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CUENTA REGRESIVA PARA DEFINIR CAMBIOS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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Si antes del 15 de abril no se vota una ley o no se cumple con la vieja integración de 20 integrantes, el órgano encargado de administrar, seleccionar y sancionar jueces quedará inhabilitado por orden de la Corte.

Mientras la política se concentra en el acuerdo con el FMI que se envió la semana pasada al Congreso tras la apertura de sesiones, desde principios de diciembre de 2021 ingresó el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la integración del Consejo de la Magistratura que respete los estamentos.

Recordemos que el presidente Alberto Fernández pidió en su discurso del 1° de marzo por la reforma integral de la justicia. Apuntó contra la Corte y recordó el envío del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. De hecho estaba en el temario para las sesiones extraordinarias que naufragaron en el intento.

Ese proyecto contempla 17 integrantes: cuatro jueces del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.

El mismo además incluyó la paridad de género que hoy no se cumple y la duración de cuatro años en el cargo y con reelección una sola vez. Por otro lado desde la oposición también presentaron anteproyectos para debatir.

FUENTE : MDZOL.COM

 

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Camaristas explicaron por qué permitieron la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata

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Este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que prohibía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En ese marco, los jueces Alejandro Taza Eduardo Jiménez brindaron una conferencia de prensa, donde argumentaron su posición.

“La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en el marco de un proyecto que es más grande, superior, en base al aporte de nuevos informes brindados tanto por el Estado como de la empresa encargada de hacer este tipo de tareas, considerando que aquellos requisitos que hemos impuesto para preservar el medio ambiente estaban cumplidos“, expresó el juez Alejandro Taza.

En relación a la posibilidad que la decisión judicial sea apelada, Taza explicó: “Estamos en un proceso de amparo en el marco de una medida cautelar que había sido dictada por el juez en primera instancia, luego vino a la Cámara, se impusieron una serie de requisitos. El Estado y la empresa petrolera dieron respuesta a esos requisitos, la Cámara los analizó e impuso nuevas condiciones y autorizó al exploración petrolera que estaba programada oportunamente por el Estado como la empresa. En principio, es una decisión definitiva y las partes pueden interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, dijo.

En ese caso, “la Cámara debe analizar si es procedente o no y en su caso, conceder o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

“El Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado, eso es algo que le incumbe al poder político. Nuestras tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que se lleva a este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medio ambiente que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto, hemos hecho una serie de resoluciones  tendientes a preservar el medio ambiente de la mejor manera posible, procurando a que existan observadores y velando pro el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente de la Ballena Franca que se alimenta en esa zona y el fitoplancton. Hemos ordenado medidas de mitigación del impacto porque se hace a través de artefactos sonoros que pueden llegar a perturbar la tranquilidad o algún indicio de perturbación al medio ambiente, frente a cualquier situación que se produzca en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a tomar las medidas pertinentes que correspondieran”, aclaró.

En tanto, para el juez Eduardo Jiménez, justificó la decisión porque “nos enmarcamos en el mandato constitucional, que es de desarrollo sustentable y remarcó que la justicia “no va a interferir en la política de desarrollo del gobierno” pero “sí marcar pautas de resguardo” ambiental.

En ese análisis, argumentó que “YPF hace ese tipo de prospecciones desde hace 90 años, con bombeos de aire sonoros, para ver si el lugar es aceptable o no y con más de 138 procesos en marcha y no hay ningún accidente ecológico que se haya producido” y mencionó el CAN 114 y 08 “que están en zona de reproducción y alimentación” de las ballenas francas.

Asimismo, mencionó la zona del Agujero Azul, “que es donde descansan los restos del (crucero ARA) General Belgrano que tiene una media sanción para ser protegida” y “que es uno de los sectores de biodiversidad más importantes que tiene la República”.

Jiménez aclaró que con este fallo “se está explorando y no explotando” y que se impusieron “observadores calificados como los del proyecto Pampa Azul, con 9 universidades y 6 ministerios y están para la preservación del Mar Argentino”.

Si hubiera la posibilidad que los cetáceos murieren, se detiene el proceso“, remarcó Jimenez y dijo: “No quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga, tenemos que buscar un justo equilibrio para que no dañe los ecosistemas”, completó.

