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Dos años del ENaCom, dos años de promesas incumplidas

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La promesa de un nuevo marco regulatorio para el sistema de medios que surgiría de un debate social amplio permanece incumplida. Mientras tanto, la concentración de la propiedad está cerca de llegar a niveles históricos. La Corte Suprema debe decidir sobre la inconstitucionalidad del decreto 267/15 que hoy cumple dos años de publicación.

El 4 de enero de 2016, hace dos años, el Poder Ejecutivo publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 236/2015 con el que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Este DNU no respeta los requisitos estrictos de excepcionalidad que establece la Constitución Nacional e introdujo modificaciones contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información ya que permitió un nivel mayor de concentración de la propiedad de los medios y gubernamentalizó las instancias de toma de decisiones. Todos los cambios que el DNU hizo en la LSCA atentan contra la diversidad y pluralidad del sistema de medios y favorecen la consolidación de posiciones dominantes, la toma de decisiones discrecional y la opacidad de la propiedad de los medios. A pesar del tiempo transcurrido, el DNU 267/15 no fue ratificado por el Congreso: solo Diputados ratificó su validez en abril de 2016, el Senado nunca lo trató.

Desde agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver al amparo impulsado por la radio comunitaria FM En Tránsito, con el patrocinio del CELS, en el que solicitamos se declaren la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15.

En abril de 2016, cuando con un conjunto amplio de organizaciones y especialistas denunciamos las características regresivas de esta reforma, el Poder Ejecutivo afirmó que se trataba de una medida “transitoria” y se comprometió a presentar un proyecto de “Ley de Comunicaciones Convergentes”. Las dos cuestiones resultaron falsas: los efectos del DNU se demuestran permanentes y, transcurridos dos años, el proyecto de ley no se presentó. En este tiempo, además, el Poder Ejecutivo le negó en reiteradas oportunidades el acceso a la información a quienes solicitaron conocer el borrador del proyecto de ley.

Los decretos de diciembre de 2015
Durante el primer mes de gobierno de la Alianza Cambiemos se dictaron tres decretos que desarticularon la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El desmantelamiento de la LSCA se inició con el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/15, el 10 de diciembre de 2015. El PEN modificó la Ley de Ministerios, creó el Ministerio de Comunicaciones y le asignó diversas competencias que la ley 26.522 le concedía a la AFSCA. El 23 de diciembre de 2015 el Decreto 236/15 ordenó la intervención de la AFSCA y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), autoridad de aplicación de la ley 27.078 (Ley Argentina Digital). El Ejecutivo dispuso el cese en sus funciones de los integrantes de los respectivos directorios y en nombró a dos interventores por un plazo de 180 días prorrogable.

El 30 de diciembre el presidente Mauricio Macri firmó el DNU 267/15 que introdujo reformas sustanciales y permanentes a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. El decreto fue publicado el 4 de enero de 2016 en el Boletín Oficial. Mientras que el 6 de abril de 2016 la Cámara de Diputados confirmó la validez de estos decretos, a la fecha el Senado no se ha expedido. A dos años de la modificación por decreto de la LSCA, no se conoce todavía el proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que la reemplazaría.

El litigio de FM en Tránsito contra la modificación por DNU de la LSCA

Ante la intervención de la AFSCA, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona desde hace 30 años la radio comunitaria FM En Tránsito en el municipio de Morón, impugnó ante la justicia federal la validez de los DNU 13/15 y 267/15 y del decreto 236/15. El CELS patrocina a la Cooperativa.

En Tránsito solicitó la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15 por el incumplimiento de los estrictos requisitos que el artículo 99.3 de la Constitución Nacional exige para la validez de esta normativa de excepción y por vulnerar derechos fundamentales de rango constitucional. Además, planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.122 -sancionada en 2006- que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo.

Como el DNU 267/15 derogó parcialmente la LSCA y disolvió la autoridad que el decreto 236/15 había ordenado intervenir, el proceso se centró en los vicios de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15, cuyos efectos se siguen expandiendo hasta hoy.

El 2 de febrero de 2017 la jueza Cecilia G. M. de Negre declaró abstracto el amparo respecto de los decretos del Ejecutivo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.122. Afirmó que el objeto perseguido en la acción se tornó abstracto porque el decreto 267/2015 fue declarado válido por resolución la Cámara de Diputados. Sobre la inconstitucionalidad de la ley 26.122, la jueza simplemente se remitió al dictamen del fiscal, aunque en realidad el fiscal no había abordado ese asunto.

