Opinión
Cuestionan la postulación de Julio Aro al Premio Nobel de la Paz
Published
2 años agoon
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Ruben Muñoz
La abogada Adriana Castelanelli, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Mar del Plata tomó distancia de la postulación para el Premio Nobel de la Paz, del excombatiente de Malvinas Julio Aro y del militar británico Geoffrey Cardozo, que la propia entidad educativa impulsó.
Castelanelli realizó severas críticas y dejó abiertos una serie de interrogantes que ponen en tela de juicio la postulación para el Premio Nobel de la Paz, del veterano de guerra Julio Aro y el militar británico Geoffrey Cardozo.
EL DOCUMENTO COMPLETO
A propósito de la candidatura al Premio Nobel de la Paz impulsada por la UNMdP para Julio Aro y Geoffrey Cardozo. Por qué algunos especialistas en derecho internacional y en relaciones internacionales no la celebran ni acompañan.
El ex combatiente argentino Julio Aro y el coronel británico Geoffrey Cardozo fueron postulados por su supuesto papel en la identificación de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. Pero el relato épico periodístico es un montaje que no puede estar más alejado de la verdad histórica. Por ello hay también resistencia y oposición desde varios sectores de ex combatientes de la Guerra de las Malvinas de 1982.
Lo que en los grandes medios nacionales, a través de una prolija campaña de prensa, se ha presentado por estos días como una historia humanitaria de hermandad entre ambos pueblos, revela entretelones mayoritariamente repudiados no sólo por el arco de incumbencia de la Causa Malvinas (que se asocia a aquellos que participaron en el conflicto bélico y la consideran una acción legal y legítima en defensa de la integridad territorial argentina) sino también por aquellos que entienden, defienden y hacen conocer la Cuestión de las Islas Malvinas (entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes), que tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrantando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas- y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable, tal como lo indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional). Así, el Reino Unido desde 1833, usurpa los archipiélagos australes e ilegalmente usufructúa los recursos naturales pertenecientes al pueblo y a la Nación Argentina.
El argentino Julio Aro es un ex combatiente del conflicto bélico de 1982, pero el coronel británico Geoffrey Cardozo, es un oficial que arribó a las islas cuando la guerra había terminado. Una gacetilla de prensa que circula estos días, dice que Aro y Cardozo “trabajaron juntos para ubicar e identificar los restos mortales de los soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin” una vez concluido el conflicto bélico. Bastante lejos de la verdad.
El relato alude a que en 2008 Geoffrey Cardozo y Julio Aro se habrían conocido en Londres, durante una reunión entre veteranos argentinos e ingleses. Aro fue invitado por un miembro del Regimiento de los Guardias Galeses, vicepresidente de la Asociación de Medallas del Atlántico Sur. El marplatense quería conocer cómo trabajaban los ingleses en ayuda a soldados con estrés post traumático.
Aro le hizo conocer a Cardozo la angustia por sus compañeros “no identificados” en Malvinas (ya que en el cementerio de Darwin muchas de las tumbas tenían como epitafio “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”). Casualmente -o no-, Aro estaba hablando con el oficial designado en 1982 por el gobierno de Margaret Thatcher (el mismísimo Cardozo) para profanar las tumbas de los soldados argentinos diseminadas en los campos de batalla, y “amontonarlos” sin identificación alguna en un paraje solitario de Darwin (el actual Cementerio), en un lugar bastante inaccesible y lejos de la vista de los habitantes actuales de las islas. El Cementerio de Darwin fue construido por los británicos por Order in Council (que es una especie de Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por todos los ministros del gabinete de Margaret Thatcher.
