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El Gobierno dio marcha atrás con la idea de disponer de los recursos hospitalarios privados

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Lo había propuesto Ginés González García ayer, en la Cámara de Diputados. El ministro de Salud ahora dijo que habrá coordinación por distrito y sumó al sector privado a la mesa de seguimiento de la pandemia. “Seguiremos colaborando como desde el día cero”, aseguraron los empresarios

Sergio Massa junto a Ginés González García y los líderes de la oposición en Diputados

Sergio Massa junto a Ginés González García y los líderes de la oposición en Diputados

Terminó en el Ministerio de Salud la reunión que arrancó a las 13 con los representantes de los sanatorios clínicas privadas nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA), la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y la Cámara de Entidades Prestadores de Salud (Cepsal), incluyendo las obras sociales sindicales.

Tal como les habían adelantado a los empresarios de la salud, Ginés González García les confirmó que no habrá DNU para disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado, que el Ministerio de Salud seguirá actuando como autoridad sanitaria nacional, pero la distribución se realizará por distrito. Es decir, no habrá centralización nacional. Por el contrario, explicó que “habrá un panel de control” para coordinar la disponibilidad, complementando todo de una manera consensuada, por lo cual si llega a necesitar un decreto de necesidad y urgencia “los consultaré antes”.

Gabriel Barbagallo, de ACAMI, destacó especialmente: “Nos sumaron a la mesa de opinión, algo que veníamos pidiendo, pero en la primera etapa de la emergencia no había posibilidad de insistir”. “La ocasión nos permitió volver sobre este planteo y esto nos da la posibilidad de colaborar en forma directa”, le dijo a Infobae el médico que además trabaja en las relaciones institucionales de OSDE.

Antes de ingresar al encuentro, uno de los gerentes consultados dijo: “No vimos ninguna vocación en las máximas autoridades del Gobierno de avanzar con un DNU como trascendió en declaraciones de Ginés González García”. La fuente también se mostró comprensiva con la necesidad de coordinación.

“Es lo que estamos haciendo desde el día cero, fue nuestra vocación desde antes de que se declare la pandemia y, de hecho, los primeros casos fueron atendidos en clínicas nuestras”, dijo, y agregó: “Tal vez sea necesaria una coordinación mayor y, por supuesto, todos los esfuerzos que sean necesarios los vamos a poner”.

Al final de la reunión, el ministro dijo estar “muy satisfecho” por el compromiso contraído por las entidades presentes y resaltó el “diálogo permanente” que se tiene con todos los sectores –prepagas, obras sociales y seguridad social– en esta situación excepcional. También abogó por “mantener el contacto” para generar los instrumentos que permitan hacer frente a esta emergencia nacional en la que “todos estamos comprometidos para tener el menor impacto posible en la salud de la población”, según un comunicado de prensa que distribuyó el Gobierno. Se informó, además, que González García estuvo acompañado en la reunión por el superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini.

González García había dicho ayer en el informe que presentó ante los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados: “Estoy evaluando la redacción de un DNU, que creo que va a salir de ese modo, para que se pueda declarar de interés público todos los recursos sanitarios. No vamos a discutir la propiedad, que podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que haber un comportamiento igualitario para cada argentino”.

Cerca del Presidente, sin embargo, nadie pudo confirmar hoy que esa haya sido la posición de Alberto Fernández y no descartan que el ministro haya hablado anticipadamente, antes de terminar de evaluar el impacto de la medida con el equipo presidencial.

Por cierto, existe una gran tensión en ámbitos oficiales para el momento en que se produzca el pico de los contagios, que podría llegar a fines de abril o principios de mayo. A tales efectos, desde distintos espacios del Frente de Todos vienen acercando nuevas ideas para mostrar un Estado eficiente que dé respuesta en esos momentos críticos, y todo indicaría que un grupo de legisladores acercó a Salud el modelo irlandés, que por 90 días estatizó el sistema privado de salud hace una semana, haciéndose cargo de los sueldos de médicos, enfermeros, camilleros y personal administrativo de los nosocomios.

Sin embargo, nadie asegura que ese modelo sea practicable en la Argentina y todo indicaría que la decisión que se tome será afinar la coordinación entre el Estado, los Estados provinciales y los recursos hospitalarios, públicos y privados, para que la respuesta llegue en tiempo y forma cuando las urgencias lo exijan.

El encuentro entre el ministro y los privados despejó las dudas y ahora, de lo que se trata, es de afianzar la confianza para que la respuesta sanitaria llegue a todos y a tiempo para el momento en que sea preciso.

Al salir del encuentro con González García, los representantes de sanatorios y clínicas privadas se reunieron en la sede de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), creada el año pasado por impulso del presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.

Al concluir ese encuentro, la UAS emitió una declaración donde expresó que “valora el encuentro mantenido con el Ministro de Salud, en la que se estableció la necesidad de articular esfuerzos en beneficio de todos los argentinos en momentos de enfrentar la crisis del coronavirus en el país”.

Belocopitt, presidente de la UAS, precisó: “El ministro nos ha manifestado que nunca estuvo en estudio la apropiación de establecimientos privados, ni la distribución de pacientes” y reafirmó que “el funcionario reafirmó que solo desea que el Ministerio ejerza el poder de rectoría para coordinar –por jurisdicción– los recursos disponibles”.

infobae

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Policial

La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas de corrupción

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Félix Crous adelantó que el organismo que preside seguirá el mismo camino que tomó en los casos Hotesur y Los Sauces

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) fue noticia la semana pasada al comunicar que dejaba de ser querellante en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces. El anuncio generó enorme revuelo e impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el titular de la OA, Félix Crous, adelantó que el organismo que preside también renunciará a otras querellas en procesos judiciales por hechos de corrupción.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Crous destacó: “Las querellas que iniciaremos serán en aquellos casos en los cuales haya un interés superlativo en controlar el desempeño de los jueces y los fiscales. Y de inmediato apuntó que “la OA está investigando la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social” e interviene también “en un juicio por lavado de activos que tiene como protagonista a Lázaro Baez“.

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la decisión de que la OA haya renunciado a los juicios por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, Crous respondió: “Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera (UIF). La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro”.

El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, argumentó el titular de la OA, quien apuntó que desistir de una querella es “algo rutinario” y recordó que la gestión anterior (encabezada por Laura Alonso) “tuvo 45 desistimientos de todos los calibres”.

“Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella”, finalizó.

FOTO TAPA . PAGINA 12

FUENTE: INFOBAE

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El Frente de Todos pidió que se investigue la denuncia de Ana María Figueroa

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Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras.

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la “enorme gravedad institucional del caso”, solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las “presiones” sufridas durante el gobierno de Cambiemos. “Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri “me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación”, y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  “No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, añadió, y apuntó a un funcionario “por debajo del ministro (Germán) Garavano”, quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques.

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, y que esas maniobras fueron “planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial” integrada  “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

“Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada”, apuntan lo legisladores. “Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'”.

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, “lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia” que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.

FUENTE : PAGINA 12

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Presentaron un proyecto para agilizar los juicios políticos a los jueces que liberaron presos

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La iniciativa es de Juntos por el Cambio en el senado bonaerense con la idea de activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por la cuarentena

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.

Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.

En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse “de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.

En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.

FOTO TAPA : PAGINA 12

FUENTE : INFOBAE

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