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Cuadernos de las coimas K: el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria al ex senador y empresario Roberto Urquía

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Tendrá que declarar la primera semana de febrero por una derivación de la causa

 

Roberto Urquía, uno de los dueños de un emporio de los agronegocios de la Argentina, tendrá que declarar en indagatoria ante el juez Claudio Bonadio por una derivación de la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

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El ex senador nacional por el Frente para la Victoria de Córdoba y propietario de Aceitera General Deheza (AGD), una de las empresas más importantes del país, fue citado a declarar debido a la sospecha del pago de coimas en el área de los negocios ferroviarios que regenteó entre 2003 y 2009 Ricardo Jaime, quien fuera secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

El conglomerado liderado por Urquía es uno de los principales actores del sector agroindustrial y uno de los grandes exportadores del país. Aceitera General Deheza exporta trigo, maíz, sorgo granífero, también aceites envasados y maní. Además fabrica muchas marcas de kétchup, mayonesa, salsa golf y aceite consumidas a diario por los argentinos. Produce biodiesel y harina de soja.

La empresa posee la concesión del ferrocarril de carga Nuevo Central Argentino (NCA), cuyos 4757 kilómetros de vías atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Además de ese ferrocarril imprescindible para el despliegue logístico de la compañía, AGD es dueña del primer puerto privado del país -Terminal 6 en la localidad de Puerto General San Martín en Santa Fe- y posee –junto a Bunge Argentina- Guide S.A en el puerto de Rosario.

La empresa NCA se asoció con Ferrovías, del Grupo Emepa y formaron la empresa Ferrocentral. En 2005, cuando Jaime decidía sobre el negocio ferroviario, esa compañía se quedó con la explotación del ferrocarril de pasajeros que une Retiro con Córdoba. Y también el ferrocarril que comunica la capital de la provincia mediterránea con Cruz del Eje llamado Tren de las Sierras. Aquel negocio asoció al empresario Urquía con Gabriel Romero, de Emepa, que explotaba el Belgrano Norte en Buenos Aires.

Ricardo Jaime (NA)

Ricardo Jaime (NA)

Urquía fue electo senador en 2003 y tejió una buena relación con la entonces senadora Cristina Kirchner. Fue un hombre respetado por el kirchnerismo hasta el año 2008, cuando irrumpió la discusión por la 125 y las retenciones móviles a la exportaciones. En aquella ocasión fue criticado por figuras como Luis D’Elía, quien había dicho: “Hoy Urquía es enemigo de los Kirchner, un tipo que creíamos que era un burgués nacional y terminó siendo un chanta”.

Urquía y Romero explotaron juntos los ferrocarriles hasta que en 2013 fueron estatizados durante la gestión de Florencio Randazzo en el Ministerio de Interior y Transporte.

Romero fue uno de los empresarios que declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. En su confesión admitió haberle entregado millones de pesos a Jaime, quien era el secretario de Transporte y tomaba decisiones sobre las obras ferroviarias y los subsidios.

Romero había dicho: “A Ricardo Jaime si se le daba dinero, venía y le daba yo. No era un monto fijo. Le di dinero en varias oportunidades, no recuerdo el monto del dinero. La relación con Jaime empezó en el año 2003, 2004 o 2005 no recuerdo con precisión. Néstor Otero me hizo un vínculo con Jaime, nos encontramos y quedamos que yo tenía que darle un monto de dinero que no era fijo. Creo que era mensualmente, o cada tres meses, no puedo precisar, lo que sí recuerdo es que él decía ‘esto es para arriba y esto es para los gastos de acá’. Esto era en concepto de los Ferrocarriles. No tienen vinculación con la hidrovía, estos pagos eran por los Ferrocarriles, el de Belgrano Norte. Esto se cortó cuando el Estado empezó a no pagarnos porque decían que no había plata para los ferrocarriles. Estos pagos los realicé desde el 2004-2005 aproximadamente hasta alrededor del año 2009. Después nadie más me pidió plata. Puede ser que para alguna campaña me hayan pedido que refuerce, alrededor de 50.000 dólares en cada campaña, no recuerdo bien, cada dos años, cuando había campaña. Yo era una persona que no se permitían mucho a pedirme”.

