Mediante el decreto 891/2017, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidenta Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno nacional oficializó la aprobación de un listado de “Buenas Prácticas en materia de Simplificación” para el sector público nacional, con el objetivo de agilizar el dictado de normas, regulaciones, y la relación con los ciudadanos. La medida incluye “la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas de manera tal que nos lleve a un Estado eficiente, predecible, capaz de responder a las necesidades ciudadanas”.
Se trata del Plan de Simplificación del Estado, que contempla “buenas prácticas” como la simplificación en el dictado de normas, que “deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión”. La optimización busca agilizar tiempos y acortar el gasto público, tarea por la cual va el Gobierno en este tramo de su gestión: no sólo se reducirían en un 50% los tiempos de gestión, con respecto a los tradicionales, sino que se ahorrarían unos $ 90.000 millones en dos años.¿Cuáles son sus puntos centrales?
Se trabajará sobre ejes basados en la simplificación y desburocratización. Muchos de los que se encuentran activos, serán su profundizados en los próximos años, acorde se implementen las nuevas medidas. Según informaron desde el Ministerio de Modernización al sitio Big Bang News, estas son las claves del proyecto:
Las claves
Libros societarios digitales: se elimina el requisito de rúbrica de escribano para permitir libros digitales.
Se eliminan los requisitos de dictamen profesional para la inscripción de sociedades.
Tribunales Arbitrales del Consumo: con esta medida se elimina la necesidad de fijar un tope para hacer reclamos ante el tribunal y se agrega la posibilidad de denunciar daños psíquicos y físicos al consumidor. De este modo, el consumidor puede tener resolución de las denuncias a través de un sólo organismo sin necesidad de recurrir a un tribunal civil.
Defensa del consumidor: elimina el monto tope para poder acceder al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. De este modo, incorpora mejoras en concepto de deber de información y la consideración de “trato vejatorio” cuando las empresas llamen a la casa del consumidor fuera del horario laboral para ofrecerte bienes y servicios.
Defensor del Cliente: se crea la figura del defensor del cliente en las empresas, constituyendo una instancia voluntaria, gratuita y extrajudicial, cuyo representante actúe con independencia y autonomía.
Metrología Legal: amplía la facultad para realizar ensayos, (actualmente sólo tiene la facultad el INTI), para que se pueda ampliar a otros laboratorios públicos o privados, y que se reconozcan ensayos realizados en el exterior.
Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación: promueve el uso masivo de firma digital, del expediente electrónico y despapelización en sus dependencias y jurisdicciones, cumpliendo el plan de modernización federal.
Así, todos los expedientes administrativos en sedes federales tramitarán por el Sistema de Gestión Documental Electrónico y la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) es el medio de interacción del ciudadano con la Administración Pública Nacional.
Simplificación Normativa General: este Decreto regula las buenas prácticas para la normativa y regulación de la Administración Pública Nacional, establece pautas de simplificación normativa para cada norma reglamento dictado a futuro, que pasan a ser como principios legales, derechos en favor de los ciudadanos y como tales exigibles a futuro.
Subastar: reglamenta el régimen nacional de Compras y Contrataciones mediante la obligatoriedad de uso del nuevo sistema digital para subastas públicas “SUBAST.AR”. La nueva plataforma incorpora mayor tecnología digital a los trámites, actuaciones y procedimientos de subasta pública. Les da mayor nivel de eficiencia, transparencia, accesibilidad, control y seguridad en su tramitación.
Plataforma Firma Digital Remota: se crea esta plataforma, para generalizar uso de la firma digital gratuita y facilitar el trámite electrónico con el Estado. Esta iniciativa apunta a dotar de máxima seguridad jurídica y tecnológica a las transacciones electrónicas.
Además se creará la Secretaría de Simplificación Productiva, responsable de simplificar y aplicar los nuevos principios de gestión en la administración pública nacional.