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Opinión

Dos años del ENaCom, dos años de promesas incumplidas

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La promesa de un nuevo marco regulatorio para el sistema de medios que surgiría de un debate social amplio permanece incumplida. Mientras tanto, la concentración de la propiedad está cerca de llegar a niveles históricos. La Corte Suprema debe decidir sobre la inconstitucionalidad del decreto 267/15 que hoy cumple dos años de publicación.

El 4 de enero de 2016, hace dos años, el Poder Ejecutivo publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 236/2015 con el que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Este DNU no respeta los requisitos estrictos de excepcionalidad que establece la Constitución Nacional e introdujo modificaciones contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información ya que permitió un nivel mayor de concentración de la propiedad de los medios y gubernamentalizó las instancias de toma de decisiones. Todos los cambios que el DNU hizo en la LSCA atentan contra la diversidad y pluralidad del sistema de medios y favorecen la consolidación de posiciones dominantes, la toma de decisiones discrecional y la opacidad de la propiedad de los medios. A pesar del tiempo transcurrido, el DNU 267/15 no fue ratificado por el Congreso: solo Diputados ratificó su validez en abril de 2016, el Senado nunca lo trató.

Desde agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver al amparo impulsado por la radio comunitaria FM En Tránsito, con el patrocinio del CELS, en el que solicitamos se declaren la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15.

En abril de 2016, cuando con un conjunto amplio de organizaciones y especialistas denunciamos las características regresivas de esta reforma, el Poder Ejecutivo afirmó que se trataba de una medida “transitoria” y se comprometió a presentar un proyecto de “Ley de Comunicaciones Convergentes”. Las dos cuestiones resultaron falsas: los efectos del DNU se demuestran permanentes y, transcurridos dos años, el proyecto de ley no se presentó. En este tiempo, además, el Poder Ejecutivo le negó en reiteradas oportunidades el acceso a la información a quienes solicitaron conocer el borrador del proyecto de ley.

Los decretos de diciembre de 2015
Durante el primer mes de gobierno de la Alianza Cambiemos se dictaron tres decretos que desarticularon la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El desmantelamiento de la LSCA se inició con el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/15, el 10 de diciembre de 2015. El PEN modificó la Ley de Ministerios, creó el Ministerio de Comunicaciones y le asignó diversas competencias que la ley 26.522 le concedía a la AFSCA. El 23 de diciembre de 2015 el Decreto 236/15 ordenó la intervención de la AFSCA y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), autoridad de aplicación de la ley 27.078 (Ley Argentina Digital). El Ejecutivo dispuso el cese en sus funciones de los integrantes de los respectivos directorios y en nombró a dos interventores por un plazo de 180 días prorrogable.

El 30 de diciembre el presidente Mauricio Macri firmó el DNU 267/15 que introdujo reformas sustanciales y permanentes a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. El decreto fue publicado el 4 de enero de 2016 en el Boletín Oficial. Mientras que el 6 de abril de 2016 la Cámara de Diputados confirmó la validez de estos decretos, a la fecha el Senado no se ha expedido. A dos años de la modificación por decreto de la LSCA, no se conoce todavía el proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que la reemplazaría.

El litigio de FM en Tránsito contra la modificación por DNU de la LSCA

Ante la intervención de la AFSCA, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona desde hace 30 años la radio comunitaria FM En Tránsito en el municipio de Morón, impugnó ante la justicia federal la validez de los DNU 13/15 y 267/15 y del decreto 236/15. El CELS patrocina a la Cooperativa.

En Tránsito solicitó la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15 por el incumplimiento de los estrictos requisitos que el artículo 99.3 de la Constitución Nacional exige para la validez de esta normativa de excepción y por vulnerar derechos fundamentales de rango constitucional. Además, planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.122 -sancionada en 2006- que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo.

Como el DNU 267/15 derogó parcialmente la LSCA y disolvió la autoridad que el decreto 236/15 había ordenado intervenir, el proceso se centró en los vicios de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 267/15, cuyos efectos se siguen expandiendo hasta hoy.

El 2 de febrero de 2017 la jueza Cecilia G. M. de Negre declaró abstracto el amparo respecto de los decretos del Ejecutivo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.122. Afirmó que el objeto perseguido en la acción se tornó abstracto porque el decreto 267/2015 fue declarado válido por resolución la Cámara de Diputados. Sobre la inconstitucionalidad de la ley 26.122, la jueza simplemente se remitió al dictamen del fiscal, aunque en realidad el fiscal no había abordado ese asunto.

El 11 de marzo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia remitiéndose a lo decidido en otra causa (“Sabbatella, Martín c/EN y otro s/amparo ley 16.986” 83.656/2015) y a lo dictaminado por la Fiscalía General.

