La nueva integración de la Cámara Federal porteña

Comodoro Py comienza a reacondicionarse. No porque se haya convertido en ley el proyecto de reforma judicial que promovió el oficialismo para licuar el poder de los jueces federales sino porque el Gobierno de Alberto Fernández acaba de conseguir poner su primer magistrado en el edificio de Retiro. Se trata de Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y elegido para convertirse en juez en la Cámara Federal porteña, el poderoso tribunal que define el rumbo de las causas de corrupción. Solo falta una firma del presidente. Pero su caso no será el único. Ya están en marcha los concursos para ocupar otros cinco cargos claves de la justicia federal porteña.

Boico, con un breve paso como conjuez de la Cámara de Casación Penal en la última parte de la gestión de CFK y postulante en numerosos concursos durante el gobierno de Mauricio Macri en donde siempre terminó bien posicionado, quedó a un paso de desembarcar en Comodoro Py. El presidente lo eligió en una terna de un concurso en donde había quedado segundo. Y el jueves, el Senado lo votó para ser el próximo juez de la Cámara Federal.

No fue sin disidencia. El senador Oscar Parilli, mano derecha de CFK, afirmó: “Fue abogado mío y me siento orgulloso, hizo una gran defensa. ¿Por qué no lo votan ustedes? ¿Porque no pasó el examen, porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas. No lo votan porque supuestamente es kirchnerista”. La oposición se mantuvo en su postura de no apoyar su pliego. “Ustedes hablan de jueces amigos. Boico no es amigo, es re amigo. Defiende a Cristina Kirchner en sus causas. Nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la imparcialidad de los candidatos y es en la imparcialidad donde queremos evitar a los jueces amigos de ustedes”, dijo desde Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado.

Boico sigue siendo actualmente el abogado de Cristina Kirchner en el caso del Memorándum con Irán, la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 y que fue elevada a juicio oral, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Apenas el presidente firme el decreto de su designación formal, renunciará a esa representación legal.

El lugar de Boico será en la Sala II de la Cámara Federal. Allí tendrá de compañeros al histórico Martín Irurzun y a Eduardo Farah, quien volvió a Comodoro Py el 1 de febrero. De allí se había ido en abril de 2018 luego de dar su voto en la causa Oil Combustible, un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa y desató un vendaval político con críticas abiertas del entonces presidente Mauricio Macri. Pero inesperadamente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que definió que los traslados no eran nombramientos definitivos, Farah reapareció en su viejo despacho del segundo piso de Retiro para recuperar su puesto.

Roberto Boico

No es un dato menor que la llegada de Boico completa la Cámara después de 15 años. La última vez que el tribunal tuvo a sus seis integrantes fue en 2006. Por entonces estaban Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler en la Sala I y Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi en la Sala II.

Un año después comenzó la desintegración por renuncias, jubilaciones y destituciones. Y comenzaron a llegar otros jueces pero nunca llegó a estar integrada en su totalidad. Inclusive hubo épocas que solo dos magistrados que tenían todas las causas del tribunal. Irurzun es el único que queda.

Sin embargo, esta nueva integración de la Cámara Federal porteña tampoco es definitiva. Es que la Sala I está compuesta actualmente por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Bruglia y Bertuzzi son los jueces que llegaron a ese tribunal a través de traslados durante la gestión macrista y que quedaron en jaque cuando el Consejo de la Magistratura de la era Alberto Fernández decidió en julio pasado que había que revisar una decena de traslados que consideraban irregulares. Ahí, con luces fluorescentes, estaban Bruglia y Bertuzzi.

