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Politica

DE MAL EN PEOR…

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EL CANAL DE TV -ORBE 21- PERTENECIENTE A LA IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, SE ENCUENTRA EN SERIO PELIGRO DE SUFRIR UN “DAÑO IRREPARABLE”.
Creo importante señalar que el artículo que sigue lo he publicado en el año 2015 en más o menos unos 80 comunicadores sociales, entre los que se cuentan medios gráficos, emisoras de radio y televisión, instituciones de diverso tipo (incluida la Iglesia Católica) y sin embargo nunca las autoridades públicas y/o eclesiásticas tomaron esto con la debida importancia.
En la actualidad, y por haber “corregido o frenado” el –ENACOM- lo que en este artículo se denunciaba, ahora, vuelve a observarse la persistencia de aquella vieja inquietud allí descripta a través de medidas que “repiten aquél grave error”, pero, esta vez, con otro beneficiario adjudicado en calidad de “Licenciatario Operador”: Jorge Fontevecchia, hoy, empresario de multimedios de Argentina. Por lo tanto, en donde se menciona a la empresa TELEFE, ahora deberá leerse: Editorial PERFIL.
Este artículo, no intenta, bajo ningún punto de vista, comprometer ni poner en tela de juicio el buen nombre y honor de las personas y empresas citadas, sino, alertar sobre el inminente peligro de “daño irreparable” que se cierne sobre el servicio de televisión abierta, directa y gratuita, autorizado institucionalmente a la Iglesia Católica, como Persona Jurídica de Carácter Público, mediante un Decreto presidencial.
Radiodifusión
LAMENTABLEMENTE, LA HISTORIA SE REPITE
En principio, hay que decir que este es el resultado de un enorme desconocimiento, por parte de la Iglesia Católica como de los funcionarios del gobierno. Una minuciosa revisión histórica de todos los pasos seguidos desde la Actuación Nº 10567/93 (Expediente 1415/CFR/93), reiniciado luego mediante Actuación Nº 2069/99 (Expediente Nº 2510-CFR/99), trámite, este último, que culminaría -8 años después- con la autorización otorgada por Decreto Nº 1314/2001 (modificatorio del Decreto 769/2000), seguramente daría un panorama mucho más claro sobre los criterios empleados para hacer -según se desprende de la Resolución Nº 38 AFSCA/2015- que una Persona Jurídica de Carácter Público como lo es la Iglesia Católica termine siendo apenas un satélite que deberá funcionar dentro de la órbita de una Persona Jurídica Privada como TELEFE.
El Decreto 1314/2001, autoriza a la Orden de Frailes Menores Viceprovincia San Francisco Solano de la Iglesia Católica (Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio) a instalar y operar el Canal 21 de UHF, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores. Por entonces, el titular del Arzobispado de Buenos Aires era Mons. Jorge Mario Bergoglio, a quien más tarde le fuera delegada la conducción del citado Canal 21. La Orden citada es un Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio, por cuanto dicho canal se encuentra dentro de la órbita de Mons. Jorge Bergoglio, hoy, el Papa Francisco.
De acuerdo a lo que determina la Resolución Nº 38 AFSCA/2015, la frecuencia correspondiente al Canal 21 ha sido sustituida por “un fragmento de la misma frecuencia” (ahora asignada a TELEFE), técnicamente señalado como Canal Digital 21.2; o sea, que en lugar de la independencia que le otorgaba la posesión de la totalidad del ancho de banda de 6 MHz. asignado (algo así como poseer el terreno en donde construir un edificio), a partir de dicha medida discriminatoria el canal de la Iglesia Católica deberá contentarse con “ocupar un pobre cuartito” dentro de un “consorcio” compuesto por señales de variado tipo y finalidad, en el cual jamás podrá crecer, expandirse, o simplemente, mantenerse.
Pues bien, hasta ahora la Iglesia Católica podía gozar de la independencia necesaria para la conducción de su Canal 21, dado que, al no depender de terceros, era responsable absoluto de sus emisiones y de sus contenidos; pero, a partir de esta medida confiscatoria del espacio radioeléctrico que –por ser institucional- se le había adjudicado con permanencia ilimitada, el canal en cuestión pierde su potencia original (la que podría llegar hasta la máxima categoría, debido a la inexistencia de servicios interferentes de su mismo tipo dentro de la banda), para verse reducido a la mínima expresión, en un formato digital que –durante la transición actual de lo analógico a lo digital- no permite advertir posibilidad alguna de alcanzar una audiencia que justifique el sostenimiento de la emisora en el aire.
La Persona Jurídica de Carácter Público, Iglesia Católica, no puede depender o mezclarse con una Persona Jurídica de Carácter Privado, habida cuenta que sus fines son –esencialmente- diferentes. Sería algo así, como si el Canal 7, de la Televisión Pública en su carácter de Persona Jurídica de Carácter Público – Estado Nacional) pudiese funcionar dentro de la órbita de alguno de los canales de Capital Federal (7, 9, 11 o 13), restándole entidad o importancia, sin equipamientos propios y con una ínfima o nula llegada al público en general, etc., etc., etc., o lo que es aún más grave: con equipos propiedad de una Persona Privada.
