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CUIDADO: ESTA VEZ EL RELATO PUEDE EMPUJAR UNA DEBACLE

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Lo ocurrido en las últimas horas con la cuestión de la deuda externa prende señales de peligro sobre una vieja costumbre del oficialismo en el gobierno: ¿también es relato el avance de las negociaciones?.

El gobierno argentino resolvió un día que no iba a pagar un vencimiento de U$S 503 millones pero que igualmente no iba a entrar en default. «Vamos a ampliar el plazo de las negociaciones» afirmaron en la Casa Rosada, como si esa fuese una decisión unilateral que un deudor puede tomar ante sus acreedores.

«No estamos en default» insistieron, «a lo sumo en un default técnico» afirmaron, inventando un neologismo que resulta imposible encontrar en cualquier libro de finanzas o en la letra, grande o chica, de un contrato. Pero la jugada pareció en un principio dar buenos resultados…

Las afirmaciones argentinas en el sentido de pretender ofrecer una alternativa a sus acreedores, siempre dentro del espíritu de querer llegar a un acuerdo posible de pagar, ofició como un bálsamo en los mercados: subieron los ADR, cayó el riesgo país y el dólar blue cedió cerca de un 10% de su máxima cotización. El país del eterno incumplimiento había resuelto mantener los pies dentro del plato y ello era digno de un voto de confianza…

Pero el espejismo duró lo que un rayo en medio de una tormenta; cuando los principales grupos tenedores de bono consultaron a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), quien determinó que la Argentina entró en default y activó el pago de seguros por alrededor de 1.500 millones de dólares.

De acuerdo a un contundente fallo unánime con 14 votos a favor, el comité aseguró que en el país ocurrió un «evento de crédito» el 22 de mayo cuando finalizó el período de gracia de un mes por no haber afrontado el vencimiento del que hablábamos más arriba.

Si bien este fallo le otorga a algunos fondos la opción de activar la cláusula de aceleración que les permite exigir el pago de todo lo adeudado de forma inmediata, se espera que eso no sucederá y en cambio  el propio riesgo de una default generalizado podría facilitar un acuerdo con Argentina.

Pero para ello deberán darse dos condiciones de las que sería bueno que el gobierno tomase nota: acelerar los términos de la negociación, para evitar que los fondos más duros exijan que se declare al país en cesación de pagos, y mejorar sustancialmente la primera oferta hecha llegar a los bonistas. Ambas cuestiones parecen escapar hoy de las posibilidades ciertas de la administración y ya comienzan a sonar alarmas en torno a la estrategia elegida por Martín Guzman para encarar una cuestión en la que a cada paso se pierde la iniciativa.

No son pocos los analistas y también algunos miembros del gabinete presidencial que sostienen que el ministro juega todas sus cartas al apoyo del FMI y del gobierno de Donald Trump y comienzan a creer que la única intención del organismo es la de asegurarse su propia acreencia dejando a los fondos privados librados a su suerte. Lo que a la larga repetiría el escenario ya vivido en tiempos de Néstor Kirchner: el Fondo y el Club de París cobraron hasta el último peso y Argentina quedó desfinanciada y aislada internacionalmente por las acciones de los bonistas y los fallos del juez Griessa.

Muchos ven en el horizonte un futuro no muy diferente a ese pasado sugestivamente cercano

Cuidado entonces con enamorarnos del relato. El margen no existe y la memoria de los centros financieros internacionales no juega a favor de la Argentina.

Ninguna de las variantes económicas permiten construir con optimismo el futuro. A nivel interno una gran inflación, la caída vertical de la actividad, el complicado panorama social, los efectos de una emisión desmadrada -más allá de los motivos por los que haya sido elegida como red de contención durante la crisis sanitaria- la falta de inversión y la escasez de crédito, presagian una salida complicada, dolorosa y que va a requerir un equilibrio que no tiene forma de dejar a todos contentos.

El frente externo no aparece más diáfano: cualquiera sea el final de la negociación por la deuda Argentina quedará fuera del mercado de capitales por al menos un lustro. A ello debe agregarse este presente de precios deprimidos de los commodities, en su nivel más bajo en décadas, y una disminución fuerte de los negocios internacionales. Ni que hablar de las chances de que el país reciba inversiones genuinas que ayuden a su recomposición, como paso inicial a un eventual desarrollo.

