Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluyó este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Pidió que la Vicepresienta sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese marco, la Vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruído a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido de la ex mandataria y, de este modo, no le permitieron declarar mañana.

“Cumpliendo con la instrucción de mi representada, la doctora Fernández de Kirchner habrá de ampliar su declaración indagatoria razón por la cual me ha solicitado que introduzca esta petición para que la ampliación se produzca en el día de mañana, ya que es la ida inmediata subsiguiente a la finalización del alegato”, comenzó Beraldi su pedido durante la audiencia.

Y agregó: “No se trata de una solicitud sorpresiva. Quienes hemos escuchado con paciencia el alegato fiscal advertimos de una manera inobjetable que se han introducido cuestiones fácticas que en ningún momento fueron debatidas ene el juicio y no estuvieron contempladas en el requerimiento de elevación, como la operación de ‘limpien todo’ o una situación en donde se habla de un apagón informativo. Esto requiere de manera imprescindible que fue objeto de esta imputación de una respuesta y nos permitirá efectuar después un alegato técnico”.

Luego de que se informara la decisión del Tribunal, Beraldi insistió y pidió que se revea la determinación: “Aqui no se trata que estemos duplicando o ampliando cuestiones que se pueden desarrollar en el alegato. Ahí es una respuesta técnica, pero previo a eso es imprescindible que se escuche a la Dra Kirchner. Es su derecho constitucional. Es una vergüenza que se la limite para contestar las barbaridades que se dijeron en la acusación. Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las ultimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se esta desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”.

A pesar de esto, el Tribunal ratificó su decisión de no hacer lugar al pedido e informó que el juicio se retomará el 5 de septiembre.

En Tribunales receptaron el anuncio de la vicepresidenta con sorpresa. Si bien técnicamente cualquier imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese período termina al momento de iniciarse los alegatos; que es el momento de evaluar, para cada parte, todo lo que sucedió en el proceso.

Cada acusado tiene la posibilidad de decir sus “ultimas palabras” antes del veredicto, después de que hubiera hablado los acusadores y las defensas. Por eso, ahora, vendrá la discusión acerca de si la Vicepresidenta tiene posibilidad de hablar ahora. Una negativa por parte del Tribunal será leída por la acusada y sus seguidores como una nueva demostración de lawfare.

“Es un disparate que tiende a ensuciar el juicio. Los defensores debieron pedirlo antes del inicio de los alegatos. Ahora es etapa de alegatos”, afirmó a Infobae un funcionario judicial, quien lanzó una hipótesis de lo que podría ocurrir. “La otra posibilidad es que asuma su propia defensa como codefensora y que alegue. Jamás lo vi”.

Según el artículo 393 del Código Procesal Penal, “terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente (…) El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate”.

Desde el kirchnerismo insisten en una “persecución política”

A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideran que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”.

En ese sentido, hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.

Como anticipó el domingo Infobae, Luciani al concluir hoy el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.

iNFOBAE