El fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real. En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal.
Se tratan de unos 1000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización. “Este es el monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsables de aportarlo con su patrimonio.
“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción mas evidente de los últimos 40 años” y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
Y enfatizó: “La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no al corrupción”.
“Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones. Determinar que hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo Luciani, para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente,
El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron además que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio de Vido, a 10 años de prisión; el exsecretario de Obras Públicas José López, a 10 años de cárcel; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, a 10 años; y Lázaro Báez, a la pena de 12 años de prisión.
López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que en caso de una condena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal y a cinco años y medio de cárcel por la tragedia de Once.
La fiscalía entendió que a Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, le corresponde la pena de dos años en suspenso y solo lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidió absolverlo por asociación ilícita.
Por administración fraudulenta, el fiscal pidió que sean condenados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala a cuatro años años; a los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich a cinco años de prisión; a Mauricio Collareda a seis años; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, a tres años en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; a Raúl Gilbeto Pavesi, a cinco años de prisión y José Raúl Santibáñez, a cuatro años.
“El orden público ha sido trastocado -dijo Luciani- por una organización de funcionarios de alta jerarquía, presidida por la presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores”. Enfatizó que “se sustrajeron fondos de la ciudadanía tributados en la confianza en que se iba utilizar en fines lícitos y en su beneficio”.
El actuar mancomunado de los integrantes de la organización aseguró su impunidad, entendió el fiscal, quien consideró como agravantes la calidad de funcionarios públicos, su alta jerarquía y el deber que tenían de custodiar fondos públicos.
Con respecto a Cristina Kirchner, el fiscal entendió que son agravantes la magnitud de los delitos cometidos, su aporte dirimente, su poder de dirección de los demás y porque fue una de las “usufructuarias” de la conducta, la “extensión del daño”, el “lucro personal buscado”. La pena aumenta en función de las resistencias internas que debió vender para cometer el delito, dijo Luciani.
Interpretó que el hecho implicó una “cuidadosa reflexión” y el apartamiento de cualquier escrúpulo”. Valoró negativamente su cargo de presidenta, que prometió defender “con lealtad y patriotismo”. “Todo esto lo incumplió”, enfatizó.
Luciani también valoró de manera desfavorable el contexto socioeconómico favorable, la ausencia de motivos para cometer los delitos y “el desprecio demostrado a la ciudadanía” al usar fondos en provecho personal que debían tener un fin social. En particular, el perjuicio para los santacruceños y los empleados despedidos para ocular la maniobra.
Además, señaló como agravantes su edad, su formación, su experiencia como funcionaria, su falta total de arrepentimiento e interés en este hecho ocurrido en sus dos gobiernos. Señaló que, si bien en el pasado tuvo afectaciones en su salud, nada de esto incide en su estado. “No encuentro ni un atenuante en los graves crímenes cometidos”, dijo.
De Báez señaló como agravantes la extensión del daño, que se subvirtió la utilidad pública, su codicia desmedida, su holgada situación económica, el desprecio demostrado a los empleados de sus propias empresas al dejar de pagarles y despedirlos para lograr impunidad, su falta de arrepentimiento y su participación como organizador.
El fiscal enumeró que Báez puso un conglomerado societario para hacerse de las adjudicaciones, generó artificios para extraer del Estado más fondos y desviarlos en beneficio propio y el resto de los acusados, su edad, su nivel de instrucción, para destacar que tenía capacidad para conocer la atipicidad de su conducta.
Valoró como antecedente la condena que no está firme contra Báez por lavado de dinero en la causa de La ruta del dinero K. “No puede encontrarse ningún atenuante”, dijo Luciani, tras considerar que el empresario tiene hoy diabetes y arritmia, lo que entendió que no incide sobre su situación.
Con respecto a De Vido, el magistrado dijo que son agravantes la extensión del daño, el desprecio demostrado a la ciudadanía y a los ciudadanos de Santa Cruz, que tuvo un rol de importancia a la canalización de fondos hacia Báez, y su grado de participación en el hecho, dado su cargo de máxima jerarquía en la obra pública vial.
El fiscal dijo que el exministro no tenía una participación directa en la tramitación de los expedientes licitatorios, pero advirtió que esa menor exposición a la vista no debe confundir. “Hemos demostrado que el arquitecto De Vido tenía el dominio de la estructura” de la sobras viales y era la “pieza clave” para que se otorgaran las licitaciones. Dijo que tenía una intervención directa.
Para José López también consideró los mismos agravantes, incluida sus condenas y la falta de atenuantes.
Una vez que el fiscal pida las penas para los acusados será el turno de los alegatos de las defensas, que comenzarán el 5 de septiembre. Podrán usar tres jornadas cada uno para defenderse de las acusaciones que realizó la fiscalía. Con lo que es probable que el juicio termine con un veredicto a fin de año.
El fiscal dijo que se deben incautar 5321 millones de pesos, “el instrumento del delito”, por el que deberán responder todos los acusados, prorrateado y de manera solidaria. Incluidos bienes, empresas, cuentas bancarias y objetos como vehículos usados para cometer el delito. Todo esos bienes solicitó decomisarlos en todas la sociedades investigadas.
Se trata de los bienes de las empresas que conformaban el grupo Báez y que fueron adquiridos durante la investigación. Por ese motivo, solicitó que se decomise los bienes de Lázaro Báez sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, así como sus empresas. Dijo que no se justifican sin los ingresos de la actividad delictiva, especialmente en el caso del hijo mayor, Martín Báez.
