Connect with us

Policial

Denuncias de abuso sexual contra el cura confesor de Grassi

Publicado

on

Las denuncias “mostraron un mismo modus operandi. Un patrón para seleccionar a sus víctimas entre los chicos más vulnerables para establecer relaciones abusivas y sostenidas en el tiempo”, aseguró a Página/12 el abogado de las víctimas.

Nuevas denuncias de abuso sexual complican a Eduardo Lorenzo, el excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, confesor del padre Julio César Grassi , y actual párroco de la iglesia Inmaculada Madre de Dios, en Gonnet. En la causa, que fue desarchivada este año, diez años después de la primera denuncia contra el cura, se presentaron nuevos testimonios que, según explicó el abogado querellante Juan Pablo Gallego a Página/12, son “contundentes” y “mostraron un mismo modus operandi. Un patrón para seleccionar a sus víctimas entre los chicos más vulnerables para establecer relaciones abusivas y sostenidas en el tiempo”. El letrado exigió que la Iglesia aparte al cura y que la justicia intervenga coactivamente sobre el cura porque, según denunció, el eclesiástico “apretó a los denunciantes llamándolos por teléfono antes de que declaren”, hecho que podría repetirse ante próximas denuncias.

Tras casi once años, la causa contra el cura adquirió un ritmo vertiginoso en los últimos días. La primera denuncia había sido realizada en 2008 , por un adolescente que declaró bajo el nombre de León, y archivada al año siguiente. Según consideró la fiscalía en aquel entonces no existían pruebas suficientes. Pero este año, Gallego, quien patrocina a los padrinos de León, logró en mayo que se desarchive la causa e incorporó nuevas pruebas y denuncias, que tramitan en la UFI 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Medina.

Gallego, querellante en la causa por la que se condenó a Julio Cesar Grassi a 15 años de prisión por abuso, explicó que cuando se presentó la denuncia estaba “Héctor Aguer a cargo de la iglesia platense. Y había un expediente canónico que comprobó la culpabilidad de Lorenzo, aunque de forma light, sin indicar la comisión del delito. Pero que lo sanciona por conductas inapropiadas. Un expediente que queda en secreto”.

“Ahora presentamos dos víctimas inequívocas, con relatos estremecedores y similares, aunque no se conocen entre ellos. Eran chicos de camadas distintas, uno testimonió el 4 de julio y el otro este miércoles”. Uno lo hizo bajo el nombre de Jorge, y reflejó hechos acontecidos entre 1993 y 1995, cuando Lorenzo era párroco de la iglesia San Benito de Olmos. El otro, con el nombre de Ricardo, describió “los abusos entre 2000 y 2003”, mientras el cura se desempeñaba en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en calle 38 esquina 20.

“Los jóvenes explicaron los ataques sexuales reiterados y permanente sobre ellos. En el caso de Ricardo, contó que integraba los grupos misioneros que armaba el cura, cómo se daban los abusos e indicó otras víctimas. En ambos casos, los relatos son similares y detallan cómo Lorenzo apuntaba a chicos de entre 13 y 16 años, muchos de ellos monaguillos. Eran juegos sexuales que se daban en varios escenarios. En la vivienda que tenía en la parroquia, hacía fiestas en el departamento que tenía en el centro de La Plata, en el verano alquilaba una quinta importante donde llevaba a los chicos, y un cuarto lugar eran los campamentos que organizaba, siempre con varones. Los invitaba a fiestas donde les daba bebidas alcohólicas, hablaba contra las mujeres y les decía ‘que nadie pierda el tiempo con ellas’, los incitaba que mostraran el tamaño de sus penes, y se iba aproximando a los más vulnerables, de los que elegía a tres o cuatro. Chicos a los que les costaba salir de esas encerronas porque, además de ser un adulto con una relación de autoridad, y tener características carismáticas, apelaba a su poder. Hacía gala de ese poder con los chicos, especialmente cuando alguno se le retobaba”, explicó el letrado.

