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CUÁLES SON LAS CAUSAS JUDICIALES CLAVE QUE TENDRÁN NOVEDADES EN 2022

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A los expedientes de mayor voltaje político como los que involucran a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, también se le suman el del asesinato de Lucas González y el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, entre otros.

Después de un año cargado de definiciones judiciales en múltiples causas en las que están involucrados personajes de la política como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri, solo por mencionar algunos, para 2022 se esperan definiciones en expedientes clave.

Por lo pronto, en los primeros meses del año podría, por ejemplo, entrar en etapa final la investigación por la Cena en Olivos. Además, fuera de la política, este año será el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso ocurrido en 2006.

Además de los cursos normales de cualquier causa judicial, que siempre marcan los tiempos, la expectativa está puesta en la situación sanitaria. Es que la Justicia viene de dos años de actividad presencial restringida que, de todos modos, comenzó a normalizarse en 2021 con esquemas mixtos entre presencialidad y virtualidad en los juicios en proceso.

Fiesta en Olivos, la definición sobre Alberto Fernández

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La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos.

Se trata de uno de los expedientes que más impacto político tuvo durante 2021. Iniciado tras una denuncia que incluyó las fotos filtradas de una reunión por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en julio de 2021 mientras regían las restricciones de circulación por coronavirus, tras la feria judicial es probable que el caso entre en etapa final.

La causa se inició en Comodoro Py pero por cuestiones de competencia terminó en uno de los Juzgados federales de San Isidro, puntualmente el que está a cargo del juez Lino Mirabelli. Con el presidente Alberto Fernández como principal imputado junto a Yáñez y el resto de los asistentes a la reunión en cuestión, resta que el magistrado resuelva el planteo de reparación integral del mandatario, que ofreció donar al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante cuatro meses.

Cristina Kirchner llamó a “enterrar los fantasmas” y publicó el mensaje de un sacerdote chileno

Además, según pudo saber PERFIL, en cuando eso suceda los abogados de Yáñez, Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, presentarán una propuesta similar de reparación. De ser aceptadas por Mirabelli, la causa quedaría prácticamente resuelta con los imputados sobreseídos.

De todos modos, la duda está, por ejemplo, en la estrategia del defensor de Stefanía Domínguez, otra de las imputadas. Semanas atrás, Mauricio D’Alessandro le dijo a este medio que la intención era escalar por las instancias judiciales superiores para insistir con la inconstitucionalidad del DNU presidencial con restricciones sanitarias.

Memorándum: ¿se confirma el sobreseimiento de CFK?

La vicepresidenta Cristina Kirchner.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, otra de las que espera novedades en el frente judicial.

Otra de las causas que marcó la agenda judicial del año fue la del Memorándum con Irán. El expediente tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de otros ex funcionarios y funcionarias de su gobierno.

El Tribunal Oral Federal N°8 viene de firmar los sobreseimientos de todos los imputados en el caso al alegar la inexistencia de delito. La decisión fue apelada por el fiscal Marcelo Colombo y por las querellas, por lo que para este 2022 se espera que la Cámara de Casación se expida sobre esos sobreseimientos, es decir, que los confirme o los rechace. 

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Quienes tienen en sus manos la revisión del fallo del TOF son los jueces Daniel Petrone y Gustavo Barroetaveña junto con la jueza Ana María Figueroa. Además de la vicepresidenta, tienen que revisar el sobreseimiento del actual procurador del Tesoro, Carlos Zanini; del senador Oscar Parrilli; la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; y del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros. 

Pero no es la única causa vinculada a la vicepresidenta que tendrá novedades este 2022. Es que, por ejemplo, la conocida como “Causa Vialidad”, mediante la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, tiene previsto avanzar con las testimoniales a ex jefes de Gabinete. En esa línea, se espera que el 8 de febrero a las 9.30 vayan a declarar el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Las causas judiciales contra Macri

Mauricio Macri
Mauricio Macri.

Uno de los expedientes que tiene entre sus procesados a Mauricio Macri es el que lo investiga por su supuesta responsabilidad en tareas de espionaje contra familiares del submarino ARA San Juan. Con la indagatoria del ex mandatario, en 2022 debería haber una decisión en torno a la instrucción, es decir si se eleva o no a juicio la investigación.

A la esper de ello, la estrategia de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, busca llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py a través de planteos de inhibitoria que ya tienen el aval del camarista Martín Irurzun, tal como informó Télam. También insisten con el pedido de apartamiento del juez subrogante en Dolores, Martín Bava.

“Gestapo” antisindical: el estupor en el PRO y la búsqueda de pistas en el Banco Provincia

Pero Macri también está imputado en otros expedientes que podrían tener definiciones de importancia durante 2022. Uno de ellos lo investiga por su responsabilidad en el supuesto contrabando de material represivo a Bolivia durante el Golpe de Estado que sufrió el ex presidente Evo Morales. A su vez, también está involucrado en la Causa Correo, que busca establecer si durante su Gobierno se intentó un acuerdo entre el Estado (supuesto damnificado) y la firma de su familia, Correo Argentino, por el pago de una millonaria deuda.

