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“El Estado soy yo”, al estilo Maduro: el dictador hizo que le aprobaran una ley para gobernar sin reglas ni controles

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El líder del régimen chavista dice haber escrito él mismo la ley que aprobó la ilegétima Asamblea Constituyente que le otorga inéditos poderes para pasar por encima de la Carta Magna sin rendir cuentas

La ANC aprobó una ley que le otorga poderes a supraconstitucionales a Maduro, con la excusa de combatir las sanciones de EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó una nueva legislación ante la espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) denominada ‘ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos’, con la que busca concentrar mucho más poder del que ya ejerce por la fuerza.

Sin embargo, la normativa ha generado una particular división entre los propios chavistas. Por un lado están los que apoyan la ley, mientras que por otra parte han salido quienes desconfían en otorgarle aún más atribuciones al dictador.

La Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad desde su origen, ya que no cumplió con los requisitos constitucionales para su conformación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 348, el presidente en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional y la sociedad civil, con la aprobación y recolección de firmas de un 15% de la población votante del país, puede convocar a dicha Constituyente y activarla, pero esto no se hizo.

De allí que todo lo que derive de este organismo es ilegal, como la convocatoria electoral de 2018 en la que Maduro se proclamó presidente.

No obstante, este poder había sido activado, según los chavistas, para redactar una nueva carta magna, lo cual no ocurrió. “La nueva Constitución que resulte del proceso Constituyente será llevada a referéndum consultivo para que el pueblo decida la aplicación o no”, prometió Maduro en 2017.

Pero en declaraciones de quien dirige ese organismo, Diosdado Cabello, ellos no estaban obligados a hacer una nueva constitución. “La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que convocar a una nueva Constituyente, porque están por encima de las leyes orgánicas porque las dictó una Constituyente. Antes del 31 de diciembre la ANC va a aprobar leyes para el pueblo”, dijo Cabello.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en una entrevista que no se redactará una nueva carta magna en Venezuela 
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en una entrevista que no se redactará una nueva carta magna en Venezuela

Esto a pesar de que el artículo 347 de la Constitución establece que el objetivo de una Constituyente es “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Adicionalmente, Maduro aseguró que la ANC sería disuelta a finales de 2020, debido a que una vez realizadas las fraudulentas elecciones parlamentarias que pretende llevar a cabo el 6 de diciembre, la existencia del organismo simplemente ya no sería útil, con lo que confirma que la finalidad era anular el funcionamiento del poder legislativo de mayoría opositora.

“La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre. Ya así lo ha decidido”, dijo el dictador venezolano en una videoconferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pero en vista del dramático deterioro al que han llevado al país y el saqueo descarado de todos los recursos de la nación, que se ha traducido en una crisis ya imposible de esconder, Maduro se vio obligado a reconocer que al régimen ya no le queda más plata y mostró unas cifras que hablan muy mal de su propia gestión. Sin embargo, una vez más culpó al “imperio norteamericano” por el fracaso de su modelo socialista.

“En seis años, perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas, dicho de otra manera, de cada100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en el 2014, hoy obtiene menos de uno” reconoció el dictador.

No obstante, esas declaraciones no fueron ofrecidas sin tener una intención de fondo. Maduro lo que buscaba era excusarse en la aguda crisis, de la cual él es el único responsable, para pedir a la ANC que en el poco tiempo de vida que supuestamente le queda, le otorgue poderes especiales para, ahora si, “levantar la economía nacional”.

Esto solo recuerda los diversos planes económicos frustrados de Hugo Chávez que deterioraron la nación paulatinamente durante 14 años de su mandato, a pesar de la inmensa bonanza petrolera con la que compró conciencias en varios países de mundo y los 17 “motores económicos” con los que Maduro supuestamente iba a convertir a Venezuela en una potencia. Sin embargo la nación caribeña es hoy la más pobre del continente según el estudio ENCOVI, publicado este año por la Universidad Católica Andrés Bello.