Según el abogado, hay muchos detalles en la causa: desde cómo era la cama donde se perpetraban los abusos, cómo ofrecía “mejorar la situación” de los chicos “a cambio de sexo”, hasta los lugares y las formas de captar a los menores que integraban los grupos Scouts y parroquiales que armaba Lorenzo.

En los próximos días podría sumarse un nuevo testimonio contra el cura, dijo el abogado. Pero advirtió que “lo que ha pasado hasta ahora es que se ha filtrado el nombre de las víctimas antes de que declaren, y el propio Lorenzo los llamó por teléfono. Tenemos pruebas de audio y las llamadas entrantes y salientes. Por eso es necesario que haya una acción coactiva contra Lorenzo por parte de la fiscalía para evitar estos aprietes. Porque si bien no han tenido suerte, son jóvenes aterrados porque los llaman diciéndoles que se meten con el arzobispado y con los abogados de Lorenzo. Es un claro intento de entorpecer la investigación en su contra”.

Y agregó que “intentar encubrir es alargar el sufrimiento de las víctimas, y aunque va a ser estéril, porque las pruebas son abrumadoras, produce un daño múltiple a las víctimas y a la institución iglesia. Entiendo que la fiscalía esta redondeando los elementos acumulados para llamarlo a indagatoria, en una causa que, de la denuncia de abuso, se transformó en abuso sexual agravado reiterado con multiplicidad de víctimas en concurso real con corrupción de menores y amenazas coactivas. Y una expectativa de pena de 20 años”.

PAGINA 12

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Policial

“Ganas de matar”, puños sin lesiones y un antecedente brutal: las pruebas que complican al karateca que asesinó a golpes a un taxista

Publicado

on

Esta mañana la Cámara le rechazó un pedido de excarcelación Infobae dialogó con el fiscal Juan Menucci, quien lleva a cabo la investigación que tiene al hombre de 27 años detenido tras asesinar a Jorge Gómez.

Esteban González Zablocki continúa detenido

Esteban González Zablocki continúa detenido

Le gustaba la lucha, la pelea. No importa si Jorge Gómez le gritó que era un salame o un cornudo, porque Esteban González Zablocki utilizó una fuerza desproporcionada.Se bajó de la camioneta con la clara intención de pegarle y, tras hacerlo, no presentó ninguna lesión en su mano o en el brazo. Pegó 10 piñas, entonces sabía de lo que era capaz. Sabía pegar“.

Las palabras del fiscal Juan Menucci de la UFI N° 5 de La Plata, quien lleva a cabo la investigación de la brutal golpiza que recibió el taxista Gómez el pasado miércoles por la mañana, son contundentes. Menucci, en diálogo con Infobae, aseguró: “La prueba es contundente, solo con la sospecha es suficiente para llevarlo a juicio”.

González Zablocki, oriundo de Berisso, asesinó a Gómez en el cruce de las calles 125 y 50 de Ensenada (zona El Dique) tras descender de su camioneta Volkswagen Amarok blanca y atacar al hombre de 52 años, con quien venía discutiendo por un incidente de tránsito. Sin mediar palabras comenzó a pegarle, hasta tirarlo al suelo, en donde continuó agrediéndolo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad que permitió observar las imágenes que fueron difundidas por todo el país.

 Tras declarar y quedar en libertad el viernes por la mañana, fue detenido el sábado pasado, por la tarde, por pedido del fiscal, quien se mostró en desacuerdo con la actitud y postura de Juan Pablo Massi, juez de Garantías que dejó en libertad a González Zablocki.

Menucci, tras la confirmación de la muerte de Gómez, modificó la carátula de la causa a “homicidio calificado por alevosía y ensañamiento”Massi se mostró en desacuerdo con el agravante y Menucci lo defendió: “El juez dice que no hubo traición, por lo cual no hay alevosía. Lo que hizo González Zablocki merece este término porque pegó en el suelo hasta matarlo, aprovechándose de un hombre mayor que no podía defenderse”.

Respecto al ensañamiento, Menucci ahondó: “Le provocó lesiones en la cabeza que le ocasionaron un sufrimiento que excede la intención de matar. Con un solo golpe pudo haber logrado su fin mortal, pero eligió realizar una reiteración de golpes, similar a las que uno puede observar en las luchas de UFC, con la misma intención mortal pero a fin de satisfacer sus ganas de matar“.

