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CUANDO TE AVISAN PERO NO ACTUAS

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El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos

El archipiélago de Turks and Caicos, un paraíso natural y fiscal, en el océano Atlántico.

Un año y medio antes que la causa de los cuadernos expusiera las maniobras de lavado de dinero del ex secretario privado Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, a través de millonarias operaciones con lujosas propiedades en Estados Unidos, las autoridades de este país ya habían puesto la lupa sobre uno de los cinco prófugos con pedido de captura internacional que aún tiene ese expediente: Sean Lawrence Sullivan.

Este ciudadano norteamericano fue identificado en la investigación judicial que conmovió el escenario político en 2018 por varios arrepentidos -entre ellos la propia Pochetti- como el desarrollador inmobiliario contactado por el entorno de la pareja para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas caribeñas Turks and Caicos. Los fondos provenían de coimas por la obra pública cobradas durante el gobierno kirchnerista.

La orden de captura nacional e internacional fue dictada el 1 marzo del 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio para indagarlo en el expediente contra Muñoz, anexo a la causa de los cuadernos de las coimas. Fue ratificada por el actual magistrado de la causa Marcelo Martínez de Giorgi. Pese a que Sullivan seguiría viviendo en Estados Unidos, aún no fue detenido por las autoridades de ese país, y el alerta de Interpol sigue vigente.

Sullivan aparece en un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés), denominado sin sutilezas Kleptocracy. El término en inglés por cleptocracia sirve para definir la institucionalización de la corrupción y del robo, en beneficio de los gobernantes. Se trata de un resumen semanal en el que esa agencia norteamericana recoge las principales alertas bancarias recibidas en días previos. En este caso, se refería al período del 10 al 16 de marzo de 2017.

El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado "Cleptocracia", al que tuvo acceso Infobae.El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado “Cleptocracia”, al que tuvo acceso Infobae.

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante ese organismo de los Estados Unidos, para ayudar a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero u otros delitos económicos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 110 medios de todo el mundo. Entre ellos, InfobaeLa Nación y Perfil, de Argentina.

Bajo el título “Individuo vinculado al escándalo de lavado de dinero de ex presidentes realiza transacciones”, en ese documento llamado Kleptocracy se señala que el Citibank emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o SAR en inglés) que involucra, entre otros, a Sullivan por giros por más de USD 1 millón, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2016. El alerta bancario reportado ante la FinCEN se generó por la “actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner”.

Según fuentes consultadas por Infobaeen el expediente de la causa judicial contra Muñoz, Pochetti y su entorno no consta la información registrada en 2017 por la FinCEN en relación a Sullivan.

El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

El “comprador” del Regalia 23

Las últimas transacciones reportadas por la FinCEN fueron justo antes de que Sullivan apareciera como comprador de un lujoso condominio de Muñoz-Pochetti en Miami, la Unidad 23 del Regalia, por USD 10.700.000. La operación se concretó el 3 de enero de 2017 con una firma constituida pocos días antes, Regalia 23 LLC, registrada por Sullivan en el estado de Florida.

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Los prestanombres de Muñoz-Pochetti identificaron ese departamento como el que usaba el matrimonio en sus estadías en la ciudad de Miami. Valuado actualmente en USD 5 millones, está ubicado sobre la Av Collins 19575, tiene 470 metros cuadrados y cinco baños.

Sullivan vendió ese inmueble a otra firma, apenas tres días después de haberlo comprado por USD 9.400.000, un valor inferior al que él lo había adquirido, según la información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa judicial.

El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.

En el documento secreto de la FinCEN, elaborado dos meses y medio después de esa operación realizada por Sullivan, figura que el inmueble “estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner” y que fiscales federales en Argentina estaban en ese momento “investigando a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami”.

A través de distintos prestanombres y empresas pantalla, Muñoz y Pochetti habían adquirido en Estados Unidos 16 inmuebles – 14 en Miami y 2 en Nueva York- con dinero provenientes de coimas cobradas durante el gobierno kirchnerista. El ex secretario privado tuvo durante muchos años acceso privilegiado al matrimonio presidencial, lo que le permitió engrosar de manera llamativa su fortuna, tanto en el país como en el exterior.

La “venta” en tiempo récord de la Unidad 23 del Regalia fue en simultáneo a la de varios de esos departamentos de los que Pochetti y su entorno buscaron desprenderse rápidamente para sacar el dinero de Estados Unidos, especialmente entre 2015 y 2017, alertados por las investigaciones por blanqueo de dinero en marcha.