El 11 de marzo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia remitiéndose a lo decidido en otra causa (“Sabbatella, Martín c/EN y otro s/amparo ley 16.986” 83.656/2015) y a lo dictaminado por la Fiscalía General.

El 3 mayo la Cooperativa de Trabajo por la Comunicación Social interpuso Recurso Extraordinario Federal, que fue concedido por la Cámara y elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde agosto de 2017 el expediente se encuentra en la Corte Suprema.

La nulidad del DNU. Requisitos de la Constitución Nacional
Hasta el momento, el Estado no dio cuenta, ni en la fundamentación del DNU ni el proceso judicial, de la concurrencia de las circunstancias excepcionales que reclama la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El DNU 267/15 sólo invoca de modo genérico y abstracto la existencia de una supuesta situación “crítica” en el sector regulado y la “convergencia tecnológica”, sin dar cuenta de la existencia de necesidad o urgencia de modificar la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual por vía del decreto, sin intervención del Congreso de la Nación.

La doctrina es clara al señalar que “existe un estado excepcional cuando no es habitual. En efecto, debe tratarse de hechos no ordinarios, esto es, inusuales e infrecuentes, imprevisibles o de difícil previsión. A su vez, este estado es de carácter extraordinario y, por tanto, transitorio” (Balbín, Carlos F., Tratado de derecho administrativo, tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2015). El cambio tecnológico invocado para justificar el decreto. está lejos de ser infrecuente o no habitual.

Asimismo, las modificaciones introducidas por el decreto 267/2015 tienen carácter permanente, lo que priva de validez constitucional a esa norma. La doctrina y la Corte Suprema así lo han dicho, rechazando que existan circunstancias excepcionales para el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia si el decreto contenía normas permanentes que modifican leyes del Congreso (Fallos: 333:633, “Consumidores Argentinos”).

Si el decreto introduce cambios permanentes en leyes del Congreso, no cabe tener por configuradas las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución. Este es el caso del DNU. Por ejemplo, los límites de propiedad de licencias tienen efectos que se perpetúan en el tiempo. El DNU 267/15 no se trata de una modificación circunstancial, de emergencia, sino, por el contrario, de una modificación sustancial y con efectos permanentes, que busca establecer un paradigma de liberación de los controles monopólicos en materia de comunicaciones, que fue expresamente rechazado por el Congreso Nacional mediante la sanción de las leyes 26.522 y 27.078.

Detrás del decreto 267/15 no existieron razones de necesidad y urgencia que impidieran el cumplimiento del trámite ordinario de la formación de leyes, sino que se trató de la imposición de un enfoque sobre el funcionamiento del sistema de medios que se estableció eludiendo la discusión democrática.

La Comisión Redactora
La Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 fue creada en diciembre de 2015 por el artículo 28 del DNU 267/15.

En marzo de 2016 el ministro de Comunicaciones estableció un plazo de 180 días para elevar el proyecto de ley, que venció el 28 de agosto. El 27 de octubre el ministro prorrogó el plazo por otros 180 días, que vencían el 25 de abril de 2017.

El 28 de marzo de 2017, el Ministerio dictó la resolución 601/17 que dio por terminado el trabajo de la Comisión. Allí afirmó que ya existía un borrador de ley y dispuso el desarrollo de “un proceso de nuevas consultas” por seis meses (hasta septiembre de 2017) y la publicidad de los “documentos preliminares sobre los que se fundará el anteproyecto”. Esto no se cumplió. No se realizaron procesos de consulta ni se dio publicidad a los “documentos preliminares”. El nivel de opacidad llega a tal punto que una organización de la sociedad civil, el Centro de Producciones Radiofónicas, solicitó en cuatro oportunidades tener acceso al anteproyecto de ley y el Poder Ejecutivo se lo negó.

El 27 de diciembre de 2017 se publicó la resolución 694/17 que dispuso otra prórroga de seis meses y la apertura a consulta de los proyectos, de los documentos preliminares y de la documentación surgida del proceso de la Comisión. A la fecha no se conoce el borrador del proyecto ni plazos estimativos para su discusión.