El momento de la detención de González Zablocki

El momento de la detención de González Zablocki

Menucci aclaró que González Zablocki sabía pelear y que había entrenado más de un año. Tras la detención del hombre, la defensa actuó rápido y el lunes por la mañana presentó un habeas corpus para lograr su libertad. Sin embargo, según le confirmó a Infobae una fuente judicial, la Cámara rechazó el pedido de excarcelación.

El fiscal indicó que en los próximos días pedirá la prisión preventiva para González Zablocki, quien se encuentra detenido en la alcaidía departamental Roberto Pettinato, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos. “Está deprimido, me han dicho que se preguntó varias veces ‘¿en qué quilombo me metí?’. Es lógico: no debe ser fácil saber que se te viene una perpetua“, dijo Menucci.

Los resultados de la autopsia de Gómez revelaron que el taxista murió tras sufrir un hematoma intraparenquimatoso izquierdo, un trauma craneoencefálico grave y fracturas de escama de temporal izquierdo y de base de cráneo, según indicaron a Infobae fuentes de la investigación.

La familia de Gómez realizó una marcha para pedir justicia por el taxista (Dino Calvo)

La familia de Gómez realizó una marcha para pedir justicia por el taxista (Dino Calvo)

Esta mañana, el fiscal le tomó declaración a Gabriel Coronel, quien en 2013 sufrió una violenta agresión por parte de González Zablocki en Mar del Plata, lugar en el que estaban de vacaciones junto a varios amigos. Una discusión por ver quién lavaba los platos terminó con Coronel golpeado, con fractura de mandíbula, por parte de González Zablocki.

“Otro indicio de lo que le gusta la lucha. En esta pelea primero lo sometió, lo bloqueó y lo trabó. Lo dejó al borde del desmayo para después pegarle“, sostuvo Menucci.

Respecto al futuro judicial de la causa, el fiscal manifestó que tomará algunos testimonios más y que luego elevará el pedido de juicio. “La prueba es contundente. Las imágenes las vimos todos y las consecuencias también. Lamentablemente no hay otras cámaras de seguridad que en la zona puedan aportar más detalles. Pero entre el video difundido y los testimonios de testigos, es suficiente“, completó Menucci, quien recibió el apoyo y la colaboración de Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia; y Héctor Bogliolo, fiscal general de La Plata.

La agresión se produjo el miércoles por la mañana

La agresión se produjo el miércoles por la mañana

Por recomendación de sus abogados, los doctores José María Villada y Juan Gabriel Mendy, González Zablocki no declaró el pasado sábado ante Menucci. Desde su entorno aseguraron que el joven está “en un estado que no le posibilita hablar, angustiado, bloqueado”. Sus defensores, según estas fuentes, pedirán asistencia psiquiátrica a la UFI Nº5.

INFOBAE

Seguir leyendo

Policial

“A mi hermano los montoneros lo partieron en dos, lo mataron cuando gritó ‘acá no se rinde nadie’

Publicado

on

La hermana de Hermindo Luna, soldado asesinado por montoneros, y un conscripto sobreviviente del asalto guerrillero a un cuartel de Formosa piden que se revisen las indemnizaciones y que se retiren del Parque de la Memoria los nombres de los atacantes.

“El día que mataron a mi hermano yo cumplía 11 años”. Así comenzó su relato Jovina, hermana de Hermindo Luna, el soldado asesinado por un grupo de Montoneros durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Fue lo que se conoció como “Operación Primicia”, cuyos detalles fueron reconstruidos años después y plasmados en el libro homónimo por Ceferino Reato.

En una tarde gris y fría, Jovina Luna recorrió junto a Infobae el Parque de la Memoria -el lugar en el que son homenajeadas las víctimas del terrorismo de Estado- donde están los nombres de los guerrilleros que atacaron la unidad militar formoseña durante un gobierno democrático.