Otras causas contra Macri en marcha durante 2022: la llamada “mesa judicial”, donde se lo investiga por las supuestas presiones a jueces y fiscales para motivar decisiones en contra de dirigentes del kirchnerismo; las visitas a la Quinta de Olivos de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; y la investigación por el hundimiento del ARA San Juan.

Quiénes fueron los personajes políticos que más dieron que hablar en 2021

Investigación por la deuda con el FMI

En Comodoro Py, en tanto, está alojado otro expediente de voltaje político. Se trata del que investiga el préstamo que el Gobierno de Mauricio Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La causa está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Piccardi. La última novedad fue que el representante del Ministerio Público solicitó a la magistrada que se incorpore el documento que difundió el organismo internacional de crédito semanas atrás donde evaluó de manera crítica el uso que se le dio a ese millonario préstamo.

En ese expediente también está imputado Macri junto con el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central de la República Argentina: Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A todos se les endilga el posible delito de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública

Gestapo antisindical

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“Gestapo” antisindical: la foto de la reunión que investiga la Justicia tras la denuncia de la AFI.

Durante los primeros meses del año la atención también estará puesta en la Justicia Federal de La Plata, donde el juez Ernesto Kreplak investiga la causa conocida como “Gestapo antisindical”. 

Surgida tras la denuncia de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de una serie de videos donde se ve a ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires supuestamente describiendo un esquema de persecución a dirigentes sindicales ante empresarios y agentes de inteligencia, hay expectativa por las imputaciones que pudieran producirse.

Se trata de una denuncia que golpea directamente a Vidal, a su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y a funcionarios judiciales clave, como el procurador bonaerense Julio Conte Grand, entre otros.

Crimen de Lucas González

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Lucas González, víctima de “gatillo fácil”.

Aún en etapa de instrucción, en el corriente año se esperan novedades judiciales en torno a la investigación del asesinato del juvenil de Barracas Central Lucas González, en manos de efectivos de la Policía de la Ciudad. 

La causa está en manos del fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso. Hasta ahora, por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, los tres que integraban la Brigada que participó en el hecho.

Pero también se investiga el encubrimiento del episodio por parte de otros efectivos policiales. En ese sentido, están con prisión preventiva dos comisarios, un subcomisario, un inspector y dos oficiales, quienes afrontan otros cargos como “falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones”.

Un femicidio sin resolver: 15 años después, nadie sabe quién mató a Nora Dalmasso

Juicio por el asesinato de Nora Dalmasso

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Macarrón y Dalmasso.

A 15 años del asesinato de Nora Dalmasso en la localidad cordobesa de Río Cuarto, en los próximos meses se llevará a cabo el juicio oral contra Marcelo Macarrón, el viudo de la víctima que está acusado de ser el autor intelectual del crimen.

El proceso estará en manos de jurados populares y la expectativa está puesta en qué decisión tomen, ya que si fuera declarado inocente, fuentes judiciales aseguran que la causa prescribirá. La fecha de inicio del juicio probablemente sea durante febrero. En primera instancia se realizará el sorteo para determinar quiénes serán los 40 jurados populares que estarán junto a los magistrados de la Cámara I del Crimen, que son Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Etchenique Esteve.

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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Como afecta la caida de los sistemas informativos del poder judicial a los ciudadanos, explicado por la Dra Paula Braciale

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El dia viernes en la edición habitual de Rumbo 23 ( radio XFN.com y canal 41 TDA television abierta libre y gratuita)  la Dra Paula Braciale estuvo en comunicación con la Dra Mariela Valle y el martillero Bernardo Giles.

 

De manera clara, para todo Mar del Plata y Batan  la doctora Paula Bracciale, quien encabezó la Lista Bordó y Blanca en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, habló sobre los servicios centralizados del poder judicial que no están funcionando, entre ellos el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano y cada habitante de nuestro país y, desde el comienzo de este año, los abogados que ejercemos la profesión en el poder judicial estamos viviendo una situación muy crítica por la falta de funcionamiento de la página de la Corte de la Provincia y la mesa de entrada virtual que funciona mal”, explicó.
Si bien puede llegar a parecer un tema técnico que afecta el dia a dia el trabajo de los abogados, la Dra Braciale dejo en claro que es el acceso de la población, del ciudadano a su derecho a la justicia el que se ve afectado.
Para que se entienda, junto a la Dra Valle dieron claros ejemplos de como nos afecta esta situacion a todos. Desde un reclamo de alimentos en situaciones de vulnerabilidad en el fuero de familia hasta resoluciones de conflictos civiles y comerciales. “Un amparo de salud, el cobro de una indemnización , no pueden esperar y tenemos que dar una respuesta”, concluyó.
Tambien, los abogados se encuentran impedidos de ejercer su profesion libremente, por razones ajenas a sus posibilidades, en claro conflicto con sus necesidades diarias. Detrás de cada profesional, hay siempre una familia, reflexionaron juntos en Rumbo 23.
Dejanos tus consultas al Whatsapp de la radio: 223 60 22 223.
Dra Mariela N Valle
Martillero Bernardo Giles

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No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

 

 

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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