Gabriel Romero

Gabriel Romero

Luego amplió su declaración y se refirió a Aldo Roggio, otro empresario relacionado con el transporte que también se transformó en arrepentido. “Yo vi en los medios -dijo Romero- que Roggio manifestó en el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior el 5% de los subsidios que cobraba. Esto es así. Esto es cierto, lo puedo confirmar. Son dos temas importantes los que quiero ampliar. Con relación a los Ferrocarriles, yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba. También yo personalmente le daba a Jaime por año de la hidrovía USD 500.000 (quinientos mis dólares), esto fue durante el periodo comprendido entre los años 2004 a 2009; las dos últimas cuotas las entregó Poblete y las recibió Baratta porque Jaime no estaba más. Deseo precisar que el contacto con Ricardo Jaime me lo hizo Néstor Otero”.

Y agregó: “Por otra parte deseo aclarar que mis conversaciones con Jaime comenzaron porque nos habían dejado de pagar. Se manejan con el terror. Y en ese contexto Jaime me dijo que si no pagaba el 5% no me iban a entregar el subsidio. Jaime era medio ostentoso, pero la relación podría decirse que era cordial, él me decía que los pagos eran para arriba pero no me consta cuál era su destino. Los pagos eran normalmente mensuales, el venía a mi casa o yo iba a las oficinas de él, las entregas las percibía Jaime personalmente. Si el Estado me pagaba mensualmente, los pagos a Jaime eran mensuales, porque a veces no pagaban a término para crear terror”.

A partir de las confesiones sobre pagos de coimas en el área de Transporte del kirchnerismo se abrió una causa paralela. En ese expediente Romero ya fue indagado por Bonadio en diciembre pasado debido a que había admitido haber pagado coimas por los subsidios que entregaba Jaime. Se remitió a sus dichos como arrepentido.

Ahora Romero debe volver a declarar porque los investigadores quieren saber si también pagó coimas por el ferrocarril que explotaban en Córdoba-donde Jaime fue el jefe político del Frente para la Victoria- asociado con la empresa del ex senador cordobés y mega empresario del sector agrícola. Romero y Urquía tienen que presentarse en Comodoro Py la primera semana de febrero.

A partir de la causa judicial que se inició por los escritos de Centeno se siguen abriendo capítulos. La historia que comenzó con los bolsos que recolectaba Roberto Baratta ha quedado lejos en el tiempo.

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Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a Marcela Chocobar

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El hecho ocurrió en septiembre de 2015. El tribunal lo consideró un crimen motivado por el odio a la condición sexual de la víctima

La Cámara Oral Penal de Santa Cruz condenó el miércoles a prisión perpetua a Oscar Biott, luego de encontrarlo culpable del transfemicidio de Marcela Chocobar.

El tribunal determinó que en septiembre de 2015, Biott asesinó en Río Gallegos a la joven salteña que en ese entonces tenía 26 años, para luego descuartizar su cuerpo y posteriormente hacerlo desaparecer. El hombre fue considerado el autor material del hecho, que además contó con el agravante de haber sido motivado por el odio a la condición sexual de la víctima.

En un fallo dividido, la Cámara condenó a su vez a Ángel Azzolini, la otra persona que se encontraba acusada en el caso, a seis años de prisión. Azzolini fue considerado partícipe necesario y encubridor del crímen. Esta decisión contrastó con la postura del fiscal del caso, Iván Saldivia, quien había solicitado perpetua para ambos acusados.

Un tercer acusado, Adrián Fioramonti, logró inicilamente su libertad luego de pagar 50 mil pesos de fianza y fue sobreseído el miércoles.