Precisamente fueron Bruglia y Bertuzzi , junto a Germán Castelli -trasladado al Tribunal Oral Federal 7 que tiene en sus manos la causa de los cuadernos- los que fueron a la justicia en lo contencioso administrativo federal para impugnar la jugada del oficialismo. Mientras tanto, en el Senado se debatía la reforma judicial, en donde se decidió dejar de lado la fusión del fuero contencioso con el civil y comercial. También se resolvió crear unos 600 cargos y cámaras de apelaciones en todo el país. El proyecto de la reforma consiguió la media sanción en la Cámara Alta pero todavía no fue tratado en Diputados. El oficialismo no tiene los números para poder convertirlo en ley.

Los jueces de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2019 en el Congreso (JUAN MABROMATA/AFP)

El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema puso fin a la polémica de los traslados cuando, tras aceptar el per saltum que pedían Bruglia y Bertuzzi y desencajó al Gobierno, resolvió que ningún pase de cargo -no solo el de Bruglia y Bertuzzi- podían ser considerados nombramientos definitivos. Obligó así llamar a un nuevo concurso para designar titulares en las plazas que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi, y dispuso que ellos pudieran participar. Así, frustró las intenciones oficiales de tener, de un saque, cuatro cargos para ocupar en el concurso en el que finalmente Boico fue el único elegido.

El examen fue el 26 de febrero. Bruglia decidió no concursar porque sería convalidar un acto que cuestiona. Su destino inmediato, apenas haya un ganador de ese concurso, será el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Py. Bertuzzi, en cambio, sí dio el examen escrito junto a otros 54 postulantes. Ya sabe, sin embargo, antes incluso de presentarse, que no tiene ninguna chance de éxito.

El Consejo de la Magistratura está apurado por sacar a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal. El hoy vicepresidente del cuerpo Alberto Lugones había pronosticado en noviembre que en seis meses estarían terminado el concurso.

Cristina Kirchner (Aglaplata)

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a Irurzun y a Bruglia por haber firmado un fallo que anuló procesamientos dictados por el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse contra ex funcionarios macristas. “No hay argentino más impune que Mauricio Macri” , dijo ese día.

El jueves 4 de marzo, durante su audiencia ante Casación por la causa dólar futuro, también criticó abiertamente a Bruglia, Bertuzzi y a Mariano Llorens -quien llegó al tribunal en 2018 y hasta ahora no había sido blanco de los cuestionamientos-. A ellos les apuntó por haber confirmado el sobreseimiento del ex jefe del Banco Central en el macrismo Federico Sturzenegger en una denuncia que ella motorizó por los pagos de los contratos de dólar futuro de la gestión M.

En la mirada política y en la de la propia justicia, la llegada de Boico es un reequilibrio del poder interno de la Cámara. Durante el gobierno de Macri, con la designación en el tribunal de Bruglia y Bertuzzi, desde la Cámara salieron fallos adversos al kirchnerismo. Fueron los años de las prisiones preventivas, hasta ese entonces atípicas para las causas de corrupción. Llegó a haber 76 ex funcionarios y empresarios presos. También se aceleró el curso de los expedientes contra Cristina Kirchner y sus funcionarios, que -antes de eso- tenían el ritmo lento de quien está en el poder.

Con la llegada de Boico, la reaparición de Farah y el desembarco de los que lleguen a reemplazar a Bruglia y Bertuzzi -en donde se descuenta habrá al menos una mujer-, Comodoro Py comenzará literalmente a remodelarse.

Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)

La Cámara Federal no será el único casillero en donde el oficialismo puede completar piezas. De los doce juzgados federales, hay tres que están vacantes: los que ocuparon Sergio Torres (quien juró en mayo de 2019 como integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires); Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (jubilado a julio de 2020 cuando cumplió 75 años).

Para el juzgado federal 12, que perteneció a Torres, se presentaron 77 aspirantes, hubo una polémica por un examen que no tenía nombre y quedaron mejor posicionados, en el puntaje, cinco postulantes con lazos en el poder judicial. Por el momento no hubo novedades con ese certamen.

