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CUANDO TE AVISAN PERO NO ACTUAS

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El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos

El archipiélago de Turks and Caicos, un paraíso natural y fiscal, en el océano Atlántico.

Un año y medio antes que la causa de los cuadernos expusiera las maniobras de lavado de dinero del ex secretario privado Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, a través de millonarias operaciones con lujosas propiedades en Estados Unidos, las autoridades de este país ya habían puesto la lupa sobre uno de los cinco prófugos con pedido de captura internacional que aún tiene ese expediente: Sean Lawrence Sullivan.

Este ciudadano norteamericano fue identificado en la investigación judicial que conmovió el escenario político en 2018 por varios arrepentidos -entre ellos la propia Pochetti- como el desarrollador inmobiliario contactado por el entorno de la pareja para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas caribeñas Turks and Caicos. Los fondos provenían de coimas por la obra pública cobradas durante el gobierno kirchnerista.

La orden de captura nacional e internacional fue dictada el 1 marzo del 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio para indagarlo en el expediente contra Muñoz, anexo a la causa de los cuadernos de las coimas. Fue ratificada por el actual magistrado de la causa Marcelo Martínez de Giorgi. Pese a que Sullivan seguiría viviendo en Estados Unidos, aún no fue detenido por las autoridades de ese país, y el alerta de Interpol sigue vigente.

Sullivan aparece en un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés), denominado sin sutilezas Kleptocracy. El término en inglés por cleptocracia sirve para definir la institucionalización de la corrupción y del robo, en beneficio de los gobernantes. Se trata de un resumen semanal en el que esa agencia norteamericana recoge las principales alertas bancarias recibidas en días previos. En este caso, se refería al período del 10 al 16 de marzo de 2017.

El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado "Cleptocracia", al que tuvo acceso Infobae.El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado “Cleptocracia”, al que tuvo acceso Infobae.

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante ese organismo de los Estados Unidos, para ayudar a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero u otros delitos económicos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 110 medios de todo el mundo. Entre ellos, InfobaeLa Nación y Perfil, de Argentina.

Bajo el título “Individuo vinculado al escándalo de lavado de dinero de ex presidentes realiza transacciones”, en ese documento llamado Kleptocracy se señala que el Citibank emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o SAR en inglés) que involucra, entre otros, a Sullivan por giros por más de USD 1 millón, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2016. El alerta bancario reportado ante la FinCEN se generó por la “actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner”.

Según fuentes consultadas por Infobaeen el expediente de la causa judicial contra Muñoz, Pochetti y su entorno no consta la información registrada en 2017 por la FinCEN en relación a Sullivan.

El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

El “comprador” del Regalia 23

Las últimas transacciones reportadas por la FinCEN fueron justo antes de que Sullivan apareciera como comprador de un lujoso condominio de Muñoz-Pochetti en Miami, la Unidad 23 del Regalia, por USD 10.700.000. La operación se concretó el 3 de enero de 2017 con una firma constituida pocos días antes, Regalia 23 LLC, registrada por Sullivan en el estado de Florida.

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Los prestanombres de Muñoz-Pochetti identificaron ese departamento como el que usaba el matrimonio en sus estadías en la ciudad de Miami. Valuado actualmente en USD 5 millones, está ubicado sobre la Av Collins 19575, tiene 470 metros cuadrados y cinco baños.

Sullivan vendió ese inmueble a otra firma, apenas tres días después de haberlo comprado por USD 9.400.000, un valor inferior al que él lo había adquirido, según la información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa judicial.

El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.

En el documento secreto de la FinCEN, elaborado dos meses y medio después de esa operación realizada por Sullivan, figura que el inmueble “estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner” y que fiscales federales en Argentina estaban en ese momento “investigando a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami”.

A través de distintos prestanombres y empresas pantalla, Muñoz y Pochetti habían adquirido en Estados Unidos 16 inmuebles – 14 en Miami y 2 en Nueva York- con dinero provenientes de coimas cobradas durante el gobierno kirchnerista. El ex secretario privado tuvo durante muchos años acceso privilegiado al matrimonio presidencial, lo que le permitió engrosar de manera llamativa su fortuna, tanto en el país como en el exterior.

La “venta” en tiempo récord de la Unidad 23 del Regalia fue en simultáneo a la de varios de esos departamentos de los que Pochetti y su entorno buscaron desprenderse rápidamente para sacar el dinero de Estados Unidos, especialmente entre 2015 y 2017, alertados por las investigaciones por blanqueo de dinero en marcha.

A través de la venta de esos inmuebles y triangulaciones de dinero por distintas jurisdicciones, “obtuvieron una suma cercana a los USD 73 millones, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario”, según estableció el juez Bonadio al procesarlos por lavado en agosto del año pasado.

Casi la mitad de ese dinero se canalizó en un desarrollo inmobiliario en el archipiélago de Turks and Caicos que estaría a cargo de Sullivan. Así lo contó la viuda de Muñoz en su confesión del 24 de enero del año pasado. “La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de (otro abogado Charles) Serfaty, en Miami”.

No fue la única que sugirió que Sullivan se habría quedado con parte del dinero de la inversión. También lo dijo su primo Carlos Gellert, otro de los prestanombres de Muñoz que se arrepintió en la causa, y el abogado Anthony D’Aniello en su descargo. Este abogado fue uno de los que viajó a Argentina para armar el negocio de los herederos de Muñoz. A diferencia de Sullivan, fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos y está a la espera del trámite de extradición a la Argentina.

“Las tierras hoy no sé si están a nombre de las sociedades o Sullivan u otra sociedad. El proyecto no se llevó adelante o no se pudo realizar”, afirmó Pochetti.

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).

Sin cooperación de Estados Unidos

Pese a que la orden de captura internacional contra Sullivan sigue vigente, no hizo hasta ahora ninguna presentación en la causa, ni siquiera para pedir la exención de prisión. De 57 años y profesión abogado, este desarrollador inmobiliario figura en Internet con domicilio en Boca Ratón, en el estado de Florida. En el reporte confidencial de la FinCEN, aparece reportado junto a su mujer Sarah.

Vinculado a 13 empresas, según la base de datos Nexis, tanto este inversor como sus negocios fueron objeto de 23 sentencias y embargos, desde 1990, casi todos en el estado de Massachusetts, aunque también Nueva Jersey y Florida.

Hasta ahora, la Justicia argentina no obtuvo la cooperación de las autoridades de Estados Unidos para lograr su captura o avanzar con el expediente contra la viuda de Muñoz y su entorno. El juez Martínez De Giorgi aún no pudo conocer detalles de la investigación abierta por las autoridades de ese país por la maniobra de lavado que tuvieron lugar en territorio norteamericano. Pese a que todo indica que sigue viviendo en ese país, aún no fue detenido por las fuerzas de seguridad. Fuentes judiciales deslizaron la posibilidad de que las autoridades apuesten a algún acuerdo a cambio de información sobre posibles maniobras de lavado de dinero.

Martínez De Giorgi sí logró – vía exhorto judicial- que las autoridades de Turks and Caicos inmovilizaran una de las cuatro parcelas y está a la espera de que dispongan los mismo sobre otras tres. El objetivo es intentar recuperar los USD 30 millones que se invirtieron en los terrenos en esas islas caribeñas que, por estar ubicados en un parque nacional, nunca vieron concretarse el exclusivo resort de lujo.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

INFOBAE

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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