De acuerdo a la investigación, la víctima fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre de 2015, cuando subió a un auto en la esquina de un boliche en el centro de Río Gallegos.  Ocho días después su cráneo apareció en un baldío ubicado a unos 7 kilómetros de distancia, en el barrio San Benito de esa misma ciudad. El resto de su cuerpo jamás apareció.

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Según la reconstrucción del caso, Chocobar se subió al auto en el que estaban Biott y Azzolini, con la intención de prestarles servicios sexuales. Sin embargo, en su declaración indagatoria Azzolini indicó que el decidió irse a dormir debido a su estado de intoxicación y que, al despertarse, encontró a Biott completamente alterado.

Dijo que tranquilizó, que lo ayudó a quemar las ropas ensangrentadas en el patio de la vivienda y a buscar el cuerpo en reiteradas oportunidades de la joven que, según su amigo, había quedado desvanecida y muerto en circunstancias desconocidas.

Sin embargo, el informe forense del cuerpo concluyó que Chocobar no pudo haber muerto por alguna causa que no hubiera sido un asesinato. Informó que su decapitación sucedió post-mortem y que el cráneo había sido perfectamente separado y cortado con un elemento filoso entre la segunda y la tercera vértebra.

Tras conocerse el fallo, las hermanas de la víctima, visiblemente emocionadas, agradecieron a todos los que las acompañaron durante el proceso e insistieron en la necesidad de encontrar el cuerpo. Sin embargo, se mostraron en desacuerdo con la condena a Azzolini.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

A su vez, el tribunal, integrado por los camaristas Joaquín Cabral, Jorge Yance y Carlos Arenillas, aceptó la propuesta de las hermanas de la víctima para crear una fiscalía especializada en violencia de género.

Por su parte, Carlos Muriete, el abogado de las hermanas de Chocobar, se mostró conforme con el fallo y resaltó que la condena con el componente de género fue la primera en la historia de la provincia.

De hecho, la causa fue inicialmente caratulada como “homicidio simple”. Pero luego de que se revelaran las características del crímen a lo largo de las audiencias orales, el fiscal Saldivia  pidió que se aplique el agravante.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), presentó también un amicus curiae solicitando a los jueces que se aplique esa misma figura que hace un año se utilizó por primera vez en un fallo contra David Gabriel Marino, único detenido y condenado por el crimen de la dirigente y activista trans Diana Sacayán, asesinada de 13 puñaladas en Buenos Aires, un mes después que Marcela Chocobar.

Los informes psicológicos oficiales a los que accedió Infobae indican que el ataque tuvo “directamente que ver con concebir a Marcela Chocobar como un objeto, no después de su muerte, sino aún antes” y califican tanto a Biott como a Azzolini como sujetos con “características antisociales y desadaptados” y con “noción de equipo” en la relación entre ellos.

Chocobar

Chocobar

Los peritos señalaron además que los imputados indicaron que no supieron de la condición de transgénero de Marcela desde el inicio de su encuentro y que la revelación del dato produjo en ellos un “quiebre emocional”.

En su informe anual de femicidios en Argentina, la Corte Suprema informó que de los 255 femicidios que tuvieron lugar en el país en 2018, cuatro de ellos fueron transfemicidios o travesticidios.

De hecho, la presente condena es la segunda de esta naturaleza en la semana. El pasado martes, el Tribunal Criminal 2 de Jujuy dictó la prisión perpetua para Jesús Moreno por haber asesinado de 35 puñaladas a su pareja trans, Zoe Quispe, en 2016, en Palpalá.

