En abril del 2009, el escritor español Javier Cercas publicó un libro fantástico llamado Anatomía de un Instante. El texto era una disección de ese momento clave de la historia española en el que un grupo de militares entró al Congreso y, durante algunas horas, pareció que la flamante democracia se derrumbaba. Cercas analizaba desde ese instante la historia de los personajes, el significado profundo de cada uno de sus gestos y de allí obtenía conclusiones sagaces, y hasta conmovedoras, sobre la transición que su país sortearía finalmente con éxito. Sin exagerar las proporciones, ni forzar demasiado las comparaciones, tal vez sirva analizar en detalle el momento en que Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa Vicentin, para entender todo lo que esos minutos iluminan sobre el drama que atraviesa su Gobierno.

A las siete de la tarde del lunes, en la Casa Rosada, Fernández anunció la expropiación. Fueron escuetos doce minutos, donde no se habilitaron preguntas de nadie, y que representaron, en múltiples sentidos, una ruptura de Fernandez consigo mismo. Hasta ese momento, por ejemplo, los anuncios trascendentes habían sido enmarcados en la liturgia del consenso político. Fernández aparecía rodeado por líderes territoriales de la oposición cada vez que se dirigía a la población para hablar sobre la angustiante crisis sanitaria. Pero también el día que anunció la propuesta que la Argentina llevaría a los acreedores privados, lo hizo sentado entre su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta.

Eso empezó a distinguirlo como un presidente con impronta propia, diferente a sus antecesores. Sus decisiones no eran raptos de un autócrata, o de un líder caprichoso, sino articulaciones sofisticadas entre distintos estamentos de la democracia. En pocas semanas, eso se reflejó en encuestas que le otorgaban un altísimo nivel de consenso. “Mi gobierno es el gobierno de los gobernadores”, proclamaba.

El anuncio del lunes obedece a una lógica inversa. La expropiación de Vicentin afecta a la provincia de Santa Fe. Sin embargo, su gobernador, Omar Perotti, un hombre muy parecido en sus convicciones a Fernández, no estuvo allí. Tampoco estuvo el ministro de Agricultura. El lugar de ambos fue ocupado por una senadora de otra provincia, Anabel Fernandez Sagasti, que fue derrotada de manera contundente en las últimas elecciones y que, según dijo Fernández, había acercado la idea hacía unos “días”. Fernandez Sagasti, como se sabe, es dirigente de La Cámpora y pertenece al entorno de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En esa presencia, y en las ausencias que la acompañaron, se puede ver uno de esos puntos de ruptura.

El segundo tiene que ver con la historia de las últimas décadas de democracia. Desde que el Estado entró en crisis, en la década del 80, se han producido muchos debates sobre cuál debe ser su participación en la economía. Todos ellos giraban alrededor de empresas que habían sido parte del patrimonio estatal, como el Correo, los ferrocarriles, YPF o Aerolíneas Argentinas. Esas empresas fueron privatizadas y luego estatizadas por el mismo partido político. Para encontrar un caso en el que un gobierno surgido del voto popular expropia una empresa que nunca había tenido relación con el Estado hay que remontarse a cuando el primer peronismo aplicó ese método contra el grupo Bemberg, la estancia de los Pereyra Iraola o el diario La Prensa.

De ese tamaño histórico es el anuncio que hizo Fernández, en apenas doce minutos, sin habilitar preguntas, sin hacer esfuerzos por explicar nada, rodeado solo por uno de sus ministros, el interventor designado y por la senadora camporista que llevó la idea apenas unos días antes.

La decisión de Fernández fue inesperada porque, además, contrasta de manera violenta -otro de los puntos de ruptura- con las cosas que él mismo venía diciendo horas antes. “No participamos de esa loca idea de quedarnos con las empresas”, había declarado. Había citado, además, una semana antes del anuncio a los principales empresarios del país a la quinta de Olivos para darles un mensaje de cercanía, como quien invita a recorrer un camino en común. Ese mismo día, había almorzado con el ex ministro Roberto Lavagna, uno de sus más destacados consejeros.

El anuncio del lunes dejó perplejos a sus interlocutores de la semana anterior. El primero que gritó fue Lavagna, quien recordó el fracaso de la política energética del kirchnerismo, que en nombre de la soberanía energética, justamente, logró que el país perdiera la soberanía energética. “No bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”, dijo. Y luego, uno a uno, se pronunciaron los empresarios que fueron a Olivos. Paolo Rocca, el titular de Techint, se lleva mal con el Presidente y no concurrió a aquel cónclave. ¿Cómo serán las discusiones con sus pares luego del anuncio de Fernández? El golpe de gracia llegó con la declaración de la Federación Agraria, que manifestaba su inquietud por el avance sobre la justicia y la propiedad.