La elaboración en la Comisión Redactora distó mucho de ser un “proceso participativo”, como se ha pretendido presentar. La información disponible en la página web del ENaCom sobre quiénes asistieron a las “reuniones participativas” muestra que no se trató de una participación “diversa y plural”. Durante 2016 se realizaron 20 encuentros, exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin una temática sobre la cual trabajar y solo con invitación previa de la Comisión. Casi el 40% de las participantes fueron entidades empresariales. También en 2016 se realizaron cinco debates académicos en distintas ciudades. Al respecto, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recibió y canalizó reclamos por la falta de representatividad de los participantes en Córdoba y Mendoza y por la ausencia de un debate sustantivo.

Por último, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión Redactora pusieron en marcha la iniciativa “#SumáTuAporte” en el que cualquier persona podría enviar su opinión mediante un formulario digital, con un máximo de 300 caracteres y en el que se preestablecían los rubros a los que podían referir las propuestas.

Por supuesto, el mecanismo dispuesto por el Estado Nacional para que las personas realicen sus aportes y propuestas para la nueva ley vía internet con mensajes de hasta 300 caracteres, no alcanza el más mínimo estándar de una participación amplia, plural y efectiva. Este párrafo tiene 301 caracteres.

La fusión de Cablevisión y Telecom
En julio de 2017, los grupos Cablevisión (Grupo Clarín y Fintech) y Telecom (Fintech) anunciaron su fusión. Este escenario profundiza la concentración y es una amenaza a la competencia necesaria tanto para que existan condiciones mínimas de ejercicio de la libertad de expresión como para evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado.

Con la resolución 5644/17 publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre pasado, el ENACOM aprobó la fusión con algunas condiciones. Resta todavía la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dirigida por el Secretario de Comercio Interior.

El conglomerado infocomunicacional resultante será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% de televisión por suscripción (ver: Concentración extrema: Cablevisión + Telecom). Incluso con el marco normativo introducido por el DNU 267 en el que se relajaron significativamente las previsiones antimonopólicas, este tipo de concentración superaría todos límites de espectro permitidos. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, segunda más poblada del país, la nueva compañía (que será controlada por el Grupo Clarín) tendrá más del 90% de las conexiones de banda ancha fija a Internet, más del 90% de los abonos de la tv por cable y más del 95% de las líneas de telefonía fija.

Como es evidente, las transformaciones ocurridas desde el 4 de enero de 2016 están lejos de ser transitorias. Y la postergación sistemática de un debate social y legislativo amplio sobre cuál es el mejor marco regulatorio para las comunicaciones en la Argentina no parece ser una coincidencia.

Fuente: CELS

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Opinión

Alberto dejó en claro que la grieta goza de buena salud

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El presidente eligió centrar su discurso en denuncias contra la anterior administración y la descalificación de la oposición. Lo electoral superó al sentido común.

Un discurso casi de barricada, centrado en la descalificación de la oposición y una crítica cerrada que no solo abarcó a la administración anterior sino que se remontó hasta los tiempos del megacanje de Fernando De la Rúa y disparó la novedad de el inicio de una querella criminal contra quienes asumieron la deuda externa en tiempos de la presidencia de Mauricio Macrifue la respuesta de Alberto Fernández a quienes aún dudaban sobre el tono de su mensaje en la apertura del año legislativo nacional.

Insistiendo reiteradas veces en un supuesto espíritu conciliador -al que demolía sistemáticamente con sus denuncias, sus descalificaciones y en no pocos casos claras tergiversaciones de los hechos- el mandatario cerró la puerta a cualquier instancia de diálogo, poniendo seriamente en duda la posibilidad de constituir el Consejo Económico Social en medio de semejante clima de conflicto, aunque sobre el final de su alocución intentó esgrimirlo como el camino a seguir.

Pocas veces un presidente utilizó este tipo de actos y ese recinto para romper lanzas tan violentamente con los opositores. Todo en Alberto Fernández pareció resumir el conocido pensamiento de Cristina Kirchner y su convicción de que la ruptura con quienes no acompañan el pensamiento y acción de gobierno es el único camino viable hacia el éxito del sector que representan.

La primera conclusión sería que en esta Apertura del 139º período de sesiones ordinarias el ocupante de la Casa de Gobierno rindió definitivamente sus módicas banderas de independencia y enterró el nonato «albertismo» hasta nueva oportunidad. Cada mandoble contra los opositores se constituyó entonces en una promesa de lealtad a «la Jefa» y en una puerta abierta a un país que deberá acostumbrarse a una larga campaña plagada de descalificaciones, persecuciones y pérdida de calidad institucional.

