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DE MAL EN PEOR…

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EL CANAL DE TV -ORBE 21- PERTENECIENTE A LA IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, SE ENCUENTRA EN SERIO PELIGRO DE SUFRIR UN “DAÑO IRREPARABLE”.
Creo importante señalar que el artículo que sigue lo he publicado en el año 2015 en más o menos unos 80 comunicadores sociales, entre los que se cuentan medios gráficos, emisoras de radio y televisión, instituciones de diverso tipo (incluida la Iglesia Católica) y sin embargo nunca las autoridades públicas y/o eclesiásticas tomaron esto con la debida importancia.
En la actualidad, y por haber “corregido o frenado” el –ENACOM- lo que en este artículo se denunciaba, ahora, vuelve a observarse la persistencia de aquella vieja inquietud allí descripta a través de medidas que “repiten aquél grave error”, pero, esta vez, con otro beneficiario adjudicado en calidad de “Licenciatario Operador”: Jorge Fontevecchia, hoy, empresario de multimedios de Argentina. Por lo tanto, en donde se menciona a la empresa TELEFE, ahora deberá leerse: Editorial PERFIL.
Este artículo, no intenta, bajo ningún punto de vista, comprometer ni poner en tela de juicio el buen nombre y honor de las personas y empresas citadas, sino, alertar sobre el inminente peligro de “daño irreparable” que se cierne sobre el servicio de televisión abierta, directa y gratuita, autorizado institucionalmente a la Iglesia Católica, como Persona Jurídica de Carácter Público, mediante un Decreto presidencial.
Radiodifusión
LAMENTABLEMENTE, LA HISTORIA SE REPITE
En principio, hay que decir que este es el resultado de un enorme desconocimiento, por parte de la Iglesia Católica como de los funcionarios del gobierno. Una minuciosa revisión histórica de todos los pasos seguidos desde la Actuación Nº 10567/93 (Expediente 1415/CFR/93), reiniciado luego mediante Actuación Nº 2069/99 (Expediente Nº 2510-CFR/99), trámite, este último, que culminaría -8 años después- con la autorización otorgada por Decreto Nº 1314/2001 (modificatorio del Decreto 769/2000), seguramente daría un panorama mucho más claro sobre los criterios empleados para hacer -según se desprende de la Resolución Nº 38 AFSCA/2015- que una Persona Jurídica de Carácter Público como lo es la Iglesia Católica termine siendo apenas un satélite que deberá funcionar dentro de la órbita de una Persona Jurídica Privada como TELEFE.
El Decreto 1314/2001, autoriza a la Orden de Frailes Menores Viceprovincia San Francisco Solano de la Iglesia Católica (Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio) a instalar y operar el Canal 21 de UHF, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores. Por entonces, el titular del Arzobispado de Buenos Aires era Mons. Jorge Mario Bergoglio, a quien más tarde le fuera delegada la conducción del citado Canal 21. La Orden citada es un Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio, por cuanto dicho canal se encuentra dentro de la órbita de Mons. Jorge Bergoglio, hoy, el Papa Francisco.
De acuerdo a lo que determina la Resolución Nº 38 AFSCA/2015, la frecuencia correspondiente al Canal 21 ha sido sustituida por “un fragmento de la misma frecuencia” (ahora asignada a TELEFE), técnicamente señalado como Canal Digital 21.2; o sea, que en lugar de la independencia que le otorgaba la posesión de la totalidad del ancho de banda de 6 MHz. asignado (algo así como poseer el terreno en donde construir un edificio), a partir de dicha medida discriminatoria el canal de la Iglesia Católica deberá contentarse con “ocupar un pobre cuartito” dentro de un “consorcio” compuesto por señales de variado tipo y finalidad, en el cual jamás podrá crecer, expandirse, o simplemente, mantenerse.
Pues bien, hasta ahora la Iglesia Católica podía gozar de la independencia necesaria para la conducción de su Canal 21, dado que, al no depender de terceros, era responsable absoluto de sus emisiones y de sus contenidos; pero, a partir de esta medida confiscatoria del espacio radioeléctrico que –por ser institucional- se le había adjudicado con permanencia ilimitada, el canal en cuestión pierde su potencia original (la que podría llegar hasta la máxima categoría, debido a la inexistencia de servicios interferentes de su mismo tipo dentro de la banda), para verse reducido a la mínima expresión, en un formato digital que –durante la transición actual de lo analógico a lo digital- no permite advertir posibilidad alguna de alcanzar una audiencia que justifique el sostenimiento de la emisora en el aire.
La Persona Jurídica de Carácter Público, Iglesia Católica, no puede depender o mezclarse con una Persona Jurídica de Carácter Privado, habida cuenta que sus fines son –esencialmente- diferentes. Sería algo así, como si el Canal 7, de la Televisión Pública en su carácter de Persona Jurídica de Carácter Público – Estado Nacional) pudiese funcionar dentro de la órbita de alguno de los canales de Capital Federal (7, 9, 11 o 13), restándole entidad o importancia, sin equipamientos propios y con una ínfima o nula llegada al público en general, etc., etc., etc., o lo que es aún más grave: con equipos propiedad de una Persona Privada.
