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Economia

Cuáles son los aumentos de servicios y tarifas que vienen y cómo impactarán en los salarios y la inflación

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En los primeros meses del año hubo anuncios autorizados de subas en medicina prepaga, colegios privados y telefonía celular. A partir del segundo trimestre se definirán incrementos en gas y electricidad
A mediados de marzo comenzarán a definirse los aumentos para las tarifas de gas

En lo que va del año, ya se autorizaron varios aumentos en servicios y se espera para los próximos meses un ajuste en las tarifas. Por ejemplo, ya están anunciadas para mediados de marzo las audiencias públicas donde se analizaran los aumentos en el precio, el transporte y la distribución del gas. Desde el Gobierno trascendió que habrá tarifas de transición en el segundo trimestre del año y que, más adelante, las subas que se reflejen en el precio final que pagan los consumidores puedan ser segmentadas de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada usuario.

En los primeros meses del año hubo anuncios autorizados de subas en prepagas (3,5% a partir de marzo), colegios privados (entre 15% y 20% en el caso de los que reciben aporte estatal) y telefonía celular (hasta 7,5% para febrero y 2,5% para marzo).

Para marzo y abril, los aumentos de bienes y servicios regulados van a tener un fuerte impacto. Van a aumentar la inflación en la ciudad de Buenos Aires en 1 punto porcentual y 0,4 pp, respectivamente. Hay que retrotraerse a 2019 para encontrar un impacto de esa magnitud

En la ciudad de Buenos Aires, en los próximos días estarán vigentes aumentos en las tarifas de subtes, taxis, VTV y estacionamiento medido. En taxis, el alza será del 44% en dos tramos: uno desde marzo y el siguiente en abril. El servicio de subte tendrá un ajuste del 43%, también en dos etapas.

“Para marzo y abril, los incrementos de bienes y servicios regulados van a tener un fuerte impacto. Van a aumentar la inflación en la ciudad de Buenos Aires en 1 punto porcentual y 0,4 pp, respectivamente. Hay que retrotraerse a 2019 para encontrar un impacto de esa magnitud. A nivel nacional, se ve diluido porque muchos de los incrementos pautados son para CABA. Así, de base, agregarían 0,4 puntos en marzo y 0,2 en abril al IPC Nacional. Si el resto de las jurisdicciones replica los aumentos el impacto va a ser aún mayor”, detalló Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultora.

La telefonía celular fue uno de los aumentos autorizados en el comienzo del año (DPA)La telefonía celular fue uno de los aumentos autorizados en el comienzo del año (DPA)

En 2021 se están comenzando a “descongelar” una serie de tarifas -públicas y privadas- que se mantuvieron prácticamente fijas durante la pandemia. “Pero los aumentos previstos no resuelven el atraso. Es esperable que en los próximos meses las empresas sigan buscando más actualizaciones de tarifas. Lo cuál se contrapone con el objetivo del Gobierno de bajar la inflación y garantizar una recuperación del salario real”, agregó Caprarulo. Según las estimaciones de Analytica, las tarifas van a seguir contenidas este año y la inflación en 2021 cerrará en alrededor de 40 por ciento.

“El impacto directo de un reacomodamiento de los precios retrasados sobre el bolsillo de los consumidores puede ser limitado. Electricidad, gas y otros combustibles representa un 2,5% de la canasta de consumo y el transporte público un 4% en GBA. Sin embargo, no se puede soslayar el efecto indirecto. Las tarifas afectan de lleno a los costos logísticos y de transformación de la industria, y finalmente de modo indirecto terminan presionando por presión de costos los precios de los bienes y servicios”, explicó Pablo Besmedrisnik, director de la consultora Invenómica.

Las tarifas afectan de lleno a los costos logísticos y de transformación de la industria, y finalmente de modo indirecto terminan presionando por presión de costos los precios de los bienes y servicios (Pablo Besmedrisnik)

“El reacomodamiento de tarifas genera una primera ronda inmediata y directa de aumentos sobre el costo de vida de la población. Luego, hay una segunda ronda de ajustes, indirecta, más diluida en el tiempo, pero hasta más potente que la primera. En 2020 se terminó de configurar la tercera caída anual seguida en el salario real, y desde 2012 el ajuste en el poder adquisitivo del salario fue de alrededor de un 25% en los trabajadores privados registrados. Mientras que en los no registrados y en el sector público la caída es aún mayor”, agregó el economista.