“Mi hermano fue a servir a la Patria por una ley, la del Servicio Militar Obligatorio, al Regimiento 29 de Monte de Formosa cuando un 5 de octubre de 1975 el comando terrorista de Montoneros asalta el cuartel para robar armas. Se enfrentan con mi hermano y le dicen ‘rendite negro que con vos no es la cosa’, mi hermano grita muy fuerte ‘acá no se rinde nadie, mierda!!'”, evoca Jovina el heroico acto de Hermindo que de esa manera alertó a sus compañeros que descansaban en aquella calurosa siesta de Formosa. “Mi hermano fue partido por la mitad, lo mataron en el momento en el que gritó fuerte acá no se rinde nadie”.

Lo que vino después fue un combate de 30 minutos con un saldo de 24 muertos, 12 montoneros y 12 defensores del cuartel de los cuales 10 eran conscriptos.

Jovina Luna junto a Ceferino Reato

Jovina Luna junto a Ceferino Reato

– ¿Después del ataque ustedes recibieron algún tipo de ayuda de los distintos gobiernos?
-No, de esto ya va a ser 44 años y mis padres son los que han golpeado puertas, nunca fueron escuchados. Los soldados de Formosa fueron olvidados. Yo desde hace más o menos 14 años estoy detrás de esto. Recién ahora pude conseguir que se abrieran los archivos secretos. En los gobiernos anteriores me lo negaron. Pude conseguir los datos de toda esta gente que figuran hoy en el Parque de la Memoria como víctimas de la represión ilegal, cosa que es mentira. Porque ellos fueron a atacar un cuartel donde había conscriptos haciendo la “colimba” en un gobierno democrático.

-¿Quiénes le permitieron ahora abrir los archivos?
-El Ministerio de Justicia pidió a la Secretaría de DD.HH. que se abran los archivos y bueno, así lo hicieron.

-¿Alguien de este gobierno la recibió?
-El año pasado me recibió el Secretario de DD. HH., Claudio Avruj, me dijo que iba a apoyar el proyecto del diputado Arce de Formosa para indemnizar a los familiares de los soldados caídos. En esa reunión yo le dije que lo mío va mucho más allá de un resarcimiento económico. Que yo estoy buscando la verdad, estoy buscando que se reconozcan a nuestros soldados porque ellos han dado la vida por nuestra Nación y no es justo que sus asesinos hayan sido premiados y estén en un lugar públicos como héroes y no lo fueron.

-Ud. hizo una denuncia penal ¿qué es concretamente lo que solicitó?
-Que se investigue a fondo la plata que se le ha pagado a esta gente, a los funcionarios que han ordenado, si hubo un control por parte del Estado.

 Play

– ¿En Formosa cómo se trató este tema, recibió algún tipo de apoyo del gobierno provincial?
No, del gobierno de Formosa ninguno me llamó, ninguno dijo nada.

Tal como anticipó Infobae, la denuncia penal de Jovina Luna recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En ese escrito la hermana de Hermindo Luna apunta al cobro de indemnizaciones por parte de familiares de 9 de los 13 integrantes del comando de Montoneros que cayeron durante el ataque al Regimiento 29 de Formosa. Según la presentación, existió un pago fraudulento de indemnizaciones por estas falsas víctimas de la represión ilegal del Estado cuando, en realidad, fueron abatidos al intentar copar una guarnición militar, matando a soldados conscriptos durante un gobierno constitucional.

Todos los casos denunciados por Jovina Luna tienen un denominador común: por múltiples pruebas se llega a la comprobación de que ninguno de ellos responde a las causales dispuestas por la “ley reparatoria” 24.411. Por medio de esta norma, el Estado lleva pagadas 7.907 indemnizaciones por un monto de 62.250 millones de pesos, es decir, casi 1.425 millones de dólares. Al amparo de otra “ley reparatoria”, la 24.043 hay en trámite 7.318 casos por un total de 23.859 millones de pesos, equivalentes a 546 millones de dólares. Aprovechando esta legislación se siguen generando nuevos reclamos, sobre todo por los llamados “exilios forzosos”.

