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El demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que el Gobierno argentino decidió ignorar

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 El documento elaborado por la Organización de los Estados Americanos señala que hubo 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas. Identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales a partir de 2015 y a más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos desde la llegada de Nicolás Maduro al poder

Durante las últimas horas se produjo un nuevo giro geopolítico del Gobierno para estrechar su vínculo con Nicolás Maduro pese a las denuncias e informes sobre violaciones, torturas y desapariciones que ocurren en Venezuela. La decisión de Casa Rosada de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ignora un importante y detallado documento que devela los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los últimos años.

“Cuando la defensa de los Derechos Humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”, manifestó Santiago Cantón, uno de los expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018 para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad.

Cantón es un referente académico en materia de derechos humanos. Cuenta con un extenso y nutrido curriculum en el que se destaca su labor como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 11 años, entre 2001 y 2012. También se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente es Jefe de la Misión Electoral de la OEA en México.

Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá (Alejandro Rios)Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá (Alejandro Rios)

Luego de trascender el rumbo que encaminó Alberto Fernández con este último movimiento en su política exterior, Cantón analizó que “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda” que redactó junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles.

Había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina para que se investigara al gobierno de Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y se trató de la primera vez que un grupo de Estados demanda a un tercero ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Santiago Cantón, experto convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad (EFE)Santiago Cantón, experto convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad (EFE)

El gobierno argentino comunicó que retiraba su apoyo el mismo día que Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima. El último 24 de marzo, fecha trascendental en materia de derechos humanos para la historia nacional. En ese entonces, mediante una carta enviada a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, Cancillería justificó la salida del bloque regional acusando que “un sector de la oposición venezolana” participaba “como un integrante más del Grupo de Lima”, lo que llevó a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

“Los Estados son garantes colectivos de la defensa y protección de los DDHH. Esa garantía colectiva fue clave para ponerle fin a la noche más larga de nuestra historia. Es deplorable que este gobierno ponga efímeras alianzas internacionales por sobre la dignidad del ser humano”, repudió Cantón.

La crítica de Cantón hacia el GobiernoLa crítica de Cantón hacia el Gobierno

Cantón fue parte del panel de expertos internacionales independientes convocado por la OEA para la confección del material que documentó lo acontecido en Venezuela y que fue presentado el 29 de mayo de 2018 en Washington.

Durante aproximadamente nueves meses, los expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH. Hasta ese entonces, los abusos del régimen de Maduro incluían más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; torturas y violaciones.

El informe de 489 fojas analiza también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.

El documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Entre sus conclusiones, el informe señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.

El informe menciona que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.

Más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, luego de la llegada de Maduro al poder Más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, luego de la llegada de Maduro al poder

La tortura como instrumento de persecución y represión

Un capítulo del informe asegura que la campaña para perseguir y amedrentar a la oposición incluyó el empleo de la tortura. Tamara Suju, abogada criminalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), recopiló pruebas de casos durante 15 años. Es decir, los hechos se remontan a la primera etapa del chavismo.

En el documento de la OEA, Suju citó el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni Mora, torturada y violada brutalmente, que ha sido utilizado como señal de “advertencia” hacia otros jueces “para que acaten las órdenes del Gobierno o se atengan a sufrir consecuencias similares”.

Sin embargo, la abogada planteó una diferencia: “durante el gobierno de Chávez la tortura era selectiva, a diferencia de lo que ocurre durante el régimen de Nicolás Maduro”. Aseguró que con el heredero del trono dictatorial el empleo de la tortura es “desproporcionado” y “recurrente”.

El documento señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de VenezuelaEl documento señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela

Suju documentó 289 casos de víctimas directas de tortura ocurridas durante el gobierno de Maduro. El número es abrumadoramente mayor, “aunque difícil de cuantificar” ya que en sus declaraciones las personas decían que habían sido víctimas de torturas en grupos. La mayoría de las víctimas habían sido torturados por haber participado en protestas contra el régimen.

Los diversos tipos incluyen: brutales golpizas; descargas eléctricas; el empleo de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados; la negación de alimentos y agua; el mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y sufrimiento; el aislamiento por largos períodos; violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura psicológica.

Hay un dato espeluznante que mencionó la abogada. El Gobierno cuenta con un “guion” para la tortura: la finalidad que persiguen determina el tipo de tormento. “Si el objetivo no es obtener una confesión sino castigar e intimidar a la víctima, se dejan marcas deliberadamente en la cara, los brazos y/o las piernas”, ejemplificó.