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Causa Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuán denunció a la ministra Tolosa Paz por incumplimiento de los deberes de funcionario público

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También la acuso de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”. A Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita le imputa los mismos delitos. Entiende que la titular del ministerio de Desarrollo Social no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios de ese programa con las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFI

El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por los presuntos delito de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Les reprocha no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.

El fiscal federal abrió una investigación preliminar después de que Infobae publicara el contenido de ese informe. Además solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.

La aclaración era por las críticas públicas que había realizado la ex diputada nacional. Aun conociendo la legislación -es contadora-, en conferencia de prensa dijo que la AFIP no había proporcionado la identidad de los titulares del plan social que, por ejemplo, tenían autos con menos de un año de antigüedad, había comprado dólares y disfrutaban de más de una propiedad. Todas incompatibilidades manifiestas.

El miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete., quien declaró por escrito: respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.

Manzur aclaró que, si bien conocía el contenido del trabajo de la AFIP sobre el listado de titulares del Potencial Trabajo, más de 1.300.000, y “los requisitos” para ser excluidos del programa, respondió: “De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

La “autoridad de aplicación” es el ministerio de Desarrollo Social al frente del cual está, desde el 13 de octubre, Tolosa Paz. La precedieron en el cargo Daniel Arroyo, y Juan Zabaleta.

Juan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo MarijuánJuan Manzur, jefe de Gabinete y Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declararon como testigos en la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán

Dentro de esa cartera, el Programa Potenciar Trabajo funciona bajo la orbita de la Secretaría de Desarrollo Social comandada por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 -como lo hace ahora- fondos multimillonarios. En total, $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.

Los fundamentos de la denuncia penal

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Ángel Pérsico, por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal, ello conforme lo actuado en esta investigación que será referenciado en adelante”, comienza el escrito de 24 carillas presentado por el Fiscal Guillermo Marijuán y al que accedió de manera exclusiva Infobae.

Marijuán le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.

En ese trabajo, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)” y que seguían empadronados hasta más de 2.800 personas fallecidas.

infobae

Marijuán entiende que: “Resulta evidente que a raíz de la labor solicitada por la anterior gestión a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también por la titular actual de ese organismo a la AFIP, se tomó conocimiento de esa situación, lo que debió derivar en una orden inmediata de la Ministra Victoria Tolosa Paz y de los funcionarios responsables, de suspensión y re empadronamiento de las personas que son beneficiarias del “Programa Potenciar Trabajo” y que resultaban observadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no obstante lo cual la actitud fue muy distinta y de allí esta denuncia penal”.

Para el fiscal federal, el no haber dado de baja a los titulares del programa social con incompatibilidades “existió claramente una inobservancia de estas conclusiones, ya que con posterioridad a conocer el informe de la AFIP enviado con fecha 24 de octubre del año en curso, la Ministra Victoria Tolosa Paz requirió nuevamente una información complementaria de ese organismo, ya con otros conceptos distintos de los originales”. En este caso se realizaron menos preguntas, con otros criterios y con un padrón más chico.

No conforme con eso, y lejos de realizar un reempadronamiento el fiscal determinó que la ex diputada nacional “ya en conocimiento de dos informes de la AFIP que ponían en su conocimiento inconsistencias en los planes “Potenciar Trabajo” otorgados, la Ministra hizo un nuevo pedido al organismo fiscal ampliatorio del anterior -con fecha 17 de noviembre de 2022-, esta vez consultando solo por cuatro items, que fue respondido por AFIP, haciendo saber la normativa de la cual surgía el carácter secreto y consecuente obligación de reserva de la información económica-patrimonial contenida en las declaraciones juradas , manifestaciones e informes de naturaleza impositiva presentadas ante el Organismo, detallando que el pedido efectuado no se encontraba incluido dentro de las excepciones al secreto fiscal”.

En esta oportunidad, destaca el fiscal en su denuncia contra Tolosa Paz y Pérsico, la AFIP le respondió que “en relación a los atributos -por los datos- solicitados en su mayoría resultaban de acceso público”.

Sobre el final de la presentación penal, el fiscal Marijuán remarcó: “Cabe destacar asimismo, que en los informes realizados por la AFIP se señaló que había personas fallecidas, en relación de dependencia, o con beneficios jubilatorios, con bienes personales declarados y/o declaraciones juradas presentadas por su condición de contribuyentes alcanzados impositivamente, con bienes y/o vehículos – motos y autos-, así como con intervención en el mercado de cambios. Esto inexorablemente debía derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo” para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta”.

