Connect with us

Judiciales

CUANDO TE AVISAN PERO NO ACTUAS

Published

on

El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos

El archipiélago de Turks and Caicos, un paraíso natural y fiscal, en el océano Atlántico.

Un año y medio antes que la causa de los cuadernos expusiera las maniobras de lavado de dinero del ex secretario privado Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, a través de millonarias operaciones con lujosas propiedades en Estados Unidos, las autoridades de este país ya habían puesto la lupa sobre uno de los cinco prófugos con pedido de captura internacional que aún tiene ese expediente: Sean Lawrence Sullivan.

Este ciudadano norteamericano fue identificado en la investigación judicial que conmovió el escenario político en 2018 por varios arrepentidos -entre ellos la propia Pochetti- como el desarrollador inmobiliario contactado por el entorno de la pareja para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas caribeñas Turks and Caicos. Los fondos provenían de coimas por la obra pública cobradas durante el gobierno kirchnerista.

La orden de captura nacional e internacional fue dictada el 1 marzo del 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio para indagarlo en el expediente contra Muñoz, anexo a la causa de los cuadernos de las coimas. Fue ratificada por el actual magistrado de la causa Marcelo Martínez de Giorgi. Pese a que Sullivan seguiría viviendo en Estados Unidos, aún no fue detenido por las autoridades de ese país, y el alerta de Interpol sigue vigente.

Sullivan aparece en un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés), denominado sin sutilezas Kleptocracy. El término en inglés por cleptocracia sirve para definir la institucionalización de la corrupción y del robo, en beneficio de los gobernantes. Se trata de un resumen semanal en el que esa agencia norteamericana recoge las principales alertas bancarias recibidas en días previos. En este caso, se refería al período del 10 al 16 de marzo de 2017.

El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado "Cleptocracia", al que tuvo acceso Infobae.El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado “Cleptocracia”, al que tuvo acceso Infobae.

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante ese organismo de los Estados Unidos, para ayudar a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero u otros delitos económicos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 110 medios de todo el mundo. Entre ellos, InfobaeLa Nación y Perfil, de Argentina.

Bajo el título “Individuo vinculado al escándalo de lavado de dinero de ex presidentes realiza transacciones”, en ese documento llamado Kleptocracy se señala que el Citibank emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o SAR en inglés) que involucra, entre otros, a Sullivan por giros por más de USD 1 millón, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2016. El alerta bancario reportado ante la FinCEN se generó por la “actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner”.

Según fuentes consultadas por Infobaeen el expediente de la causa judicial contra Muñoz, Pochetti y su entorno no consta la información registrada en 2017 por la FinCEN en relación a Sullivan.

El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

El “comprador” del Regalia 23

Las últimas transacciones reportadas por la FinCEN fueron justo antes de que Sullivan apareciera como comprador de un lujoso condominio de Muñoz-Pochetti en Miami, la Unidad 23 del Regalia, por USD 10.700.000. La operación se concretó el 3 de enero de 2017 con una firma constituida pocos días antes, Regalia 23 LLC, registrada por Sullivan en el estado de Florida.

infobae-image

Los prestanombres de Muñoz-Pochetti identificaron ese departamento como el que usaba el matrimonio en sus estadías en la ciudad de Miami. Valuado actualmente en USD 5 millones, está ubicado sobre la Av Collins 19575, tiene 470 metros cuadrados y cinco baños.

Sullivan vendió ese inmueble a otra firma, apenas tres días después de haberlo comprado por USD 9.400.000, un valor inferior al que él lo había adquirido, según la información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa judicial.

El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.

En el documento secreto de la FinCEN, elaborado dos meses y medio después de esa operación realizada por Sullivan, figura que el inmueble “estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner” y que fiscales federales en Argentina estaban en ese momento “investigando a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami”.

A través de distintos prestanombres y empresas pantalla, Muñoz y Pochetti habían adquirido en Estados Unidos 16 inmuebles – 14 en Miami y 2 en Nueva York- con dinero provenientes de coimas cobradas durante el gobierno kirchnerista. El ex secretario privado tuvo durante muchos años acceso privilegiado al matrimonio presidencial, lo que le permitió engrosar de manera llamativa su fortuna, tanto en el país como en el exterior.

La “venta” en tiempo récord de la Unidad 23 del Regalia fue en simultáneo a la de varios de esos departamentos de los que Pochetti y su entorno buscaron desprenderse rápidamente para sacar el dinero de Estados Unidos, especialmente entre 2015 y 2017, alertados por las investigaciones por blanqueo de dinero en marcha.

A través de la venta de esos inmuebles y triangulaciones de dinero por distintas jurisdicciones, “obtuvieron una suma cercana a los USD 73 millones, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario”, según estableció el juez Bonadio al procesarlos por lavado en agosto del año pasado.

Casi la mitad de ese dinero se canalizó en un desarrollo inmobiliario en el archipiélago de Turks and Caicos que estaría a cargo de Sullivan. Así lo contó la viuda de Muñoz en su confesión del 24 de enero del año pasado. “La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de (otro abogado Charles) Serfaty, en Miami”.

No fue la única que sugirió que Sullivan se habría quedado con parte del dinero de la inversión. También lo dijo su primo Carlos Gellert, otro de los prestanombres de Muñoz que se arrepintió en la causa, y el abogado Anthony D’Aniello en su descargo. Este abogado fue uno de los que viajó a Argentina para armar el negocio de los herederos de Muñoz. A diferencia de Sullivan, fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos y está a la espera del trámite de extradición a la Argentina.

“Las tierras hoy no sé si están a nombre de las sociedades o Sullivan u otra sociedad. El proyecto no se llevó adelante o no se pudo realizar”, afirmó Pochetti.

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).

Sin cooperación de Estados Unidos

Pese a que la orden de captura internacional contra Sullivan sigue vigente, no hizo hasta ahora ninguna presentación en la causa, ni siquiera para pedir la exención de prisión. De 57 años y profesión abogado, este desarrollador inmobiliario figura en Internet con domicilio en Boca Ratón, en el estado de Florida. En el reporte confidencial de la FinCEN, aparece reportado junto a su mujer Sarah.

Vinculado a 13 empresas, según la base de datos Nexis, tanto este inversor como sus negocios fueron objeto de 23 sentencias y embargos, desde 1990, casi todos en el estado de Massachusetts, aunque también Nueva Jersey y Florida.

Hasta ahora, la Justicia argentina no obtuvo la cooperación de las autoridades de Estados Unidos para lograr su captura o avanzar con el expediente contra la viuda de Muñoz y su entorno. El juez Martínez De Giorgi aún no pudo conocer detalles de la investigación abierta por las autoridades de ese país por la maniobra de lavado que tuvieron lugar en territorio norteamericano. Pese a que todo indica que sigue viviendo en ese país, aún no fue detenido por las fuerzas de seguridad. Fuentes judiciales deslizaron la posibilidad de que las autoridades apuesten a algún acuerdo a cambio de información sobre posibles maniobras de lavado de dinero.

Martínez De Giorgi sí logró – vía exhorto judicial- que las autoridades de Turks and Caicos inmovilizaran una de las cuatro parcelas y está a la espera de que dispongan los mismo sobre otras tres. El objetivo es intentar recuperar los USD 30 millones que se invirtieron en los terrenos en esas islas caribeñas que, por estar ubicados en un parque nacional, nunca vieron concretarse el exclusivo resort de lujo.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

INFOBAE

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Judiciales

LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

Published

on

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Continue Reading

Judiciales

LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

Published

on

Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

Continue Reading

Judiciales

LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

Published

on

El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Continue Reading

Más Vistas