Migrantes venezolanos caminan hacia la frontera con Colombia, en medio del brote de coronavirus, en San Cristóbal, Venezuela, huyendo de la crisis de servicios básicos que vive el paísMigrantes venezolanos caminan hacia la frontera con Colombia, en medio del brote de coronavirus, en San Cristóbal, Venezuela, huyendo de la crisis de servicios básicos que vive el país

Pero si bien esta no es la primera vez que Maduro solicita poderes adicionales, en esta oportunidad ha causado tanta conmoción incluso dentro del propio chavismo. Entre quienes confían en que el dictador sabrá administrar las competencias que se le otorguen se expresó el número dos del régimen, Diosdado Cabello, quien le dijo a sus seguidores que “nuestro presidente ha pedido apoyo y la soberanísima ANC tiene la potestad de apoyarlo o no. En lo personal, confío plenamente en el presidente. No tengo ninguna duda de su condición como revolucionario. Estamos en una guerra, si no somos audaces nos lleva el río”.

Mientras tanto, hay otros que no aprueban la ley porque ni siquiera les permitieron leer debidamente su contenido, además de que le da facultades supraconstitucionales a Maduro para que pueda hacer y deshacer por encima de la carta magna.

Tal es el caso de María Alejandra Díaz Marín, quien dijo en el momento en que salvó su voto, que “ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.

Recordó que solicitaron el proyecto por varias vías, a distintos miembros de la ANC, “hasta esta hora no hemos tenido acceso al mismo, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación”.

Dijo Díaz Marín que salvó el voto (se abstuvo) “por diferir de estos mecanismos inadecuados y debido a que desconozco el fondo y contenido de la misma y si ésta colide o no, con nuestra Constitución vigente”.

María Alejandra Díaz Marín, quien pertenece a la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela, se abstuvo de votar a favor de la aprobación de la "Ley Antibloqueo de Maduro"María Alejandra Díaz Marín, quien pertenece a la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela, se abstuvo de votar a favor de la aprobación de la “Ley Antibloqueo de Maduro”

Algunos de las temores se originan en el hecho de que, según Maduro, él necesita poderes para sortear las sanciones impuestas por una lista de varios países y que encabeza EEUU, por lo que a través de la legislación, tendrá la facultad de privatizar las empresas que se encuentran en manos del Estado. Esto no solo tiene una contradicción desde el punto de vista ideológico para los socialistas, sino que además, nadie sabe quiénes pasarían a administrar estos activos, porque obviamente no van a abrir un concurso público para que la ciudadanía pueda libremente tener participación en las empresas, sino que por el contrario, la propia ley, le da herramientas de confidencialidad para que Maduro se reserve las decisiones que tome sin la obligación de rendir cuentas al respecto.

La ley otorga carácter de “reservados, confidencial o de divulgación limitada” a cualquier “expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que el dictador venezolano considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda “documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”.

Esto no solo pone en riesgo los activos de la nación, con los que el régimen busca hacer negocios y que muy probablemente pasarán a manos de empresas rusas, chinas e iraníes o incluso de testaferros, sino que además viola el derecho a la información.

“Aquí lo que se quiere es reprivatizar, como se hizo en Rusia, pero con nuevas élites y nuevos aliados” aseguró el abogado venezolano y constitucionalista, Juan Manuel Rafalli. “Ellos están buscando algo de apariencia de legalidad para hacer negocios sobre activos y actividades reservadas del Estado, bajo el paraguas de esta ley, y crear estas nuevas élites”, agregó.

“Ese texto tiene como objetivo que la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto, para beneficiar a testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela”, dijo el ex presidente del parlamento venezolano, Omar Barboza.

Pero esto no es lo único grave, según el artículo 19 del texto, Maduro además tendrá el poder de “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente” de ser necesario para “superar los obstáculos” o que lo limiten a cumplir sus cometidos, es decir, podrá actuar como un monarca absolutista que se salta las leyes que no les son convenientes, en otras palabras, muy al estilo del rey francés Luis XIV, Maduro será el Estado Todopoderoso.