A través de la venta de esos inmuebles y triangulaciones de dinero por distintas jurisdicciones, “obtuvieron una suma cercana a los USD 73 millones, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario”, según estableció el juez Bonadio al procesarlos por lavado en agosto del año pasado.

Casi la mitad de ese dinero se canalizó en un desarrollo inmobiliario en el archipiélago de Turks and Caicos que estaría a cargo de Sullivan. Así lo contó la viuda de Muñoz en su confesión del 24 de enero del año pasado. “La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de (otro abogado Charles) Serfaty, en Miami”.

No fue la única que sugirió que Sullivan se habría quedado con parte del dinero de la inversión. También lo dijo su primo Carlos Gellert, otro de los prestanombres de Muñoz que se arrepintió en la causa, y el abogado Anthony D’Aniello en su descargo. Este abogado fue uno de los que viajó a Argentina para armar el negocio de los herederos de Muñoz. A diferencia de Sullivan, fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos y está a la espera del trámite de extradición a la Argentina.

“Las tierras hoy no sé si están a nombre de las sociedades o Sullivan u otra sociedad. El proyecto no se llevó adelante o no se pudo realizar”, afirmó Pochetti.

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).

Sin cooperación de Estados Unidos

Pese a que la orden de captura internacional contra Sullivan sigue vigente, no hizo hasta ahora ninguna presentación en la causa, ni siquiera para pedir la exención de prisión. De 57 años y profesión abogado, este desarrollador inmobiliario figura en Internet con domicilio en Boca Ratón, en el estado de Florida. En el reporte confidencial de la FinCEN, aparece reportado junto a su mujer Sarah.

Vinculado a 13 empresas, según la base de datos Nexis, tanto este inversor como sus negocios fueron objeto de 23 sentencias y embargos, desde 1990, casi todos en el estado de Massachusetts, aunque también Nueva Jersey y Florida.

Hasta ahora, la Justicia argentina no obtuvo la cooperación de las autoridades de Estados Unidos para lograr su captura o avanzar con el expediente contra la viuda de Muñoz y su entorno. El juez Martínez De Giorgi aún no pudo conocer detalles de la investigación abierta por las autoridades de ese país por la maniobra de lavado que tuvieron lugar en territorio norteamericano. Pese a que todo indica que sigue viviendo en ese país, aún no fue detenido por las fuerzas de seguridad. Fuentes judiciales deslizaron la posibilidad de que las autoridades apuesten a algún acuerdo a cambio de información sobre posibles maniobras de lavado de dinero.

Martínez De Giorgi sí logró – vía exhorto judicial- que las autoridades de Turks and Caicos inmovilizaran una de las cuatro parcelas y está a la espera de que dispongan los mismo sobre otras tres. El objetivo es intentar recuperar los USD 30 millones que se invirtieron en los terrenos en esas islas caribeñas que, por estar ubicados en un parque nacional, nunca vieron concretarse el exclusivo resort de lujo.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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Caso Maldonado: la Justicia sobreseyó a los gendarmes investigados por la muerte del artesano

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El juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Santiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río ChubutSantiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Así empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de CushamenAsí empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de Cushamen

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

Para el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de MaldonadoPara el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de Maldonado

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

El juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de MaldonadoEl juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de Maldonado

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

Infobae

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Atentado a Cristina Kirchner: la jueza descartó vínculos políticos y envió a juicio a los tres acusados

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió la agencia Télam.

atentado cfk

Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado.

“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Gastón Marano.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.

Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

 

Atentado a CFK: cómo sigue la causa

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la Vicepresidenta, por su parte, reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”.

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.

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Se viene el IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial

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Mar del Plata será sede del IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.

A 40 años de la recuperación de la democracia, el plenario se llevará a cabo en el Hotel Presidente Perón, de Tucumán 2662, bajo la denominación “Justicia y sociedad, luces y sombras de un poder del primer Estado Argentino”.

Comprometieron su presencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, el procurador General de la Corte, Autoridades de la Federación de la Magistratura y Función Judicial, el intendente Montenegro, autoridades de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de todos los Departamentos judiciales bonaerenses y más de 500 jueces y funcionarios de la Provincia.

Este Congreso es organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS)

 

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