Connect with us

Policial

Cuadernos de la corrupción: citaron a indagatoria a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés”

Publicado

on

Ambos fueron mencionados por José López en su declaración como arrepentido

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

En una parte de su declaración como arrepentido en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López dijo: “En el 2013 se da el tema que aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece un condimento nuevo, había que darle respaldo a las agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidenta y me dijo “hay que poner todo para ganarle a ese traidor”, refiriéndose a Sergio Massa. Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del japonés García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013″.

De los nombrados por López en ese párrafo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su segundo Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en setiembre pasado cuando explicó que hubo una asociación ilícita destinada a manejar dinero proveniente del pago de coimas por parte de hombres del negocio de la obra pública. Empresarios y ex funcionarios –entre ellos las ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- fueron alcanzados por el procesamiento. El ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal.

A raíz de los dichos de López sobre la recaudación ilegal para la campaña de 2013, los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés” García fueron citados a indagatoria por Bonadio. El ex intendente de San Martín debe declarar hoy. En tanto el ex intendente de Vicente López debe presentarse mañana.

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ivoskus comparte hoy día de indagatoria con Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de los últimos tiempos del kirchnerismo. En tanto García declarará mañana una hora antes que el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner.

Álvarez y Máximo Kirchner también fueron nombrados por López como parte de los dirigentes de la agrupación La Cámpora que tenían relación con los recaudadores de dinero ilegal proveniente de la obra pública.

Infobae

Policial

Por qué falló la bomba casera que le desfiguró la cara a la mujer anarquista en el cementerio de Recoleta

Publicado

on

Anahí Esperanza Salcedo todavía no será indagada por el juez Julián Ercolini, que investiga la detonación de la bomba que ella misma habría plantado en la tumba del coronel Ramón Falcón en el Cementerio de la Recoleta: la joven anarquista de 32 años oriunda de Adolfo Sourdeaux y empleada en una estación de servicio de Martínez seguía internada hasta ayer en el hospital Fernández bajo un coma farmacológico luego de que la explosión le volara tres falanges de una mano y le desfigurara la cara. Hugo Rodríguez, su pareja, otro anarquista punk que convivía con ella en Sourdeaux, su presunto cómplice, quedó ileso y será indagado mañana, en un expediente en el que también interviene la Fiscalía Federal N° 1 de Jorge Di Lello.

Miércoles, 18:30 horas, Cementerio de la Recoleta: sangre al pie del mausoleo de Ramón Falcón

Miércoles, 18:30 horas, Cementerio de la Recoleta: sangre al pie del mausoleo de Ramón Falcón

También deberán responder preguntas los otros nueve detenidos que la Policía Federal esposó en la casa tomada de la calle Pavón 2345, un histórico sitio okupa de punks que Rodríguez frecuentaría. Allí, según fuentes policiales, se encontraron “caños, pólvora, una amoladora”, elementos compatibles con la fabricación de explosivos. Por otra parte, vecinos de Salcedo en Sourdeaux hablan de una explosión en su casa hace seis meses. La PFA allanó la casa tras el incidente en el cementerio: no se encontró, según un investigador, “nada importante.”

Hoy por la mañana, investigadores del caso en Comodoro Py recibieron información preliminar sobre por qué se detonó antes de tiempo el dispositivo que casi mata a Salcedo.

Hugo Rodríguez y Anahí Salcedo.

Hugo Rodríguez y Anahí Salcedo.

El aparato era de una crudeza llamativa. “Es todo muy pobre, acá no hay una gran mente maestra”, aseguró una fuente vinculada al expediente.

El explosivo estaba conformado por cinco caños cargados con “lo que parece ser pólvora negra de fabricación casera”, conectados con un circuito eléctrico a un temporizador de horno “de esos que te suenan cuando ya está lista la carne”.

Lo que habría fallado, según fuentes, fue el temporizador mismo.

Otros en Comodoro Py, más veteranos, con experiencia en pesquisas sobre atentados con explosivos, especulan con que el calor del miércoles habría acelerado el proceso de detonación. Sin embargo, la falla en el temporizador es la teoría preponderante.

Fragmento de la bomba en el piso del cementerio

Fragmento de la bomba en el piso del cementerio

Hoy, a 48 horas de la voladura, los investigadores aguardan los resultados de las indagatorias a los punks de la calle Pavón. Fuentes en los tribunales federales aseguraban en el día de ayer de que hay sospechas de que la bomba en el cementerio y la recibida por el juez Claudio Bonadio estarían conectadas entre sí: ambos atentados son investigados por Ercolini y Di Lello con tareas encomendadas a la Federal.

¿Hay un complot político detrás de las explosiones de cara a la visita de líderes globales del G20 a fines de este mes? Una fuente en el caso no está tan segura. “No encontramos ni panfletos anarquistas. Por ahí uno que decía ‘fuera el FMI, abajo el G20’, pero de ponerle un caño a Trump por el momento estamos muy lejos. Había clavos miguelitos en la casa de Pavón. ¿Qué vas a hacer con miguelitos?”.

