Connect with us

Politica

El Gobierno pone su primer juez en Comodoro Py y comenzará a reconfigurase el escenario judicial

Published

on

 El inminente desembarco de Boico, abogado de CFK, en el segundo piso del edificio de Retiro inaugura la etapa de recambios en la justicia federal. Faltan más nombramientos en primera y segunda instancia
La nueva integración de la Cámara Federal porteñaLa nueva integración de la Cámara Federal porteña

Comodoro Py comienza a reacondicionarse. No porque se haya convertido en ley el proyecto de reforma judicial que promovió el oficialismo para licuar el poder de los jueces federales sino porque el Gobierno de Alberto Fernández acaba de conseguir poner su primer magistrado en el edificio de Retiro. Se trata de Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y elegido para convertirse en juez en la Cámara Federal porteña, el poderoso tribunal que define el rumbo de las causas de corrupción. Solo falta una firma del presidente. Pero su caso no será el único. Ya están en marcha los concursos para ocupar otros cinco cargos claves de la justicia federal porteña.

Boico, con un breve paso como conjuez de la Cámara de Casación Penal en la última parte de la gestión de CFK y postulante en numerosos concursos durante el gobierno de Mauricio Macri en donde siempre terminó bien posicionado, quedó a un paso de desembarcar en Comodoro Py. El presidente lo eligió en una terna de un concurso en donde había quedado segundo. Y el jueves, el Senado lo votó para ser el próximo juez de la Cámara Federal.

No fue sin disidencia. El senador Oscar Parilli, mano derecha de CFK, afirmó: “Fue abogado mío y me siento orgulloso, hizo una gran defensa. ¿Por qué no lo votan ustedes? ¿Porque no pasó el examen, porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas. No lo votan porque supuestamente es kirchnerista”. La oposición se mantuvo en su postura de no apoyar su pliego. “Ustedes hablan de jueces amigos. Boico no es amigo, es re amigo. Defiende a Cristina Kirchner en sus causas. Nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la imparcialidad de los candidatos y es en la imparcialidad donde queremos evitar a los jueces amigos de ustedes”, dijo desde Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado.

Boico sigue siendo actualmente el abogado de Cristina Kirchner en el caso del Memorándum con Irán, la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 y que fue elevada a juicio oral, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Apenas el presidente firme el decreto de su designación formal, renunciará a esa representación legal.

El lugar de Boico será en la Sala II de la Cámara Federal. Allí tendrá de compañeros al histórico Martín Irurzun y a Eduardo Farah, quien volvió a Comodoro Py el 1 de febrero. De allí se había ido en abril de 2018 luego de dar su voto en la causa Oil Combustible, un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa y desató un vendaval político con críticas abiertas del entonces presidente Mauricio Macri. Pero inesperadamente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que definió que los traslados no eran nombramientos definitivos, Farah reapareció en su viejo despacho del segundo piso de Retiro para recuperar su puesto.

Roberto BoicoRoberto Boico

No es un dato menor que la llegada de Boico completa la Cámara después de 15 años. La última vez que el tribunal tuvo a sus seis integrantes fue en 2006. Por entonces estaban Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler en la Sala I y Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi en la Sala II.

Un año después comenzó la desintegración por renuncias, jubilaciones y destituciones. Y comenzaron a llegar otros jueces pero nunca llegó a estar integrada en su totalidad. Inclusive hubo épocas que solo dos magistrados que tenían todas las causas del tribunal. Irurzun es el único que queda.

Sin embargo, esta nueva integración de la Cámara Federal porteña tampoco es definitiva. Es que la Sala I está compuesta actualmente por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Bruglia y Bertuzzi son los jueces que llegaron a ese tribunal a través de traslados durante la gestión macrista y que quedaron en jaque cuando el Consejo de la Magistratura de la era Alberto Fernández decidió en julio pasado que había que revisar una decena de traslados que consideraban irregulares. Ahí, con luces fluorescentes, estaban Bruglia y Bertuzzi.

Precisamente fueron Bruglia y Bertuzzi , junto a Germán Castelli -trasladado al Tribunal Oral Federal 7 que tiene en sus manos la causa de los cuadernos- los que fueron a la justicia en lo contencioso administrativo federal para impugnar la jugada del oficialismo. Mientras tanto, en el Senado se debatía la reforma judicial, en donde se decidió dejar de lado la fusión del fuero contencioso con el civil y comercial. También se resolvió crear unos 600 cargos y cámaras de apelaciones en todo el país. El proyecto de la reforma consiguió la media sanción en la Cámara Alta pero todavía no fue tratado en Diputados. El oficialismo no tiene los números para poder convertirlo en ley.