El 3 mayo la Cooperativa de Trabajo por la Comunicación Social interpuso Recurso Extraordinario Federal, que fue concedido por la Cámara y elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde agosto de 2017 el expediente se encuentra en la Corte Suprema.

La nulidad del DNU. Requisitos de la Constitución Nacional
Hasta el momento, el Estado no dio cuenta, ni en la fundamentación del DNU ni el proceso judicial, de la concurrencia de las circunstancias excepcionales que reclama la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El DNU 267/15 sólo invoca de modo genérico y abstracto la existencia de una supuesta situación “crítica” en el sector regulado y la “convergencia tecnológica”, sin dar cuenta de la existencia de necesidad o urgencia de modificar la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual por vía del decreto, sin intervención del Congreso de la Nación.

La doctrina es clara al señalar que “existe un estado excepcional cuando no es habitual. En efecto, debe tratarse de hechos no ordinarios, esto es, inusuales e infrecuentes, imprevisibles o de difícil previsión. A su vez, este estado es de carácter extraordinario y, por tanto, transitorio” (Balbín, Carlos F., Tratado de derecho administrativo, tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2015). El cambio tecnológico invocado para justificar el decreto. está lejos de ser infrecuente o no habitual.

Asimismo, las modificaciones introducidas por el decreto 267/2015 tienen carácter permanente, lo que priva de validez constitucional a esa norma. La doctrina y la Corte Suprema así lo han dicho, rechazando que existan circunstancias excepcionales para el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia si el decreto contenía normas permanentes que modifican leyes del Congreso (Fallos: 333:633, “Consumidores Argentinos”).

Si el decreto introduce cambios permanentes en leyes del Congreso, no cabe tener por configuradas las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución. Este es el caso del DNU. Por ejemplo, los límites de propiedad de licencias tienen efectos que se perpetúan en el tiempo. El DNU 267/15 no se trata de una modificación circunstancial, de emergencia, sino, por el contrario, de una modificación sustancial y con efectos permanentes, que busca establecer un paradigma de liberación de los controles monopólicos en materia de comunicaciones, que fue expresamente rechazado por el Congreso Nacional mediante la sanción de las leyes 26.522 y 27.078.

Detrás del decreto 267/15 no existieron razones de necesidad y urgencia que impidieran el cumplimiento del trámite ordinario de la formación de leyes, sino que se trató de la imposición de un enfoque sobre el funcionamiento del sistema de medios que se estableció eludiendo la discusión democrática.

La Comisión Redactora
La Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 fue creada en diciembre de 2015 por el artículo 28 del DNU 267/15.

En marzo de 2016 el ministro de Comunicaciones estableció un plazo de 180 días para elevar el proyecto de ley, que venció el 28 de agosto. El 27 de octubre el ministro prorrogó el plazo por otros 180 días, que vencían el 25 de abril de 2017.

El 28 de marzo de 2017, el Ministerio dictó la resolución 601/17 que dio por terminado el trabajo de la Comisión. Allí afirmó que ya existía un borrador de ley y dispuso el desarrollo de “un proceso de nuevas consultas” por seis meses (hasta septiembre de 2017) y la publicidad de los “documentos preliminares sobre los que se fundará el anteproyecto”. Esto no se cumplió. No se realizaron procesos de consulta ni se dio publicidad a los “documentos preliminares”. El nivel de opacidad llega a tal punto que una organización de la sociedad civil, el Centro de Producciones Radiofónicas, solicitó en cuatro oportunidades tener acceso al anteproyecto de ley y el Poder Ejecutivo se lo negó.

El 27 de diciembre de 2017 se publicó la resolución 694/17 que dispuso otra prórroga de seis meses y la apertura a consulta de los proyectos, de los documentos preliminares y de la documentación surgida del proceso de la Comisión. A la fecha no se conoce el borrador del proyecto ni plazos estimativos para su discusión.

La elaboración en la Comisión Redactora distó mucho de ser un “proceso participativo”, como se ha pretendido presentar. La información disponible en la página web del ENaCom sobre quiénes asistieron a las “reuniones participativas” muestra que no se trató de una participación “diversa y plural”. Durante 2016 se realizaron 20 encuentros, exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin una temática sobre la cual trabajar y solo con invitación previa de la Comisión. Casi el 40% de las participantes fueron entidades empresariales. También en 2016 se realizaron cinco debates académicos en distintas ciudades. Al respecto, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recibió y canalizó reclamos por la falta de representatividad de los participantes en Córdoba y Mendoza y por la ausencia de un debate sustantivo.

