Durante las últimas horas se produjo un nuevo giro geopolítico del Gobierno para estrechar su vínculo con Nicolás Maduro pese a las denuncias e informes sobre violaciones, torturas y desapariciones que ocurren en Venezuela. La decisión de Casa Rosada de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ignora un importante y detallado documento que devela los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los últimos años.

“Cuando la defensa de los Derechos Humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”, manifestó Santiago Cantón, uno de los expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018 para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad.

Cantón es un referente académico en materia de derechos humanos. Cuenta con un extenso y nutrido curriculum en el que se destaca su labor como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 11 años, entre 2001 y 2012. También se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente es Jefe de la Misión Electoral de la OEA en México.

Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá (Alejandro Rios)

Luego de trascender el rumbo que encaminó Alberto Fernández con este último movimiento en su política exterior, Cantón analizó que “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda” que redactó junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles.

Había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina para que se investigara al gobierno de Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y se trató de la primera vez que un grupo de Estados demanda a un tercero ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Santiago Cantón, experto convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad (EFE)

El gobierno argentino comunicó que retiraba su apoyo el mismo día que Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima. El último 24 de marzo, fecha trascendental en materia de derechos humanos para la historia nacional. En ese entonces, mediante una carta enviada a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, Cancillería justificó la salida del bloque regional acusando que “un sector de la oposición venezolana” participaba “como un integrante más del Grupo de Lima”, lo que llevó a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

“Los Estados son garantes colectivos de la defensa y protección de los DDHH. Esa garantía colectiva fue clave para ponerle fin a la noche más larga de nuestra historia. Es deplorable que este gobierno ponga efímeras alianzas internacionales por sobre la dignidad del ser humano”, repudió Cantón.

La crítica de Cantón hacia el Gobierno

Cantón fue parte del panel de expertos internacionales independientes convocado por la OEA para la confección del material que documentó lo acontecido en Venezuela y que fue presentado el 29 de mayo de 2018 en Washington.

Durante aproximadamente nueves meses, los expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH. Hasta ese entonces, los abusos del régimen de Maduro incluían más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; torturas y violaciones.

El informe de 489 fojas analiza también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.

El documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Entre sus conclusiones, el informe señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.

El informe menciona que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.

Más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, luego de la llegada de Maduro al poder

La tortura como instrumento de persecución y represión

Un capítulo del informe asegura que la campaña para perseguir y amedrentar a la oposición incluyó el empleo de la tortura. Tamara Suju, abogada criminalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), recopiló pruebas de casos durante 15 años. Es decir, los hechos se remontan a la primera etapa del chavismo.

En el documento de la OEA, Suju citó el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni Mora, torturada y violada brutalmente, que ha sido utilizado como señal de “advertencia” hacia otros jueces “para que acaten las órdenes del Gobierno o se atengan a sufrir consecuencias similares”.

Sin embargo, la abogada planteó una diferencia: “durante el gobierno de Chávez la tortura era selectiva, a diferencia de lo que ocurre durante el régimen de Nicolás Maduro”. Aseguró que con el heredero del trono dictatorial el empleo de la tortura es “desproporcionado” y “recurrente”.

El documento señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela

Suju documentó 289 casos de víctimas directas de tortura ocurridas durante el gobierno de Maduro. El número es abrumadoramente mayor, “aunque difícil de cuantificar” ya que en sus declaraciones las personas decían que habían sido víctimas de torturas en grupos. La mayoría de las víctimas habían sido torturados por haber participado en protestas contra el régimen.

Los diversos tipos incluyen: brutales golpizas; descargas eléctricas; el empleo de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados; la negación de alimentos y agua; el mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y sufrimiento; el aislamiento por largos períodos; violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura psicológica.

Hay un dato espeluznante que mencionó la abogada. El Gobierno cuenta con un “guion” para la tortura: la finalidad que persiguen determina el tipo de tormento. “Si el objetivo no es obtener una confesión sino castigar e intimidar a la víctima, se dejan marcas deliberadamente en la cara, los brazos y/o las piernas”, ejemplificó.

Las torturas en Venezuela se remontan a la época de Hugo Chávez

El testimonio de Suju fue corroborado por otros testigos. Doris Coello relató el caso de su hijo Marcos, quien fue detenido, torturado y forzado a firmar una confesión falsa tras participar en una manifestación en Caracas en febrero de 2014. El joven de 18 años junto a un grupo de estudiantes fueron arrinconados por colectivos chavistas armados y enmascarados que se desplazaban en moto.

Coello recibió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno, que lo alcanzó en la cintura, y más tarde fue atacado por un grupo de cinco personas, que lo golpearon con extintores y cascos antidisturbios. Fue detenido y trasladado a una estación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Luego testificó que durante el tiempo que estuvo detenido fue sometido a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes de los organismos de seguridad venezolanos, incluyendo violencia física y psicológica.

Fue roseado con gasolina y amenazado con quemarlo o matarlo varias veces. Le apuntaron con un arma en la cabeza. Estuvo esposado en posición de rodillas por horas, pisándole las manos y las muñecas. Los funcionarios intentaron obligarlo a firmar una declaración que incriminaba a Leopoldo López en presuntos actos delictivos que tuvieron lugar ese día. Cuando Marco Coello se negó a firmar el documento incriminatorio, fue torturado nuevamente; recibió descargas eléctricas en el cuerpo, y tras ser envuelto en una colchoneta de goma espuma, fue pateado y golpeado con bates de béisbol, un palo de golf y palos de madera.

Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados. Fue imputado por los supuestos delitos de instigación a delinquir, incendio, daños materiales y agavillamiento. No hay al día de hoy investigación abierta ni funcionarios detenidos del cuerpo de seguridad que ejecutó las torturas.

Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados

Los testimonios no se limitaron a casos de ataques sistemáticos contra personas aisladas. También se puso de manifiesto la manera en que el Régimen ha dirigido sus ataques contra el conjunto de la población civil. Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios, incluido el acceso preferente a suministros médicos, alimentos, divisas y otros servicios mediante iniciativas como “el carnet de la patria” que determina a quién se conceden los beneficios del Gobierno y a quién se les niegan.

Estos años se caracterizaron también por ataques sistemáticos contra el Poder Judicial, que incluyó la privación de libertad, la tortura y el exilio forzado de magistrados. Tres testigos, ex miembros de la justicia venezolana confirmaron la falta de independencia judicial y las consiguientes violaciones del estado de derecho.

Se citó el caso del juicio contra Leopoldo López en el que hubo 70 audiencias y se presentaron 134 elementos de prueba, pero que sin embargo no sirvió para demostrar la culpabilidad del líder opositor. No obstante López fue condenado. En el documento se acusa que “fue privado de libertad porque el Gobierno tenía miedo de su liderazgo, y que montaron el espectáculo mediático de la investigación para apartarlo del ámbito político”.

El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta

El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta. Y cita como el caso “más emblemático” de ejecución extrajudicial -”por el uso desproporcionado de la fuerza y por la notoriedad de la víctima”- el del oficial de la CICPC, Oscar Pérez, quien se rebeló en contra Maduro.

El 15 de enero de 2018, efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional y colectivos progubernamentales participaron en una operación en contra Pérez cuando el escondite de éste fue descubierto por las autoridades. El asalto duró más de ocho horas. Casi 600 funcionarios actuaron con un arsenal de tanquetas, antitanques, un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso, fusiles AK-103 y pistolas.157 En videos que circularon por las redes sociales y en grabaciones de audios de los policías que participaron del operativo confirman que Pérez y un grupo de personas que se encontraba con él se rendían.

Todos fueron esposados y escoltados por dos policías hacia un vehículo militar. “Tres horas después, Oscar Pérez y sus compañeros, José Alejandro Díaz Pimentel, un ex-agente de contrainteligencia militar; Abraham Israel Agostini, ex policía del Estado Araguaya; Abraham and Jairo Lugo, hermanos y ex miembros de la GNB; Lisbeth Ramírez, la esposa de Jairo Lugo; y el estudiante de periodismo Daniel Soto, fueron dejados en la morgue de Caracas, todos con balazos en la cabeza. No queda duda de que fueron ejecutados poco tiempo después de haberse rendido a las autoridades”, describe el documento de la OEA.

Morgue en Caracas

El documento describe el accionar de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares denominados “colectivos” que se desempeñan como “brazo armado radical del gobierno” de Maduro. Algunos de ellos han afirmado “ser contratados por gobiernos estatales”.

Los patrones de conducta de los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas mientras se manifestaban en contra del régimen, incluyen:

– El consciente y deliberado uso indebido y desproporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado en colaboración con los colectivos, con disparos letales con armas de fuego directamente en contra de los manifestantes.

– Los proyectiles fueron dirigidos en su mayoría a zonas vitales del cuerpo para causar la muerte del manifestante, como la cabeza, el tórax, el cuello, el intercostal y el abdomen. La intención de las fuerzas públicas y de los colectivos era matar a la víctima, no herirla.

– El uso de bombas lacrimógenas como proyectil, disparadas horizontalmente a corta distancia directamente hacia la víctima, causando la muerte instantánea en algunos casos y dejando a otras víctimas gravemente heridas.

– El uso intencional de objetos que no eran balas de plomo, o perdigones de plástico, como proyectiles disparados directo al cuerpo de los manifestantes como metras, canicas de metal o vidrio, o tornillos que ocasionaron la muerte de algunos manifestantes y que ocasionaron cientos de heridos, para infligir mayor trauma y sufrimiento y al mismo tiempo no dejar huellas balísticas.

Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios

El caso de siete jóvenes que reclamaron un recuento de votos

El material presentado por la OEA relata el caso de siete jóvenes que fueron torturados en 2013, que fueron detenidos tras haber participado de protestas en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, por exigir al Consejo Nacional Electoral de esa ciudad, el reconteo de votos de las elecciones presidenciales que acababan de suceder y que dieron como ganador, a Nicolás Maduro.

Recibieron tiros de perdigón a quema ropa para causar daño y múltiples golpes con cascos, puntapiés y culata de las armas en la cabeza, costillas, zona lumbar. Estuvieron incomunicados. Fueron forzados en posición cuclillas por varias horas, con la cabeza entre las piernas y en esta posición, recibían golpes en el cuello con la culata de la escopeta, muy fuertes y dolorosos. Sufrieron torturas sexuales como desnudamiento y amenazas de violación. Recibieron descargas eléctricas. Sufrieron torturas psicológicas de amenazas de muerte, de trasladarlos a penales con presos de alta peligrosidad para que los violaran. “Fueron obligados a cantar consignas a favor del presidente, porque si no, los golpeaban”, se describió sobre el aberrante hecho.

El informe remarca patrones de conducta entre los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas

Conclusión y solicitud a la CPI

A raíz de los testimonios e informes recolectados, el panel de expertos convocado por la OEA consideró al término del documento que “existe fundamento suficiente para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que enuncia “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque”.

De esta forma, el panel de expertos internaciones independientes recomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que remita el informe y la evidencia recopilada a la Oficina de la Fiscal de la CPI para que se abra la investigación contra el régimen de Maduro y “que invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan de la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe”.

El documento de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes

FUENTE : INFOBAE