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Economia

El agua aumentará al menos 80% en 2023: por una cláusula gatillo podría llegar al 116%

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Las facturas de agua llegarán en 2023 con un recargo de al menos el 80%, en caso que el Concejo Deliberante apruebe la modificación al Reglamento General del Servicio Sanitario propuesta por Obras Sanitarias (Osse). Pero la actualización podría ser incluso mayor, en el orden del 116%, dado que la empresa municipal solicitó que se incluya un aumento extra del 20% si los costos crecen por encima del porcentaje aumentado.

“Los argumentos elevados por la Contaduría de Osse y por la Gerencia General de Grandes Consumidores plantean claramente la necesidad de proceder a la actualización de la tasa por servicio sanitario, es por ello que elevamos la modificación del Reglamento General del Servicio Sanitario con un incremento del 80%”, expuso la empresa presidida por Carlos Katz en el informe presentado conjuntamente con el Presupuesto 2023, fijado en 10.895 millones.

De aprobarse, el aumento del 80% se aplicará “en todas sus variantes de facturación”, mientras que el mismo porcentaje correrá para el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal y Pluvial de la ciudad de Mar del Plata, según la documentación a la que accedió 0223.

SI bien el intendente Guillermo Montenegro descartó aplicar una cláusula gatillo para las tasas municipales en caso que la inflación superé el aumento previsto, distinta será la política en Osse, donde si se apelará a esa herramienta. En concreto, la firma propuso a los concejales una actualización extra del 20%, en caso que los costos aumenten por encima del 80%.

Para activar dicha cláusula formulada en el Artículo 4° del Reglamento General del Servicio Sanitario, se considerará el Coeficiente de Adecuación Tarifaria C estipulado en el Artículo 104°, conformado en función de las variaciones de los costos de explotación de los servicios, “de acuerdo con las variaciones que registren los índices representativos de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, según indica el proyecto. Los índices a tomar son cuatro: Índice Nivel General de Salarios, Índice de Precios Mayoristas Nivel General, Índice de Precios Mayoristas Nivel General (capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz) e Índice de la construcción (ítem Instalaciones Sanitarias).

De acuerdo al texto, se desprende que la cláusula se activaría con la sola variación del Coeficiente C por encima del 80%, aplicándose un aumento del 20% sin importar el porcentaje de incremento de los costos. Por ejemplo, el 20% extra se aplicaría así el incremento sea del 81%.

En tanto, como se establece el “aplicar una adecuación tarifaria del 20% en el último cuatrimestre del año”, se prevé que ese porcentaje se aplicará sobre la tarifa que surja del recargo inicial del 80%, por lo que el acumulado llevaría el aumento total al 116%.

Según lo planteado por Osse, se busca aplicar la cláusula gatillo para que “nos permita efectuar la mejor prestación del servicio existente, mantenimiento técnico y operativo de las instalaciones de aprovisionamiento y el mayor plan de obras posible”.

 

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Economia

El Gobierno quiere levantar trabas para importar insumos clave para alimentos y otros productos

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El Gobierno puso en marcha esta semana la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las operaciones de comercio, en un nuevo intento por frenar la alta inflación. Y también nombró al funcionario que estará al frente del nuevo organismo: Guillermo Michel, director de la Aduana y hombre de extrema confianza del ministro Sergio Massa.

La primera medida que tomará Michel apunta a flexibilizar las importaciones de insumos para diez industrias clave de la economía y así intentar reducir la escalada de precios en el mercado interno.

La conformación del este nuevo organismo se decidió luego de la inflación récord de abril, que fue de 8,4%. Para mayo, las consultoras privadas estiman que el índice de precios se ubicará en torno al 9%.

Así, tras semanas de análisis y contactos con los empresarios, se acelerará la suspensión de derechos antidumping, en ocho productos de rama de insumos difundidos o bienes intermedios, de los sectores de alimentos y bebidas, construcción, química y plástica.

El dumping es la práctica por la que un país vende productos por debajo de los costos de producción. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), habilita a las naciones a aplicar medidas para protegerse y establecer condiciones leales de la competencia. Sin embargo, se aclara desde Economía que la medida antidumping a un producto no impide su compra, sino que establece un arancel mayor a la hora de importarlo.

Con la suspensión de esos derechos antidumping, el Gobierno busca reducir el precio efectivo de las importaciones de ciertos insumos difundidos, fomentar la competencia en ramas altamente concentradas y disminuir los precios a lo largo de la cadena de valor”. La medida tendrá una vigencia de 120 días, con posibilidad de prórroga, pudo saber TN.

Los alimentos siguen aumentando y suman presión al bolsillo. (Foto: NA)
Los alimentos siguen aumentando y suman presión al bolsillo. (Foto: NA)

Entre los argumentos que los funcionarios señalan para la aplicación de esta nueva medida es que está destinada para las empresas que concentran gran poder en el mercado.