El reclamo de Jovina Luna fue acompañado por Rogelio Mazacotte, uno de los soldados que sobrevivió al ataque montonero y que recibió tres disparos al defender el cuartel.

-Rogelio, si pudiera hablarle al juez que va a investigar esta denuncia, ¿qué le diría?
-Le diría que haga lo que tiene que hacer, lo que corresponde. Que haga lo que tiene que hacer con nosotros y que haga lo que tiene que hacer con los montoneros que mataron a mis amigos, a mis hermanos, que haga lo que tiene que hacer. No puede ser que estén en libertad después de que mataron a inocentes defensores de la Constitución Nacional porque en ese momento nosotros como soldados defendimos la Constitución Nacional.

En la tarde del viernes, Jovina y Rogelio fueron recibidos por el Secretario de DD.HH. de la Nación, Claudio Avruj. El funcionario indicó que ordenó que se haga una auditoría y anticipó que en caso de que se detecten irregularidades va a pedirle al Gobierno de la Ciudad que retire del Parque de la Memoria los nombres de los montoneros que atacaron el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. “El intento de toma del regimiento no fue una lucha por los derechos humanos, fue una lucha por el poder para debilitar el poder democrático”, sostuvo Avruj.

FOTO TAPA PERFIL

INFOBAE

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Seguir leyendo

Policial

Presos amontonados, sucios y con comida podrida: las condiciones inhumanas de las celdas de Comodoro Py

Publicado

on

Infobae accedió a un informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, realizado tras la visita a la Unidad Penal 29. Da cuenta de la sobrepoblación y la falta de higiene de la alcaidía federal

Cinco presos en una celda individual

Cinco presos en una celda individual

Las celdas de la Unidad Penal 29, ubicada en Comorodo Py, deberían ser de tránsito, usadas por detenidos que van a declarar a los Tribunales y vuelven a sus lugares de origen, o aquellos que fueron apresados en las últimas horas y esperan destino final en una cárcel federal. Sin embargo, nada de eso ocurre. Y el castigo al que se somete a sus habitantes permanentes es inhumanodonde cabe uno hay cinco; y donde caben cinco, hay 30.

Un informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, al que tuvo acceso Infobae, fue lapidario con la descripción de la situación que viven las personas privadas de su libertad en la U29. Una comisión de este organismo, presidido por el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornosvisitó las celdas de esta alcaidía de Comodoro Py el último 5 de julio y se encontró con un panorama calamitoso que se describe en ese documento.

Al momento de la visita en la Unidad Penal 29 se alojaban 105 personas, de las cuales 78 se encontraban a la espera de cupo en cárceles federales. La comisión del Sistema de Control de Cárceles se encontró con casos de personas que llevaban hasta 34 noches de alojamiento allí, y detenidos que llegaron de otras jurisdicciones federales, como los Tribunales de Morón, La Plata, Rosario, San Martín y Campana, entre otros.

El sector masculino de la alcaidía penal 29 -que depende orgánicamente de la Unidad Penal 28, ubicada en Tribunales y con problemas similares de hacinamiento– tiene una pasarela de unos 30 metros de longitud, sobre cuyo lado izquierdo existen siete celdas colectivas.

El hacinamiento en una de las celdas “colectivas”

El hacinamiento en una de las celdas “colectivas”

Según el Servicio Penitenciario Federal, cada una de estas tiene capacidad para 12 detenidos. Además de las colectivas, hay ocho celdas individuales para aquellas personas que por disposición judicial se encuentran incomunicadas, bajo resguardo de integridad física o que, por problemas personales, no puedan alojarse con otros detenidos.

Presos “distinguidos”, como los que desfilaron por allí debido a su participación en la llamada “causa de los cuadernos”, sufrieron un trato diferencial: algunos estuvieron en estas celdas individuales y otros fueron derivados a lugares más “dignos”.

Los representantes del Sistema de Control de Cárceles detectaron en la visita del 5 de julio que en una de estas celdas individuales se encontraban cinco personas alojadas, o mejor dicho incrustadas. “No tienen lugar ni para estirar las piernas, no hay ningún derecho humano resguardado ahí”, comentó una fuente judicial que participó del recorrido.

