Alquilar es cada día más difícil, se sabe. Según una nueva encuesta privada se determinó que el pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la Ley de Alquileres sancionada en 2020 y se endeudan para poder pagar. Esta precariedad económica y habitacional quedó en evidencia por los resultados de un relevamiento que realizó un grupo de organizaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De la investigación surgió que el 63% de los hogares declara estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler de la vivienda que habitan. Además, los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados con familiares y amigos.

Esta información está en línea con la situación que atraviesa el sector inmobiliario. La oferta de viviendas en alquiler se desplomó. Según algunas consultoras en sólo un año se retiró del mercado el 30% de inmuebles.

Propietarios disconformes con la actual normativa no quieren volver a alquilar sus inmuebles; prefieren venderlos y ofrecerlos en locación temporaria. Otra distorsión sin antecedentes son los aumentos de precios que superan el 126% interanual en la mayoría de las zonas de la Argentina, muy por encima del 95,93% que marcó el Índice de Contratos de Locación (ICL) que reguló el Banco Central para mayo.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del Conicet, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad de San Martín (Unsam) y la Red Contested Territories hicieron el relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.

La encuesta también refleja uno de los principales problemas socioeconómicos del universo de inquilinos: la alta incidencia del alquiler sobre sus ingresos. Hay un 6% más de inquilinos empleados que en 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, una porción cada vez más alta de sus ingresos es para pagar el alquiler. En 2021 el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32 por ciento.

Desde el equipo de la ACIJ informaron a Infobae que la crisis en el mercado del alquiler se profundizó en los últimos años. Un estudio del economista Sergio Rosanovich muestra que la caída del stock de viviendas ofertadas para alquilar se inició en 2019 y se afianzó con la irrupción de la pandemia y la entrada en vigencia del decreto 320/20 (que determinó el congelamiento de los alquileres, la renovación compulsiva de los contratos y la suspensión de los desalojos por un año). “La suba de los precios de alquiler se asocia con esa retracción de mercado, la alta volatilidad cambiaria y la inflación creciente desde 2018; todos estos factores se profundizaron en los últimos años y, con ellos, los problemas del mercado de alquiler”, dijeron desde ACIJ.

Para hacer rentable la inversión en viviendas, miles de propietarios -tentados por la posibilidad de cobrar en dólares, optan por locaciones temporarias o turísticas- retirando sus unidades del mercado de alquiler tradicional. “El alquiler regular en pesos, aunque recuperó rentabilidad respecto de años anteriores, es significativamente menos rentable que el orientado al turismo. Este último también es ilegalmente empleado para el alquiler residencial, precarizando las opciones de locación residencial que prevé la Ley de Alquileres. Como señala el informe, un altísimo porcentaje de quienes alquilan lo hacen en condiciones muy lejanas a las regulaciones vigentes”, ampliaron desde la ACIJ.

El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió en la encuesta que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito.

Especialistas sostienen que la Ley de Alquileres, es la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación.

Pero la ley fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección. Entre otras medidas, la nueva legislación aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre locador y locatario. El informe precisa que la mitad de los hogares inquilinos encuestados alquila sin contrato escrito y más del 60% asume aumentos por fuera de la ley. Esto es así incluso entre aquellos que alquilan por inmobiliaria: el 11% manifestó hacerlo sin contrato, y el 33,2% que les impusieron aumentos por fuera de la ley.

Cómo se sale de la encrucijada

Hay propietarios que no quieren volver a poner su vivienda en locación tradicional hasta que no se aclare el panorama económico. Otros los retiran en tanto no haya normas de desalojo exprés por no pago de los inquilinos que adeuden más de tres meses. Los inquilinos deben hacer malabares para, primero, encontrar una vivienda y, luego, pagar regularmente los altos precios.

“Mientras la inflación sea superior al 100%, es esperable que el alquiler suba en esa proporción. Asimismo, que los precios de compra-venta estén dolarizados y los alquileres en pesos, en contextos de devaluación, desincentivan la oferta”, dijeron en ACIJ, planteando la necesidad de que se implementen políticas complementarias que, por un lado, incentiven la oferta de alquiler privado y, por otro, generen respuestas habitacionales a partir de la producción pública.