Por último, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión Redactora pusieron en marcha la iniciativa “#SumáTuAporte” en el que cualquier persona podría enviar su opinión mediante un formulario digital, con un máximo de 300 caracteres y en el que se preestablecían los rubros a los que podían referir las propuestas.

Por supuesto, el mecanismo dispuesto por el Estado Nacional para que las personas realicen sus aportes y propuestas para la nueva ley vía internet con mensajes de hasta 300 caracteres, no alcanza el más mínimo estándar de una participación amplia, plural y efectiva. Este párrafo tiene 301 caracteres.

La fusión de Cablevisión y Telecom
En julio de 2017, los grupos Cablevisión (Grupo Clarín y Fintech) y Telecom (Fintech) anunciaron su fusión. Este escenario profundiza la concentración y es una amenaza a la competencia necesaria tanto para que existan condiciones mínimas de ejercicio de la libertad de expresión como para evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado.

Con la resolución 5644/17 publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre pasado, el ENACOM aprobó la fusión con algunas condiciones. Resta todavía la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dirigida por el Secretario de Comercio Interior.

El conglomerado infocomunicacional resultante será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% de televisión por suscripción (ver: Concentración extrema: Cablevisión + Telecom). Incluso con el marco normativo introducido por el DNU 267 en el que se relajaron significativamente las previsiones antimonopólicas, este tipo de concentración superaría todos límites de espectro permitidos. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, segunda más poblada del país, la nueva compañía (que será controlada por el Grupo Clarín) tendrá más del 90% de las conexiones de banda ancha fija a Internet, más del 90% de los abonos de la tv por cable y más del 95% de las líneas de telefonía fija.

Como es evidente, las transformaciones ocurridas desde el 4 de enero de 2016 están lejos de ser transitorias. Y la postergación sistemática de un debate social y legislativo amplio sobre cuál es el mejor marco regulatorio para las comunicaciones en la Argentina no parece ser una coincidencia.

Fuente: CELS

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Opinión

Lula cuestiono el acuerdo de Alberto con el FMI y cree que el peronismo va a perder las elecciones

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Fuentes muy cercanas a Lula consultadas por LPO afirmaron que “la elección del 2023 está perdida para el peronismo” y advirtieron que Rodríguez Larreta “es el candidato más fuerte ” de la oposición.

Argentina está presente en la campaña brasileña pero no de la manera que el Frente de Todos espera. Lula dejó en claro a distintos interlocutores en los últimos días la preocupación que implica la crisis argentina para Brasil. El diario O Globo relevó que Lula afirmó en un encuentro reservado con industriales paulistas que Alberto Fernández cerró un mal acuerdo con el FMI.

Lula dijo en esa cena con empresarios que “no sabe que va a pasar con Argentina” y que está “atascada”. LPO dialogó con fuentes muy cercanas al ex presidente y confirmaron que en el PT “con mucha tristeza” dan por perdida la elección del peronismo en Argentina.

La falta de interlocución de Lula con los militares preocupa al PT y alimenta la teoría del golpe 

La lectura de Lula sobre el acuerdo con el FMI no es sólo una retórica electoral que dice puertas afuera sino que es parte de un debate interno. “El acuerdo fue malo, es claro. No pudieron poner en marcha un plan económico de estabilización ni controlar el aumento de la pobreza. Es una tragedia”, afirmó a LPO con pesar, uno de los colaboradores más cercanos al ex presidente.

El acuerdo fue malo, es claro. No pudieron poner en marcha un plan económico de estabilización ni controlar el aumento de la pobreza. Es una tragedia

“La inflación es medio inevitable en este contexto, podes crecer y distribuir la riqueza, pero bajar la pobreza es mucho más complicado”, agregó.

Al mismo tiempo, la fuente se preguntó porqué nadie es capaz de aplicar en la Argentina un programa parecido al Real que creó Fernando Henrique Cardoso y permitió bajar la inflación crónica en Brasil. “Es una cuestión de decisión política y audacia”, opinó.

Dentro del equipo de Lula también confirman la intención de crear una moneda común del Mercosur, algo que propuso el ex presidente en un acto de campaña este año. “La idea es poner los recursos para eso porque es importante para la integración regional, pero todavía hay que detallar la forma”, explicaron las fuentes a LPO.

Sobre el impacto de una victoria de Lula en Argentina plantean que “puede ayudar, puede aliviarle el contexto regional pero no mucho más, la crisis es interna y ahí no hay nada que hacer”.

La derecha va a volver a gobernar la Argentina, Rodríguez Larreta es el candidato más fuerte que tienen.

Por último, esta fuente pronostica que “la derecha va a volver” y caracteriza a Horacio Rodríguez Larreta como candidato más fuerte, moderado y menos radicalizado de la coalición opositora.