Insistir por camino que ya se han intentado es tan irresponsable como de corto vuelo. Echar mano a la épica nacionalista puede mantenernos con el pecho hinchado algunos pocos meses pero en menor tiempo aún vaciará las panzas tocando, como sostuvo el fundador del movimiento que hoy gobierna, la víscera más sensible de los argentinos. Esa que se ha llevado puesto a más de un gobierno, del color político que fuese,  que creyó que con el relato era suficiente.

Ojalá repitamos con Aristóteles aquello de «la única verdad es la realidad» y actuemos en consecuencia. Esta vez no hay colorín, colorado…

 

FOTO TASPA : IPROFESIONAL

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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El nuevo mapa de la pobreza argentina: en qué regiones tuvo mayor impacto la pandemia

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El índice marcó en el primer semestre del corriente año un incremento de 5,5 puntos porcentuales de forma interanual. NOA y Gran Buenos Aires, los aglomerados urbanos más afectados del país

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Personas en situación de calle en Buenos Aires (Franco Fafasuil)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el índice de pobreza, que se ubicó en 40,9% al cierre del primer semestre, con un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4% de igual período de 2019.

En ese contexto, si se toma la estadística para el universo de los 31 aglomerados urbanos, Gran Buenos Aires es el que tiene mayor cantidad de personas pobres del país mientras que la Patagonia registra la cantidad más baja. Sin embargo, en términos porcentuales –con respecto a los habitantes de cada aglomerado que son pobres– se destacaron Concordia (52,2%), Resistencia (48,7%) y Salta (45,5%).

“Los resultados de la pobreza serían infinitamente más negativos si el Estado no hubiera auxiliado”, dijo esta noche el presidente Alberto Fernández. “La pandemia demostró que esa lógica del individualismo no nos hace funcionar bien como sociedad. Esa idea de que nadie se salva solo nunca quedó tan expuesta, la certeza de esa afirmación, como con la pandemia. Los más postergados han padecido mucho más la pandemia”, agregó.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, definió a los datos como “realmente críticos” y aseguró que el primer objetivo hacia adelante es recuperar a esas personas que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia porque se quedaron sin trabajo o perdieron sus ingresos. “Por eso, queremos impulsar cinco sectores productivos clave: construcción, textil, producción de alimentos, economía del cuidado, y recolección y reciclado de residuos urbanos”, dijo.

Además, se mostró optimista respecto de las cifras del tercer trimestre, ya que hubo más actividad económica, con lo cual “deberían mejorar los datos de pobreza de acá a fin de año”. “Desde el Ministerio –manifestó Arroyo– apuntamos a recuperar y potenciar el trabajo, y a urbanizar los barrios populares y construir infraestructura básica. Por eso, estamos llevando adelante el plan Potenciar Trabajo, para que la gente tenga un ingreso de base que la lleve a trabajar y capacitarse en oficios”.

“Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA) y Gran Buenos Aires (GBA); y las menores, en las regiones Cuyo y Patagonia”, destacó el informe del Indec.

“En el GBA –región con mayor cantidad de población– se verificó el mismo sentido en ambas evoluciones: la incidencia de la pobreza en las personas aumentó en 3,8 p.p. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires se observó un aumento de 7,0 p.p. con respecto al segundo semestre de 2019. Tanto la región en su conjunto como los dos aglomerados que la componen alcanzaron sus valores máximos en la serie”, detallaron.

La región Gran Buenos Aires cuenta en total con 1.577.240 de hogares bajo la línea de pobreza y 6.397.509 de personas pobres. Si se considera sólo la indigencia, alcanza a un universo de 1.797.107 personas y a 460.874 hogares. En esta región, el 41,6% de las personas son pobres.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 140.925 hogares en total bajo la línea de la pobreza y 519.851 personas. En tanto, 38.306 hogares son indigentes y abarca a 110.828 personas. El 17,3% de los porteños son pobres y el 3,7 indigentes, según el Indec.