Sobre si debe eliminarse el método de ajuste a través del ICL, desde la ACIJ concluyeron lo siguiente: “Desde una perspectiva de derechos, privilegiaríamos el derecho de acceso a la vivienda de inquilinas e inquilinos, por sobre el de renta. Sería más adecuado que el incremento se vincule a los ingresos familiares que a la inflación”.

Infoveloz

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El Gobierno puso en marcha esta semana la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las operaciones de comercio, en un nuevo intento por frenar la alta inflación. Y también nombró al funcionario que estará al frente del nuevo organismo: Guillermo Michel, director de la Aduana y hombre de extrema confianza del ministro Sergio Massa.

La primera medida que tomará Michel apunta a flexibilizar las importaciones de insumos para diez industrias clave de la economía y así intentar reducir la escalada de precios en el mercado interno.

La conformación del este nuevo organismo se decidió luego de la inflación récord de abril, que fue de 8,4%. Para mayo, las consultoras privadas estiman que el índice de precios se ubicará en torno al 9%.

Así, tras semanas de análisis y contactos con los empresarios, se acelerará la suspensión de derechos antidumping, en ocho productos de rama de insumos difundidos o bienes intermedios, de los sectores de alimentos y bebidas, construcción, química y plástica.

El dumping es la práctica por la que un país vende productos por debajo de los costos de producción. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), habilita a las naciones a aplicar medidas para protegerse y establecer condiciones leales de la competencia. Sin embargo, se aclara desde Economía que la medida antidumping a un producto no impide su compra, sino que establece un arancel mayor a la hora de importarlo.

Con la suspensión de esos derechos antidumping, el Gobierno busca reducir el precio efectivo de las importaciones de ciertos insumos difundidos, fomentar la competencia en ramas altamente concentradas y disminuir los precios a lo largo de la cadena de valor”. La medida tendrá una vigencia de 120 días, con posibilidad de prórroga, pudo saber TN.

Entre los argumentos que los funcionarios señalan para la aplicación de esta nueva medida es que está destinada para las empresas que concentran gran poder en el mercado.

De esta manera, indicaron que en seis de las ocho ramas seleccionadas hay un único productor nacional y la penetración de mercado de la principal empresa es superior al 60%.

Otros de los puntos que tuvieron en cuenta a la hora de aplicar esta nueva política es que estas empresas ajustan sus precios de venta por arriba del resto de los precios de la economía, se indicó.

El propio Michel había indicado días atrás que habían detectado aumentos de precios muy por encima incluso de la cotización del dólar blue.

En declaraciones radiales, el funcionario mencionó fuertes distorsiones en los insumos para envases de gaseosas, de la industria automotriz y frutas y verduras, entre otros sectores.

Paula Lopez para TNEconomia

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La mayoría de los economistas profesionales argentinos, cuando transcurría el año 2022 y comenzaban algunas turbulencias, como por ejemplo:  las dificultades para renovar la deuda en pesos, las críticas desde el oficialismo con la posterior renuncia de Martín Guzmán, la designación de Silvina Batakis, que prontamente fue desplazada, tenían en claro que necesitaba nuestro país para que no “chocara el barco contra el puente”. Si bien lo expresaban con diferencia de matices había un CONSENSO: de lo que era necesario (y lo sigue siendo) fundamentalmente, dar un giro hacia una política económica ortodoxa, disminuyendo el peso del estado ya que mantenerlo tan elefantiásico requiere una presión impositiva muy alta que aplasta y no deja crecer y desarrollarse a la actividad privada.

Todo esto lo sabe CFK quien detenta EL PODER y tácitamente acepta que se hagan los cambios en esa dirección, pero no quiere ser quien encabece las mismas, ya que perdería a sus votantes más fieles y por tanto hace el juego que ya desplegó en otras ocasiones, de parecer opositora, mientras delega en Massa la responsabilidad de llevarlos adelante.

Se necesita desarmar lo que la oposición llama “bombas”: a) Deuda en pesos, b) Deuda en dólares, c) Falta de reservas en el BCRA, d) Freno de la actividad manifestado en recesión, e) Inflación, reconocida en las encuestas como el problema principal que sufren los Argentinos.

PRIMERA MÁXIMA: Sergio Massa NO desarmará ninguna bomba.

Para cumplir los objetivos se necesita coordinar los instrumentos a utilizar dentro de lo que llamamos: UN PLAN DE ESTABILIZACIÓN, intentando el cambio en la futura política económica, planteando REFORMAS ESTRUCTURALES que a un gobierno que está en los tramos finales de su gestión le cuesta implementar.