Las torturas en Venezuela se remontan a la época de Hugo Chávez
Las torturas en Venezuela se remontan a la época de Hugo Chávez

El testimonio de Suju fue corroborado por otros testigos. Doris Coello relató el caso de su hijo Marcos, quien fue detenido, torturado y forzado a firmar una confesión falsa tras participar en una manifestación en Caracas en febrero de 2014. El joven de 18 años junto a un grupo de estudiantes fueron arrinconados por colectivos chavistas armados y enmascarados que se desplazaban en moto.

Coello recibió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno, que lo alcanzó en la cintura, y más tarde fue atacado por un grupo de cinco personas, que lo golpearon con extintores y cascos antidisturbios. Fue detenido y trasladado a una estación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Luego testificó que durante el tiempo que estuvo detenido fue sometido a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes de los organismos de seguridad venezolanos, incluyendo violencia física y psicológica.

Fue roseado con gasolina y amenazado con quemarlo o matarlo varias veces. Le apuntaron con un arma en la cabeza. Estuvo esposado en posición de rodillas por horas, pisándole las manos y las muñecas. Los funcionarios intentaron obligarlo a firmar una declaración que incriminaba a Leopoldo López en presuntos actos delictivos que tuvieron lugar ese día. Cuando Marco Coello se negó a firmar el documento incriminatorio, fue torturado nuevamente; recibió descargas eléctricas en el cuerpo, y tras ser envuelto en una colchoneta de goma espuma, fue pateado y golpeado con bates de béisbol, un palo de golf y palos de madera.

Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados. Fue imputado por los supuestos delitos de instigación a delinquir, incendio, daños materiales y agavillamiento. No hay al día de hoy investigación abierta ni funcionarios detenidos del cuerpo de seguridad que ejecutó las torturas.

Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogadosJunto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados

Los testimonios no se limitaron a casos de ataques sistemáticos contra personas aisladas. También se puso de manifiesto la manera en que el Régimen ha dirigido sus ataques contra el conjunto de la población civil. Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios, incluido el acceso preferente a suministros médicos, alimentos, divisas y otros servicios mediante iniciativas como “el carnet de la patria” que determina a quién se conceden los beneficios del Gobierno y a quién se les niegan.

Estos años se caracterizaron también por ataques sistemáticos contra el Poder Judicial, que incluyó la privación de libertad, la tortura y el exilio forzado de magistrados. Tres testigos, ex miembros de la justicia venezolana confirmaron la falta de independencia judicial y las consiguientes violaciones del estado de derecho.

Se citó el caso del juicio contra Leopoldo López en el que hubo 70 audiencias y se presentaron 134 elementos de prueba, pero que sin embargo no sirvió para demostrar la culpabilidad del líder opositor. No obstante López fue condenado. En el documento se acusa que “fue privado de libertad porque el Gobierno tenía miedo de su liderazgo, y que montaron el espectáculo mediático de la investigación para apartarlo del ámbito político”.

El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setentaEl informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta

El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta. Y cita como el caso “más emblemático” de ejecución extrajudicial -”por el uso desproporcionado de la fuerza y por la notoriedad de la víctima”- el del oficial de la CICPC, Oscar Pérez, quien se rebeló en contra Maduro.

El 15 de enero de 2018, efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional y colectivos progubernamentales participaron en una operación en contra Pérez cuando el escondite de éste fue descubierto por las autoridades. El asalto duró más de ocho horas. Casi 600 funcionarios actuaron con un arsenal de tanquetas, antitanques, un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso, fusiles AK-103 y pistolas.157 En videos que circularon por las redes sociales y en grabaciones de audios de los policías que participaron del operativo confirman que Pérez y un grupo de personas que se encontraba con él se rendían.

Todos fueron esposados y escoltados por dos policías hacia un vehículo militar. “Tres horas después, Oscar Pérez y sus compañeros, José Alejandro Díaz Pimentel, un ex-agente de contrainteligencia militar; Abraham Israel Agostini, ex policía del Estado Araguaya; Abraham and Jairo Lugo, hermanos y ex miembros de la GNB; Lisbeth Ramírez, la esposa de Jairo Lugo; y el estudiante de periodismo Daniel Soto, fueron dejados en la morgue de Caracas, todos con balazos en la cabeza. No queda duda de que fueron ejecutados poco tiempo después de haberse rendido a las autoridades”, describe el documento de la OEA.

Morgue en Caracas Morgue en Caracas

El documento describe el accionar de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares denominados “colectivos” que se desempeñan como “brazo armado radical del gobierno” de Maduro. Algunos de ellos han afirmado “ser contratados por gobiernos estatales”.