Asimismo, considerando los Partidos del GBA, 1.436.315 son los hogares debajo de la línea de pobreza y 5.877.658 las personas. En este caso, sólo GBA, la pobreza llega al 47,5% de las persona. Es el segundo conglomerado con cifras más altas luego de Concordia, en Entre Ríos, donde la pobreza alcanzó al 52,2% de los habitantes y el 40,6% de los hogares.

La pobreza rozó el 43% en las provincias del Noreste (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa). El NEA, en tanto (Gran Catamarca, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, Salta y Santiago del Estero-La Banda), tiene un porcentaje de 40,7 por ciento.

El mayor salto de pobreza en los aglomerados urbanos, en la comparación con el primer semestre del año pasado, se dio en la Patagonia, con una diferencia de 8,5 puntos porcentuales entre períodos: del 28,5% en la primera mitad del 2019, al 37% de pobres de este 2020. Lo siguieron en diferencias porcentuales GBA (6,6 puntos interanuales) y Cuyo, con 4,5 puntos.

FUENTE INFOBAE

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Alta presión fiscal: en qué gasta el Estado los impuestos que pagan los argentinos

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Según un estudio del Iaraf, el gasto público subió del 27,7 al 40% del PBI en los últimos diez años, pero menos de una décima parte de los recursos que manejan Nación, Provincias y Municipios se destina a Obras Públicas

El gasto público, el peso que los tres niveles del Estado -Nación, Provincias y Municipios- representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó de un 27,7% del PBI en el período 1998-2008 al 40% en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019.

“Ha sido una suba muy fuerte”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese aumento está detrás de los recurrentes problemas de financiamiento y déficit, que a su vez llevan al círculo vicioso de deuda, defaults y renegociaciones, explica Argañaraz, que en un reciente informe precisa a qué se destinó en los últimos diez años esa mayor masa de gasto público.

Casi un tercio, un 31% en promedio en el período 2009-2019, se destinó al gasto en personal, es decir al pago de salarios y remuneraciones de las personas empleadas en los tres niveles y todos los estamentos del Estado: empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares y todas las personas empleadas directamente en todos los niveles y áreas del Estado.

Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional; esto es, al pago de jubilaciones y pensiones, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto de sociedades como, por ejemplo, las europeas, y disfruta de un “bonus demográfico” que es neutralizado por el alto grado de informalidad de la economía.

El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.

Otro 16 % se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entra en el cálculo del período 2009-2019, se agregaron los dos principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y los fondos de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, en sueldos al personal de empresas afectadas por la pandemia y préstamos a empresas). Otra parte son las transferencias del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, para mantener relativamente bajas y subsidiadas las tarifas de los servicios de electricidad, transporte, gas y agua, y a empresas deficitarias del Estado, como Aerolíneas Argentinas.

A su vez, 8 % del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público: combustibles, bienes de uso y de consumo y contratos de diferentes tipos de servicios.

Un 7% en promedio, a lo largo del decenio concluido en 2019, se destinó al pago de intereses de la deuda pública, y un 4% a otros gastos.

Quedó así un puchito, un magro 9% destinado a inversiones. Esto es, menos de uno de cada diez pesos de gasto estatal se destinó a la construcción o reparación de escuelas, hospitales, rutas, puentes, formaciones ferroviarias, gasoductos, redes de electricidad, de gas, de cloacas y agua potable, vías ferroviarias, equipos para las fuerzas de seguridad y policiales, equipamiento científico, etcétera.

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En relación al PBI

Esas proporciones, sin embargo, no expresan el real impacto de un gasto público alto y, además, desequilibrado.

Medido en relación al PBI -esto es al valor del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el país a lo largo de un año- el gasto en personal fue del 12%, y el gasto en jubilaciones y pensiones dio un promedio del 10% del PBI, siempre para el período 2009-2019.

Las transferencias al sector privado, en tanto, representaron en promedio el 6%, las compras de bienes y servicios el 3,2% del PBI y el pago de los intereses de la deuda de los tres niveles del Estado fue del 2,6%.

En definitiva, los fondos destinados a inversión pública terminaron representando algo menos del 4% del PBI anual, dice el estudio.

Según Argañaraz, el Estado debería destinar al menos el 20% de su gasto a inversiones, lo que redundaría (de mantenerse la participación del gasto público en 40% del PBI) en una inversión pública equivalente en cerca del 8% del PBI. Diversos economistas estiman que para crecer de modo sostenido, la inversión total (pública y privada) sobre el PBI debería ser igual o mayor al 20% del PBI.

