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DENUNCIARON A LUANA VOLNOVICH POR INCORPORAR AL PAMI A 200 EMPLEADOS SIN EXIGIRLES EL TÍTULO SECUNDARIO

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Después de la información publicada por Clarín sobre el ingreso a planta permanente en el PAMI de 206 trabajadores, muchos de ellos sin el secundario concluido, la titular del organismo Luana Volnovich fue denunciada penalmente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación judicial la realizó la diputada opositora Marcela Campagnoli y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.

Según indica la resolución 2022-263 del PAMI, que se firmó el jueves pasado, dispone el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya se encontraban bajo contratos temporales, y se hará efectiva a partir del 1 de abril.

En la justificación de la medida, Volnovich dijo que es “necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura”.

La discusión que devino en la denuncia penal, surgió en relación a los diez párrafos de la resolución que explican la situación de quienes no cumplen con una de las exigencias detalladas en las Políticas de Ingreso al Estado: haber terminado la escuela secundaria. Al respecto, la directora del PAMI explicó que estudios tanto nacionales como internacionales “han dado cuenta que la retención y terminalidad de estudios continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina” y que las causas que generan el abandono escolar “son múltiples, complejas y variadas”.

Dijo que, pese a ello, “la necesidad y el derecho al trabajo en los y las jóvenes es el factor de preponderancia”. Para la titular del PAMI, la presentación del título secundario “deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo“.

La situación causada por el Covid-19 tampoco quedó afuera de los argumentos para justificar la incorporación de agentes que no terminaron la escuela. Volnovich señaló que la pandemia “agravó las dificultades para la terminalidad educativa, en adolescentes y jóvenes”, siendo “los sectores más desfavorecidos los que sufrieron mayores dificultades para la continuidad de sus trayectorias escolares”. Recordemos: fue el gobierno nacional quien defendió la no presencialidad en las escuelas durante más de un año.

Antes de explicar cómo se subsanará el faltante del título secundario entre los contratados que pasarán a la planta permanente del PAMI, la titular del organismo habló de “la matriz elitista del sistema educativo, en particular en su nivel secundario”, que “refuerza la exclusión de vastos sectores de la población de dicho nivel educativo”.

Por ese motivo, decidió que a aquellos que no cuentan aún con su título secundario “les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación”. Tienen hasta entonces para regularizar la situación, es decir para terminar la escuela. O conseguir algún título.

Hasta que eso suceda, “la persona trabajadora continuará prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, hasta tanto se den por cumplidas las exigencias para obtener ese título secundario”.

Ante la consulta de Clarín, desde el PAMI explicaron que el pase a planta de las 206 personas, “es la regularización del personal contratado del instituto de 2006 en adelante. En ese sentido se garantiza la igualdad de derechos y condiciones laborales de todas y todos los trabajadores”. Y que “no se trata de una excepción” sino “un mecanismo de estímulo para que los monotributistas que están desde hace años en esa condición terminen el secundario”.

Este martes, la diputada Campagnoli denunció la situación ante la justicia federal. “Se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, el cual podría haber sido garantizado mediante la apertura de un concurso que permita a personal experto e idóneo en la materia acceder a los respectivos cargos públicos”, sostiene la denuncia a la que accedió Clarín. Por el contrario, continúa, “se restringe el acceso seleccionando arbitrariamente personas que incluso no cumplen los mínimos requisitos legales (tal como poseer en título secundario) para desempeñar las funciones que le sería asignadas”.

En otro tramo de su presentación, la referente opositora dijo que nos encontraríamos “frente a una clara inobservancia de los deberes que la Directora Ejecutiva del PAMI tiene a su cargo como funcionaria pública, abusando de su función con el único fin de beneficiar a personas que no poseerían los requisitos necesarios para acceder a cargos públicos, y que cuyo único mérito o muestra de idoneidad sería ser militantes del partido al que Volnovich pertenece“.