Desde el inicio del discurso fue posible entender lo que venía: el jefe de estado solo dedicó algunos minutos al grave asunto de las vacunas VIP y lo hizo para resaltar que todo lo realizado por él y su gobierno fue lo correcto, mientras que la oposición exageró algo que no iba más allá de algún error puntual. Frente al escándalo nacional Alberto optó por avisar que todos estaban equivocados…menos él.

«Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es corregirlos de inmediato», dijo el mandatario para dar por zanjada la cuestión y comenzar sus ataques a todos los que piensan distinto al respecto y consideran que el único esfuerzo oficial estuvo destinado a esconder los hechos y minimizar el daño.

Y punto…tema superado y a otra cosa.

Tras fijar su belicosa posición el presidente comenzó a desgranar el largo informe de lo hecho y lo por hacer, aunque ya nadie prestaba atención a un aspecto casi burocrático que la historia ha dejado en claro que no suele ser más que un cúmulo de buenas intenciones. La suma de los informes de cada ministerio suele convertirse en una especie de pintura angelical de una república a la que sus habitantes perciben diabólica; y como nadie se toma jamás el trabajo de comparar entre lo prometido y lo realizado, estos discursos solo sirven para dejar una imaginaria muestra de un país que en realidad no existe.

Pero si algo era esperado era el punto referente a la reforma del Poder Judicial. Y Alberto no se hizo desear…

«El Poder Judicial de la Nación está en crisis» comenzó afirmando, para desgranar lo que a su juicio son privilegios de sus miembros. Claro que no olvidó lanzarse contra los miembros de la Corte Suprema a la que acusó de provocar «hechos llamativos» que los medios concentrados se dedican a esconder, pidiendo además la detención del fiscal Stornelli. Y habló de un entramado entre jueces, fiscales y periodistas para perseguir y espiar opositores, dictando teórica sentencia en una cuestión que aún está en etapa investigativa. 

Para terminar de clarificar el sentido de sus palabras pidió al Congreso que asuma el control del Poder Judicial, en lo que no puede dejar de mirarse como una ruptura fáctica de la independencia de poderes. Pero…¿alguien podía dudar de que esa demanda llegaría de la boca del presidente con la principal interesada en «domar» a la justicia sentada a su izquierda y Sergio Massa, al que le señaló la demora que sus proyectos de control tiene en Diputados, a su derecha?.

En el recorrido de las obras realizadas y por realizarse -con mayor presencia de estas últimas ya que mucho se insistió en el discurso en el freno producido hasta ahora por la pandemia- Fernández no dejó de comparar sus prioridades e intenciones con las de la anterior administración, lo que disparó más de un incidente verbal en el recinto con las respuestas desde el estrado incluidas. Algo que pareció resultar cómodo para la intención del orador que no era otra que comenzar a ser mero representante de uno de los sectores en violenta pugna en la Argentina.

Tal vez la única excepción a la regla, en un tema que despierta un interés directo en la población en su conjunto, fueron los anuncios acerca de un nuevo sistema de cálculo de tarifas de servicios públicos y la aparente prolongación en el tiempo de una política moderada de actualización -habló de un debate parlamentario que no podrá resolverse en lo que queda del año- aunque nada quedó puntualmente claro acerca de como sigue esta traumática historia que afecta cotidianamente a los argentinos. Habrá que esperar las aclaraciones pertinentes.

Mucho se dirá y se escribirá sobre los anuncios puntuales, que ciertamente parecieron disociados de la realidad que viven los ciudadanos, pero todo ello quedará eclipsado por el mensaje más nítido que dejó la apertura de sesiones: Alberto ha renunciado a su vocación de cerrar la grieta -si es que alguna vez existió esa intención- y se prepara a ser parte activa de los enfrentamientos que vienen.

Claro que siguiendo su ya vieja costumbre, concluyó presentándose a sí mismo como «el hombre que sembró la semilla de la unidad del país». Algo difícil de entender después de tanto mandoble y descalificación volcados en el discurso.

Y eso solo, es suficiente para que la sociedad comience a preocuparse.

Por Adrián Freijo –

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SALVE ARGENTINA, BANDERA DE LA PATRIA

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Mucho más que un símbolo, la bandera argentina es tal vez el último hito de unidad de los argentinos. Su historia, la impronta de su creador y la identificación con los valores que representa encierran un mensaje que debemos entender.