La misión que encabezó Cardozo pasó por alto los tratados internacionales y fue éste el autor material que realizó la actividad en violación a los preceptos de las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (1949/1977) y sin la mínima observancia de los derechos humanos. Los combatientes argentinos caídos habían sido sepultados en los diferentes campos de batalla (Goose Green/Pradera del Ganso; San Carlos; Monte Longdon; Dos Hermanas; Monte Harriet; Tumbledown) y en ese momento sus compañeros y superiores dieron parte de esas inhumaciones, por lo que, con identificación***** o sin ella se conocían por nombre, apellido y número de documento a cada uno de los muertos. El 19 de febrero de 1983 la tarea se culminó. En Darwin quedaron entonces 220 tumbas de soldados argentinos, 123 de ellos sin identificar, por esta acción que de llevarse a cabo en buena y debida forma, debería haber sido con acuerdo entre los Estados que se enfrentaron en el conflicto bélico. Esto fue una acción unilateral ordenada por el gobierno británico, sin darle participación al país de origen de los caídos. Por eso tampoco es asimilable a la situación posterior a la Primera o Segunda Guerra Mundial o comparable con los cementerios militares existentes en Europa. En la fundamentación de la postulación al Premio Nobel, se le adjudica a Cardozo la humanitaria iniciativa de entregar a Aro en ese encuentro en Londres, documentación de la profanación que obraba en su poder, supuestamente imprescindible para que en Argentina se pudiera iniciar el proceso de identificación. Así, la historia de dudosa certeza es la que ha dado lugar a la postulación.
Hablar incluso de “identificación” no es correcto desde el punto de vista legal, ya que en realidad se trata de la localización de los restos, o sea, poder localizar correctamente la ubicación de cada uno de los fallecidos. Ya que al haber sido retirados de sus lugares de inhumación originales, colocados en una zona de turberas en donde el suelo se desplaza y sin tener sus lápidas nombre y apellido, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense consistió en establecer correctamente la ubicación.
Pero también este trabajo de identificación de los cuerpos tiene antecedentes justamente en un informe preliminar del Equipo Argentino de Antropología Forense de 1987, ante la solicitud de varios Centros de Ex Combatientes, que desde aquel entonces bregaban por identificar y ubicar a los compañeros de los campos de batalla. Y en 2011 se había logrado que la Justicia declare el derecho a esa identificación/localización. Bajo ningún concepto los caídos en Malvinas han sido N.N. (para intentar asimilarlos a los desaparecidos por el Proceso Militar 76/83) porque siempre se conoció quiénes eran e incluso se los declaró héroes y se los ha reconocido siempre por sus nombres en los cenotafios a lo largo y ancho del país.
Incluso antes de que el Poder Judicial se expidiera, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió la intervención de la Cruz Roja Internacional para que junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) procedieran a realizar esa tarea, aunque los británicos nunca aceptaron la iniciativa, hasta la asunción del ex presidente Macri. Entonces permitieron la identificación, y a cambio se llevaron como ganancia el nefasto acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre de 2016, el cual profundiza acuerdos comerciales y en otras materias, en detrimento del reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas.
El ex combatiente Julio Aro vive en Mar del Plata, y es el titular de una fundación llamada “No me olvides”, con loables objetivos en favor de los veteranos/ex combatientes y promoviendo el recuerdo de los héroes caídos, a través del fomento en la imposición de sus nombres a entidades educativas.
Aun así, y según informan algunas entidades vinculadas a la temática, la Fundación “No me olvides” recibe recursos económicos de la fundación Franco Británica de Sillery, curiosamente presidida por Geoffrey Cardozo e integrada por conspicuos oficiales británicos y hasta funcionarios de Política Exterior del Commonwealth. También la Fundación Falkland Islands Association, que opera en Malvinas, asiste económicamente a la fundación de Aro. Y al Coronel Geoffrey Cardozo le otorgaron en diciembre de 2019 la distinción de Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, que reconoce a personalidades que hayan tenido logros importantes en su vida pública y servido a Gran Bretaña.
Existe convencimiento de estar frente a una endeble construcción mediática pergeñada por la embajada británica junto a sectores que desvirtúan la historia para afianzar sus intereses, totalmente contrarios al justo reclamo soberano argentino; por lo que sólo cabría suponer que el Sr. Aro resulta extremadamente funcional a los intereses británicos en el socavamiento de la posición argentina, predisponiendo en su favor a la comunidad sin vislumbrar los solapados intereses permanentes británicos en desmedro de los intereses permanentes de nuestro país, más allá de toda bandería política.
