Internacional
Culiacán y el principio del reino de la impunidad
Los hechos ocurridos en Sinaloa que culminaron con la liberación del hijo del «Chapo» Guzmán marcan el triunfo del narcotráfico sobre el estado mexicano.
Seguramente el 17 de octubre de 2019 será recordado como el día en que algo se rompió en la lucha que el mundo entero lleva adelante contra el flagelo del narcotráfico. Y desde esa fecha en adelante nada será igual a la hora de evaluar el papel del estado frente a los carteles de la droga y las garantías que este puede dar a sus ciudadanos y a las otras naciones afectadas por este drama del S. XXI.
Esa obscena complicidad que muchos gobiernos de América Latina y sus clases políticas han desarrollado con los traficantes dejó expuesta en Culiacán la pero de sus caras: las bandas de sicarios tienen hoy mayor poder de fuego que las fuerzas del estado y será muy difícil que de ahora en adelante no obren como verdaderos ejércitos de ocupación cuando se trate de rescatar a un jerarca o simplemente liberar una zona a sus oscuros designios.
La corrupción enquistada en las policías, en las fuerzas armadas y en un porcentaje alarmante de las dirigencias políticas -que durante décadas aceptaron el financiamiento del narcotráfico a sus carreras públicas y a la coronación de sus ambiciones- ha llegado ahora a quedar expuesta ante los ojos de toda la humanidad: ya no hay fuerza oficial que pueda controlar a los delincuentes.
Los hechos
El armamento de los sicarios
A la 1:30 pm estaba Ovidio Guzmán comiendo en un puesto de mariscos en la colonia Tierra Blanca junto a ocho miembros de su equipo y su esposa. En el lugar había cinco familias más con varios niños.
Llegó un equipo militar vestido de civil, de unos cincuenta elementos y cerró las calles acorralándolo dentro del negocio y exigiéndole que se entregara sin poner resistencia. Cuentan los otros clientes que él gritaba «no tiren, yo soy hombre no un cobarde; aquí hay familias y niños, no voy a poner resistencia».
Inmediatamente se entrega y lo llevan resguardado hacia la fiscalía, que se encuentra a unos 6 km del lugar, al mismo tiempo que se van detrás sus escoltas pidiendo refuerzos a su gente.
En pocos minutos se llena de sicarios afuera de la fiscalía y los funcionarios de la misma tratan de negociar y se resguardan con el detenido en una sala blindada mientras esperan los refuerzos militares. En instantes se desata una balacera afuera de la fiscalía que está situada en el corazón de Culiacán, rodeada de plazas, restaurantes, negocios, escuelas, etc..
Al ver que no lograban la liberación los criminales se van a una colonia cercana donde viven familias de militares, toman el lugar y ponen a todos los rehenes, incluidos los niños niños, alrededor de dos barriles de gasolina amenazando que si se llevan a Ovidio quemarán a todos.
Se dan cuenta que vienen apoyos militares de varios lados por carretera y comienza entonces una verdadera guerra. Piden refuerzos a su gente local y de las serranías cercanas y a la gente del Azul, del Mayo, Los Limones, Los Leones, Los Avendaño, Los Fernández, Los Isidros, Los Herrera, Payanes, Quinteros, todos ellos carteles de la zona que tienen sus propios equipos armados. y comienzan a cerrar las entradas a Culiacán y las calles principales de la ciudad quemando camiones, trailers y bidones con combustible. Mientras tanto los «punteros», parejas de criminales que andan en motos, comienzan a asaltar a los ciudadanos que transitan en camionetas y los dejan ir tras requisar sus vehículos.
Las calles de Culiacán escenario de una guerra
En ese lapso de 4 horas hubo más de 30 enfrentamientos con soldados y policías estatales en diferentes puntos de la ciudad y las trincheras narco hacían imposible llegar a la fiscalía al ejército para llevarse a Ovidio. El control de la ciudad había cambiado de manos.
Llegaron refuerzos aéreos y más de 15 helicópteros volaban por la ciudad disparando donde veían que había convoys de sicario, pero no tardaron mucho en irse pues los narco voltearon un helicóptero con un misil a la altura del poblado conocido como «El diez».
En ese instante, y por orden del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se procedió a liberar a Ovidio entregándoselo a sus seguidores que inmediatamente se lo llevaron a algún lugar seguro. Comenzaron tiroteos por toda la ciudad para distraer a las fuerzas de seguridad de manera tal de que no pudiesen saber la dirección hacia donde se lo llevaban y todavía a media noche se seguían escuchando tiros en diferentes zonas de la Culiacán. Hoy a la mañana, a casi 24 hs de iniciados los incidentes, aún había lugares en los que se continuaba disparando.
Se conoce hasta el momento un saldo de tres civiles muertos por balas perdidas y otros trece heridos además de siete soldados y cinco policías muertos y trece agentes heridos.
Se supone que hay cuatro sicarios muertos y varios heridos, aunque no ha podido confirmarse ya que los delincuentes retiraron de las calles a sus víctimas antes de emprender la huída.
Paralelamente y en una de las operaciones de mayor espectacularidad los narcos embistieron con un tanque de guerra los muros del penal de Sinaloa y se dieron a la fuga con 53 reos.
Conclusiones
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, luego de ser capturado el jueves en Culiacán, Sinaloa.
“Tomaron decisiones que yo avalo, que yo respaldo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas», dijo.
Una visión forzadamente humanitaria que sin embargo no puede ocultar la debilidad de un estado que hoy no está en condiciones de afrontar una lucha que condiciona la vida y el futuro de todos los mexicanos.
¿Pero no es lo mismo que ocurre en Colombia, donde tras décadas de una guerra que mantuvo al país partido en dos con gran parte del territorio en manos del narcoterrorismo el gobierno debió aceptar un indulto que dejó impunes tremendos crímenes y toda una estructura de tráfico de narcóticos que hoy sigue vigente?.
¿Difiere algo lo que ocurre bajo el gobierno de AMLO con el narcoestado venezolano con sus fuerzas armadas y gobierno involucrados obscenamente en el narcotráfico?.
Nicaragua, Panamá, El Salvador, el colador de Ciudad del Este, las fronteras permeables de Argentina y Brasil, sus puertos y aeropuertos sin control alguno y tantas otras realidades, nos muestran la peor cara de la política y las fuerzas armadas y de seguridad de un continente que ha caído definitivamente en manos de la corrupción.
Y que ayer en Culiacán ha dado a luz un tiempo que nace para poner a los ciudadanos en manos del narcotráfico sin que nadie esté en condiciones de defenderlos.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir….
ADRIAN FREIJO LIBRE EXPRESION
Internacional
UN NUEVO INFORME DE LA ONU DENUNCIÓ MÁS CASOS DE TORTURAS Y DETENCIONES ARBITRARIAS EN VENEZUELA
El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico.
El Consejo de DDHH de la ONU, en un un nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.
La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.
“El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.
Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.El informe ahonda en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.
La ACNUDH mostró su preocupación por el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada que atenta contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.
El informe también denuncia los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con el chavismo, ya que esas relaciones plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes.
“El ACNUDH documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en los estados de Apure y Táchira durante operaciones de seguridad”, dice el informe.
Además, denuncia que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
“La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Según se reporta, los centros de salud se han visto afectados por apagones regulares, lo que ha impactado la prestación de servicios a los pacientes”, denuncia el informe.
FUENTE : INFOBAE
Internacional
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