Lo cierto es que la explosión en el cementerio disparó redadas en los puntos clave de los movimientos anarquista y punk de la Capital Federal. Otros dos espacios fueron allanados además de la casa de Salcedo y la okupa de Pavón: el Ateneo Anarquista de Constitución en la calle Brasil, que solía ser la vieja Federación Libertaria Argentina, y La Cultura del Barrio, un club social y deportivo sobre la calle Murillo en Villa Crespo que funciona como centro cultural y gimnasio de box y artes marciales, un punto de punks y skinheads antifascistas con una reconocida actividad solidaria en su zona.

Ninguno de los dos lugares tiene lazos históricos con la casa de Pavón, sino todo lo contrario. Los punks de San Cristóbal están abiertamente en contra de cualquier forma de skinhead, incluso si está en contra del fascismo o el nazismo.

No se secuestró nada de interés inmediato en el Ateneo, sede de una de las mejores bibliotecas sobre anarquismo del país, consultada con frecuencia por estudiantes. “Todo muy ordenadito”, dijo una alta fuente policial al salir.

Gabriela, presidenta de La Cultura del Barrio, aseveró: “No había nadie adentro cuando allanaron el lugar, nos enteramos por un compañero. Nos allanaron siete horas para nada, porque no encontraron nada. No nos informaron por qué nos allanaban, decían que buscaban explosivos. Este es un club de barrio con las puertas abiertas, entran todos los vecinos y vecinas. Hacemos deporte inclusivo, clases gratis, participa quien quiera. No tiene lógica esto, no nos cierra. Seguimos sin entender. Nos dejaron todo roto. Se llevaron una computadora, nada más. Este es un espacio de deporte y cultura, los vecinos se acercaron porque saben lo que hacemos”.

Mientras la división Antiterrorismo de la Policía Federal registraba el lugar, los alumnos y alumnas de box del lugar decidieron hacer una clase abierta en la calle. 

La Cultura del Barrio, con cinta  policial (Gustavo Gavotti)

La Cultura del Barrio, con cinta  policial (Gustavo Gavotti)
Clase abierta de box en La Cultura del Barrio en pleno operativo
Clase abierta de box en La Cultura del Barrio en pleno operativo

Seguir leyendo

Policial

Condenaron a siete años de cárcel a Ibar Esteban Pérez Corradi por el tráfico de efedrin

Publicado

on

La fiscalía había pedido 10 años de prisión. Se tuvo en cuenta su rol de arrepentido en la investigación

Ibar Esteban Pérez Corradi fue condenado a la pena de siete años de prisión por el desvío ilegal de miles de kilos efedrina entre los años 2004 y 2008. La decisión la tomaron esta tarde los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez.

El juicio había comenzado el 13 de septiembre y la fiscalía, a cargo de Marcelo Colombo, había pedido para él una pena de diez años de prisión. Fuertemente custodiado, el acusado escuchó el veredicto. Según trascendió, se tuvo en cuenta su rol de arrepentido en el marco de la investigación.

Pérez Corradi se encargaba de traer al país efedrina –un precursor químico que se utiliza para elaborar drogas sintéticas– para venderlo al narcotráfico.

Prófugo durante cuatro años, fue recapturado el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú, Brasil, y extraditado al país desde Paraguay. Inmediatamente, quedó detenido en el edificio “Centinela” de Gendarmería Nacional bajo el régimen de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.

En su rol de imputado-colaborador, declaró en unas diez ocasiones para confirmar que había comercializado estupefacientes y había hecho ingresar efedrina al país: unos 14 mil kilogramos de esa droga. En sus declaraciones, también involucró a policías federales y funcionarios de Aduana.

El ingreso desproporcionado de efedrina al país quedó al descubierto tras el “triple crimen” de General Rodríguez, cometido en agosto de 2008, en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Pérez Corradi se convirtió uno de los principales sospechosos: Forza le había querido robar un negocio y Pérez Corradi había prometido vengarse. Incluso, un testigo aseguró que le habían ofrecido dinero para matarlo.

No obstante, la jueza María Servini dictó la falta de mérito de Pérez Corradi por ese triple crimen, al entender que no había pruebas o elementos para procesarlo por esa masacre.

Foto : Pérez Corradi detenido (Fabian Ramella)

Infobae

Seguir leyendo

Policial

Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios “compraron” facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

Publicado

on

Detalles exclusivos de una causa escandalosa
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprado” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que “compraron” facturas truchas

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 “usinas” generadoras de ellas. Todas las “usinas” tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y “culata” del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas “usinas” por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas “sin capacidad económica” las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como “pantalla” para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas “usinas” figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de “lesiones leves” y “lesiones leves y amenazas”. Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quílmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local “a estos tipos”, por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le “vendió” en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Carlos Acuña

Carlos Acuña

Uno de los mayores beneficiarios de estas “usinas” de facturas truchas fueron los sindicatos.

A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le “compró” a la banda de Russo y Gómez.

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien “usinas” ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas “homologadas por la AFIP” –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un “plan de pago” para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue “dolosa o culposa”. Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de “evasión” se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, “lavado de dinero”. En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las “usinas” de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros “clientes” entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los “clientes” y que por esa actividad, Russo le “pagaba” 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el “socio” de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los “clientes” llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio “Kelo” Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como “no hay automovilismo sin facturas truchas”. Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión.

Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades,8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos “lavados”.

Inflobae

Seguir leyendo

Tendencia