De esta manera, indicaron que en seis de las ocho ramas seleccionadas hay un único productor nacional y la penetración de mercado de la principal empresa es superior al 60%.

Otros de los puntos que tuvieron en cuenta a la hora de aplicar esta nueva política es que estas empresas ajustan sus precios de venta por arriba del resto de los precios de la economía, se indicó.

El propio Michel había indicado días atrás que habían detectado aumentos de precios muy por encima incluso de la cotización del dólar blue.

En declaraciones radiales, el funcionario mencionó fuertes distorsiones en los insumos para envases de gaseosas, de la industria automotriz y frutas y verduras, entre otros sectores.

Paula Lopez para TNEconomia

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Economia

Siete máximas económicas de Sergio Massa

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La mayoría de los economistas profesionales argentinos, cuando transcurría el año 2022 y comenzaban algunas turbulencias, como por ejemplo:  las dificultades para renovar la deuda en pesos, las críticas desde el oficialismo con la posterior renuncia de Martín Guzmán, la designación de Silvina Batakis, que prontamente fue desplazada, tenían en claro que necesitaba nuestro país para que no “chocara el barco contra el puente”. Si bien lo expresaban con diferencia de matices había un CONSENSO: de lo que era necesario (y lo sigue siendo) fundamentalmente, dar un giro hacia una política económica ortodoxa, disminuyendo el peso del estado ya que mantenerlo tan elefantiásico requiere una presión impositiva muy alta que aplasta y no deja crecer y desarrollarse a la actividad privada.

 

Todo esto lo sabe CFK quien detenta EL PODER y tácitamente acepta que se hagan los cambios en esa dirección, pero no quiere ser quien encabece las mismas, ya que perdería a sus votantes más fieles y por tanto hace el juego que ya desplegó en otras ocasiones, de parecer opositora, mientras delega en Massa la responsabilidad de llevarlos adelante.

 

Se necesita desarmar lo que la oposición llama “bombas”: a) Deuda en pesos, b) Deuda en dólares, c) Falta de reservas en el BCRA, d) Freno de la actividad manifestado en recesión, e) Inflación, reconocida en las encuestas como el problema principal que sufren los Argentinos.

 

PRIMERA MÁXIMA: Sergio Massa NO desarmará ninguna bomba.

 

Para cumplir los objetivos se necesita coordinar los instrumentos a utilizar dentro de lo que llamamos: UN PLAN DE ESTABILIZACIÓN, intentando el cambio en la futura política económica, planteando REFORMAS ESTRUCTURALES que a un gobierno que está en los tramos finales de su gestión le cuesta implementar.

 

SEGUNDA MÁXIMA: NO presentará un plan de estabilización.

TERCERA MÁXIMA: NO realizará reformas estructurales.

 

En dicho plan de estabilización se requiere: balancear las cuentas públicas atacando el déficit fiscal con las dos opciones básicas: aumentar ingresos o disminuir gastos; ajustar los precios relativos para absorber la inflación reprimida; tener un plan antiinflacionario; bajar la brecha entre los distintos dólares y en lo posible unificar el tipo de cambio. Todo esto en un contexto de 40% de la población en la pobreza y con un Banco Central (BCRA) sin reservas.

 

CUARTA MÁXIMA: NADA DE ESTO VA A HACER.

 

Ante la escasez manifiesta, muestra su desesperación por ver un dólar (sin importar si es “cara chica”), intenta que le adelanten los préstamos pautados para los próximos meses y para el año próximo por los organismos multilaterales de crédito, y por el FMI, además el Soja III es un adelanto de las exportaciones. El equipo económico cree que la falta de reservas, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, solo se resuelve con el ingreso de divisas al país.

 

Aplica inconscientemente los principios de la fisiocracia, cuya esencia era el denominado “laissez faire” que significa “dejar hacer”, ya que el objetivo del actual ministro de economía, NO ES RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS ARGENTINOS, es mantener el status quo, llegar en etapas, primero al 24 de junio (cierre de listas), luego al 13 de agosto (las PASO) y así hasta entregar el testimonio de la posta, en diciembre con las menores complicaciones posibles a un nuevo gobierno.

 

Volvió de Washington con las manos vacías, y esto explica por qué se han iniciado negociaciones con el Fondo Soberano Saudí, con el ministro de economía brasileño Fernando Haddad, sumado al rumor que dice que si el FMI no da su apoyo entonces se ampliará la utilización del Swap Chino.  El 29 de mayo Massa viaja a Beijing.

 

QUINTA MÁXIMA: anticipa ingresos y posterga gastos.

 

Los precios de marzo según el IPC que publica el INDEC subieron 7,7%, los de abril 8,4% con un arrastre a mayo también importante, en la primera semana hubo aumento de tarifas, con precios justos que no dan el resultado deseado.