 

El 27 de febrero de 1812 el General Manuel Belgrano, en las barrancas de Rosario, a orillas del río Paraná, enarboló por primera vez la bandera argentina.

Sus colores celeste y blanco, provienen de la escarapela nacional. La historia cuenta que la bandera originaria se ha perdido y algunas versiones hablan de que tenía dos franjas; otras, dicen que eran tres pero no está claro cuál era su disposición.

Belgrano izó por primera vez la bandera junto a las baterías Libertad e Independencia y fue jurada por los soldados.

Comunicado este hecho al Triunvirato, Belgrano partió a hacerse cargo del ejército del Norte, sin tomar conocimiento de que el organismo público le negaba la posibilidad de usar la nueva bandera, por la difícil situación reinante.

Recién luego del 9 de julio de 1816, una vez declarada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente el 20 de julio, su uso oficial fue aprobado por el Congreso.

El 25 de febrero de 1818, se agregó el sol, en homenaje al Dios Inca Inti (Dios del Sol). Sus 32 rayos dorados, están contenidos en negros bordes, alternándose un rayo recto y otro ondulado. La bandera con el sol fue usada para instituciones y eventos oficiales y de las Fuerzas Armadas hasta 1985, en que se dispuso su colocación en todas las banderas argentinas.

En tiempos del virreinato se produjeron dos invasiones inglesas a Buenos Aires. Durante 46 días, desde el mes de junio hasta el mes de agosto de 1806, la ciudad de Buenos Aires estuvo gobernada por ingleses.

Así era la bandera enarbolada por Manuel Belgrano a orillas del Paraná el 27 de febrero de 1812

Hasta ese momento, el único distintivo que llevaban los soldados patriotas para diferenciarse del ejército realista era una escarapela con los colores celeste y blanco. Manuel Belgrano -que estaba en Rosario con la misión de preparar a la tropa para defender los pasos del río Paraná de cualquier ataque realista- pensó que una buena manera de entusiasmar a los soldados era contar con una bandera propia que tuviera los colores de la escarapela. Así surgió la idea de mandar a coser una.

Hay muchas versiones acerca del origen de los colores de la bandera y la escarapela. Celeste y blanca era la cinta que usaba el rey de España cruzándole el pecho, los mismos colores tenían el escudo de la ciudad de Buenos Aires y las cintas repartidas el 25 de mayo. Después de la Revolución de Mayo, toda persona que quería demostrar que estaba a favor de la revolución se colocaba cintas celestes y blancas en algún lugar visible: las damas en el cabello, en los bordes de los rebozos, o en los abanicos; los hombres se las colocaban en los sombreros o en las solapas de los sacos.

Cuando la nueva bandera flameó frente al Paraná, Belgrano dijo a los soldados: «Esta será la divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria».

Bandera aprobada por el Congreso de Tucumán en 1816.

Una de las tareas que tuvo el Congreso de Tucumán después de declarar la independencia fue acordar cuál sería la insignia que reemplazaría a la bandera española. Así decía el decreto expedido por el Congreso el 25 de julio de 1816: «Las Provincias Unidas, después de la declaración solemne de su independencia, tomarán como peculiar distintivo la bandera celeste y blanca».

En 1818 el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón resuelve cambiar aquellos colores dispuestos en Tucumán y así lo decreta. Las franjas de los extremos son de un azul más intenso que el celeste original. Esta modificación se debe a una consulta realizada a expertos en heráldica, la disciplina que se ocupa de estudiar los colores que deben llevar las banderas y los escudos. Los expertos rechazaron el celeste y determinaron que el color correspondiente debía ser un azul más oscuro.

Por disposición del Director Supremo se cambió el celeste por un azul intenso

Al igual que la que usamos actualmente, llevaba como distintivo militar un sol en el centro. Las franjas de los extremos son de un azul más intenso que el celeste original. Esta modificación se debe a una consulta realizada a expertos en heráldica, la disciplina que se ocupa de estudiar los colores que deben llevar las banderas y los escudos. Los expertos rechazaron el celeste y determinaron que el color correspondiente debía ser un azul más oscuro.

Finalmente se volvió a colocar en el fuerte de Buenos Aires en 1852, una vez que el gobierno de Rosas cayó como consecuencia de la batalla de Caseros, la bandera celeste y blanca tal cual la conocemos hoy y que fuera la aprobada en 1816 en el Congreso de Tucumán. Durante la secesión de Buenos Aires (1852-1861), los dos gobiernos -el de la Confederación y el de Buenos Aires- utilizaron la misma bandera.