El decomiso pude recaer en productos por lo que el instrumento del delito haya sido reemplazado. Se pidió por eso decomisar las estancias de Báez:La Verdadera Argentina, Cruz Aique, El Rincón, La Santafesina, El Campamento, Los Baguales, Manantial Alto, La Porteña, Río Bote, Río Orli, Laguna Asador, Los Grises.
Entendió que el destino de estos bienes debe tener una “real función social”, porque la “corrupción tiene consecuencias patrimoniales tangibles pero afectan los sistemas democráticos, debilitan al sistema político en un todo”. Luciani señaló que los bienes decomisados deben ser ingresados a la cuenta abiertas a nombre del tribunal. En caso de dictarse una condena, deben entregarse los bienes a instituciones de bien público para compensar el perjuicio ocasionado. El fiscal dijo que quiere que el dinero se mantenga a la orden del tribunal y se destine a cubrir necesidades sanitarias, educativas o de infraestructura, previa vista a la fiscalía.
“La sociedad al elegir sus representantes, alberga la esperanza de que los resultados de la actividad administrativa sean de calidad, que mejoren su condición de vida. Al evidenciarse un acto de corrupción, se desarrolla una actitud de desconfianza contra os gobernantes, el Estado y el sistema democrático en sí mismo”, consideró. Y citó a la Corte cuando dijo que la corrupción “degrada las instituciones del país”.
Luciani pidió investigar a las empresas Persen, Esuco y Equimac por la presentación en licitaciones para “simular” la existencia de competencia en la licitaciones. Pidió abrir una causa para investigar a un funcionario, extitular del registro de constructores, de la inspectora de obra Paola Kierman de Santa Cruz.
Pidió extraer testimonios referido a la construcción del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos y los mensajes que surgen del teléfono de José López, que involucran a Máximo Kirchner, entre otros.
Luciani fue contra el presidente Alberto Fernández, que había dicho que no se puede revisar en los tribunales la política de contratación de obras públicas por parte del Estado. El fiscal dijo que fue “llamativo que el presidente de la Nación diga esto” cuando había afirmado lo contrario en un reportaje radial luego de que se descubrió a José López con nueve millones de dólares en un convento.
Luciani acusó a Fernández de correr ahora el foco “para defender puerilmente a su compañera de fórmula” y eludir hablar de la gravedad de los hechos. “Se trata de actos de corrupción sistémicos que arrasaron con los principios de contratación pública y provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”, sostuvo. Además, diferenció entre la decisión política de que los fondos se inviertan en salud u obras públicas o “se desapoderen en beneficio de un empresario”.
Enumeró la existencia de sobreprecios inadmisibles, canales preferenciales de pago, cartelización de la obra pública y rutas abandonadas “por decisión de los funcionarios de las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo, que deberían cuidar los recursos del Estado pero cometen actos de corrupción de manera sistemática y execrable”.
“La intervención del Poder Judicial no es solo necesaria, es obligatoria” dijo, y rescató que el Poder Judicial es el único capaz de hacer cesar las condiciones de un posible delito. “La sociedad está indefensa ante arbitrariedades y abuso de poder. Mira a los jueces y a los fiscales como la última esperanza, la última alternativa frente a estos atropellos”, dijo indignado.
Recordó que el rol del fiscal es “defender los intereses de la ciudadanía: es garante del Estado de derecho, de la República, cuando se priva a la ciudadanía del dinero”. Afirmó que “el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado para se apliquen al bien común y esta intervención debe realizarse porque está en juego el dominio del erario, que sirve para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.
“Cristina Fernández desafió a esta tribunal al aseverar: ‘A mí me absolvió la historia’. Bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial que absuelve o condena tras un proceso penal respetuoso de las garantías. Esto es una falacia, son los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución”, entendió.
Luciani recordó que hubo tres años de juicio, 130 audiencias, 114 testigos. Dijo que hubo intentos de que el juicio no comenzara, señaló “el papel nefasto de la la OA y al UIF” y de una “brutal campaña de desprestigio para callarnos y afectarnos psicológicamente y apartarnos”.
Agregó que sobre esas campañas de desprestigio “se montaron abogados sin razón, con infamias y acusaciones falaces, con bajezas inesperadas, cuando nos comportamos de manera leal”, para completar: “Agradezco al resto delos abogados que no se montaron en esas argucias”.
Y concluyó con una larga reflexión sobre el rol del Poder Judicial como el encargado del control y cómo la corrupción impacta en el sistema democrático e implica una violación de los derechos humanos de los sectores mas vulnerables, que son los primeros impactados por las prácticas delictivas que emanan de los mas altos niveles del Estado.
“La sociedad esta harta de la corrupción, necesita que los gobernantes practiquen los valores de la ética y la igualdad”, agregó, antes de reclamar un “verdadero cambio de cultura” y terminar con la deuda en materia de corrupción luego de 40 años de democracia.
“A los jueces y fiscales nos toca ser implacables, ejercer la misión con valentía y devolver la paz social, que fue alterada. Sin justicia no hay orden ni paz social. La sociedad reclama justicia y ustedes, los jueces, son los encargados de dar a cada uno de lo que corresponde, para dar a cada uno la paz social. Esta en sus manos impedir que se banalice la corrupción sistémica, en cuyos funcionarios infieles el pueblo depositó su confianza”, culminó, interpelando al tribunal. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión”.
Hernán Cappiello para La Nacion