 

La tasa de interés de las leliq se ha elevado considerablemente y esto afecta la tasa de interés de los plazos fijos. Esta medida ya no frena la inflación, implica mayor emisión a futuro, solo busca controlar los dólares libres por un período muy corto que no llega a un mes. Intenta que los ahorristas no se pasen al dólar con resultado abierto.

 

SEXTA MÁXIMA: La guerra contra la inflación iniciada en marzo de 2022 está perdida.

 

Massa tiene restricciones políticas porque no puede poner de acuerdo a todo el gobierno, tiene restricciones temporales porque necesita por lo menos dos años para bajar la inflación, plazo del que no dispone, sumado a las restricciones  adicionales que generó la sequía.

 

Días pasados el superministro que ya no tiene grandes ideas implementó un paquete de medidas antiinflacionarias que son un “remember” de medidas ya tomadas sin buenos resultados en otros momentos de nuestra historia. Además son contradictorias unas con otras, por ejemplo el aumento del interés en los plazos fijos al 97% nominal, llegando la tasa efectiva anual al 152%, y la baja de nueve puntos en el costo del financiamiento de las compras en cuotas en el “Ahora 12”.  También se habilitará al Mercado Central en el registro de importadores para importar en forma directa con arancel cero cuando se considere que hay un abuso empresarial en productos determinados, algo que se implementó en el gobierno de Alfonsín y dio lugar al conocido episodio de los “pollos de Mazzorín”. Se anuncia la intervención del BCRA en el mercado de cambios para controlar los dólares financieros En el ámbito fiscal se incluye un plan de pagos de la AFIP de 84 cuotas para pequeñas y medianas empresas. Entre otras medidas.

 

SÉPTIMA MÁXIMA: intenta obtener resultados distintos repitiendo medidas que no dieron resultados.

 

Los problemas económicos se resuelven con buena política económica, con un equipo económico que sea creíble y con un liderazgo presidencial que lamentablemente hoy no se ven.  Nuestra esperanza y futuro está en las urnas.

 

José Luis Stella

Lic. en Economía

Fuente: Loquepasa.net

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Economia

Los aumentos que llegan en junio

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En breve comienza junio y ya hay seis aumentos de servicios confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos nuevamente y que complican la misión, ya casi imposible, de bajar la inflación luego del pico de 8,4% en abril.

El sexto mes de 2023 estará marcado por subas en el transporte -subte, colectivos y trenes del AMBA- y en las cuotas de los colegios privados. También aumentarán las prepagas y los combustibles.

1. Transporte público en el AMBA

A partir del 1° de junio, regirá un aumento de 8,6% en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta es la tercera aplicación de una nueva fórmula de actualización mensual que regirá hasta julio y se ajusta sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires que publica el INDEC.

De manera que el boleto mínimo de colectivo en el AMBA a partir del sexto mes del año costará $42,67 y el del tren oscilará entre $20,72 y $26,82, según la línea.

Por otra parte, la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) confirmó el nuevo aumento de la tarifa del subte. A partir del lunes 5 de junio, el boleto saltará $7 y pasará a costar $74, mientras que el Premetro valdrá $26.

Subtes y vuelos se verán afectados el próximo lunes por el paro de transporte

2. Colegios privados

El Ministerio de Economía sumó en febrero a los colegios privados al programa Precios Justos. El acuerdo consistió en una canasta escolar con tope de precios y negociaron también un tope en el aumento de las cuotas. Pero la escalada inflacionaria obligó a renegociar esas alzas y así en junio las cuotas de los colegios se incrementarán 11,1% en la Ciudad de Buenos Aires y 7,5% en Gran Buenos Aires.

3. Prepagas

Como sucede mes tras mes, en junio las prepagas también tendrán aumento.

En esta oportunidad, el incremento será del 5,49% que se aplicará por igual a todos los usuarios, sin alzas diferenciadas de acuerdo a los ingresos, como ocurrió en abril pasado.

Otro golpe al bolsillo: las prepagas aumentan un 7,5% a partir de mayo

4. Naftas y gasoil

Tras la renovación del acuerdo de precios con el Gobierno, las petroleras aplicarán en junio un aumento de 4% promedio en las naftas y el gasoil que comercializan en todo el país.

Se fijaron topes de incremento mensual hasta el 15 de agosto. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, expresó que “la firma de este acuerdo nos permite dar una señal de previsibilidad a consumidores, usuarios y empresas”.

marcha atrás aumento de las naftas  ypf

5. Alquileres

Quienes tengan que firmar contrato nuevo de alquiler o renovarlo tendrán que afrontar subas de 100% anual en los valores a pagar, según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios
alquileres

6. Tarifas de luz

En mayo, el Gobierno quitó los subsidios en las tarifas de energía para aquellos usuarios que se encontraban dentro del nivel de mayores ingresos.

Así, a partir de junio verán el impacto en la factura al pagar la tarifa plena.

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