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Dieron curso a la apelación de la familia Etchevehere y otro juez podría resolver sobre el conflicto de la ocupación de la estancia Casa Nueva

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El juez subrogante Raúl Flores concedió las apelaciones de la querella y fiscalía, que se opusieron al rechazo de la medida cautelar que solicitaba el desalojo del predio de Entre Ríos

FOTO : Estancia Casa Nueva

En un nuevo capítulo del conflicto judicial de la familia Etchevehere, el juez subrogante Raúl Flores concedió las apelaciones de la querella y fiscalía, que se opusieron al rechazo de la medida cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia Casa Nueva de la ciudad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.

Ahora será un Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana el que deberá resolver sobre la estadía de Dolores Etchevehere y los 40 militantes de Juan Grabois, del Proyecto Artigas ,en el casco principal de la estancia. Según supo Infobae, la composición de dicho tribunal deberá ser sorteada según establece el código provincial. Será la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial la que debe tramitar el recurso de apelación.

Además, Flores rechazó la recusación presentada por el abogado de la familia Etechevere, Rubén Pagliotto, ya que el magistrado consideró que “el abogado no mencionó causal alguna como requisito tal lo prevé la ley”, según informaron desde el Servicio de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). El magistrado consideró que Pagliotto había realizado “frases injuriosas e injustificadas a su persona” y que esto lo hizo incurrir en “la falta de decoro y respeto a la investidura”.

 Leonor Barbero Marcial junto a sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere Leonor Barbero Marcial junto a sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere

Ambas resoluciones fueron firmadas este domingo por la tarde, mientras un importante número de productores se manifestaban frente al ingreso del predio con fuertes críticas a su accionar en el marco del expediente. Flores consideró que la apelación fue realizada dentro de los plazos y dio curso al recurso.

El pasado viernes, el magistrado rechazó la medida cautelar presentada por la querella -que había sido acompañada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Oscar Sobko- en donde solicitaban el inmediato desalojo de los que están habitando el casco principal de la estancia. En su fallo, consideró que Dolores Etchevehere tenía derechos sobre 129 hectáreas del campo según consta en el acuerdo firmado en agosto del 2018, donde el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre le cedieron a Dolores esa parte de la estancia a cambio de que la mujer se desprenda de las acciones de la firma ganadera familiar Las Margaritas SA.

Este domingo por la mañana se desarrolló una audiencia que fracasó en su intento por conciliar las partes ya que la querella decidió no asistir -sin aviso- por considerar que el juez no debe continuar al mando de la causa. En ese ámbito, la defensa de Dolores Etchevehere propuso una serie de medidas con el fin de resolver el conflicto en el ámbito del Juzgado de Garantías de La Paz.

Entre otras medidas, habían pedido que el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) proponga una sede neutral y que la Dirección Provincial de Catastro disponga cuales son las hectareas que le pertenecen a la hermana del ex ministro.

Sin embargo, las medidas solicitadas quedarán supeditadas al futuro del magistrado en la causa. Será decisión del tribunal de alzada, en donde se deberá analizar los planteos de la querella y fiscalía para saber si Flores debe revisar su accionar y dar curso al desalojo o si es el propio Tribunal de Juicio y Apelaciones el que resuelva disponer el lanzamiento de los habitantes actuales del casco de la estancia.

Mientras tanto y a la espera de la decisión del tribunal de alzada respecto al desalojo, es Flores el juez que tiene a cargo el control de garantías de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) bajo el sistema acusatorio que rige en Entre Ríos

FUENTE INFOBAE

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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