En tanto, el próximo martes se hará el examen escrito del concurso en busca de los sucesores de Bonadio y Canicoba. Polémica en el medio, el Consejo de la Magistratura de la Nación quitó esta semana de la prueba el temario sobre “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento” y “criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”. Además, una jurado que había decidido renunciar finalmente estará activa para participar de las correcciones.

También está pendiente la posibilidad de que quede vacante el juzgado federal 3. Es el que ocupa el juez Daniel Rafecas. Hace exactamente un año el presidente lo propuso para ser Procurador General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora el Senado no trató su pliego para convertirlo en jefe de los fiscales. En cambio, propuso cambiar la ley sobre cómo elegir ese cargo, con una mayoría más liviana que los dos tercios actuales, y con cambios en el Tribunal de Enjuiciamiento para los integrantes del Ministerio Público. El fiscal Carlos Rívolo definió ese escenario como “un pelotón de fusilamiento” y advirtió que “investigar las causas vinculadas al poder de corrupción o lo que fuera, que ha sido difícil, se va a tornar imposible”.

Los fierros, como en la jerga judicial muchos llaman a los jueces por su poder de fuego, no tienen tantas balas como en otros años. Las causas más importantes contra el kirchnerismo ya están elevadas a juicio oral por lo que no volverán a pasar por la Cámara. Y lo poco que queda son resabios que nadie augura que le traigan problemas a la vicepresidenta. No obstante, Parrilli se encargó de aclarar que Boico no votará en los expedientes en los que fuera protagonista su ex clienta. Por razones obvias, sería impugnado si lo hiciera.

No obstante, por la Cámara sí deben pasar las investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior y que involucran al propio Macri. Los expedientes del Correo Argentino, los Parques Eólicos, las concesiones de las autopistas, Paseo del Bajo y la mesa judicial son algunos ejemplos. También los que puedan presentarse contra la gestión actual, como la denuncia contra Victoria Donda o el escándalo de las vacunas VIP, que tiene como principal imputado al ex ministro de Salud Ginés González García.

A los cambios en primera y segunda instancia, habrá que prestarle además atención a lo que pase más arriba. La ex presidenta puso en los últimos días la mira en la Cámara de Casación Penal, con cuestionamientos abiertos a varios de sus integrantes. El último fue dirigido al juez Juan Carlos Gemignani por haber dicho “feliz día a las delincuentes” en un chat con sus pares el día de la Mujer. Mientras a esas críticas también se sumó el presidente Alberto Fernández, el titular del Consejo de la Magistratura decidió presentar una denuncia en ese organismo en su contra. Gemignani dice que fue malinterpretado. En las últimas semanas también se radicaron denuncias contra los jueces Gustavo Hornos, presidente del tribunal, por haber visitado la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri; y contra Eduardo Riggi, por el trámite de una denuncia de Fabián De Sousa contra el ex presidente y sus funcionarios por asociación ilícita.

Por encima de la Cámara de Casación está la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el Presidente mandará en breve un proyecto de ley al Congreso para que se analice la creación de un tribunal arbitral que funcione como filtro de los expedientes que llegan al máximo tribunal. Aunque al principio de su gestión Fernández rescataba la labor de la Corte Suprema, su discurso se fue endureciendo en los últimos meses mientras Cristina Kirchner hizo fuertes cuestionamientos sobre los ocupantes del cuarto piso del Palacio de Talcahuano el 9 de diciembre, al cumplir un año de volver al poder.

El último dardo en boca del jefe de Estado estuvo dirigido a Elena Highton de Nolasco por quedarse en el tribunal tras haber cumplido 75 años. Highton fue la única de los integrantes de la Corte Suprema que fue a la presentación de la reforma judicial en la Casa Rosada en julio pasado. Es, además, amiga de Marcela Losardo, la hasta ahora responsable del Ministerio de Justicia y quien decidió alejarse por estar “agobiada”. “Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo el presidente. Desde el lunes pasado, que confirmó la noticia de su salida, aún no se sabe quién la reemplazará.