Los jueces de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2019 en el Congreso (JUAN MABROMATA/AFP)Los jueces de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2019 en el Congreso (JUAN MABROMATA/AFP)

El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema puso fin a la polémica de los traslados cuando, tras aceptar el per saltum que pedían Bruglia y Bertuzzi y desencajó al Gobierno, resolvió que ningún pase de cargo -no solo el de Bruglia y Bertuzzi- podían ser considerados nombramientos definitivos. Obligó así llamar a un nuevo concurso para designar titulares en las plazas que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi, y dispuso que ellos pudieran participar. Así, frustró las intenciones oficiales de tener, de un saque, cuatro cargos para ocupar en el concurso en el que finalmente Boico fue el único elegido.

El examen fue el 26 de febrero. Bruglia decidió no concursar porque sería convalidar un acto que cuestiona. Su destino inmediato, apenas haya un ganador de ese concurso, será el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Py. Bertuzzi, en cambio, sí dio el examen escrito junto a otros 54 postulantes. Ya sabe, sin embargo, antes incluso de presentarse, que no tiene ninguna chance de éxito.

El Consejo de la Magistratura está apurado por sacar a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal. El hoy vicepresidente del cuerpo Alberto Lugones había pronosticado en noviembre que en seis meses estarían terminado el concurso.

Cristina Kirchner (Aglaplata)Cristina Kirchner (Aglaplata)

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a Irurzun y a Bruglia por haber firmado un fallo que anuló procesamientos dictados por el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse contra ex funcionarios macristas. “No hay argentino más impune que Mauricio Macri” , dijo ese día.

El jueves 4 de marzo, durante su audiencia ante Casación por la causa dólar futuro, también criticó abiertamente a Bruglia, Bertuzzi y a Mariano Llorens -quien llegó al tribunal en 2018 y hasta ahora no había sido blanco de los cuestionamientos-. A ellos les apuntó por haber confirmado el sobreseimiento del ex jefe del Banco Central en el macrismo Federico Sturzenegger en una denuncia que ella motorizó por los pagos de los contratos de dólar futuro de la gestión M.

En la mirada política y en la de la propia justicia, la llegada de Boico es un reequilibrio del poder interno de la Cámara. Durante el gobierno de Macri, con la designación en el tribunal de Bruglia y Bertuzzi, desde la Cámara salieron fallos adversos al kirchnerismo. Fueron los años de las prisiones preventivas, hasta ese entonces atípicas para las causas de corrupción. Llegó a haber 76 ex funcionarios y empresarios presos. También se aceleró el curso de los expedientes contra Cristina Kirchner y sus funcionarios, que -antes de eso- tenían el ritmo lento de quien está en el poder.

Con la llegada de Boico, la reaparición de Farah y el desembarco de los que lleguen a reemplazar a Bruglia y Bertuzzi -en donde se descuenta habrá al menos una mujer-, Comodoro Py comenzará literalmente a remodelarse.

Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)

La Cámara Federal no será el único casillero en donde el oficialismo puede completar piezas. De los doce juzgados federales, hay tres que están vacantes: los que ocuparon Sergio Torres (quien juró en mayo de 2019 como integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires); Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (jubilado a julio de 2020 cuando cumplió 75 años).

Para el juzgado federal 12, que perteneció a Torres, se presentaron 77 aspirantes, hubo una polémica por un examen que no tenía nombre y quedaron mejor posicionados, en el puntaje, cinco postulantes con lazos en el poder judicial. Por el momento no hubo novedades con ese certamen.

En tanto, el próximo martes se hará el examen escrito del concurso en busca de los sucesores de Bonadio y Canicoba. Polémica en el medio, el Consejo de la Magistratura de la Nación quitó esta semana de la prueba el temario sobre “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento” y “criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”. Además, una jurado que había decidido renunciar finalmente estará activa para participar de las correcciones.

También está pendiente la posibilidad de que quede vacante el juzgado federal 3. Es el que ocupa el juez Daniel Rafecas. Hace exactamente un año el presidente lo propuso para ser Procurador General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora el Senado no trató su pliego para convertirlo en jefe de los fiscales. En cambio, propuso cambiar la ley sobre cómo elegir ese cargo, con una mayoría más liviana que los dos tercios actuales, y con cambios en el Tribunal de Enjuiciamiento para los integrantes del Ministerio Público. El fiscal Carlos Rívolo definió ese escenario como “un pelotón de fusilamiento” y advirtió que “investigar las causas vinculadas al poder de corrupción o lo que fuera, que ha sido difícil, se va a tornar imposible”.