Es por ello que se debería evitar promover acciones que pueden tener como consecuencia el afianzamiento de los intereses y de la presencia ilegal británica en el Atlántico Sur.
Cabe preguntarse finalmente, por qué toma mayor transcendencia pública esta candidatura, a más de un mes de haber anunciado el Comité del Premio Nobel de la Paz que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es el ganador del galardón para el 2020…
¿Acaso hay algún beneficio insospechado en mantener a rajatabla esta candidatura para el 2021?
Abogada Adriana Castelanelli
Docente de Derecho Internacional Público – Facultad de Derecho
Especialista en Docencia Universitaria – Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Mar del Plata
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Opinión
La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”
Published
4 días agoon
24 marzo, 2023By
Maru Valle
La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.
Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?
María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.
P.: Fue un momento histórico.
M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.
P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?
M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.
P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?
M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.
P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?
M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.
P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?
M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.
P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?
M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.
P.: ¿Qué opina del fuero federal?
M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.
Andrea Holgado para Ambito
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Judiciales
No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina
Published
2 semanas agoon
12 marzo, 2023By
Maru Valle
Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.
El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.
Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.
La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.
El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.
Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.
La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.
“La treta”
Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.
Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.
El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.
Testigos y peritos de parte
En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.
Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.
Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.
Columnas y notificaciones
Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.
Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.
La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.
La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.
Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.
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Opinión
Langostino: mediar entre la sobreabundancia, la especulación y la impaciencia
Published
2 semanas agoon
12 marzo, 2023By
Maru Valle
En Chubut la zafra de langostino en aguas provinciales sumaba 95 mil toneladas por estos días y va camino a superar las 100 mil toneladas cuando termine.
La flota amarilla de Rawson, costeros y artesanales, resisten las presiones del resto de las cámaras, lease CAPECA y CAPIP, para mantener abierta una pesquería que sigue mostrando una abundancia extraordinaria. El miércoles hubo barcos que completaron 1100 cajones en el día.
La 2023 es la zafra de la cola. A partir del contexto complejo, con un mercado internacional que no demanda langostino entero y las cámaras frigoríficas con mucho stock de las capturas de la flota tangonera congeladora en aguas nacionales 2022, todo marisco que se descargó en Rawson terminó hecho cola.
La super abundancia provocó que empresas como Iberconsa se salieran de todo cálculo. Supongamos, si pensaban producir no más de 5 mil toneladas para toda la zafra, al primer día de febrero ya habían superado las 5200 toneladas.
A partir de entonces Iberconsa ya no hace más cola sino langostino entero que siguió coleccionado en cámara. Mientras tanto en Mar del Plata sus 100 trabajadores hace casi un mes que no son convocados a trabajar por la demanda de los peladores por la caída en la producción de cola pelada y desvenada a partir de la incapacidad de la empresa para sostener el volumen del congelado. La única oferta por ahora es retiros voluntarios para todos.
Lo que le pasó a Iberconsa le ha pasado a muchas otras empresas. Eso generó que algunas partidas de langostino entero lleguen a Mar del Plata, algo que está expresamente prohibido en la legislación chubutense pero el romance multisectorial que genera el empacho con el oro naranja todo lo permite.
“Seguimos una semanita más y cortamos”, prometen los pescadores amarillos cuando desde los frigoríficos les marcan la imposibilidad de seguir recibiendo matera prima. Ya no solo por falta de espacio en cámara sino de personal. Se va cumpliendo el tiempo de la temporalidad en la contratación y no queda más que bajar la persiana.
Estos días respiran aliviados en Playa Unión porque Gabriel Aguilar se fue al exterior y hasta que no regrese no firmará el cierre de la temporada como vienen pidiendo, por distintas vías e interlocutores, los demás sectores.
