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Cuatro policias detenidos acusados de torturar a menores

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La Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación de los cuatro efectivos, identificados como Ariel Marcelo Estévez Pitrau, Sandra Vanesa Cano, Jonathan Elías Cabrera y Micaela Agustina Estigarribia.

Los policías están imputados por los delitos de “privación ilegal de la libertad, agravado y torturas”.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre cuando tras un llamado al 911 efectivos de la Comisaría Sexta arribaron a una casa de Río Negro al 9000, donde una mujer denunció que su hijo de 14 años estaba herido tras haber sido golpeado por policías.

La madre contó que su hijo estaba con un amigo -también menor de edad- en inmediaciones de las calles 210 y Berutti cuando fueron interceptados por un patrullero para identificarlos. Enseguida arribó otro móvil policial y descendió un efectivo que, sin mediar palabra, comenzó a golpearlo, lo esposó y lo llevó hacia un descampado, donde finalmente lo dejó ir junto a su amigo.

El fiscal de turno Alejandro Pellegrinelli dispuso una serie de medidas, entre ellas realizar el reconocimiento médico legal a los menores, cuyo resultó arrojo concordancia con los dichos de las víctimas.

La Justicia abrió una causa por “vejaciones y apremios ilegales” que fue remitida al fiscal Juan Pablo Lódola, quien luego de recolectar pruebas contundentes solicitó a la Justicia de Garantías la detención de los policías.

La medida se llevó a cabo este martes a la mañana y del operativo participaron personal del CATI junto a efectivos de DDI y la Departamental. Los investigadores secuestraron armas reglamentarias, teléfonos y una escopeta.

Los efectivos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán y las mujeres policías al Destacamento femenino.

 

AhoraMardelPlata

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MDP : CIAGESER va por la segunda caja del presupuesto municipal

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No hay mejor trampa que una licitación pública armada con precios de cartelización. El equipo de Montenegro lo sabe. Ya la incidencia se convierte en el avance que afecta a los trabajadores muncipales que han perdido el 42 % de poder adquisitivo en los tres últimos años, 2020, 2021 y 2022. Así es la distribución de la recaudación de los contribuyentes marplatenses, que política y hasta caprichosamente ha decidido el intendente municipal. Debe contabilizarse tambien la caida y la precariedad de los servicios que presta la municipalidad que marchan en una constante declinación. En pocos días más cuando se vote el presupuesto 2023 Juntos Por el Cambio estará aprobando la transferencia más grande del sector público a manos privadas.

El intendente Montenegro buscará a fin de año obsequiarle a las empresas Ciageser y Esur, ambas integrantes del grupo empresario que lidera la recolectora Transportes 9 de Julio, el monopolio absoluto de la basura en Mar del Plata.

El pesebre improvisado junto al arbolito del Emsur no tendría otra intención que asegurar el financiamiento de la campaña electoral 2023, replicando el histórico modelo del PRO capitalino donde el grupo Roggio tiene preeminencia en la recolección y disposición de residuos, entre otros millonarios contratos.

Esta maniobra empezó a urdirse a mediados de 2021 cuando de manera graciosa Montenegro decidió otorgarle a esas empresas la operación del predio de disposición de residuos, a través de una insólita y sospechosa contratación directa. Jugaron en esa liga los Camioneros de Pablo Moyano,  con la inestimable ayuda del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, también basurero y funcionario designado por Larreta en el Ceamse.

Fue ese el primer y decidido paso del gambito que los tres Reyes Magos (Montenegro, Rabinovich y Lence) buscan coronar a partir del próximo 27 de diciembre, entre gallos de nochebuena y y Año Nuevo que al fin y al cabo a nadie le importa dónde tira los residuos Papá Noel, regalándole a los empresarios “amigos” el monopolio de la basura en perjuicio de las arcas municipales. Los zapatitos de Ciageser y Esur prolijamente esperando que los reyes les traigan el regalo prometido en los primeros días de enero.

“Muchachos, ni se molesten en presentarse porque la licitación ya tiene dueño” es lo que aseguran indolentes desde el mismo municipio para no jugar con fantasías infantiles. Es que, con más presencia -y tal vez contaminación- visual que todos los emblemas culturales y turísticos de Mar del Plata, la empresa Ciageser busca alzarse con el millonario negocio de la disposición final de residuos, para así evitar cualquier control -hoy tampoco nadie controla- respecto de los volúmenes de residuos ingresados por esa empresa, y que debería pagarle al municipio para su disposición.

