Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

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En Chubut la zafra de langostino en aguas provinciales sumaba 95 mil toneladas por estos días y va camino a superar las 100 mil toneladas cuando termine.

La flota amarilla de Rawson, costeros y artesanales, resisten las presiones del resto de las cámaras, lease CAPECA y CAPIP, para mantener abierta una pesquería que sigue mostrando una abundancia extraordinaria. El miércoles hubo barcos que completaron 1100 cajones en el día.

La 2023 es la zafra de la cola. A partir del contexto complejo, con un mercado internacional que no demanda langostino entero y las cámaras frigoríficas con mucho stock de las capturas de la flota tangonera congeladora en aguas nacionales 2022, todo marisco que se descargó en Rawson terminó hecho cola.

La super abundancia provocó que empresas como Iberconsa se salieran de todo cálculo. Supongamos, si pensaban producir no más de 5 mil toneladas para toda la zafra, al primer día de febrero ya habían superado las 5200 toneladas.

A partir de entonces Iberconsa ya no hace más cola sino langostino entero que siguió coleccionado en cámara. Mientras tanto en Mar del Plata sus 100 trabajadores hace casi un mes que no son convocados a trabajar por la demanda de los peladores por la caída en la producción de cola pelada y desvenada a partir de la incapacidad de la empresa para sostener el volumen del congelado. La única oferta por ahora es retiros voluntarios para todos.

Lo que le pasó a Iberconsa le ha pasado a muchas otras empresas. Eso generó que algunas partidas de langostino entero lleguen a Mar del Plata, algo que está expresamente prohibido en la legislación chubutense pero el romance multisectorial que genera el empacho con el oro naranja todo lo permite.

“Seguimos una semanita más y cortamos”, prometen los pescadores amarillos cuando desde los frigoríficos les marcan la imposibilidad de seguir recibiendo matera prima. Ya no solo por falta de espacio en cámara sino de personal. Se va cumpliendo el tiempo de la temporalidad en la contratación y no queda más que bajar la persiana.

Estos días respiran aliviados en Playa Unión porque Gabriel Aguilar se fue al exterior y hasta que no regrese no firmará el cierre de la temporada como vienen pidiendo, por distintas vías e interlocutores, los demás sectores.

El contexto de lo que se vive en Rawson sirve para graficar la pelea que se vive por estos días en la pesca atada al langostino.

La apertura de un área para pescar el marisco sobre el 41ªS, al norte de la zona de veda de merluza para la flota tangonera congeladora y fresquera de altura, divide las aguas.

La flota congeladora patagónica no quiere saber nada con esa posibilidad. Sostienen que un mayor volumen empujará los precios hacia abajo. Tanto del entero como de la cola, que a partir de la abundancia de Rawson, tuvo una mayor presencia en los mercados internacionales.

Igual la estadística que difunde CAPECA no refleja la pérdida de valor de la cola. En enero se exportaron 6228 toneladas a un valor promedio de 7592 dólares la tonelada. Los números representaron 22% más en volumen y la caída del 3,6% en el precio promedio en la comparación interanual.

En Mar del Plata la postura es inversa. CEPA y CaIPA han pedido abrir el área para poder pescar, acompañado de algunos gremios como SIMAPE, SUPA y la Asociación de Capitanes. Siempre se habilitó en abril pero pidieron la apertura anticipada la primera semana de marzo. Aseguran que más allá del contexto crítico que hoy tiene el mercado, si hay langostino en el agua quieren pescarlo.

Y este sector no pesca desde octubre del año pasado cuando terminó la zafra de aguas nacionales y se prohibió el despacho a la pesca para preservar el ciclo reproductivo de la especie. A diferencia de sectores que se oponen a la apertura del Norte, pero tuvieron/tienen participación en la zafra de Chubut, ya sea como pescadores y/o reprocesadores.

“No nos oponemos, solo queremos que haya consenso para habilitar el 15 de abril”, asegura un industrial con barcos tangoneros congeladores.

¿Cuánto langostino se declara capturar al norte, entre enero y mayo, como para que baje mucho más el precio, haga tambalear la sustentabilidad del negocio y ponga en riesgo la estructura de las propias empresas?