FUENTE : Taglioni (San Pablo, enviado especial)

LA POLITICA ONLINE

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Opinión

LEOPOLDO LÓPEZ: “CUANDO ESCUCHO A ALBERTO FERNÁNDEZ, ESCUCHO A UN CÓMPLICE DE LOS DELITOS DE LA DICTADURA DE MADURO”

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El líder opositor venezolano criticó la posición expresada por el presidente argentino en la Asamblea de las Naciones Unidas y resaltó el informe de la ONU que señala al dictador como responsable de crímenes de lesa humanidad en su país

El líder opositor venezolano Leopoldo López habló este jueves sobre el informe de la Misión de la ONU que señala directamente al dictador Nicolás Maduro como el responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Maduro es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad, pero no solo él. Su esposa, Cilia Flores; y Diosdado Cabello, entre otros, también”, manifestó en diálogo con Eduardo Feinmann para Radio Mitre de Buenos Aires.

“Las fuerzas de represión de Maduro golpearon, asfixiaron a personas, hicieron descargas eléctricas. Te estoy leyendo el informe”, dijo. Luego agregó: “Son crímenes espantosos, crímenes de los que Argentina tiene memoria del pasado. Este informe no solo habla del pasado, sino del presente en Venezuela”.

Luego se refirió a los dichos del presidente argentino, Alberto Fernández, quien en la Asamblea General de la ONU solicitó que se le quite las sanciones a la dictadura de Maduro. “Me sorprende mucho esta posición de quienes son supuestamente defensores de derechos humanos. Hay complicidad política y también económica”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando escucho a Fernández decir que deben levantarse las sanciones, escucho a un cómplice de todos estos delitos”.

Alberto Fernández pidió en la ONU que se levanten las sanciones contra el régimen de MaduroAlberto Fernández pidió en la ONU que se levanten las sanciones contra el régimen de Maduro

López también habló de la crisis migratoria en su país. “La tragedia que se vive en Venezuela, que generó la crisis de refugiados más grande del planeta, no fue originada por una guerra ni por un desastre natural. Fue originada por la dictadura de Nicolás Maduro”, subrayó.

Preguntado sobre cómo se vive en una cárcel venezolana, dado que estuvo recluido cuatro años, el opositor narró: “Las cárceles venezolanas son un infierno. A mi me tocó transitar ese infierno en confinamiento solitario”.

Y siguió: “No había electricidad, estaba a oscuras 12 horas al día. Había manipulación de los alimentos. No tenía acceso a agua potable. Mi familia era desnudada cuando me visitaba. Estos son relatos que se multiplican. En el informe vemos cientos de relatos de personas que pasaron por lo mismo”.

Por último, volvió a los dichos de Fernández y comentó: “Cada voz que se solidarice con Nicolás Maduro se está solidarizando con estas torturas. La tragedia venezolana tiene muchas aristas. Este informe (de la ONU) relata una de esas aristas”.

Juan Guaidó (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)Juan Guaidó (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

El miércoles, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, conversó con la misma radio argentina y expresó: “El informe es doloroso, narra el sadismo y la violación a las víctimas de derechos humanos, la impunidad con la que ha actuado la dictadura y también la resistencia de una sociedad que nos negamos a rendirnos”.

“Al régimen lo enfrentamos a diario. La amenaza es sistemática. Informes anteriores hablan no sólo de las torturas de quienes las sufren, sino de persecuciones a sus familiares y entornos, de la violación de derechos fundamentales, la censura y el desplazamiento de comunidades indígenas”, siguió Guaidó.

Luego resaltó: “Más allá del titular del informe, que es bastante duro, les recomiendo leer los testimonios de hombres y mujeres que tuvieron que resistir todo tipo de atropellos. (…) Hay centenares de testimonios que demuestran que no se trató de elementos aislados. Son sistemáticos (los atropellos), apuntan a la alternativa democrática y a la oposición”.

Y denunció: “Había un plan sistemático de violaciones de derechos humanos que señala directamente a Nicolás Maduro. Esto es un elemento muy grave. Y (el informe) también demuestra la resistencia de toda una sociedad que no se rinde”.

“La impunidad, la soberbia y el sentirse que no van a responder en la Justicia, lleva a este tipo de crímenes dantescos. Esto evoca a las peores dictaduras del continente en pleno siglo XXI”, señaló Guaidó.

FUENTE : INFOBAE

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Opinión

UN LEGENDARIO LOBO DE WALL STREET ANTICIPA UNA TRAGEDIA EN LOS MERCADOS

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Para uno de los más célebres predictores de estallidos de burbujas, lo peor está por venir. Se trata del famoso Jeremy Grantham, quien desde su fondo con sede en Boston sigue lanzando advertencias a los inversores.

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