Se trata de espacios conocidos como “secos”, porque son muy pequeños y no tienen ni ventilación ni agua, y sólo cuentan con un banco hecho de cemento concreto. Tampoco tienen baño, que está en un pequeño cuarto contiguo y cuenta con un inodoro y un lavabo precario. El que quiere ir se lo debe pedir al celador.

La falta de higiene es una de las denuncias más frecuentes de las personas privadas de la libertad en la UP 29

La falta de higiene es una de las denuncias más frecuentes de las personas privadas de la libertad en la UP 29

En las celdas comunes “la situación resultó preocupante”, marca el informe. Hallaron, por ejemplo, a 12 personas en un espacio aproximado de 12 metros cuadrados: esto es un cuarto de 3 x 4 metros o una persona por metro cuadrado. En otra de las celdas se contaron 17 personas.

Los allí alojados no tienen espacio para moverse debiendo permanecer recostados sobre el piso la mayor parte del día. Estas celdas comunes poseen en su parte posterior un tabique que oculta una letrina para realizar necesidades y una canilla que se activa mediante un botón en la pared, con un resumidero en la parte inferior”, resalta el informe.

Los integrantes de la comisión del Sistema percibieron, según describe el documento, “un ambiente espeso generado por la cantidad de personas viviendo y la falta de ventilación adecuada”.

En las celdas colectivas, donde está la mayoría de los alojados de la alcaidía, los internos denunciaron que la comida que se les da “está fría y en mal estado”.

“Algunos de los detenidos llevaban numerosos días en estas condiciones”, remarca el informe. Las noches son un infierno allí, refieren los presos. En estos días de frío las frazadas que les dan son “insuficientes” y duermen sobre colchones que no tienen tratamiento ignífugo, están deteriorados y se entregan solo en horario nocturno (se los sacan durante el día).

Los internos duermen en el suelo o con colchones deteriorados

Los internos duermen en el suelo o con colchones deteriorados

En el informe se aclara que las autoridades de la UP 29 destacaron que “por motivos de seguridad los colchones son retirados durante el día“. En el Sistema de Control de Cárceles explicaron que eso motiva que las personas detenidas se sienten en el piso de cemento sobre mantas húmedas y donde puedan.

Además, las personas privadas de su libertad reclamaron que no reciben elementos básicos de higiene y aseo personal como jabón, shampoo y maquinas de afeitar. La Unidad cuenta apenas con una sola ducha que provee agua caliente. “Dada la cantidad de personas es materialmente imposible que todas ellas accedan a la ducha una vez por día“, indica el informe y agrega: “Pudimos advertir que había personas que llevaban varios días sin ducharse o higienizarse debidamente”.

Uno de los integrantes del Sistema comentó la impresión que le dejó la visita: “No debería haber nadie alojado que no sea en tránsito. Hay estándares internacionales para marcar la capacidad de la alcaidía, pero no hay un cupo genérico o automático: no es igual ‘a un colchón, un interno’, todos tienen derecho a un espacio determinado relacionado con el tipo de lugar, derecho al aire, al agua. Y nada de eso se cumple”.

La situación en el sector de mujeres de la UP 29 es igual de desastrosa. Allí hay un pequeño colectivo y dos celdas individuales para detenidas en situación de incomunicación dispuesta judicialmente.

El juez Hornos junto a las mujeres hacinadas en la alcaidía de Comodoro Py

El juez Hornos junto a las mujeres hacinadas en la alcaidía de Comodoro Py

En el pabellón grupal (“de muy reducidas dimensiones”, dice el informe), el 5 de julio se encontraban seis mujeres a disposición de juzgados federales de CABA, Campana y Morón. Ese sector no cuenta con ningún tipo de ventilación (ni ventanas ni ventiladores). Y el inodoro instalado dentro de la celda colectiva no cuenta con ningún tipo de separación, lo cual impide que las mujeres tengan intimidad a la hora de realizar sus necesidades.