De acuerdo a las cifras de los últimos años, en 2019 se registraron las mayores capturas con 19300 toneladas. Al año siguiente fueron 10.100 y en 2022 sumaron 16.500. El volumen incluye la pesca específica como el by catch del 20% de principios de año cuando los fresqueros pescan merluza.

Son cifras que no parecieran generar las graves consecuencias que advierten quienes desean que el área se mantenga cerrada, no al menos mayores al impacto que representa el desembarque de 100 mil toneladas en cuatro meses de zafra provincial.

Mar del Plata registra uno de los peores inicios de año en lo que a desembarques pesqueros se refiere. Los datos oficiales marcan una caída general del 16% hasta el pasado 7 de marzo. Con reducción del 12% en los desembarques de merluza hubbsi del efectivo sur y 37% de calamar.

Más allá de los intentos y presiones para que se deje de pescar en Chubut y no se abra al norte de manera prematura, en Pesca llevaron tranquilidad a los referentes sindicales de Mar del Plata que fueron a ver al Subsecretario preocupados por la falta de actividad en el puerto.

“No hay razones reales como para temer un escenario de no apertura”, les dijo Liberman, según refleja el portal Pescare. “Todos estos años hemos habilitado la pesca del langostino en el norte en abril”, reveló el funcionario.

Esta semana el CFP rechazó el pedido anticipado de apertura formulado por las cámaras marplatenses al considerarlo “prematuro” y convocó a la Comisión de Seguimiento de Langostino para los próximos días. La duda por estas playas es si el 15 de abril abre para todos o recién arranca la prospección.

Más tarde que temprano como piden en Mar del Plata se habilitará el sector norte de aguas nacionales. Veremos cuántas son las empresas de CAPECA y CAPIP que deciden mantener los tangoneros congeladores amarrados a muelle.

Mientras tanto varios de sus socios siguen alimentando stock con el langostino de provincia, Esa materia prima no parece implicar ninguna amenaza al futuro del negocio. Sobre todo porque es la de ellos.

Roberto Garrone para Punto Noticias

Imagen @ramiro32_

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Quedarnos afuera del próximo Mundial de básquetbol después de 42 años, es una verdadera catástrofe para nuestro querido deporte.

Deportivamente se podrán hacer innumerables análisis, pero dichos análisis serán individuales para cada uno de nuestros asociados en sus respectivos espacios de difusión.

Como institución, APREBA,  debe ponerse por encima de las polémicas deportivas y centrarse en las discusiones y análisis de la vida institucional de la actividad.

Desde hace varios años, el básquetbol tiene una conducción que fue trabajando intensamente para concentrar el poder. Y lo logró. Hasta consiguió modificar los estatutos y dinamitar la independencia que tenía la (AdC) Asociación de Clubes y minimizó el poder de las Asociaciones locales y de las propias Federaciones. La actual conducción del básquetbol argentino, encabezada e ideada por Fabián Borro, logró finalmente concentrar en la Confederación Argentina de Básquetbol (institución que él preside y anteriormente la Asociación de Clubes) el poder absoluto.

Incluso debemos agregar que, con la anuencia o inacción de sus respectivas autoridades, logró reducir al máximo la presencia e importancia en el contexto institucional de la Asociación de Jugadores, Técnicos y Árbitros.

El actual presidente de la CAB Confederación Argentina de Basquetbol logró lo que quería, concentrar en su figura el poder absoluto del básquetbol argentino.

Pues bien, ante la catástrofe consumada, es imposible negar la responsabilidad suprema de quién ostenta el poder absoluto desde hace 7 años aproximadamente. Y junto con él, la responsabilidad de cada uno de los dirigentes que por acción u omisión acompañaron cada una de las políticas que llevaron a esta concentración de poder inédito en la historia moderna de nuestro básquetbol.

Pasados varios días de la eliminación, no se ha escuchado ni leído una sola palabra de autocrítica de la dirigencia. Y eso es más preocupante aún.