Dejaría de tal suerte de existir cualquier posibilidad de control cruzado, mientras que sería imposible verificar si Transportes 9 de Julio cumple o no su contrato.

Ciageser desembarcó en estas costas allá por el año 2009 como un apéndice de Transportes 9 de Julio SA, empresa que desde hace 30 años acapara el negocio de limpieza urbana y recolección de residuos, en contrataciones sucesivas y siempre polémicas con el Municipio.

Esta empresa había conseguido en aquellos años hacer aprobar una ordenanza que ponía en cabeza de los generadores privados (gastronómicos, hoteles, supermercados, etc.) la obligación de contratar servicios particulares de recolección de residuos cuando sus desechos superaran los 20 kilos, un umbral mínimo casi ridículo en comparación con otras ciudades.

El negocio así concebido se cerraba a través del control que debían efectuar los inspectores municipales, funcionarios de la la misma inspección que por contrato cuenta desde siempre con una oficina dentro de la propia empresa recolectora.

Dicho de otra manera: los inspectores que labraban las actas de infracción -o las evitaban- indicaban la contratación del servicio particular de retiro de basura por parte de Transportes 9 de Julio SA. Habían logrado así, junto con los funcionarios municipales, reprivatizar el servicio de recolección.

Conscientes de la posición dominante en el mercado y para ahuyentar sospechas, Transportes 9 de Julio SA decidió cederle la facturación a Ciageser, subsidiaria de la misma empresa recolectora. La vinculación entre ambas sociedades -si bien escondida en su compleja ingeniería jurídica- fue siempre evidente. Nelson Iturrieta es el presidente de Ciageser, mientras que su hermano Miguel Iturrieta, es el histórico apoderado de Transportes 9 de Julio, a quien el intendente Montenegro con precisión suiza le reconoce millonarios incrementos por el servicio de higiene urbana.

Ciageser, en UTE con Esur -otra empresa constituida por Transportes 9 de Julio-, busca ahora resolver  la irregularidad jurídica que conlleva la inescrupulosa contratación directa por medio de una licitación ‘amañada’ para ellas: es la primera vez en la historia, en toda la literatura universal, que empresas de recolección sin experiencia en disposición califiquen para participar en una licitación para operar un relleno sanitario. Mar del Plata ‘for export’.

Es claro que para lograr tamaña aberración jurídica, una ilegalidad que logra conmover todos los libros de derecho administrativo, Montenegro hubo de pagar bien caro la onerosa excentricidad del basquetbolista de la UATRE, Nicolás Lauría, y la impostada ‘ética de la responsabilidad radical’ que entonces vendió Maximiliano Abad haciendo desempatar a su esposa, presidente del Concejo Deliberante.

Casi como si Marina Sánchez Herrero, abogada con pasado en el Consejo de la Magistratura, no aspirara a negociar con el kirchnerismo su ingreso a la Corte de Justicia provincial. ¿El Derecho?, bien gracias.

Así, mientras los marplatenses se entretienen con el mundial y palpitan una temporada turística récord, el ojo entrenado de quienes ven más allá de la fingida gestualidad del vecino de San Isidro puede ahora advertir cómo la ciudad más querida por los argentinos empieza a cambiar de manos. Hoy la omnipresencia ya no pertenece más a aquel intrépido empresario al que todos besaban el anillo, sino ¡triste destino! al monopolio de una empresa de basura.

Mar del Plata se ofrece hoy atestada de contenedores de basura, desbordados de deshechos y chorreantes de lixiviado, ensuciando veredas y degradando comercios, ocupando plazas de estacionamiento vehicular, entorpeciendo el tránsito y con una publicidad en la vía pública exagerada y sin control. Mientras los empresarios gastronómicos y textiles son perseguidos por la voracidad municipal que controla al centímetro la cartelería, Ciageser exhibe en enormes letras de molde su hedionda posición dominante.