El contexto de lo que se vive en Rawson sirve para graficar la pelea que se vive por estos días en la pesca atada al langostino.
La apertura de un área para pescar el marisco sobre el 41ªS, al norte de la zona de veda de merluza para la flota tangonera congeladora y fresquera de altura, divide las aguas.
La flota congeladora patagónica no quiere saber nada con esa posibilidad. Sostienen que un mayor volumen empujará los precios hacia abajo. Tanto del entero como de la cola, que a partir de la abundancia de Rawson, tuvo una mayor presencia en los mercados internacionales.
Igual la estadística que difunde CAPECA no refleja la pérdida de valor de la cola. En enero se exportaron 6228 toneladas a un valor promedio de 7592 dólares la tonelada. Los números representaron 22% más en volumen y la caída del 3,6% en el precio promedio en la comparación interanual.
En Mar del Plata la postura es inversa. CEPA y CaIPA han pedido abrir el área para poder pescar, acompañado de algunos gremios como SIMAPE, SUPA y la Asociación de Capitanes. Siempre se habilitó en abril pero pidieron la apertura anticipada la primera semana de marzo. Aseguran que más allá del contexto crítico que hoy tiene el mercado, si hay langostino en el agua quieren pescarlo.
Y este sector no pesca desde octubre del año pasado cuando terminó la zafra de aguas nacionales y se prohibió el despacho a la pesca para preservar el ciclo reproductivo de la especie. A diferencia de sectores que se oponen a la apertura del Norte, pero tuvieron/tienen participación en la zafra de Chubut, ya sea como pescadores y/o reprocesadores.
“No nos oponemos, solo queremos que haya consenso para habilitar el 15 de abril”, asegura un industrial con barcos tangoneros congeladores.
¿Cuánto langostino se declara capturar al norte, entre enero y mayo, como para que baje mucho más el precio, haga tambalear la sustentabilidad del negocio y ponga en riesgo la estructura de las propias empresas?
De acuerdo a las cifras de los últimos años, en 2019 se registraron las mayores capturas con 19300 toneladas. Al año siguiente fueron 10.100 y en 2022 sumaron 16.500. El volumen incluye la pesca específica como el by catch del 20% de principios de año cuando los fresqueros pescan merluza.
Son cifras que no parecieran generar las graves consecuencias que advierten quienes desean que el área se mantenga cerrada, no al menos mayores al impacto que representa el desembarque de 100 mil toneladas en cuatro meses de zafra provincial.
Mar del Plata registra uno de los peores inicios de año en lo que a desembarques pesqueros se refiere. Los datos oficiales marcan una caída general del 16% hasta el pasado 7 de marzo. Con reducción del 12% en los desembarques de merluza hubbsi del efectivo sur y 37% de calamar.
Más allá de los intentos y presiones para que se deje de pescar en Chubut y no se abra al norte de manera prematura, en Pesca llevaron tranquilidad a los referentes sindicales de Mar del Plata que fueron a ver al Subsecretario preocupados por la falta de actividad en el puerto.
“No hay razones reales como para temer un escenario de no apertura”, les dijo Liberman, según refleja el portal Pescare. “Todos estos años hemos habilitado la pesca del langostino en el norte en abril”, reveló el funcionario.
Esta semana el CFP rechazó el pedido anticipado de apertura formulado por las cámaras marplatenses al considerarlo “prematuro” y convocó a la Comisión de Seguimiento de Langostino para los próximos días. La duda por estas playas es si el 15 de abril abre para todos o recién arranca la prospección.
Más tarde que temprano como piden en Mar del Plata se habilitará el sector norte de aguas nacionales. Veremos cuántas son las empresas de CAPECA y CAPIP que deciden mantener los tangoneros congeladores amarrados a muelle.
Mientras tanto varios de sus socios siguen alimentando stock con el langostino de provincia, Esa materia prima no parece implicar ninguna amenaza al futuro del negocio. Sobre todo porque es la de ellos.
Roberto Garrone para Punto Noticias
Imagen @ramiro32_
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