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El Congreso de España aprobó la ley de eutanasia: será el sexto país en tener una norma de ese tipo

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La propuesta del Partido Socialista obtuvo un amplio respaldo en la Cámara, el mismo que se reflejaba en las encuestas: en torno al 80% de la población apoyaba la medida. Resta la aprobación en el Senado y entraría en vigor a inicios de 2021

La propuesta de la ley de eutanasia, presentada por el Partido Socialista, fue aprobada este jueves en el Congreso de España, que se encamina a convertirse en el sexto país del mundo en dar luz verde a este derecho.

Según indica el texto, que obtuvo 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, pueden acogerse los pacientes con alguna dolencia irreversible, siempre que hayan manifestado su intención en cinco etapas del proceso y tenga el aval médico. Además, deben ser mayores de edad y haber residido en España por lo menos en los últimos 12 meses.

El proyecto de ley socialista había sido criticado en las etapas previas tanto por el Partido Popular como por Vox, que proponían como alternativa una ley basada en los cuidados paliativos, pero los socialistas consideraron que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

“Saben que no aportan nada nuevo”, puesto que los cuidados paliativos ya se hacen en España, sostuvo la ex ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que ejerció como portavoz socialista, y afirmó que las propuestas de PP y Vox sólo buscan “confundir el debate”. Esta nueva ley, “solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo” y “no obliga a nadie” señaló Carcedo el pasado mes de febrero, cuando se inició el trámite parlamentario.

Ahora, solo resta la aprobación en el Senado, donde se espera que el trámite se realice sin inconvenientes.

La eutanasia ya sido aprobada en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

La regulación de la eutanasia cuenta con un amplio consenso social en España (en torno al 80 % según las encuestas) y se ha puesto de manifiesto en el apoyo a distintos casos individuales que reclamaban este derecho.

“Es una demanda transversal de la sociedad”, ha destacado el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa. De todas formas, el camino no fue fácil. El Congreso había rechazado en los últimos años en cuatro ocasiones anteriores tratar la cuestión.

El último de los casos mediáticos fue el de Ángel Hernández, acusado por cooperación en el suicidio de su esposa en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en vídeo; aunque el pionero fue Ramón Sampedro, tetraplégico a quien facilitaron la muerte en 1998 y cuyo caso fue llevado al cine por Alejandro Amenabar en la película “Mar adentro”. Esta película, en la que Javier Bardém daba vida a Ramón Sampedro, ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 2005.

Pese a la penalización de la eutanasia, en España ya existía una ley de muerte digna que establece las condiciones a las que puede acogerse una persona en situación terminal, incidiendo en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales.

(Con información de EFE)

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales

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Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Luis Díaz, periodista y activista venezolano, dialogaron con Infobae sobre los nuevos pasos que pretende dar el régimen chavista para seguir atentando contra la libertad de expresión
El dictador Nicolás Maduro busca regular y controlar las redes sociales en Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.

Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.

El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.

Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.

La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.

“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.

Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

Luis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese añoLuis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese año

“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.

Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.

La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.

La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.

Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.

A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.

“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.

“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.

Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)

Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.

La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.

En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.

Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.

Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.

Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un "enemigo permanente"Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un “enemigo permanente”

Persecución y censura

Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.

Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.

Casos como esos, se cuentan de a cientos.

La dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes socialesLa dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes sociales

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.

Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.

En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.

Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

FUENTE : INFOBAE

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Lapidario informe de la Casa Blanca sobre la corrupción argentina

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Cuestionó la «falta de implementación efectiva» de leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción, tras advertir «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado».

Estados Unidos cuestionó la «falta de implementación efectiva» de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina, tras advertir que las «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar» esta problemática que aqueja desde hace décadas al país.

Así se expresó la Casa Blanca a través del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, difundido por el Departamento de Estado norteamericano.

El documento señaló que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios», pero alertó que «no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley».

El Departamento de Estado, conducido por Antony Blinken, destacó que se llevan a cabo «numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri».

En ese sentido, se ejemplifica con la causa de los cuadernos, en el que la ex jefa de Estado y otras 52 personas «fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015».

«Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre», indicó.

En lo que respecta al líder del PRO, el informe recordó la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante su gestión y que involucra a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», denunció. En el informe se afirma que también «la corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad» y precisó que la «forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución».

«Acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes», apuntó el documento.

En las 27 páginas del informe también se relevaron puntos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los niños y las cárceles. Sobre ese último punto el Departamento de Estado denunció que la «sobrepoblación carcelaria permanece como un problema».

«Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres. Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires», indicó.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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