Desde entonces el país se ha visto sometido a mil tensiones y la decadencia terminó por enseñorearse en su tierra y en su gente. Solo la bandera, lejos de facciones y fanatismos, parece hoy unirnos a todos bajo un mismo color que adquiere por tanto una dimensión mayor a la del símbolo: es a la vez esperanza, pasado y punto de encuentro.

Algo que deberemos entender y poner en práctica para superar, por fin, aquella tristeza de Manuel Belgrano que en su hora final deslizó un rezo laico que hoy debe ser recordado en boca de cada argentino con sentido de trascendencia: ¡¡¡Ay, Patria mía!!!.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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CUANDO LA IMPOTENCIA DISPARA EL PAPELÓN

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Pocas veces un presidente argentino tuvo un paso tan fallido por el exterior como el que protagonizó un Alberto Fernández histérico, fuera de foco y además, otra vez, mal informado.

La impotencia suele ser mala consejera del soberbio. Mientras en los seres humanos suele disparar tristeza, pesimismo y decepción en el omnipotente opera como acicate a las reacciones estentóreas, impensadas y pretendidamente propias de un ser superior. Claro que, inevitablemente, terminan en un papelón: no hay nada más ridículo que el que jura no haber robado el dulce de leche con la aureola del manjar en torno a sus labios.

Y así, manchado y en evidencia, se mostró Alberto Fernández cuando tuvo la malhadada idea de ponerse a contestar sobre temas de la política interna durante su visita a México y en presencia del propio mandatario azteca Andrés López Obrador. Cuando todo aconsejaba echar mano a la clásica salida diplomática y simplemente afirmar que no iba a hablar de cuestiones nacionales en casa ajena, el mandatario la emprendió contra quienes critican a su gobierno por el escándalo del llamado «Vacunatorio VIP» y, como suele ser habitual debido a su volátil carácter, terminó desnudando ante el mundo entero todo el odio que genera la irreparable grieta en el país y que lo tiene, mal que le pese, como uno más de los protagonistas centrales.

Por mucho que se esfuerce en parecer un moderado, Alberto Fernández no pierde ocasión para poner sal en la herida de las divisiones y descalificar, amenazar y estigmatizar a todos los que no piensan como él y su gobierno.

Fuera de sí, con fingida frialdad que no pudo ocultar su furia, se refirió despectivamente a los fiscales que estudian las más de doce denuncias presentadas por la violación de las normas vacunatorias. Él, que suele jactarse de su conocimiento del Derecho Penal y de su condición de docente de la UBA en la materia, pareció olvidar por un instante que es obligación de los funcionarios denostados el analizar toda denuncia que llega a sus manos. Luego verán si la rechazan o siguen adelante en su tratamiento…

“No existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes” disparó Fernández, soslayando deliberadamente que las presentaciones judiciales recorren no uno sino varios delitos posibles que van desde la gravísima asociación ilícita hasta el abuso de poder. ¿ Qué sabe entonces si alguno de ello puede existir?, ¿no es una frivolidad impertinente querer minimizar el trabajo de la justicia diciendo que «no existe el delito de adelantarse en una cola»?.

Ello sin olvidar que todas y cada una de las causas enunciadas como «olvidadas» están hoy siendo investigadas por la justicia y en plena instrucción penal…

Mientras Alberto Fernández sale por el mundo a operar una vez más como tapadera de los verdaderos organizadores de este disparate (Ver:La Cámpora, las vacunas «vip» y el caso Mar del Plata) el propio presidente de los EEUU Joe Biden toma el caso argentino y el peruano para pedir que los procesos de asignación de la vacuna sean transparentes en el mundo entero.

Parece imposible que el presidente argentino comprenda que en el mundo existe un código ético muy diferente al que, sin límite ni pudor, rige en nuestro país las relaciones entre los todopoderosos gobernantes y el golpeado pueblo.

Y para cerrar la triste jornada Alberto sostuvo que «le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en que universidad, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas». Por un momento pasó por nuestras cabezas la imagen de una presidente anterior que, preguntada por alumnos de una universidad americana sobre casos de corrupción y su abultada fortuna, no tuvo mejor idea que descalificar a sus interlocutores diciendo «chicos, por favor, estamos en Oxford no en La Matanza».

Algunos parecen haber incorporado el papelón a su bagaje ideológico…lastima que nos involucran a todos.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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