarens y empresarios que van desde Carlos Wagner hasta Angelo Calcaterra, pasando por Aldo Roggio y Enrique Pescarmona.

Las defensas cuestionaron desde el primer momento la aplicación de la ley en esta causa. Pero la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia Pablo Bertuzzi –hoy en el centro de la polémica por sus traslados y desplazados del segundo piso de Comodoro Py- ratificaron los procesamientos dictados, validaron las declaraciones los arrepentidos y elevaron el caso a juicio oral. El tema ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo de Fernando Canero, Enrique Mendez Signori y, hasta hace unos días, Germán Castelli, otro de los magistrados desplazados por el Senado porque llegó a ese lugar por un traslado.

Allí Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita -junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner- de haber comandado una asociación ilícita que funcionó entre principios de 2003 y noviembre de 2015, “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Por debajo de la hoy vicepresidenta, estaban De Vido y Baratta, Clarens y Wagner, de la compañía Esuco, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción; y por abajo los “integrantes”, entre los que aparecen los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Centeno, que se convirtió en testigo protegido. Los empresarios, que en un primer momento habían sido incluidos por Bonadio en la asociación ilícita, quedaron acusados por la Cámara Federal solo por haber entregado coimas.

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El debate

El análisis sobre el rol de los arrepentidos está pendiente desde el año pasado. Incluso hubo un tironeo entre salas de Casación sobre quiénes eran los jueces que debían analizado el expediente cuadernos, una discusión que fue detallando Infobae mientras ocurría. Pero cuando finalmente la causa 9608/2018 quedó en manos de los jueces de Sala I y la jueza Figueroa fijó una audiencia para los primeros días de abril para escuchar a las defensas, llegó la pandemia y la audiencia se demoró más de medio año.

El jueves pasado, finalmente, en una audiencia en la que participó Infobae, hicieron oír sus quejas las defensas de De Vido, Hernán Gómez -ex funcionario de Planificación que estuvo preso cinco meses-, Gerardo Ferreyra -el ex dueño de Electroingeniería que fue incluido en la asociación ilícita- y Juan Lascurain -el ex titular de la Unión Industrial Argentina ya condenado en la causa Río Turbio y quien estuvo presente frente a los jueces de Casación-.

En nombre de De Vido, los abogados Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro afirmaron que la ley del arrepentido y su aplicación en el expediente cuadernos es inconstitucional. “Fue una violación palmaria” de los principios de igualdad, de proporcionalidad, de legalidad y el derecho de defensa, dijo Rusconi. “Es muy llamativo que a mayor intervención en el ilícito, haya más calidad informativa y más chance de beneficiarse, cuando el que más participó del hecho más pena debería tener. Los que menos intervinieron son perjudicados, por haber intervenido menos. Es el mundo del revés. Y encima el que llega antes, le ganó el lugar a otro de arrepentirse”, afirmó.

Según la defensa, esas garantías no solo se violaron para los acusados que no se arrepintieron, sino también para los que aceptaron ser colaboradores. Y sostuvo que el caso de la ley del arrepentido nunca debió haberse aplicado en la causa cuadernos, porque los hechos que se investigan comenzaron en 2003 y la ley se votó en 2016, por lo que debió aplicarse el principio de la ley más benigna.

Un tercer foco estuvo dedicado a lo que se entendió como el incumplimiento del artículo 6 de la Ley 27.304, que establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Fue por eso que Palmeiro pidió a Casación que solicitara al juzgado de instrucción, al tribunal oral o la fiscalía de juicio los registros fílmicos o o de audio de las declaraciones de los arrepentidos. De no estar, solicitó que se declare nulo todas esas declaraciones. Después de la audiencia, Casación ordenó solicitar esos registros al juzgado federal 11, que estuvo en manos de Bonadio y hoy subroga Marcelo Martínez De Giorgi, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)

No es un dato al pasar que el fiscal Jorge Di Lello y la jueza María Servini sobreseyeron al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta; y al hoy ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre otros, por la plata que La Cámpora recibió y que había salido de los viajes de los cuadernos. ¿Qué dijo en aquel momento Di Lello? Que sin un soporte “técnico” para escuchar la declaración de José López prestó como imputado ante Stornelli no se podía saber “la voluntariedad de la manifestación”. Según dijo, “la recepción en forma escrita no era suficiente” para dar por cumplida con la ley del arrepentido.

Centeno, los papeles privados y los cuadernos quemados

La abogada Laura Fechino, representante del ex funcionario Gómez, también sostuvo que la ley del arrepentido era inconstitucional. “Si tenemos que premiar al partícipe del delito para descubrir a sus autores, claramente el Estado está reconociendo su propia incapacidad”, comenzó diciendo. “No podría decirse que el acusado es libre a la hora de declarar cuando estaba en juego la posibilidad de ser excarcelado y tiene que negociar su arrepentimiento con el funcionario que lo acusa”, aseguró. “Si a una persona que cae en el sistema penal se le ofrece la libertad inmediata o se le dice que puede no pisar un penal si declara como arrepentido, ese premio es un método inductivo para declarar contra su voluntad. Y recordemos el precedente de la causa AMIA, cuando el Tribunal Oral Federal 3 dijo que el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín fue un método inductivo para inculpar a policías. Si un pago fue inductivo, ¿cuánto más lo es una libertad inmediata? “, añadió.

“Acá no solo se viola la igualdad entre fiscal y el imputado, sino una sumisión del imputado al fiscal, porque es el representante del Ministerio Público el que decide si esa información será suficiente para el acuerdo. No se sabe cuál es el límite. ¿Y si el acusado se autoincrimina por otro delito? ¿Y qué hace el fiscal con la información que le da un acusado cuando no se llega a un acuerdo? La ley no lo prevé”.