Tolosa Paz recién solicito al Juez Federal Julián Ercolini que releve a la AFIP del secreto fiscal el lunes pasado, una vez que Marijuán avanzó en su Investigación Preliminar: ya había tomado declaración testimonial a Castagneto; había citado a Manzur y había escuchado las testimoniales de los responsables que administran el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos nacionales y provinciales.

Según las normas vigentes, Desarrollo Social no debe liberar los haberes del Potenciar Trabajo a sus titulares hasta que el SINTyS informe que no hay incompatibilidades. Las incompatibilidades las determina Desarrollo Social, a través de la resolución 121/2020.

infobae

Por eso, al declarar ante Marijuán, Castagneto explicó que, para elaborar sus informes: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

Ante otra pregunta del fiscal, el funcionario también dejó en claro que: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Como Manzur, también dejó en claro que esa era tarea de Tolosa Paz y, para mayor precisión subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes Potenciar Trabajo”.

El fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funcionesEl fiscal Guillermo Marijuán denunciará a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por presunto mal desempeño en sus funciones

Estas son algunas de las razones por las que el fiscal federal está convencido de Victoria Tolosa Paz “se apartó de su responsabilidad” razón por la cual la denunciará a ella y a los responsables del Potenciar Trabajo por presunto “mal desempeño de funcionario público”.

la denuncia penal de Guillermo Marijuán será sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recaerá en un magistrado y un nuevo fiscal. Por conexidad, la causa también puede aterrizar en el juzgado de Julián Ercolini quien, junto al fiscal Eduardo Taiano ya investigan las presuntas irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo denunciado por el diputado Wado Wolf y una segunda denuncia que también presentó Marijuán en el mismo sentido. La novedad, en este último caso, es que el fiscal la acusa a Tolosa Paz de haberse “apartado” de las normas, haber abusado de su autoridad, haber incumplido con sus deberes y malversar causales públicos. Los mismos cargos le imputo al secretario Emilio Pérsico quien además, es uno de los líderes del Movimiento Evita.

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En un profundo hermetismo, Stiuso volvió a declarar en la causa por la muerte de Nisman y apuntó al gobierno de Cristina Kirchner

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El ex espía había pedido ampliar su declaración en el expediente en donde se investiga la muerte del fiscal de la causa AMIA. La fiscalía sigue interrogando a hombres de inteligencia.

En medio de un profundo hermetismo, el ex espía Antonio Horacio Stiuso reapareció hoy para declarar por cuarta vez en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la UFI AMIA que en enero de 2015 fue encontrado muerto en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a Irán en el atentado contra la mutual judía. Su declaración duró unas cuatro horas. “Violación a la ley de inteligencia”, se excusaron las fuentes para evitar precisar el voltaje de sus palabras.

Sin embargo, Infobae pudo saber algunos detalles de su declaración. Siempre con un toque de misterio y medias sonrisas, Stiuso aportó documentación, que ya constaba en la causa, en donde apuntó al ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, hoy senador del Frente de Todos; el número 2 de esa central, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia; y el ex jefe del Ejército César Milani. En sus palabras, Stiuso defendió su investigación sobre la responsabilidad iraní en el atentado contra la AMIA y lo que él entendía era un ataque del gobierno de Cristina Kirchner contra esas pruebas.

Otro de los blancos de su declaración fue el ex jefe de la AFI Fernando Pocino, el enemigo interno de Stiuso en la central de espías. Pocino era director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia y algunos lo señalan como una pieza clave en los movimientos de los hombres del espionaje durante el fin de semana de la muerte de Nisman.

Alberto NismanAlberto Nisman

El propio Stiuso había pedido declarar a fines de octubre, tal como reveló Infobae. A través de un escrito, el ex espía escribió: “Luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad y que considero que la Fiscalía debe conocer”. En mayo pasado, el diario La Nación publicó que dos agentes declararon bajo juramento que espiaban a la fiscal retirada Viviana Fein cuando estaba en sus manos la investigación por la muerte de Nisman. El espionaje, no obstante, era un poco precario: rondaban la fiscalía para ver si se presentaba Stiuso.

Justamente Stiuso había presentado su renuncia al lugar que supo comandar en la entonces SIDE en diciembre del 2014. Se fue para jubilarse. Pero el gobierno de Cristina Kirchner encabezó una fuerte embestida en el organismo de inteligencia que luego derivó en denuncias penales contra el hombre fuerte de inteligencia que Néstor Kirchner puso a trabajar con Nisman en la investigación del atentado.