Según el Art. 5º del Decreto 1314/2001 (de autorización): “… el Canal 21 ostenta prioridad con respecto a los servicios complementarios –de carácter secundario-, los que no deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o de un servicio autorizado del mismo tipo al que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro”.
Es muy claro al respecto.
En este caso, no solo le quita a la Iglesia “la prioridad de uso” que ostenta sobre el Canal 21, sino, que lo minimiza y lo somete a una “dependencia” impropia del servicio que le fuera autorizado: “de radiodifusión de televisión abierta, directa y gratuita al público en general”, catalogado como un servicio primario esencial y declarado de “interés público” por toda la legislación existente.
Esta situación es claramente violatoria de los derechos de libertad de expresión y de igualdad expresamente garantizados por nuestra Constitución Nacional. La Iglesia Católica –como institución- colabora permanentemente con el Estado y sus fines son todos aquellos en los cuales es necesaria su participación activa, y no sólo en aquellos relacionados con las tareas evangelizadoras.
La Autoridad competente -en este caso- decide de antemano y en forma arbitraria quienes podrán desempeñar la actividad comunicacional en forma abierta o cerrada; en Alta o Baja Potencia y quienes podrán ser operadores principales o secundarios; lo dicho, sin ningún tipo de análisis técnico o legal que lo justifique y bajo la existencia de la Atribución de Bandas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT – Reglamento de Radiocomunicaciones – Art. 83 de la Ley Nacional 23.478 (Convenio Internacional de Nairobi), cuestión esta que ameritaría un mayor debate posterior.
La medida adoptada discrimina a la Iglesia Católica de las universidades nacionales, habida cuenta, que siendo ambas Personas Jurídicas de Carácter Público; a la Iglesia se la restringe quitándole el Canal 21 (único canal de la Banda de UHF que cumple con el servicio para el cual ha sido atribuida), mientras que autoriza –en la misma área de servicio- hasta 15 canales para las universidades nacionales con todo el ancho de banda de 6 MHz. (Resolución N° 7 SECOM/2013) que corresponden a los canales de televisión de recepción abierta, directa y gratuita. Al respecto, debemos recordar el Artículo 13, del Pacto de San José de Costa Rica, el cual nos dice que:
“No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
En definitiva: “el Estado tiene que hacer todo lo que promueve y tiene relación con el bien común; no tiene que hacer lo que lo daña, lo que lo perturba, lo que lo disminuye; y tampoco tiene que hacer lo que carece de relación con el bien común” (Dr. Germán Bidart Campos – Abogado Constitucionalista).
De acuerdo a lo expuesto, la Autoridad de Aplicación no podría fundamentar lo hecho como pensado en el “bien común o en el interés público”, del servicio.
Sin saberlo o a sabiendas, el hecho contundente, si no se tomara a tiempo su debida reparación, es que esta medida (Resolución Nº 38 AFSCA/2015) es confiscatoria de un bien que la Iglesia Católica de la Argentina había obtenido para su comunicación con el público en general, sin límite de vigencia, tal y como corresponde por tratarse de una autorización “de carácter institucional”. La Constitución Argentina, desde el año 1994, sólo permite la ampliación de los derechos y no así el recorte de los mismos, menos todavía, cuando aquellos ya habían sido reconocidos mediante Decreto del PEN.
La verdad, es que la Resolución Nº 38 AFSCA/2015 no sustituye –como lo expresa- la asignación original, pues, ello sería así, si –a cambio- le asignara otra frecuencia para que pudiera ejercer –sin restricciones de naturaleza alguna- los mismos derechos que ya poseía. La medida, en realidad restringe, recorta, limita, aborta su autonomía y la obliga a funcionar de manera esclava de otro servicio, considerado –arbitrariamente- por la administración como “operador licenciatario”, quien tendrá la función de tomar, multiplexar (convertir en digital) y distribuir la señal de la Iglesia –por el momento- con destino a un público determinado, y no, al público en general. En la “jerga técnica”, se diría que convierte una autorización de radiodifusión en una simple productora con enlace para el “Transporte de Programas”, una enorme enajenación de derechos y posibilidades sobre todo el futuro de la actividad comunicacional de la institución.
Tal vez, los responsables –de uno y otro lado- no hayan advertido que le han quitado el canal de televisión a un Instituto de Derecho Pontificio, y que –en realidad- hoy le están enajenando el Canal 21, nada más y nada menos, que al mismísimo Papa Francisco.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista

Politica

Rechazo rotundo de ex combatientes a las declaraciones de Diana Mondino sobre Malvinas: “Quieren entregar la Argentina”

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El Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata, Ernesto Alonso, manifestó su rechazo ante las declaraciones de Diana Mondino, dirigente de La Libertad Avanza, respecto de las Islas Malvinas y consideró que quieren “entregar la Argentina”

“Deberían leer la Constitución Nacional y la historia. Parece que no entienden que en Malvinas hay un enclave neocolonial militar y la población actual fue insertada en la usurpación de 1833”, sostuvo Alonso. Y sumó: “repiten el libreto del Foreign Office, quieren entregar la Argentina”. 

En la misma línea, el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, dijo que “los asesores de Milei andan diciendo a medios británicos que renunciarían a algo que, constitucionalmente, es irrenunciable: la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido, el letrado consideró que “al fascismo se añade la entrega de nuestro territorio”.

A las voces de los veteranos se sumaron además las declaraciones del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi, quien opinó que “los dichos de Mondino le pegan una bofetada a los ex combatientes” para luego agregar que hablar de “la entrega de las Islas Malvinas” al Reino Unido.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, consideró que la postura de La Libertad Avanza “amenaza la soberanía nacional” e implica una “total ignorancia del régimen constitucional argentino”.

“Rechazamos categóricamente esa posición”, subrayó el funcionario, quien expresó que se trata de “un alineamiento ideológico con el agresor imperialista”.

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Politica

Sergio Massa reunió al equipo económico para definir las medidas que anunciaría la semana próxima

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Viernes a las 16.30. Un importante funcionario sale del Ministerio de Economía. “Yo creo que lo peor ya pasó, pero es la Argentina…”, comenta, visiblemente cansado. Hoy, a las 8, Sergio Massa volvió a convocar a ese y otros miembros de su equipo al Palacio de Hacienda. Vestidos de jogging, cerca del ministro quisieron transmitir que ya está en marcha el paquete paliativo por la devaluación. El candidato presidencial de Unión por la Patria hizo en televisión una “preventa” de las medidas: suma fija para los trabajadores registrados y mejoras en las jubilaciones y en las asignaciones familiares. La letra chica, sin embargo, aún no está elaborada.

El Gobierno termina así una semana fatídica, con un revés en las PASO al que sobrevino la devaluación, la disparada del dólar blue y el anuncio de nuevos aumentos en las tarifas: la crónica anunciada de una disparada en la inflación.