Pero la abogada Fechino también disparó sobre cómo se aplicó la ley del arrepentido en el caso cuadernos y puso la mira en los orígenes de la causa. “Esta causa se inició con una violación constitucional –aseguró-. Centeno es imputado de la causa Gas Licuado por una denuncia de la ex mujer por enriquecimiento ilícito. Claramente esa denuncia nunca debió haber prosperado, porque era la ex mujer la que lo acusaba y no había sido víctima del delito”. “Pero a raíz de esa denuncia –continuó-, Centeno le dio los cuadernos a su amigo, Jorge Bacigalupo para que no llegaran a manos de Bonadio. Y Bacigalupo se los dio al periodista Diego Cabot. Entre los dos abren la caja, leen los papeles privados de Centeno y Cabot se los lleva al fiscal Stornelli, quien lejos de frenar y decir ‘esto es un delito, pregunténmosle a Centeno si consiente que leamos sus papeles’, le toma declaración a Cabot y se abre una investigación en la que durante cuatro meses Bonadio hace tareas de inteligencia. Y con esos cuadernos, introducidos al proceso de manera inconstitucional, Bonadio ordena allanamientos el 31 de julio de 2018 y la detención de Centeno; el 1 de agosto las detenciones de ex funcionarios y empresarios y recién el 2 de agosto, en la fiscalía se le toma declaración a Centeno, sin leer sus derechos como imputado y advirtiéndole que podía declarar como arrepentido”.

La abogada continuó: “¿Y qué declara ahí Centeno? Lo primero que dice es que esos cuadernos estaban en una caja, la cerró y se las dio a Bacigalupo porque tenían miedo que llegaran a la justicia. Después dice que desconfió de Bacigalupo, le fue a pedir los papeles y el amigo le dijo que los tenía en Córdoba. ‘Cuando insistí, me los devuelve. Me enojé porque me devolvió la caja rota, conté que estuvieran los ocho cuadernos y me fui’…. Esta declaración de Centeno es una denuncia clara de violación de papeles privados. Y que sea un delito de instancia privada no borra el delito. ¿Se le informó a Centeno los derechos como imputado y que, como víctima, podía evitar el ingreso de esos cuadernos al expediente?”

La defensora siguió relatando cuando Stornelli y Centeno fueron a buscar los cuadernos a la casa del remisero, pero no aparecieron.“ Y ahí Centeno se acordó que los había quemado en la parrilla. Claramente Centeno mintió: nadie puede estar imputado por ocho cuadernos que fueron tan trascendentes y olvidarse que los quemó… Y no solo eso, sino que ahora parece que aparecieron”. “Con todo esto quiero decir –añadió- que la declaración de Centeno como arrepentido es nula por esta sucesión de violaciones, desde la imputación en Gas Licuado. Su declaración, más tarde o más temprano, va a ser declarada nula y todo lo actuado en consecuencia”.

Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)

La palabra “dinero” y una falla en la acusación

Cuando les llegó el turno, los abogados Marcelo Mónaco y Damián Real, defensores de Lascurain, profundizaron sobre un día: el 28 de octubre de 2008, cuando según Centeno, Lascurain le acercó a Baratta el listado de proveedores en un sobre. “Hasta ahí podemos decir que la anotación de Centeno es verosímil, pero con una particularidad: ahí no aparece la palabra dinero”. Cuál sería, entonces, el delito de llevar un sobre, se preguntaron los defensores. Sin embargo, en la acusación se atribuyó que se trataba de una coima y acusaron a su cliente de cohecho. “Si al señor Centeno se le cree en todas las anotaciones en donde habla de dinero, ¿por qué en la única anotación en donde no dice dinero creemos lo contrario?”

Y fue ahí cuando el defensor abordó la segunda cuestión –ya adelantada por Infobae en junio pasado-: que Lascurain fue elevado a juicio por una acusación más leve que la que tuvo el propio Centeno, acusado de haber integrado la asociación ilícita y, por lo tanto, no se cumple con las previsiones de la ley del arrepentido, que debe acusar a alguien de igual o mayor jerarquía. El tema también está en estudio del TOF 7.

Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).

El árbol venenoso y los “Mugrientos”

Por último, llegó el turno del constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de Gerardo Ferrreyra, que adhirió a todos los planteos anteriores y reclamó expresamente la nulidad de todas las declaraciones colectadas en la ley del arrepentido. Recordó el dictamen de Di Lello en la causa electoral por los cuadernos, sostuvo que lo que instruyó Bonadio “mal puede llamarse una causa judicial” y aseguró: “No hay ninguna duda de que este expediente es el paradigma del fruto del árbol venenoso. Se adquirió prueba de una manera que no se corresponde con la ley”.

El abogado recordó las palabras del fiscal Stornelli, cuando en el inicio del caso decía “no hay sortija para todos” o reconoció que de la declaración de José López volcó “lo que le pareció conveniente”. “Mi defendido Ferreyra no se amilanó frente a la amenaza extorsiva de perder su libertad si no volcaba incriminaciones para los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner… El fiscal Stornelli se refirió a ellos como los ‘mugrientos’…”, dijo. Cuando terminaba la audiencia, la jueza Figueroa volvió a preguntarle al abogado quién había formulado esas expresiones. El abogado respondió que Stornelli y que el propio Ferrreyra había contado aquel episodio frente a otros jueces de Casación en abril de 2019.

FUENTE : INFOBAE

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

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El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

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