Expropiar una empresa privada es una decisión muy delicada en cualquier país. En el mejor de los casos, puede solucionar un problema serio. Pero siempre va acompañada de efectos colaterales. La estatización de YPF puede mejorar la situación energética argentina, si es que lo llega a hacer. Pero, ¿cómo afectará la inversión en otras áreas de la economía el miedo a que ese método se imponga como moneda corriente? ¿Será suficiente un período de “dias” para analizar seriamente los efectos económicos, sociales y políticos de tamaña decisión? ¿Por qué no se articuló el suficiente consenso para respaldar la iniciativa?

Consciente del posible efecto dominó, el Presidente trató de aclarar que se trataba de un hecho excepcional, que él cree en el capitalismo, que el problema eran los desmanes de Vincentin y no la propiedad privada. Naturalmente, sus interlocutores tienen derecho a preguntarse por la fiabilidad de un presidente cuya palabra por momentos es muy volátil. “No me va a volver a suceder”, es un argumento para crédulos o para enamorados.

Para colmo, desde La Cámpora lo planteaban como parte de un programa más audaz de intervención sobre el capital privado y lo celebraban como un paso hacia la “soberanía alimentaria”. Es difícil entender a que se referían: Vicentin exporta básicamente alimentos para chanchos.

En el centro de esta dinámica, naturalmente, aparece la relación entre Alberto Fernandez y Cristina Kirchner. ¿Era él quien anunció la expropiación o era su voz leyendo el libreto que se escribe en otra parte? Ese tipo de pregunta altera a la Casa Rosada, pero son procedentes dada la manera en que se hacen las cosas. “Veo con preocupación que Alberto no corta el bacalao”, dijo Juan Grabois esta semana. “En nuestro espacio la única que conduce es Cristina Kirchner. Cuando ella dice vamos para allá, a nadie se le ocurriría ir para otro lado”, agregó Sergio Berni. Alguien alimenta, o al menos no desalienta, estas provocaciones.

Cada vez que el kirchnerismo ubicó en algún puesto de poder a alguna persona sin el apellido Kirchner se sucedieron estos episodios: pueden atestiguarlo los ex gobernadores de Santa Cruz, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, y el ex candidato presidencial Daniel Scioli. Ninguno de ellos sobrevivió a la experiencia. Hay allí una tradición muy poderosa. Es difícil saber si Fernández le encontrará salida a ese laberinto, o si se trata de una encerrona con final cantado. En cualquier caso, le imprime al gobierno una dinámica exasperante, una marcha -como mínimo- imprecisa, trabada, latosa, poco clara.

Hay aún otro elemento de ruptura en el anuncio del lunes, quizás el más trascendente. Hasta ese momento, Fernández privilegiaba un tema casi excluyente en su relación con la sociedad: la crisis sanitaria. Era un orden de prioridades bastante criterioso. Desde el lunes, los ejes que dividen a la sociedad se superponen. “A favor o en contra de la cuarentena” es desplazado parcialmente por “a favor o en contra de la expropiación”. De repente, muchas personas que estaban de acuerdo con Fernández en el primer aspecto, se enojan o se asustan frente al barquinazo del lunes, y la autoridad presidencial se debilita, en un momento clave.

Durante las elecciones del año pasado, el peronismo más cercano a Cristina y a La Cámpora intentó varios experimentos electorales. Fue con candidato propio en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza. En los tres casos recibió una fuerte derrota. El peronismo, en cambio, ganó en todos los lugares donde llevó candidatos moderados. Peleó también con candidatos propios las intendencias de La Plata, Mar del Plata, Lanús y Quilmes. En todas ellas, aun donde ganó por un pelito, obtuvo entre 25 y 30 puntos menos que la fórmula presidencial: fue un corte de boleta casi sin antecedentes históricos. A medida que acentuó sus gestos de consenso, la imagen de Fernández creció violentamente, llegando a duplicar la de su compañera de fórmula. En el 2015, en cambio, el estilo “vamos por todo” derivó en la llegada de Mauricio Macri al poder. La sociedad ya había avisado que sucedería eso en las elecciones de 2009 y 2013.

Por alguna razón extraña, a muchos seres humanos nos cuesta aprender de la experiencia. Tenemos una extraña adicción por recorrer mil veces los mismos caminos. Aun aquellos que nos llevan hacia la frustración o el abismo.