El informe destaca que la alcaidía no cuenta con ningún teléfono público para que las personas privadas de su libertad puedan comunicarse con sus abogados defensores ni con sus familiares.

Por último, se adjunta material fotográfico extraído de los sectores de alojamiento como así también copia del listado de las personas alojadas durante la visita, de la cual se desprende su ingreso, el tiempo de pernocte, procedencia, juzgado a disposición y razón de alojamiento.

Asimismo, se adjunta listado de personal penitenciario de servicio. Según refieren las autoridades, el personal que queda a cargo durante el horario nocturno es reducido (4 masculinos y 2 femeninos), eso dificulta la tarea de control y contención en caso de que suscite cualquier eventualidad. Cabe recordar que la alcaidía no cuenta con elementos ni personal de requisa.

Se visibilizó que los detenidos en el mismo espacio comen, duermen, esperan por sus alojamientos o comparecer ante los juzgados, se asean y realizan sus necesidades fisiológicas. Se evidencia la ausencia de las condiciones mínimas para el pernocte de personas privadas de su libertad en la Unidad nº 29 y ausencia total de atención médica, observación y tratamiento”, denuncia el informe que, además, remarca que el estado de las condiciones edilicias, materiales y de mantenimiento, tanto como la falta de personal “podrían configurar agravamientos de las condiciones de detención, transgrediéndose derechos fundamentales y constitucionales”.

“La permanencia en la Unidad 29 -Alcaidía Penal Federal- deberá ajustarse a la naturaleza de la función para la cual fue creada; esto es, para el tránsito de aquellas personas que son citadas a comparendos por los diferentes Tribunales y Defensorías Federales, así como también aquellas personas que ingresan originariamente desde el medio libre, es decir desde las comisarías de la Policía de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria, como de otras Fuerzas de Seguridad. Por tal motivo, de manera imperiosa consideramos que corresponde establecer el cupo formal de la Unidad y que las personas detenidas no deben permanecer allí por tiempo prolongado“, reclama el informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

La problemática padece el efecto dominó. La acumulación de personas privadas de la libertad en una alcaidía que debería ser exclusivamente de tránsito tiene que ver directamente con la sobrepoblación en otras unidades penales.

Un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal prohibió el ingreso de más presos en la unidad penal federal de Marcos Paz debido a que hay muchos más presos de lo permitido, al punto de que meses atrás se cerró un gimnasio para ubicar más internos. De acuerdo a un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en junio pasado había allí 2.822 presos, cuando la capacidad máxima es de 2.404.

Otra de las razones es el notable incremento de detenciones como consecuencia de la ley de flagranciaInfobae dio cuenta meses atrás de la calidad de presos que ingresan al sistema penitenciario: personas que robaron comida, elementos de higiene u objetos para revender.

En marzo pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación reconoció el problema y declaró la “emergencia penitenciaria”. La población penitenciaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal experimentó un incremento significativo en los últimos años durante la administración Cambiemos.

La población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274personas, mientras que el SPF informa en su sitio web que los internos alojados al 10 de julio de 2019 ascienden a 14.414, cuando la capacidad es de 12.235. Es decir, hay casi un 20% más de presos que la capacidad máxima.

“Hay que tomar decisiones de política criminal seria y constitucional. Decidir por qué delito vamos a poner penas privativas de libertad, a quién y cómo castigar desde el Estado, sobre todo si estamos en emergencia penitenciaria. ¿Vamos a meter en la cárcel a la gente que hurta? ¿Y la vamos a alojar durante unos meses con un asesino o un violador? Eso carece de finalidad y de tratamiento”, se preguntó el juez Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, ante la consulta de Infobae. Y agregó: “Una manera de unificar criterios es desde la acusación pública, que es formadora formal y material de política criminal”.

Para el juez Alejandro Slokar, uno de los integrantes de la Cámara de Casación que firmó el cese de ingresos a Marcos Paz, “la ‘emergencia penitenciaria’ obedece, en cualquier caso, a la incapacidad de previsión gubernamental respecto de las derivaciones que esas ‘exitosas políticas habrían de acarrear necesariamente”.

Seguir leyendo

Más Vistas