Foto  : TN Rio Gallegos

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Indagaron por lavado de dinero a un ex secretario de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos

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Se trata de Fabian Gutiérrez, a quien José Lopez señaló como el hombre que le entregó los bolsos que llevó al convento

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

La Justicia reactivó la investigación por el dinero que manejó Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos y confesó haber visto cómo llevaban bolsos al sur. Este hombre, que había sido sobreseído por enriquecimiento ilícito en el 2011 y le reabrieron la causa en 2017 por una denuncia por lavado de activos de la Unidad de Información Financiera, ahora no solo tiene que dar explicaciones por sus manejos de dinero sino que las sospechas sobre sus bienes y el de sus presuntos testaferros quedó ligada a la banda que recaudó dinero en los viajes del chofer Oscar Centeno.

Un detalle más: Gutiérrez es la persona a la que el ex secretario de Obras Publicas José López acuso de haberle dados los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez hace casi dos años. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que eso era mentira y que López se estaba vengando por una vieja pelea que tuvieron cuando ambos trabajaban en el Gobierno.

El ex secretario de Cristina Kirchner tuvo que presentarse hoy a dar explicaciones ante el juez Claudio Bonadio, a cargo del expediente. También fueron convocados en indagatoria su madre, Teresa Amalia García, y su hermana Valeria Alejandra Martinovich, su cuñado y la pareja de la madre. El magistrado citó a indagatoria a Matías Lázaro Raimondo y Carlos Mario César Siverino, y ayer ya habían sido interrogados Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Alberto Rodríguez, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Guillone y Diego Miguel Derdey.

La sorpresa para los defensores fue cuando llegaron a la indagatoria. No solo les pedían explicaciones del manejo de dinero sino que se enteraron que ligaron esos activos a la organización ilícita que –según Bonadio y la Cámara Federal- habría liderado Cristina Kirchner, secundada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta para recaudar dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Víctor Fabián Gutiérrez había acompañado a Cristina Kirchner como secretario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, Gutiérrez fue designado secretario adjunto. Antes había sido cadete en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, donde su madre fue interventora. En 2010 presentó su renuncia tras haber sido denunciado por enriquecimiento ilícito.

El portal Opi Santa Cruz denunció en aquel momento que Gutiérrez había multiplicado su patrimonio en forma exponencial desde 2003 y que estaba construyendo una casa en El Calafate por un millón de dólares. Se le abrió entonces una causa en la que se planteó que, según sus declaraciones juradas, el patrimonio de Gutiérrez aumentó más de siete veces a partir de que colaboraba con la Presidenta. El caso cayó en manos del juez Bonadio, que también investiga a Isidro Bounine, a Daniel Muñoz y a Daniel Alvarez, los otros secretarios privados de la Presidenta y del ex presidente Néstor Kirchner. Todos ellos fueron sobreseídos en aquel momento.

Cuando el escándalo de los cuadernos estalló, Bonadio detuvo a todos los colaboradores cercanos del matrimonio Kirchner. Fue por las sospechas de cómo enviaban el dinero de la recaudación de Baratta al sur. En ese momento, Gutierrez pidió ser arrepentido. Tal como publicó Infobae en aquel momento, el joven aseguró que  no había visto el contenido de los bolsos que los Kirchner movían desde Buenos Aires al sur, pero reveló que a Cristina la llamaban “la loca” o la “yegua” porque “nadie quería trabajar con ella”, contó cuánto dinero gastaba en compras cuando se iba de viaje oficiales, cómo terminó renunciando porque la ex Presidenta lo increpó por haber ido al baño y por qué el ex ministro De Vido “la odiaba”.

Ya en 2017, sin embargo, la UIF había pedido reabrir la causa por el dinero que manejó Gutiérrez. Ahora, esa reactivación llegó con las citaciones a indagatoria que se cumplían en estas horas y, sorpresivamente, las pruebas obtenidas en la causa de los cuadernos.