Massa optó por apurar la devaluación tras los comicios y luego se dedicó a cerrar acuerdos de precios. Anunció que el martes próximo viajará a Washington para cerrar con el FMI el desembolso de US$7500 y anticipó que, a partir del jueves, anunciaría un paquete de medidas de “compensación por la devaluación”  dirigidas a los bolsillos.

“La idea es dar todas las malas noticias juntas hasta el miércoles y a partir de ahí empezar con las buenas”, dijo a LA NACION un colaborador de Massa que estuvo en contacto con el ministro.

Massa reunió hoy en el ministerio a la titular de la AnsesFernanda Ravertaa la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y a la titular del Banco NaciónSilvina Batakis. “Se empezaron a conversar las medidas que se anunciarán a partir del jueves para todos los sectores sociales. Es una compensación por la devaluación que se debió hacer de forma obligada por el FMI”, dijeron cerca de Massa.

Muy cerca del ministro se negaban a dar detalles de las medidas. Sin embargo, en TN el miércoles Massa dijo: “Está el tema de la suma fija para discutir en el marco de las paritarias… lo estoy charlando con Kelly, con la CGT… Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo adicional con el tema de las asignaciones familiares, vamos a reforzar AUH, vamos a mirar el impacto en la canasta de jubilados”.

La medida que más controversia genera dentro del Gobierno es la de la suma fija. Se trata de un viejo reclamo del kirchnerismo -el primero en pedirlo fue Máximo Kirchner- que nunca tuvo la aceptación de Alberto Fernández, por su costo fiscal y porque incide en las negociaciones paritarias. Más de una vez el Presidente y los ministros que ocuparon la cartera de Trabajo (Claudio Moroni primero, Olmos después) se mostraron contrarios a la idea.

Sin embargo, ahora Massa retomó esa bandera del kirchnerismo. Se descuenta que la cumbre de la cúpula de Unión por la Patria que tuvo lugar el miércoles en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, a la que asistieron, además del ministro, el gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, versó fundamentalmente sobre la cuestión de los ingresos. “Fue más económica que electoral”, aventuró el estrecho colaborador de uno de los presentes. Y agregó: “Le tenemos que poner plata en el bolsillo a la gente”.

Los detalles de la implementación de la suma fija, el monto y el alcance aún no están definidos. Ni la CGT ni cámaras empresarias como la UIA habían sido convocadas hasta este sábado. En ambas terminales la medida genera resistencia. “Todo el mundo está discutiendo paritarias permanentemente, es algo que tiene una dinámica muy grande y la suma fija altera las paritarias porque es un esquema de recomposición diferente. No es un porcentaje, sino un monto”, dijo a un hombre fuerte de la central obrera.

En la CGT, según pudo saber este medio, sí estarían de acuerdo con “un umbral de ingresos” básicos. Podemos fijar que nadie pueda ganar menos de determinado monto”, apuntaron. Distinta es la opinión que tienen en Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), alineada al kirchnerismo. Su titular, Hugo Yasky reclamó “una suma fija urgente de $75.000″.

Daniel Funes de Riojapresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo a la nacion: “Para el sector privado que negocia paritarias, ese es el camino. La suma fija distorsiona las escalas”.

El otro escollo que encuentra la medida está en el sector público. En el Gobierno algunos aseguran que muchos intendentes no están en situación de caja para afrontar el pago de una suma fija, con sueldos de municipales que suelen ser muy bajos. “Que ponga la plata Nación, a ver si creen que los municipios son un barril sin fondo”, se quejó un jefe comunal peronista de la tercera sección electoral.

Cerca de Massa advirtieron que la medida “se está conversando” y subrayaron: “Va a haber un paquete de medidas con eje en lo productivo, lo social, lo laboral, con el objetivo de recuperar el ingreso por el impacto del devaluación que obligó a hacer el FMI”.

Con los anuncios, en tanto, Massa termina de aplacar el ruido en torno a su continuidad. El ministro aseguró que no dejará el cargo para dedicarse a la campaña. Fue el diputado Eduardo Valdés el que puso el tema en agenda (“Tiene que dejar el ministerio en manos de otro”, dijo). Es cierto que semanas antes de las PASO se había barajado la posibilidad de que Massa se tomara una licencia una vez cerrado el acuerdo con el Fondo. Pero la coyuntura económica terminó de hacer inviable cualquier cambio. Así, deberá seguir adelante con el corset de su puesto.