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2021 y más allá

En el presupuesto recientemente presentado al Congreso el ministerio de Economía proyectó un aumento de la Inversión pública en “Infraestructura” del 1,1% al 2,2% del PBI, en tanto el gasto en “Innovación y Desarrollo” pasaría del 0,2 al 0,5%, en “Salud Pública” del 0,3 al 0,5% y en “Educación y Conectividad” de 1,1 a 1,3% del PBI. Sumando algunas fracciones de los últimos ítems, el gasto en Infraestructura, lo más asimilable a inversión u obra pública arañaría el 2,5% del PBI aunque -aclara Argañaraz- esos datos se limitan a la Administración Pública Nacional.

“Cuando la presencia del Estado es elevada, debiera quedar claro que para sostenerla es necesario un financiamiento también elevado, que se originará de los propios ciudadanos a través de las distintas alternativas de fondeo público: impuestos, emisión monetaria (impuesto inflacionario) o endeudamiento público (mayor carga tributaria futura)”, dice el informe.

En 2020, por el coronavirus, el gobierno terminará destinando cerca del 3,8% del PBI a programas asociados a la pandemia, que financiará principalmente con emisión monetaria “lo que nos deja en una situación débil para salir”, dice Argañaraz. E insiste en la pregunta: “¿los argentinos somos conscientes de en qué gastamos el 40% del PBI?”. Sería deseable que fuera en más inversión. Eso, concluye, dependerá fundamentalmente de cómo cambie el resto del gasto.

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FUENTE : INFOBAE
FOTO TAPA : DIARIO ACTUALIDAD

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Combustibles. YPF aumentó 3,5% los precios promedio país desde la madrugada

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Desde la madrugada, rige el aumento promedio de 3,5% a nivel país que realizó YPF “con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país”, informaron en la petrolera con control estatal. En el área metropolitana (AMBA), la suba fue de casi el 5%.

El incremento es el segundo que aplica la empresa en un mes, luego del alza de 4,5% promedio país que realizó a mediados de agosto, y que significó una actualización de 6% en el AMBA. En las próximas horas se espera que el resto de las marcas de estaciones de servicio -Shell, Axion y Puma Energy- acompañen la medida.

De esta forma, los nuevos valores para YPF en la Ciudad de Buenos Aires quedaron aproximadamente así: nafta súper, $59,51; nafta premium (Infinia), $68,66; diésel D500, $55,59, e Infinia diésel, $65,05.

El mercado de combustibles no está regulado por el Estado -como sí sucede con las tarifas de gas y electricidad-, pero los gobiernos inciden sobre el precio a través de YPF, que tiene aproximadamente el 55% de participación en el despacho de nafta y gasoil.

Para YPF, a su vez, la venta de combustibles es su principal fuente de ingresos junto con la provisión de gas, cuyo precio no se actualiza desde abril de 2019 por el congelamiento tarifario. Es por eso que la petrolera necesitaba aplicar un ajuste en un contexto en el cual la devaluación diaria genera un atraso constante en los valores de la nafta y el gasoil, que están dolarizados.

Según un informe de la consultora Montamat & Asociados, luego del incremento de precios de agosto, la nafta súper estaba 10% por debajo de la paridad de importación, mientras que la de variedad premium, 3% por debajo. El gasoil, por su parte, había quedado prácticamente alineado con las paridades.

Además, producto del aislamiento y la menor movilidad, el consumo de combustibles todavía es un 30% menor a la demanda previa a la pandemia. Solo el consumo de combustible para aviación está en un 90% por debajo de los niveles prepandemia.

La actualización de precios sucede en un contexto en el cual el secretario de Energía, Darío Martínez, analiza volver a aplicar el barril criollo, para establecer un precio mínimo en el cual le asegure un nivel de regalías a las provincias petroleras.

“Este aumento se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país. A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, Jujuy está hoy en un 4,5% con respecto a la capital del país”, dijeron en la petrolera.

Asimismo, YPF sostiene el descuento al personal de salud del 15% que alcanza a unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF.

FUENTE LA NACION

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