Asimismo, se expuso que con esa medida PAMI “recurre a personal carente de idoneidad o conocimiento técnico, lo que no solo sería un desbaratamiento de los fondos estatales asignados a dicho programa, sino que devendría en un perjuicio contra los afiliados (en su mayoría jubilados, discapacitados y pensionados que se encuentran en situación de precariedad)”.

Según confirmaron fuentes oficiales, el sueldo básico entre los trabajadores del organismo está por encima de los 80.000 pesos.

 

 

 

 

 

Luana Volnovich, titular del PAMI, fue denunciada penalmente. Foto Lucía Merle.

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La Justicia rechazó recursos extraordinarios de ambientalistas y ratificó la exploración petrolera

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La Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisibles las presentaciones en diciembre realizadas por diversas organizaciones.

La exploración petrolera sigue sumando capítulos judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por organizaciones ambientalistas contra el fallo que habilitó la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La decisión confirma la autorización que los jueces habían otorgado el 5 de diciembre para el comienzo de las actividades. Los recursos, presentados 20 días después, habían frenado el inicio de los trabajos de la empresa Equinor.

El mes pasado, la Cámara consideró que tanto el Gobierno nacional como Equinor cumplieron con los requisitos que le habían sido requeridos, y revocó parcialmente la medida dictada por el juez Santiago Martín. También establecieron una serie de “condiciones esenciales” para la ejecución de la exploración petrolera.

Por caso, dispusieron que deberán incluirse como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul”, en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes “deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”.

Otra de las condiciones fijadas es que las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros” del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.

En tercer lugar, la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

Por otro lado, exhortaron a las autoridades administrativas a que “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control” sobre las tareas de exploración, a fines de “cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas, debiendo articularse la inmediata suspensión de las actividades del proyecto en caso de incumplimiento”.

En su momento, la organizaciones ambientalistas que presentaron el recurso habían advertido que, si era rechazado, recurrirían a una queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Tabacaleras: Denuncian por presunta corrupción a jueces de la Cámara Federal de Rosario

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Los jueces Toledo y Facciano fallaron en favor de la tabacalera Bronway aprovechando la ausencia de uno de sus pares. Se trata de un juicio por el pago de impuestos que superaría los 100 mil millones.

En los juzgados federales de Rosario se viene librando una batalla de impacto nacional que pone en juego miles de millones de pesos de recaudación. La tabacalera rosarina Bronway presentó un amparo para no pagar lo que se conoce como “impuesto mínimo”, esto fue un invento del macrismo ideado por Massalin que a cambio de que le bajen cinco puntos los impuestos que pagaba a los cigarrillos, propuso que se fije un monto mínimo -hoy ronda los 200 pesos- para los atados de cigarrilos.

Como las marcas internacionales de Massalin, que es Philips Morris, que es Marlboro, cuestan de 300 para arriba era un negocio estupendo, que además tenía la ventaja de dejar al borde de la quiebra a las tabacaleras nacionales que venden sus marcas en torno a los 200 pesos.

La Justicia citó a declarar a un diputado de Misiones por su cercanía con la tabacalera Massalin

El problema con Bronway es que se metió en el negocio después de la creación de ese impuesto mínimo -antes se dedicaba a hacer CDs, por eso la segunda parte de su nombre es Technology- y su negocio, explican en el mercado, esta basado en la hipótesis de no pagar el impuesto mínimo mediante un amparo. Una distorsión que se suma a un mercado muy distorsionado. En la AFIP calculan que esta tabacalera tiene una deuda acumulada de impuesto impagos que ronda los 100 mil millones.

Bronway enfrentó en el pasado investigaciones  por contrabando y robo y falsificación de estampillas de cigarrillos, causa está última en la que se declararon culpables.

El fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Pacciano, que le redujo a la tabacalera Bronway la contracautelar de 2.000 millones a 90 millones, será investigado por el fiscal Claudio Kishimoto. En los tribunales federales de Rosario consideran un “escándalo” que se haya habilitado la feria para esa decisión.