Según el Art. 5º del Decreto 1314/2001 (de autorización): “… el Canal 21 ostenta prioridad con respecto a los servicios complementarios –de carácter secundario-, los que no deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o de un servicio autorizado del mismo tipo al que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro”.
Es muy claro al respecto.
En este caso, no solo le quita a la Iglesia “la prioridad de uso” que ostenta sobre el Canal 21, sino, que lo minimiza y lo somete a una “dependencia” impropia del servicio que le fuera autorizado: “de radiodifusión de televisión abierta, directa y gratuita al público en general”, catalogado como un servicio primario esencial y declarado de “interés público” por toda la legislación existente.
Esta situación es claramente violatoria de los derechos de libertad de expresión y de igualdad expresamente garantizados por nuestra Constitución Nacional. La Iglesia Católica –como institución- colabora permanentemente con el Estado y sus fines son todos aquellos en los cuales es necesaria su participación activa, y no sólo en aquellos relacionados con las tareas evangelizadoras.
La Autoridad competente -en este caso- decide de antemano y en forma arbitraria quienes podrán desempeñar la actividad comunicacional en forma abierta o cerrada; en Alta o Baja Potencia y quienes podrán ser operadores principales o secundarios; lo dicho, sin ningún tipo de análisis técnico o legal que lo justifique y bajo la existencia de la Atribución de Bandas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT – Reglamento de Radiocomunicaciones – Art. 83 de la Ley Nacional 23.478 (Convenio Internacional de Nairobi), cuestión esta que ameritaría un mayor debate posterior.
La medida adoptada discrimina a la Iglesia Católica de las universidades nacionales, habida cuenta, que siendo ambas Personas Jurídicas de Carácter Público; a la Iglesia se la restringe quitándole el Canal 21 (único canal de la Banda de UHF que cumple con el servicio para el cual ha sido atribuida), mientras que autoriza –en la misma área de servicio- hasta 15 canales para las universidades nacionales con todo el ancho de banda de 6 MHz. (Resolución N° 7 SECOM/2013) que corresponden a los canales de televisión de recepción abierta, directa y gratuita. Al respecto, debemos recordar el Artículo 13, del Pacto de San José de Costa Rica, el cual nos dice que:
“No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
En definitiva: “el Estado tiene que hacer todo lo que promueve y tiene relación con el bien común; no tiene que hacer lo que lo daña, lo que lo perturba, lo que lo disminuye; y tampoco tiene que hacer lo que carece de relación con el bien común” (Dr. Germán Bidart Campos – Abogado Constitucionalista).
De acuerdo a lo expuesto, la Autoridad de Aplicación no podría fundamentar lo hecho como pensado en el “bien común o en el interés público”, del servicio.
Sin saberlo o a sabiendas, el hecho contundente, si no se tomara a tiempo su debida reparación, es que esta medida (Resolución Nº 38 AFSCA/2015) es confiscatoria de un bien que la Iglesia Católica de la Argentina había obtenido para su comunicación con el público en general, sin límite de vigencia, tal y como corresponde por tratarse de una autorización “de carácter institucional”. La Constitución Argentina, desde el año 1994, sólo permite la ampliación de los derechos y no así el recorte de los mismos, menos todavía, cuando aquellos ya habían sido reconocidos mediante Decreto del PEN.
La verdad, es que la Resolución Nº 38 AFSCA/2015 no sustituye –como lo expresa- la asignación original, pues, ello sería así, si –a cambio- le asignara otra frecuencia para que pudiera ejercer –sin restricciones de naturaleza alguna- los mismos derechos que ya poseía. La medida, en realidad restringe, recorta, limita, aborta su autonomía y la obliga a funcionar de manera esclava de otro servicio, considerado –arbitrariamente- por la administración como “operador licenciatario”, quien tendrá la función de tomar, multiplexar (convertir en digital) y distribuir la señal de la Iglesia –por el momento- con destino a un público determinado, y no, al público en general. En la “jerga técnica”, se diría que convierte una autorización de radiodifusión en una simple productora con enlace para el “Transporte de Programas”, una enorme enajenación de derechos y posibilidades sobre todo el futuro de la actividad comunicacional de la institución.
Tal vez, los responsables –de uno y otro lado- no hayan advertido que le han quitado el canal de televisión a un Instituto de Derecho Pontificio, y que –en realidad- hoy le están enajenando el Canal 21, nada más y nada menos, que al mismísimo Papa Francisco.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista

Politica

EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA, EL KIRCHNERISMO PRESIONA EN EL SENADO PARA AVANZAR CON LA AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

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Mañana podría haber sesión especial en el la Cámara Alta para tratar el proyecto de ley que propone aumentar de 5 a 25 el número de jueces del Máximo Tribunal. Hay dudas sobre las posturas de los oficialistas Adolfo Rodríguez Saá y Marcelo Lewandowski, lo que complicaría el quórum y su aprobación.

FOTO TAPA : HORACIO ROSATTI (PRESIDENTE) CARLOS ROSENKRANTZ (VICEPRESIDENTE) JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LORENZETT 4 nuevos integrantes de la corte suprema

Con la discusión por la modificación del Consejo de la Magistratura empantanada en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo buscará avanzar mañana con otro proyecto de ley que busca modificar la estructura de la Justicia. En lo que será una nueva sesión especial, el oficialismo intentará darle media sanción al texto que amplía la cantidad de miembros de la Corte Suprema y lo lleva de cinco a veinticinco jueces.

El proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, a pedido de 16 gobernadores del oficialismo y que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, está pronto a ser debatido mañana, ya que el dictamen fue firmado el último miércoles, tras una audiencia de la que participaron siete gobernadores del oficialismo que se presentaron para darle respaldo a la medida.

La duda que persiste es si el kirchnerismo cuenta con el número necesario para poder darle media sanción a la norma, ya que algunos senadores aún no hicieron público su posicionamiento.

(Gustavo Gavotti)(Gustavo Gavotti)

El interbloque del Frente de Todos está compuesto por 35 senadores y, para lograr la media sanción, necesita que estén todos presentes y sumar otras dos voluntades; en ese rol suelen aparecer el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega.

Según confiaron fuentes palaciegas, la misionera Solari Quintana acompañará al oficialismo y el rionegrino Weretilneck va con un proyecto propio: propone una Corte de 16 miembros. En tanto, aún resta saber qué va a hacer la senadora Clara Vega: integra un monobloque y, aunque suele votar con el Frente de Todos, en esta ocasión presentó una iniciativa en la que sólo plantea la paridad de género, pero no el aumento del número de jueces.

Donde hay más incertidumbre es dentro del interbloque del Frente de Todos porque hay dudas respecto de lo que harán Marcelo Lewandowski y Adolfo Rodríguez Saá, ambos integrantes de la bancada del Frente Nacional y Popular que conduce José Mayans.

En el primer caso, las dudas sobre el santafesino se deben a que el gobernador de esa provincia, Omar Perotti, no firmó el pedido junto a los otros 16 gobernadores del PJ.

Marcelo Lewandowski  junto a Eduardo Kueider (Frente de Todos) y Carolina Losada Marcelo Lewandowski junto a Eduardo Kueider (Frente de Todos) y Carolina Losada

En el caso de Rodríguez Saá, la discusión parece ser menos más profunda. El puntano presentó un proyecto para llevar la Corte a 15 miembros, lo que demuestra su vocación de ampliar el Máximo Tribunal; sin embargo, la duda en el interbloque se debe a que su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, es uno de los impulsores del proyecto de un Tribunal con 25 miembros y “el Adolfo se opone a todo lo que venga del Alberto”.

En ese contexto, y por más que sume las voluntades de los senadores que están por afuera de los interbloques del oficialismo y la oposición, el Frente de Todos no contaría con el número necesario para lograr el quórum y su posterior media sanción.

“A esta hora, mañana hay sesión”, reflejó un senador kirchnerista tratando de explicar el estado de situación de las negociaciones. Por el lado de la oposición siguen de cerca las tratativas. “Pueden llamar a sesionar en cualquier momento”, admiten.

Los senadores de Juntos por el Cambio decidieron no asistir a las reuniones de comisión en las que se debatieron los proyectos y se presentaron especialistas como muestra del rechazo a la norma que impulsa el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Mientras esperan el llamado de la Presidencia del Senado a sesionar, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, ya dejó en claro el posicionamiento que llevarán al recinto: “Mientras la zozobra de los cambios en Economía angustia a los argentinos, Cristina Kirchner impone en el Senado de la Nación la votación para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Será el jueves. En medio de este clima, ellos están preocupados solo por eso”.