FUENTE : MDP HOY . COM

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Judiciales

Camaristas explicaron por qué permitieron la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata

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Este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que prohibía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En ese marco, los jueces Alejandro Taza Eduardo Jiménez brindaron una conferencia de prensa, donde argumentaron su posición.

“La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en el marco de un proyecto que es más grande, superior, en base al aporte de nuevos informes brindados tanto por el Estado como de la empresa encargada de hacer este tipo de tareas, considerando que aquellos requisitos que hemos impuesto para preservar el medio ambiente estaban cumplidos“, expresó el juez Alejandro Taza.

En relación a la posibilidad que la decisión judicial sea apelada, Taza explicó: “Estamos en un proceso de amparo en el marco de una medida cautelar que había sido dictada por el juez en primera instancia, luego vino a la Cámara, se impusieron una serie de requisitos. El Estado y la empresa petrolera dieron respuesta a esos requisitos, la Cámara los analizó e impuso nuevas condiciones y autorizó al exploración petrolera que estaba programada oportunamente por el Estado como la empresa. En principio, es una decisión definitiva y las partes pueden interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, dijo.

En ese caso, “la Cámara debe analizar si es procedente o no y en su caso, conceder o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

“El Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado, eso es algo que le incumbe al poder político. Nuestras tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que se lleva a este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medio ambiente que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto, hemos hecho una serie de resoluciones  tendientes a preservar el medio ambiente de la mejor manera posible, procurando a que existan observadores y velando pro el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente de la Ballena Franca que se alimenta en esa zona y el fitoplancton. Hemos ordenado medidas de mitigación del impacto porque se hace a través de artefactos sonoros que pueden llegar a perturbar la tranquilidad o algún indicio de perturbación al medio ambiente, frente a cualquier situación que se produzca en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a tomar las medidas pertinentes que correspondieran”, aclaró.

En tanto, para el juez Eduardo Jiménez, justificó la decisión porque “nos enmarcamos en el mandato constitucional, que es de desarrollo sustentable y remarcó que la justicia “no va a interferir en la política de desarrollo del gobierno” pero “sí marcar pautas de resguardo” ambiental.

En ese análisis, argumentó que “YPF hace ese tipo de prospecciones desde hace 90 años, con bombeos de aire sonoros, para ver si el lugar es aceptable o no y con más de 138 procesos en marcha y no hay ningún accidente ecológico que se haya producido” y mencionó el CAN 114 y 08 “que están en zona de reproducción y alimentación” de las ballenas francas.

Asimismo, mencionó la zona del Agujero Azul, “que es donde descansan los restos del (crucero ARA) General Belgrano que tiene una media sanción para ser protegida” y “que es uno de los sectores de biodiversidad más importantes que tiene la República”.

Jiménez aclaró que con este fallo “se está explorando y no explotando” y que se impusieron “observadores calificados como los del proyecto Pampa Azul, con 9 universidades y 6 ministerios y están para la preservación del Mar Argentino”.

Si hubiera la posibilidad que los cetáceos murieren, se detiene el proceso“, remarcó Jimenez y dijo: “No quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga, tenemos que buscar un justo equilibrio para que no dañe los ecosistemas”, completó.

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La Justicia levantó la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera

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La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó este lunes la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera en el Mar Argentino, a 307 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

“Debe levantarse la medida cautelar oportunamente dispuesta, pues deben tenerse por cumplidos todos los requisitos establecidos por esta Cámara oportunamente”, señala el fallo.

La Cámara revocó la medida del juez de primera instancia Santiago Martín y autorizó la exploración offshore.

El Tribunal decidió “revocar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto consideró incumplidos los recaudos referidos a la participación de la APN (Administración de Parques Nacionales) y a la inclusión y valoración en forma conglobada de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”.

Los jueces de la Cámara dejaron “sin efecto la medida cautelar” y autorizaron “la continuidad en las actividades de prospección que involucran al proyecto”.

La Justicia estableció una serie de condiciones “esenciales” para ejecutar el proyecto. “Deberán incluirse, como observadores permanentes, a miembros del equipo Pampa Azul, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”, indicaron.

“Las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 km del sector que comprende la zona denominada Agujero Azul”, agregaron.

“Las actividades propias del proyecto deberán suspenderse inmediatamente, ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”, advirtieron.

DiezAhora

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