Según señalaron fuentes judiciales, el escenario para Gutiérrez –en este contexto- sería al que enfrentaron los familiares y allegados de Daniel Muñoz, el ex millonario secretario de Néstor Kirchner que falleció en 2016. Su viuda se convirtió en “arrepentida” después de pasar dos meses en prisión y de que otros de los testaferros también pidieran hacer un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y contaran detalles de cómo compraron 16 propiedades en Miami y Nueva York –incluidos dos departamentos en el Hotel Plaza, de Manhattan- y luego decidieran venderlos a las apuradas cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers y quedaran expuestas las sociedades off shore que usaron para hacer esas operaciones. Hoy se cree que parte de ese dinero fue invertido en unos terrenos de las Islas Turk and Caicos del Caribe pero, tal como publicó Infobae, el gobierno británico de esas islas paradisíacas se resiste a ponerlo a disposición de los  tribunales de Comodoro Py.

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Pidieron tres años de prisión para Amado Boudou por el caso del auto con papeles “truchos”

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Lo solicitó el fiscal Abel Córdoba en su alegato ante el tribunal oral. El ex vicepresidente está preso en la cárcel de Ezeiza por la causa Ciccone

Amado Boudou en el inicio del juicio (Matias Baglietto)

Amado Boudou en el inicio del juicio (Matias Baglietto)

El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou sea condenado a tres años de prisión en el caso de la falsificación de un formularios para transferir un auto Honda.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Córdoba hizo hoy sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 8 pidió que condena para cuatro de los cinco acusados en el caso. Además de Boudou,  su ex pareja Agustina Seguín, la titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y el gestor Alberto Soto. Para ellos requirió la condena de tres años por el delito de falsificación de documento. En tanto, para otro gestor –Rodolfo Basiami– solicitó la absolución.

Los tres años de prisión son en suspenso, por lo que ninguno irá a prisión en caso de condena. Excepto Boudou que se le acumulará a la condena del caso Ciccone.

Se trata del caso en el que se juzga la falsificación de tres formularios para hacer la transferencia de un auto Honda modelo 1992. Para el fiscal se dio por probada la maniobra y pidió condena.

El fiscal Abel Córdoba

El fiscal Abel Córdoba

En este juicio, Boudou está siendo juzgado por dos casos. Por el formulario 08 y por la compra presuntamente irregular en 2009 de 19 autos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de esa cartera.

El juicio continuará el jueves y martes de la semana que viene con los alegatos de las defensas de los acusados por el 08. Luego se iniciarán los alegatos por el caso de la compra de los autos. Antes de eso, Boudou va a declarar en indagatoria por la adquisión de los vehículo. Eso será el 6 de junio. Y el 11 de junio serán los alegatos del fiscal en el caso de los autos de alta gama.

El caso está a cargo de los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez, quienes tienen la intención de dar el veredicto antes de la feria judicial de julio. 

El ex vicepresidente -preso en la cárcel de Ezeiza- ya fue juzgado por el caso del 08.Fue el primer juicio que afrontó y en en agosto de 2017 fue absuelto junto al resto de los acusados por el Tribual Oral Federal 1. Pero tres meses después la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución y dispuso que se haga un nuevo juicio oral que es el que se está desarrollando.

El tribunal oral a cargo del proceso (Matias Baglietto)

El tribunal oral a cargo del proceso (Matias Baglietto)

En tanto, en el caso de la compra de los autos de alta gama -trece Bora, tres Passat, tres Vento-se sospecha que se hizo de manera irregular porque se realizó mediante una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y con la concesionaria “Guido Guidi” que presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía.

La cartera pagó 2.131.400 pesos y en el caso se juzgarán los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Por este expediente también están acusados los ex funcionarios del Ministerio de Economía Benigno Alberto Vélez y Álvaro Palencia Reffino; el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi. Reposo fue propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner para ocupar la Procuración General de la Nación pero el Senado rechazó su nombramiento.

Boudou ya tiene una condena. Fue por el caso Ciccone a cinco años y 10 meses de prisión. Su defensa la apeló y está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Infobae

foto Tapa : El Cronista

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