 

 

 

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Economia

AUMENTOS,VENTAS PARALIZADAS Y FALTA DE PRECIOS ANTE LA INCERTIDUMBRE ECONOMICA

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Los consumidores que intentan realizar compras en este día de incertidumbre económica, con un salto en la cotización del dólar blue, se encuentran con varias situaciones inesperadas: desde la suba de precios con respecto a los días anteriores —los “aumentos preventivos” que suelen aplicar los proveedores y comercios en días de mercados alterados— o directamente con la imposibilidad de concretar la compra.

“Me están enviando algunos notas de proveedores donde suspendieron las ventas o listas de precios nuevos. Es una incertidumbre total. Pero ¿quién se va a arriesgar a vender un producto que no tiene idea del precio y el mayor riesgo es que no lo va a poder reponer? Por lo tanto, es probable que haya un par de días con esta incertidumbre y problemas para realizar compras”, aseguró una fuente del sector comercial.

Siempre hay una sobrereacción de los mercados cuando no hay información. Se paraliza la economía unos días hasta que la cosa vaya aflojando (Otálora)

Estas situaciones se observaron en comercios del rubro de construcción, calzado y gastronomía. Desde comercios con las persianas bajas en las primeras horas de la mañana hasta páginas de comercio electrónicos con precios ya actualizados, los reflejos del sector empresario y comercial no fallan cuando se dan situaciones de subidas violentas del precio del dólar informal, como ocurrió en crisis anteriores.

“Siempre hay una sobrereacción de los mercados cuando no hay información. Todavía no habló la ministra, no conocemos a su equipo. Nadie asume para romper todo, pero esto es algo muy común: se paraliza la economía unos días hasta que la cosa vaya aflojando. Cuando hay desconocimiento es lo que suele pasar”, explicó el economista Mariano Otálora.

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) señalaron que hay varios comercios donde hoy no tienen precios de sus proveedores, como es el caso del rubro de electrónica. “No hay precios porque se está esperando a ver qué pasa. Para el pequeño comercio, de barrio, el stock es su capital y lo requiere para poder pagar servicios, alquileres e impuestos. Tiene que sentirse seguro que de lo que está vendiendo luego lo va a poder reponer”, indicó Fabián Castillo, titular de Fecoba.

“Además se vienen de una situación muy dura, donde más de 50.000 comercios en todo el país cerraron durante la pandemia y 15.000 en la ciudad de Buenos Aires. Hay más sensibilidad y son cuestiones que no son manejables por los propios comercios. En general tratan de esperar un poco a ver qué pasa, lo que es entendible para un pequeño comercio y pyme que no es formadora de precios”, agregó Castillo.

En tanto, desde las grandes cadenas de supermercados aseguraron que la actividad durante el comienzo del día fue normal y que no hubo más afluencia de compradores durante el fin de semana.

Esta semana, la secretaría de Comercio Interior confirmó que el programa de cuotas Ahora 12 se mantendrá vigente hasta el 31 de enero de 2023 (con la posibilidad de financiar compras en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias en 30 rubros).

Durante el primer semestre de este año, Ahora 12 registró 32 millones de operaciones por un total de $548.000 millones y un ticket promedio, en mayo de 2022, de $19.224. Los rubros que registraron mayores ventas mensuales son electrodomésticos (32%), indumentaria (29%) y materiales de la construcción (8%).

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Politica

MOVIMIENTOS SOCIALES RECLAMAN EL SALARIO BASICO UNIVERSAL A LA MINISTRA BATAKIS

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Tras varias semanas de tensión en el oficialismo por el reparto de los planes y en medio de la crisis política desatada a partir de la renuncia de Martín Guzmán, las organizaciones sociales arrancaron la semana marcándole la cancha a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

“Querida, te banco fuerte, pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

La implementación del Salario Básico Universal es un viejo reclamo de las organizaciones sociales al que también suscribe Cristina Kirchner. En su última aparición pública en Ensenada -el mismo día que renunció Martín Guzmán-, la vice dio el visto bueno a la propuesta.

“Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política. Pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie”, dijo sobre la medida que, en palabras de CFK, estaría destinada a los más de siete millones de trabajadores informales de la Argentina.

Esta iniciativa viene siendo reclamada por las organizaciones sociales y consiste en crear un ingreso fijo de carácter universal que permita cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, y que eventualmente sería asignado a cambio de una contraprestación en forma de capacitación o trabajo.

La presión de Grabois a Batakis se da tras semanas de fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner a la administración de los planes que hacen las organizaciones sociales, que sonaron fuerte en esos sectores, en especial entre los más cercanos al “albertismo”, como el Movimiento Evita Barrios de Pie.

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