Los fierros, como en la jerga judicial muchos llaman a los jueces por su poder de fuego, no tienen tantas balas como en otros años. Las causas más importantes contra el kirchnerismo ya están elevadas a juicio oral por lo que no volverán a pasar por la Cámara. Y lo poco que queda son resabios que nadie augura que le traigan problemas a la vicepresidenta. No obstante, Parrilli se encargó de aclarar que Boico no votará en los expedientes en los que fuera protagonista su ex clienta. Por razones obvias, sería impugnado si lo hiciera.

No obstante, por la Cámara sí deben pasar las investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior y que involucran al propio Macri. Los expedientes del Correo Argentino, los Parques Eólicos, las concesiones de las autopistas, Paseo del Bajo y la mesa judicial son algunos ejemplos. También los que puedan presentarse contra la gestión actual, como la denuncia contra Victoria Donda o el escándalo de las vacunas VIP, que tiene como principal imputado al ex ministro de Salud Ginés González García.

A los cambios en primera y segunda instancia, habrá que prestarle además atención a lo que pase más arriba. La ex presidenta puso en los últimos días la mira en la Cámara de Casación Penal, con cuestionamientos abiertos a varios de sus integrantes. El último fue dirigido al juez Juan Carlos Gemignani por haber dicho “feliz día a las delincuentes” en un chat con sus pares el día de la Mujer. Mientras a esas críticas también se sumó el presidente Alberto Fernández, el titular del Consejo de la Magistratura decidió presentar una denuncia en ese organismo en su contra. Gemignani dice que fue malinterpretado. En las últimas semanas también se radicaron denuncias contra los jueces Gustavo Hornos, presidente del tribunal, por haber visitado la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri; y contra Eduardo Riggi, por el trámite de una denuncia de Fabián De Sousa contra el ex presidente y sus funcionarios por asociación ilícita.

Por encima de la Cámara de Casación está la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el Presidente mandará en breve un proyecto de ley al Congreso para que se analice la creación de un tribunal arbitral que funcione como filtro de los expedientes que llegan al máximo tribunal. Aunque al principio de su gestión Fernández rescataba la labor de la Corte Suprema, su discurso se fue endureciendo en los últimos meses mientras Cristina Kirchner hizo fuertes cuestionamientos sobre los ocupantes del cuarto piso del Palacio de Talcahuano el 9 de diciembre, al cumplir un año de volver al poder.

El último dardo en boca del jefe de Estado estuvo dirigido a Elena Highton de Nolasco por quedarse en el tribunal tras haber cumplido 75 años. Highton fue la única de los integrantes de la Corte Suprema que fue a la presentación de la reforma judicial en la Casa Rosada en julio pasado. Es, además, amiga de Marcela Losardo, la hasta ahora responsable del Ministerio de Justicia y quien decidió alejarse por estar “agobiada”. “Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo el presidente. Desde el lunes pasado, que confirmó la noticia de su salida, aún no se sabe quién la reemplazará.

autor
autor

Continue Reading

Noticias

LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

Published

on

Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Continue Reading

Politica

EL GOBIERNO PRESENTÓ “REGISTRADAS”, EL PLAN PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL PERSONAL DOMÉSTICO

Published

on

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, acompañadas por el ministro Claudio Moroni y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, anunciaron el Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detallaron.

La primera en explicar los alcances del programa, fue Gómez Alcorta: “La bancarización no solo va a permitir una mejor fiscalización sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y a una mejor participación económica que la que tienen actualmente”.

Agregó: “Esta medida es importante porque apuntala a un sector de la población que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación, por eso entendemos que es una medida progresiva. También estamos contribuyendo al alivio del bolsillo de muchísimas familias en el contexto de la pandemia”.

Acto seguido, la titular de la AFIP explicó que esta inciativa está dispuesta en el marco de la batería de medidas del Gobierno para morigerar los efectos de la pandemia en las economías familiares: “Esta es una medida de política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como el aumento del salario mínimo, la suba a 175.000 pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias, la exitosa colocación del crédito a tasa 0 para monotributistas. Por eso es una política de formalización y de bancarización”.

Del Pont explicó que “una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o empleado una tarjeta de crédito que va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo, vital y móvil, por eso va a tener un límite de hasta 32.000 pesos”.

Y concluyó: “Esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el gobierno nacional, desde el principio de la gestión para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad”.

FUENTE PAGINA 12

FOTO TAPA RADIO SUQUIA

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Noticias

UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

Published

on

Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Más Vistas