Quizás están pensando que han desarrollado durante años políticas exitosas que solo tuvieron un traspié deportivo. Bueno, si ese es el pensamiento debemos decirles que están nuevamente equivocados. El traspié deportivo es una consecuencia más de políticas equivocadas, destructivas y negacionistas de la historia de nuestro deporte.

Llegamos a tener la Liga Nacional más importante del continente detrás de la NBA. Fuimos durante años un ejemplo a seguir por parte de los países americanos. Se construyó una pirámide de desarrollo deportivo y social envidiable con Clubes, Asociaciones y Federaciones que fueron nuestro semillero histórico con cientos de miles de jugadores participando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y desarrollamos un sistema institucional con agrupaciones de jugadores, técnicos y árbitros que fue un ejemplo de equilibrio e interacción de los distintos sectores de las competencias. A todo esto se agregaba una red de medios que brindaban difusión y visibilidad a una actividad que claramente estaba posicionada como la segunda actividad deportiva de nuestro país.

Enumeradas todas las bondades que el básquetbol logró desarrollar durante los últimos 30 años es triste decir y declarar abiertamente que el actual poder concentrado, monopólico y hegemónico encabezado por Fabián Borro desde la conducción de la CAB  destruyó absolutamente todo dejando al basquetbol en un escenario de imprescindible Re Fundación institucional y deportiva.

APREBA fue crítica de todo este proceso desde su creación. Muchos de nuestros asociados fueron perseguidos, censurados, se les gestionaron quitas de pautas publicitarias y se les impidió el normal desarrollo de la actividad profesional.

Triste pero real. Y lo venimos denunciando sistemáticamente. No contestan notas, pedimos ir al diálogo y nos ningunean.  La modalidad, indudablemente y a la luz de los hechos, es romper, dividir, y alcanzar los objetivos personales.

Pero ha llegado el momento. Hay que volver a ponerse los pantalones largos, terminar con inventos surrealistas que solo tuvieron intenciones de concentración de poder y retomar la memoria y tradicionales axiomas que hicieron de nuestro básquetbol una potencia a nivel mundial.

Los dirigentes deciden sobre los clubes y las instituciones federativas, y las autoridades elegidas por sus asociados definen las políticas y posicionamientos de la Asociación de Jugadores, Técnicos y Árbitros. Y como instituciones responsables de los destinos de nuestro deporte es que cada sector debe en este momento hacer una profunda AUTOCRÍTICA.

Solo a partir de una profunda autocrítica se podrán diagnosticar los problemas actuales y desarrollar políticas que nos permitan volver a senderos de normalidad y crecimiento.

Desde APREBA estamos dispuestos a colaborar y generar todos los ámbitos de debate y concertación que estén a nuestro alcance. Cada uno de nuestros asociados tendrán a disposición los medios en los cuales trabajan para debatir e intercambiar ideas de cómo corregir rumbos que han sido muy equivocados en estos años. Y los resultados están a la vista. Nuestra Selección Nacional al margen del próximo Mundial, la Liga Nacional en sus

tres categorías con el  nivel deportivo, económico y social más pobre de su historia, y las actividades federativas y de las asociaciones absolutamente menospreciadas y al borde de su colapso.

Es una radiografía muy crítica y apocalíptica de nuestra actividad deportiva y profesional, pero es una radiografía de la realidad. Los resultados deportivos son consecuencia de los trabajos interrelacionados de dirigentes, jugadores, entrenadores, árbitros, preparadores físicos, kinesiólogos y simpatizantes.

Nunca los procesos de apropiación y concentración de poder son exitosos. Y nuestro básquetbol hoy lo vive en carne propia.

Es un momento de Re Fundación y APREBA está dispuesta a ofrecer todo su apoyo a nuevos espacios de debate, en pos de una reconstrucción del deporte que amamos y seguimos de toda la vida por pasión y compromiso.

DIEGO VERGARA                                                                              LEONARDO VERCESI

Presidente                                                                                          Vicepresidente

Comisión Directiva APREBA

ASOCIACION CIVIL PRENSA BASQUETBOL ARGENTINA

3 de Marzo de 2023