“Hagan algo con la Ley de Salud Mental”. Ese fue uno de los pedidos desesperados que realizó Marina Charpentier, la mamá del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien se encuentra internado en grave estado luego de recibir un disparo por parte de la Policía en medio de un supuesto brote psicótico. 

El requerimiento que lanzó la mujer desde la puerta del Sanatorio Otamendi reabrió la polémica sobre la vigencia de la Ley 26.657 de Salud Mental que fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

La normativa apunta al mayor respeto sobre los derechos humanos de quienes padecen algún problema ligado a la salud mental, lo que a la vez complica la respuesta ante los pedidos de asistencia que pueden realizar, por ejemplo, familiares y allegados ante algún cuadro agudo.

La ley contempla el derecho de las personas con padecimiento mental o con adicciones a “recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”, a la vez que pone el foco en el “derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión”.

Además, puntualiza que “en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona” o de la “elección o identidad sexual”, entre otros puntos.

Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) reconocieron que “se vuelve urgente seguir trabajando en la inclusión y los derechos para todas las personas”.
Directivos de la Facultad de Psicología que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) pidieron que se profundice el trabajo para lograr que se implemente de manera “plena” la Ley de Salud Mental que está vigente en el país después del caso que protagonizó el lunes a la madrugada “Chano” Moreno Charpentier, el músico que tuvo que ser internado al sufrir un balazo de un policía en el marco de una crisis psiquiátrica.

A través de un comunicado, desde la unidad académica entendieron que el episodio del exlíder de Tan Biónica “refleja una situación que se repite diariamente y que no es algo que desde la Salud Mental se desconoce, las escenas que describen la fuerzas de seguridad frente a casos de padecimientos mentales y/o adicciones, que podrían ocupar todos los días varias páginas en cualquier medio de comunicación”.

En relacion al uso de las pistolas taser, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, aseguraron que una reducida cantidad de pistolas Taser que habían sido incorporadas a modo de prueba por la gestión anterior solo serán utilizadas por las unidades de operaciones especiales de las fuerzas federales. Y agregaron que esas armas “pueden causar severas lesiones, incluso la muerte”.

El debate político alrededor de esas armas continúa. Y los casos se repiten. En dos años se registraron en CABA cuatro impactantes episodios en los que podría haberse utilizado una pistola de descarga eléctrica para neutralizar el agresor. En tres ocasiones, los policías apelaron a sus armas de fuego y dos de los atacantes y un agente murieron en esas circunstancias, mientras que en la restante situación un uniformado empleó una patada para desarmar al hombre que portaba un cuchillo. Esa técnica de artes marciales también provocó la muerte de esa persona, que golpeó su cabeza contra el pavimento.

El caso más conocido ocurrió el 28 de septiembre del año pasado frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) donde el inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán intentó junto a otros agentes disuadir a Mauricio Rozas, un hombre con trastornos psiquiátricos que amenazaba con un cuchillo a los peatones. El agresor atacó al policía y este lo abatió a balazos mientras recibía un mortal puntazo.

Por entonces también se generó una polémica sobre la necesidad de dotar a las fuerzas policiales de herramientas que permitiesen el control de una situación similar sin exponer la vida de los agentes y del agresor.

En ese caso también se renovó el debate sobre las pistolas Taser. Una polémica que reaparece cada vez que un disparo de 9mm interpela a la sociedad sobre la forma de enfrentar estas situaciones.