La aceleración inflacionaria de los últimos meses hace prever que la caída del poder adquisitivo persistirá durante el 2021. La inflación anualizada promedio de los últimos 4 meses supera el 55% y con tendencia creciente. En diciembre de 2020 y enero 2021 fue del 60%. “Este escenario requiere necesariamente políticas macroeconómicas estabilizadoras inmediatas, y que tendrá ineludiblemente su correlato en la caída de los salarios reales. No parece ser posible que los nuevos acuerdos salariales se acerquen hoy a los parámetros inflacionarios que se aprecian en la actualidad. Sin embargo, vale mencionar que se espera que ocurra una gran divergencia sectorial en la evolución del salario real”, subrayó Besmedrisnik.

El ministro de Economía Martín Guzmán busca que los subsidios no aumenten en términos del PBIEl ministro de Economía Martín Guzmán busca que los subsidios no aumenten en términos del PBI

La incógnita es cuánto del atraso tarifario en los servicios públicos se trasladará este año a los usuarios. En servicios como luz y gas el congelamiento de las tarifas lleva casi dos años. Según trascendió desde el sector, en el caso del gas se está negociando con las empresas distribuidoras y transportadoras una recomposición que se traduciría en un aumento de entre 7% y 9% en la factura que reciben los usuarios. Mientras que el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que buscará que los subsidios no aumenten en términos del PBI.

“La suba o no suba de las tarifas naturalmente tiene que ver con el impacto fiscal. Los retrasos son obvios desde el punto de vista legal y económico, lo que provoca un deterioro de las inversiones y, luego, del servicio. El atraso siempre es discutible, con dos años de congelamiento, con cualquier indicador o índice que se tome en cuenta, en transporte y distribución puede ser entre 80% y 110% para volver al nivel de el segundo semestre de 2019. El atraso es muy importante y una bomba de tiempo″, detalló Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Los retrasos en las tarifas son obvios desde el punto de vista legal y económico, lo que provoca un deterioro de las inversiones y, luego, del servicio (Santiago Urbiztondo)

En el caso de los servicios públicos regulados, el costo final de la tarifas incluye un tercio del costo de transporte y distribución, un tercio que corresponde al precio de la energía y el resto a impuestos. Un aumento de 9% en el total significa al menos un aumento del 20% al 25% para la parte correspondiente a transporte y distribución.

Con todo, la situación económica de este año deja poco margen para sostener un congelamiento de tarifas o incrementar los subsidios. “A fines de 2015, las tarifas que se pagaban cubrían entre 15% y 20% de los costos. Todavía no estamos en esa situación, pero en ese momento la situación fiscal era más holgada. El margen de 2021 es infinitamente menor; además, la inflación se va a acelerando mientras que en 2015, según las estimaciones privadas, rondaba entre 20% y 25% anual hoy se espera cerca del doble”, subrayó el economista.

FUENTE INFOBAE

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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Tras el nuevo “cepo” del BCRA, sube el blue y las sociedades de Bolsa suspendieron la venta de dólares

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El Banco Central limitó desde este viernes 13 aún más la operatoria de los dólares financieros.

La disposición del Banco Central para ponerle fin a los inversores que hacían “rulo” con el dólar, especialmente arbitrando dólar Contado Con Liqui y dólar Bolsa o MEP, disparó el valor de la divisa paralela, al tiempo que las Sociedades de Bolsa suspendieron la venta de la moneda extranjera.

El BCRA puso una nueva barrera a aquellos que operan con dólares financieros.

Para adecuarse a las nuevas restricciones que implementó el Banco Central a las operaciones con el dólar CCL, las sociedades de bolsa suspendieron su actividad y se estima que recién la semana que viene volverían a estar funcionando con normalidad, informaron desde el sector.

En las últimas semanas, el BCRA perdió más de u$s 1.000 millones en reservas, al intentar controlar el mercado cambiario.

El BCRA limita operaciones con dólares financieros, que incluyen prohibir el envío de divisas al exterior a cuentas de terceros, y normas destinadas a controlar la operatoria del contado con liquidación (CCL).

BLUE

El dólar blue sube otros 1,50 centavos este viernes a $ 181, con lo que suma su segunda alza consecutiva, en la city porteña.

Hace dos semanas había tocado los $ 185 y en octubre de 2020 había alcanzado su valor máximo de $ 195. La brecha sigue por encima del 80% con respecto al dólar oficial.

  • DÓLAR BLUE $ 181
  • DÓLAR OFICIAL PROMEDIO $ 102.50
  • DÓLAR BOLSA $ 170.75
  • CONTADO CON LIQUI $169.75
  • DÓLAR SOLIDARIO $ 168.30

FUENTE : LA VOZ DEL INTERIOR

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