Como sea, en su pelea en la justicia rosarina, Bronway logró movilizar a un grupo de tabacaleras pymes nucleadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) que realizaron varias manifestaciones frente a los tribunales federales de Rosario, amenazando con despedir a cientos de trabajadores si no les concedían el amparo para no pagar el impuesto mínimo.

La presión de la tabacalera de Darío Ippolito, fue tan intensa que incluso logro que le bajaran la caución para darle el amparo de 2.000 millones a 90 millones. Una nimiedad si se tienen en cuenta los montos en juego.

El fallo express que consiguió Ippolito lleva la firma de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano y se produjo luego de una maniobra muy visible, para evitar que voten magistrados que estaban en contra del beneficio.

Ahora estos jueces serán investigados por la fiscalía número 2 de Rosario, por los presuntos delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Claudio Kishimoto quedó a cargo de la denuncia.

Carlos Castagnetto, titular de la AFIP.

La polémica se remonta al 23 de mayo de 2022 cuando la jueza federal Silvia Arramberri, le deniega el amparo a Bronway, en base a estimaciones de la propia AFIP que debían más de 100 mil millones en impuestos. Ippolito apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

El 29 de Diciembre del año que acaba de terminar la Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario rechazó la solicitud de Bronway, pero le concedió un plazo de tres meses para que regularice su situación impositica con algún plan de pagos con la AFIP. Los camaristas dispusieron además en ese momento un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad debían ser fijados por la jueza Aramberry, hasta que se alcanzara la  resolución definitiva del conflicto.

El 4 de enero la jueza Aramberry fijó una contracautela de 2.000 millones de pesos, en base a un informe económico de AFIP que dispuso ese monto equivalente al 30% de la deuda impositiva de Bronway de los últimos cuatro meses.

Pero el 14 de enero, los camaristas Toledo y Facciano, habilitando la feria judicial de una manera que abogados del fuero calificaron de “escandalosa” ya que no habrían justificado debidamente esa excepcionalidad, redujeron la contracautela a 90 millones. Esto es, 1910 millones menos de lo fijado por la jueza de la causa.

Esto derivó en la causa penal contra los magistrados y una denuncia en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No es un problema menor el que se plantea, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores del juicio.

No es un problema menor el que se plantea con este fallo, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal. Bronway empezó a operar en el sector tabacalero con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar.

Este riesgo surge porque Bronway empezó a operar con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar. “Cualquier empresa de cualquier rubro que quiera incumplir con los impuestos puede plantear una cautelar. Por ejemplo, una cerealera contrata 200 empleados y va y pide cautelar para evadir impuestos porque sino los costos no le dan y la gente se queda sin empleo. Esto es desigualdad ante la ley, además de competencia desleal garantizada por un Tribunal Federal”, explicó la fuente consultada.

Sin embargo, la movida no cuenta con el respaldo del sector. Es que el no pago de impuestos está dejando sin recursos al Fondo del Tabaco (FET) que subsidia a los productores del norte del país, nucleados en la Federación Argentina de Productores de Tabaco. Estos trabajadores emitieron un comunicado en el que respaldan a la AFIP y le dan su apoyo “por asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuesto Mínimo que ordena la recaudación y Distribución del Fondo del Tabaco (FET)”, que dispone que el 7% de la venta de cigarrillos integra ese fondo que luego se distribuye como subsidio a los productores del norte.

Es decir que sobre la supuesta deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Bronway con el fisco,  unos 7 mil millones se destinarían a subsidiar a los productores que cultivan tabaco en el norte del país, en condiciones de subsistencia.

“Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley”, agregaron los productores en su comunicado en apoyo a la AFIP.