La "Ley Antibloqueo" le permite a Maduro saltarse leyes que no sean convenientes, además de no tener la obligación de rendir cuentasLa “Ley Antibloqueo” le permite a Maduro saltarse leyes que no sean convenientes, además de no tener la obligación de rendir cuentas

En este punto se esgrimen varias de las ambigüedades entre los chavistas que aseguran que Maduro pasará a estar por encima de la constitución porque la ANC le da poderes supraconstitucionales y quienes se contradicen diciendo que esta ley está dentro del marco de la carta magna.

Aquellos chavistas que ya habían manifestado su intención de salvar su voto en contra de la ley, el régimen los dejó por fuera de la sesión plenaria, como fue el caso de Telémaco Figueroa (PSUV), a quien no le enviaron el vehículo que lo trasladaría desde el estado Sucre (costa oriental de Venezuela) hasta Caracas. No es casual que Cabello dijera después que la Ley se aprueba solo con los constituyentes presentes.

Es decir, los propios seguidores del régimen recibieron una dosis de censura y autoritarismo por parte de la directiva del PSUV, algo de lo que el resto del país ha venido padeciendo durante años.

Ahora bien, Venezuela hace ya varios años que dejó de ser una república, precisamente porque carece de institucionalidad, mientras que el poder se maneja al antojo y discreción de un grupo de familias.

“Con esto no van a lograr nada en relación con los efectos de las sanciones”, acotó Rafalli. Además ratificó que cualquier negociación o contrato que surja será considerado ilegal y desconocido por la legítima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, quien además es reconocido como el presidente interino de Venezuela por casi 60 países.

La mayoría opositora del Parlamento de Venezuela desconoció la aprobación de la normativa que fue calificada como un “adefesio de ley” y advirtió que quien realice “acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos” como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito”, entre otros.

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales

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Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Luis Díaz, periodista y activista venezolano, dialogaron con Infobae sobre los nuevos pasos que pretende dar el régimen chavista para seguir atentando contra la libertad de expresión
El dictador Nicolás Maduro busca regular y controlar las redes sociales en Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.

Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.

El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.

Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.

La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.

“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.

Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

Luis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese añoLuis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese año

“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.

Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.

La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.

La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.

Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.

A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.

“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.

“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.

Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)

Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.

La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.

En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.

Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.

Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.

Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un "enemigo permanente"Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un “enemigo permanente”

Persecución y censura

Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.

Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.

Casos como esos, se cuentan de a cientos.

La dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes socialesLa dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes sociales

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.

Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.

En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.

Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

FUENTE : INFOBAE

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Lapidario informe de la Casa Blanca sobre la corrupción argentina

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Cuestionó la «falta de implementación efectiva» de leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción, tras advertir «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado».

Estados Unidos cuestionó la «falta de implementación efectiva» de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina, tras advertir que las «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar» esta problemática que aqueja desde hace décadas al país.

Así se expresó la Casa Blanca a través del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, difundido por el Departamento de Estado norteamericano.

El documento señaló que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios», pero alertó que «no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley».

El Departamento de Estado, conducido por Antony Blinken, destacó que se llevan a cabo «numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri».

En ese sentido, se ejemplifica con la causa de los cuadernos, en el que la ex jefa de Estado y otras 52 personas «fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015».

«Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre», indicó.

En lo que respecta al líder del PRO, el informe recordó la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante su gestión y que involucra a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», denunció. En el informe se afirma que también «la corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad» y precisó que la «forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución».

«Acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes», apuntó el documento.

En las 27 páginas del informe también se relevaron puntos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los niños y las cárceles. Sobre ese último punto el Departamento de Estado denunció que la «sobrepoblación carcelaria permanece como un problema».

«Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres. Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires», indicó.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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