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Politica

Carrió renunció a su candidatura al Parlasur

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Elisa “Lilita” Carrió anunció que renuncia a su candidatura al Parlasur. La líder de la Coalición Cívica, que había quedado en segundo lugar detrás de Luis Brandoni luego de perder las internas en las PASO, comunicó formalmente que no integrará la lista que competirá el 22 de octubre bajo el lema de Juntos por el Cambio.

Mediante un comunicado en el que hace referencia a su estado de salud, Carrió hizo pública la decisión y aclaró que “acompaña y apoya” la candidatura presidencial de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC).

Desde su entorno explicaron que la renuncia también incluye la no participación en la campaña “por las mismas razones que renuncia – salud-” pero que de todas formas “apoya a Bullrich”.

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Las cuestiones de salud que aquejan a la dirigente ya la habían alejado del último tramo de la campaña en la previa a las PASO pero, más allá de eso, Carrió no se sentía cómoda con el discurso que enarbola el sector que se impuso en las internas de Juntos por el Cambio -ella iba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta– y esto se profundizó desde que se conocieron los resultados y el acercamiento aún mayor de Mauricio Macri con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Carrió ya había advertido que no estaba de acuerdo con el modelo que se planteaba desde las filas de Bullrich, hasta llegó a señalar que el ajuste tal como lo estaban planteando iba a terminar con la gente en la calle y con sangre como consecuencia de la represión. Así fue que las cuestiones de salud, las palabras de apoyo de Macri a los libertarios y el acercamiento continuo, empujaron la decisión de la ex diputada.

La renuncia de Carrió llega en un momento en el que las relaciones entre Bullrich y Rodríguez Larreta buscan encaminarse. El sector que acompaña al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad se muestra todavía golpeado por el resultado de las elecciones y las heridas de la campaña aún no cierran, por lo que la salidad de la líder de la CC-Ari no hace más que poner sal a algo que no cicatriza.

Es conocido que la ex diputada criticó públicamente a Macri por su relación con Milei. Advirtiendo sobre una posible alianza entre el ex presidente con el libertario para llevar adelante un ajuste económico “brutal” para el que sería necesario una fuerte represión en las calles que podría llevar a “matar si es necesario por lo cual el gobierno terminaría “con un juzgamiento por delitos de lesa humanidad”.

Aunque desde las filas de la Coalición Cívica insisten que el motivo de la renuncia a participar de la contienda electoral es la salud, la decisión de Carrió de no ocupar el segundo lugar en la lista de parlamentarios del Mercado Común del Sur por Juntos por el Cambio, sucede en ese escenario.

Ese acercamiento que tan poco le gusta a Carrió se va profundizando desde el domingo pasado. Por un lado Macri elogia los planes de Milei pero marca la diferencia señalando que JxC tiene la capacidad de poder llevarlos adelante. En paralelo, Milei señala en una entrevista radial que, de ganar la presidencia, le ofrecerá a Macri que sea un representante de la Argentina en el mundo, una especie de canciller económico del gobierno libertario. Un ex funcionario y estrecho colaborador de Macri, Fernando Andreis, aseguró que éste no aceptará ningún cargo en el gobierno del libertario, pero sus gestos de simpatía hacia el economista dan cierta verosimilitud a esa posibilidad.

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En el PRO, en donde las críticas de Carrió a Macri no caen bien, señalan que la líder de la CC-Ari “no para de tirar piedras, parece que buscara romper Juntos por el Cambio a pesar de que repite que apuesta a la unidad; dice que va a apoyar a Patricia pero no va a participar de la campaña y repite que el plan económico es un ajuste brutal”.

Carrió reaparecerá públicamente esta semana cuando brinde una charla en el instituto de Formación Política y Culural Hannah Arendt sobre “La Argentina que viene”.

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