Es por eso que Stiuso inició este martes su exposición aludiendo a esa versión sobre Fein. Y lo primero que dijo fue despegarse de esa presunta vigilancia a la ex fiscal que habría concretado personal de Contraingelincia. Dijo que pretendían ligarlo a esa cuestión, lo cual era “absolutamente falso” porque él ya estaba en Uruguay.

De paso, afirmó que no tenía ningún sentido investigar a Fein. Y hasta aseguró que intentaron “pegarlo” a Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba para la UFI AMIA y que quedó procesado por haberle entregado a Nisman el arma con la que resultó muerto. Subrayó que a Lagomarsino ni lo conocía.

Esa desmentida sobre el espionaje a Fein fue el ancla para prestar una declaración que se extendió por varias horas. Esta vez no fue en los tribunales de Comodoro Py 2002, sino en un edificio de la calle 25 de Mayo de la Procuración General, según pudo confirmar Infobae. Durante la mañana del martes se creyó que el espía estaba declarando en el quinto piso del edificio de Retiro, ante el fiscal Eduardo Taiano, que instruye la investigación. Movimientos de policías en ese sector hicieron sospechar esa presencia, pero era todo erróneo.

El fiscal Eduardo Taiano (Maximiliano Luna)El fiscal Eduardo Taiano (Maximiliano Luna)

Desde la mañana, Stiuso había llegado con su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, al lugar de la cita, donde lo esperaba personal de la fiscalía que trabaja en la investigación, representantes de la defensa y el abogado de la querella de la madre de Nisman, Sara Garfunkel. Todo sucedió bajo un clima de secretismo, el mismo que ronda en la causa desde hace más de un año cuando comenzaron a desfilar más de 60 espías como testigos, entre ellos Pocino. Faltan por lo menos otros 30 agentes o ex agentes. Los investigadores se resisten a que trasciendan datos de estas declaraciones por las limitaciones judiciales que tiene conocer su contenido: la ley de inteligencia.

A la hora en que Stiuso comenzó a declarar, Cristina Kichner hablaba vía zoom, desde el Senado, por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por defraudación al Estado y administración fraudulenta y que el martes próximo dará a conocer su veredicto. La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión.

Las declaraciones de Stiuso

La primera vez que declaró fue el 17 de febrero de 2015 ante la fiscal Viviana Fein cuando el kirchnerismo desconocía su paradero. Allí dijo que no sabía nada de la muerte de Nisman. Luego se fue del país.

Su segunda declaración fue al año siguiente y torcería el rumbo de la causa. El gobierno ya había cambiado. Durante 14 horas, Stiuso afirmó que a Nisman lo habían matado por el trabajo que estaba realizando. La ex jueza Fabiana Palmaghini se declaró incompetente y derivó el caso a Comodoro Py, donde tramita actualmente.

La tercera declaración de Stiuso fue en marzo de 2019 y recién se conoció cuando la publicó Infobae en enero del 2020, al cumplirse cinco años de la muerte de Nisman. Allí Stiuso aportó una carpeta que contenía información sobre Nisman, su ex esposa y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, Stiuso y otros agentes de inteligencia. Serían datos de inteligencia ilegal y para Stiuso es la demostración de que lo seguían a él y a su familia y fue la base de lo que llamó en su declaración una “campaña mediática” en su contra.

Stiuso junto a su abogado en tribunalesStiuso junto a su abogado en tribunales

“La señora esta que presidía el gobierno pedía informes y tenía que controlar. La campaña de desprestigio iba atada a todo esto. Todo esto partía del cerebro enfermizo de la mujer”, dijo sin nombrarla.

Hoy fue la cuarta. Por el momento, el contenido de sus dichos se mantienen bajo reserva. Habrá que ver si una vez más logran impactar en el curso de la investigación.

Una de las pocas veces que Stiuso habló públicamente sobre el tema fue en el documental que armó Netflix sobre la muerte de Nisman. Allí a Stiuso le preguntan por qué no había atendido a Nisman el fin de semana en que se concretó su muerte. “No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo. El ex espía ratificó que a su criterio a Nisman lo mataron. “¿Tu crees que Cristina Kirchner quería matarte?”, le preguntó el documentalista británico Justin Webster a Stiuso, quien hace silencio y responde: “Sí”.

 

 

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