Los patrones de conducta de los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas mientras se manifestaban en contra del régimen, incluyen:

– El consciente y deliberado uso indebido y desproporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado en colaboración con los colectivos, con disparos letales con armas de fuego directamente en contra de los manifestantes.

– Los proyectiles fueron dirigidos en su mayoría a zonas vitales del cuerpo para causar la muerte del manifestante, como la cabeza, el tórax, el cuello, el intercostal y el abdomen. La intención de las fuerzas públicas y de los colectivos era matar a la víctima, no herirla.

– El uso de bombas lacrimógenas como proyectil, disparadas horizontalmente a corta distancia directamente hacia la víctima, causando la muerte instantánea en algunos casos y dejando a otras víctimas gravemente heridas.

– El uso intencional de objetos que no eran balas de plomo, o perdigones de plástico, como proyectiles disparados directo al cuerpo de los manifestantes como metras, canicas de metal o vidrio, o tornillos que ocasionaron la muerte de algunos manifestantes y que ocasionaron cientos de heridos, para infligir mayor trauma y sufrimiento y al mismo tiempo no dejar huellas balísticas.

Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficiosTestimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios

El caso de siete jóvenes que reclamaron un recuento de votos

El material presentado por la OEA relata el caso de siete jóvenes que fueron torturados en 2013, que fueron detenidos tras haber participado de protestas en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, por exigir al Consejo Nacional Electoral de esa ciudad, el reconteo de votos de las elecciones presidenciales que acababan de suceder y que dieron como ganador, a Nicolás Maduro.

Recibieron tiros de perdigón a quema ropa para causar daño y múltiples golpes con cascos, puntapiés y culata de las armas en la cabeza, costillas, zona lumbar. Estuvieron incomunicados. Fueron forzados en posición cuclillas por varias horas, con la cabeza entre las piernas y en esta posición, recibían golpes en el cuello con la culata de la escopeta, muy fuertes y dolorosos. Sufrieron torturas sexuales como desnudamiento y amenazas de violación. Recibieron descargas eléctricas. Sufrieron torturas psicológicas de amenazas de muerte, de trasladarlos a penales con presos de alta peligrosidad para que los violaran. “Fueron obligados a cantar consignas a favor del presidente, porque si no, los golpeaban”, se describió sobre el aberrante hecho.

El informe remarca patrones de conducta entre los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadasEl informe remarca patrones de conducta entre los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas

Conclusión y solicitud a la CPI

A raíz de los testimonios e informes recolectados, el panel de expertos convocado por la OEA consideró al término del documento que “existe fundamento suficiente para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que enuncia “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque”.

De esta forma, el panel de expertos internaciones independientes recomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que remita el informe y la evidencia recopilada a la Oficina de la Fiscal de la CPI para que se abra la investigación contra el régimen de Maduro y “que invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan de la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe”.

El documento de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes

FUENTE : INFOBAE 

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REPERCUSIONES DIVERSAS POR LA VISITA DEL PRESIDENTE FERNANDEZ A MILAGROS SALAS

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El gobernador lamentó que el jefe de Estado no haya aprovechado el viaje para reunirse con él. Además, pidió que la líder de la Tupac Amaru cumpla sus condenas en una cárcel común.

 

El presidente Alberto Fernández suspendió la agenda que tenía prevista en Buenos Aires y viajó a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala, quien se encuentra internada tras sufrir una trombosis venosa profunda.

Luego del encuentro, el jefe de Estado brindó una conferencia de prensa en la que calificó a la dirigente social condenada por diversos delitos como una “perseguida política” y les solicitó especialmente a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron”.

Espero que los tribunales de Jujuy tomen mis críticas del mejor modo. Por favor, los insto a revisar lo que están haciendo, no es un buen modelo para el país. Lo mismo para la Corte Suprema, que resuelven con urgencia las cosas que atañen a sus intereses, que por favor le impriman la misma urgencia al recursos de Queja presentado por Milagro Sala”, desarrolló.

 

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, no le gustó nada que el presidente Alberto Fernández haya cancelado parte de su agenda para visitar a Milagro Sala por la trombosis venosa profunda que la mantiene internada desde el pasado lunes.

Así lo hizo saber hoy al mediodía, en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero, cuando durante su discurso consideró que fue “una falta de respeto” al pueblo jujeño que el mandatario sólo haya viajado para realizar una “visita personal” a la líder de la Tupac Amaru.

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, advirtió Morales durante su discurso.