SEGUNDA MÁXIMA: NO presentará un plan de estabilización.

TERCERA MÁXIMA: NO realizará reformas estructurales.

En dicho plan de estabilización se requiere: balancear las cuentas públicas atacando el déficit fiscal con las dos opciones básicas: aumentar ingresos o disminuir gastos; ajustar los precios relativos para absorber la inflación reprimida; tener un plan antiinflacionario; bajar la brecha entre los distintos dólares y en lo posible unificar el tipo de cambio. Todo esto en un contexto de 40% de la población en la pobreza y con un Banco Central (BCRA) sin reservas.

CUARTA MÁXIMA: NADA DE ESTO VA A HACER.

Ante la escasez manifiesta, muestra su desesperación por ver un dólar (sin importar si es “cara chica”), intenta que le adelanten los préstamos pautados para los próximos meses y para el año próximo por los organismos multilaterales de crédito, y por el FMI, además el Soja III es un adelanto de las exportaciones. El equipo económico cree que la falta de reservas, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, solo se resuelve con el ingreso de divisas al país.

Aplica inconscientemente los principios de la fisiocracia, cuya esencia era el denominado “laissez faire” que significa “dejar hacer”, ya que el objetivo del actual ministro de economía, NO ES RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS ARGENTINOS, es mantener el status quo, llegar en etapas, primero al 24 de junio (cierre de listas), luego al 13 de agosto (las PASO) y así hasta entregar el testimonio de la posta, en diciembre con las menores complicaciones posibles a un nuevo gobierno.

Volvió de Washington con las manos vacías, y esto explica por qué se han iniciado negociaciones con el Fondo Soberano Saudí, con el ministro de economía brasileño Fernando Haddad, sumado al rumor que dice que si el FMI no da su apoyo entonces se ampliará la utilización del Swap Chino.  El 29 de mayo Massa viaja a Beijing.

QUINTA MÁXIMA: anticipa ingresos y posterga gastos.

Los precios de marzo según el IPC que publica el INDEC subieron 7,7%, los de abril 8,4% con un arrastre a mayo también importante, en la primera semana hubo aumento de tarifas, con precios justos que no dan el resultado deseado.

La tasa de interés de las leliq se ha elevado considerablemente y esto afecta la tasa de interés de los plazos fijos. Esta medida ya no frena la inflación, implica mayor emisión a futuro, solo busca controlar los dólares libres por un período muy corto que no llega a un mes. Intenta que los ahorristas no se pasen al dólar con resultado abierto.

SEXTA MÁXIMA: La guerra contra la inflación iniciada en marzo de 2022 está perdida.

Massa tiene restricciones políticas porque no puede poner de acuerdo a todo el gobierno, tiene restricciones temporales porque necesita por lo menos dos años para bajar la inflación, plazo del que no dispone, sumado a las restricciones  adicionales que generó la sequía.

Días pasados el superministro que ya no tiene grandes ideas implementó un paquete de medidas antiinflacionarias que son un “remember” de medidas ya tomadas sin buenos resultados en otros momentos de nuestra historia. Además son contradictorias unas con otras, por ejemplo el aumento del interés en los plazos fijos al 97% nominal, llegando la tasa efectiva anual al 152%, y la baja de nueve puntos en el costo del financiamiento de las compras en cuotas en el “Ahora 12”.  También se habilitará al Mercado Central en el registro de importadores para importar en forma directa con arancel cero cuando se considere que hay un abuso empresarial en productos determinados, algo que se implementó en el gobierno de Alfonsín y dio lugar al conocido episodio de los “pollos de Mazzorín”. Se anuncia la intervención del BCRA en el mercado de cambios para controlar los dólares financieros En el ámbito fiscal se incluye un plan de pagos de la AFIP de 84 cuotas para pequeñas y medianas empresas. Entre otras medidas.

SÉPTIMA MÁXIMA: intenta obtener resultados distintos repitiendo medidas que no dieron resultados.

Los problemas económicos se resuelven con buena política económica, con un equipo económico que sea creíble y con un liderazgo presidencial que lamentablemente hoy no se ven.  Nuestra esperanza y futuro está en las urnas.

José Luis Stella

Lic. en Economía

Fuente: Loquepasa.net

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