En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados – de los cuales 15 mil son pequeños productores- y la actividad genera empleo para más de cien mil trabajadores en forma indirecta. La Federación esta representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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“A ver si volvés a pegar, negro de mierda”: las pruebas que complican a los tres rugbiers que no hablaron en el juicio

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Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli no tomaron la palabra ante el Tribunal N°1 de Dolores. Las revelaciones en su contra en el proceso y en el expediente: sangre de Fernando en la camisa y un anillo de seguridad para lograr impunidad

Tres de ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa eligieron callar. Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli mantuvieron el silencio hasta la última de las audiencias de declaraciones testimoniales, con peritos y testigos directos del crimen que complicaban a ellos y a sus compañeros y con vecinos de Dolores que les gritaban “asesinos” desde la calle, mientras sus compañeros de causa hablaban de manera aparentemente espontánea. Dijeron que habían bebido alcohol esa noche —con solo una botella de vodka para diez personas incautada en la casa que ocupaban—, que se habían visto involucrados en una pelea, maniobras consonantes con una calificación de homicidio en riña, que les garantizaría una pena de apenas seis años de cárcel como máximo.

Sus padres estuvieron presentes durante las jornadas. Sergio Viollaz, padre de Ayrton, fue una presencia casi constante durante las tres semanas del proceso. Benicelli tuvo que oír el sufrimiento que el crimen le provocó a su padre, Héctor, que declaró como testigo, citado por la defensa de Hugo Tomei. “Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hija y a mi señora en la calle. Escucho cómo la insultan mediáticamente a mi señora. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor”, sostuvo.

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, aseguró ante los jueces: “Estamos devastados desde ese momento”. Desde la segunda hilera del banquillo de los acusados, su hijo se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel. Luego, Guillén tomó aire y siguió. “Nos cambió la vida a todos. Yo desde ese día pienso que… Es una agonía constante. No podés salir a la calle. Mi marido, que trabajaba en una ferretería, casi pierde el puesto. Es tremendo”.

Benicelli, Comelli y Viollaz fueron señalados durante el proceso y en el expediente. Benicelli es el más complicado de todos.

Matías Benicelli, complicado por testigos y la pericia de ADN

Sebastián Saldaño, el quiosquero que presenció la agresión, marcó a Benicelli como arengador del ataque, al tiempo que Thomsen pateaba en la cabeza a Báez Sosa. Tomás D’Alessandro, quien salió con Fernando cuando los patovicas de Le Brique los expulsaron, y que también fue uno de los agredidos, aseguró que durante la golpiza, Benicelli le gritó a su amigo: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”. Por su parte, Tomás Bidonde, testigo presencial de la paliza mortal, lo marcó como uno de los que atacó a los amigos de Báez Sosa “para evitar que lo salven”.

Los testigos señalaron a Benicelli por su peinado. “El de la colita, el del rodetito”, dijeron. Ese peinado fue instrumental para que los policías de tres DDI de la Bonaerense lo reconocieran tras verlo en cámaras de seguridad, cuando lo arrestaron en la casa que los rugbiers ocupaban en Villa Gesell.

También, el perito César Guida reveló que se halló sangre de Fernando en la camisa floreada que Benicelli vistió en la noche del crimen.

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Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.

Cinco testigos marcaron a Viollaz como partícipe de la pelea. Durante la segunda jornada del debate, Federico Raulera, amigo de Báez Sosa, lo ubicó en el rol de “arengador”. En la rueda de reconocimiento, según consta en la elevación a juicio, lo había identificado y ya por entonces lo describió como de “pelo negro, como (con) un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo, de remera blanca”.

Santiago Corbo y Franco Cervera, otros amigos de la víctima, también hicieron referencia a Viollaz como “uno de los que hacían de barrera” para que ellos no pudieran auxiliarlo. Esto coincide, a su vez, con lo que declaró Bidonde, testigo clave de la pela: aseguró que Benicelli y Viollaz atacaron a uno de los amigos de Báez Sosa para evitar que lo socorrieran.

Comelli, en cambio, se encuentra entre los menos mencionados. Lo identificó Juan Bautista Besuzzo, amigo de la víctima. Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que “lo sentó con un golpe”. Comelli, descubrió Policía Científica, tenía un hematoma en el labio inferior cuando lo detuvieron.

Ahora, los tres junto a los otros cinco acusados continuarán detenidos hasta el próximo momento clave del juicio: los alegatos, que ocurrirán el 25 y 26 de este mes y el veredicto, que llegará el martes 31.

FUENTE INFOBAE

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