Acto seguido, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) enumeró las acciones de su gestión para lograr proyectos como el conseguido con la apertura de un nuevo establecimiento educativo en Alto Comedero. “Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”, apuntó Morales.

Visiblemente molesto por la actitud del presidente Fernández, el gobernador Morales le pidió “que no gobierne para una facción y que gobierne para todo el pueblo argentino”. Y agregó: “Y que tenga la tolerancia de que venga a Jujuy, a una provincia gobernada por alguien que piensa diferente. No importa que pensemos diferente”.

“El camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”, subrayó Morales.

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PORQUE NO AVANZA LA NUEVA LEY DE ALQUILERES

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“Silencio de radio”. Así explican los diputados de distintos bloques la posibilidad de debatir en los próximos días la nueva Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio había dejado trascender la posibilidad de una sesión este jueves. Sin embargo, aún no tienen el número confirmado para llevarlo al recinto .

El conflicto llegó con la decisión de poner aumentos trimestrales a los contratos de alquiler. “Con eso sumamos los apoyos de Espert y los liberales”, comentó a PERFIL uno de los operadores de Juntos por el Cambio que hace casi dos meses trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de los bloques de la oposición.

Lo cierto, es que este punto puso en riesgo el apoyo de los cuatro diputados del Interbloque Provincias Unidas, que integran dos rionegrinos y dos misioneros. Ambos bloques responden a sus gobernadores. “Es un tema que todavía seguimos conversando”, comentó un diputado de ese bloque que, el miércoles cuando se firmó el dictamen unificado de la oposición, estaba a favor.

 

Esto aleja aún más a los dos diputados del bloque Socialista, que igualmente no iban a acompañar el dictamen opositor. Este sector comparte el interbloque Federal con otros dos bloques que sí van a acompañar, el de Graciela Camaño y el de Córdoba Federal, alineado con el gobernador Juan “Gringo” Schiaretti.

Camaño habló en varias ocasiones con los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez. Se vieron sorprendidos de que la “Negra” aceptara el proyecto de Juntos por el Cambio que elimina el límite a los aumentos de los contratos que ella había acordado con el rionegrino Domingo. Ella les contestó que si no lo hacía “el remedio va a ser peor que la enfermedad”.

“La oposición cree que solo es un problema del mercado. Vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas. Este tema no debe ser un botín para la grieta”, dijo Fein esta mañana en Diputados TV.

Sobre la decisión de ceder en el límite a los aumentos, el despacho de la oposición admite que sea totalmente libre el acuerdo para que se aumente el precio de los alquileres, señalaron: “Iba a ser muy difícil de regular y a los fines prácticos va a terminar sucediendo. Es raro que los aumentos sean por encima de la inflación”.

Esta explicación no contentó a varios diputados. A esto también se suma el rechazo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda y la incertidumbre de qué hará Milei. “Es bastante difícil ponerse de acuerdo con él. No se corre de lo que está convencido y no define nada”, comentó indignado un diputado de Juntos por el Cambio que lo llamó para ver qué iba a hacer con este tema.

Juntos por el Cambio intenta quitarle dramatismo a la demora en el tratamiento de este tema. Ellos mismos habían anunciado, sin confirmarlo formalmente, que iban a tratar este tema el jueves 30. “Cuando estemos todos, vamos a sesionar. En estos días hay muchos viajes”, explicó uno de los jefes del espacio en Diputados. Lo cierto es que en la Cámara se sabe que cuando hay voluntad política, hay presencia.

En tanto, el Frente de Todos mantiene el silencio. Sergio Massa llegó recién este martes de Alemania. Estuvo con el Presidente en la Cumbre del G7. “Todavía no nos dijo nada de qué quiere hacer”, comentó un diputado que tiene diálogo frecuente con el tigrense. Hasta la semana pasada, se esperaba que convocara una sesión con los tres temas que tienen despacho de comisión y un acuerdo entre los distintos bloques, estos son el de Compre Argentino, el de nano y biotecnología y cuidados paliativos.

“Ahora que resuelvan ellos toda la expectativa que generaron”, dijo a PERFIL una de las espadas políticas del Frente de Todos. “Nosotros no vamos a mover nada, ellos festejaron una mayoría, que vean ahora cómo lo resuelven”, agregó.

Así, se espera que en las próximas semanas el interbloque opositor siga buscando esa mayoría que le permita sancionar una nueva ley. Por ahora, están lejos de que eso suceda.

 

 

Antonio Riccobene para Perfil

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CÓMO ES LA DISPUTA INTERNA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL DESTINO DE 128.000 PLANES SOCIALES

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Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareasDesde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando EspinozaLa diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la "tercerización" de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

 

 

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