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Economia

El Gobierno rescindirá contratos para hacer rutas de la gestión de Macri

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En el ministerio de Katopodis consideran que el modelo es inviable en el contexto económico actual 

Fueron la gran promesa de la obra pública durante la gestión de Cambiemos, pero tras casi dos años sin que se produzcan avances significativos en ninguno de los seis grandes corredores viales licitados y adjudicados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno Nacional decidió cerrar ese capítulo. Según confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Obras Públicas, se buscará avanzar en la rescisión de los contratos, lo que disparará una ardua negociación por los US$567 millones depositados en concepto de garantías al momento de la adjudicación, que las empresas buscarán recuperar.

El pasado 27 de mayo, la cartera de Obras Públicas envió intimaciones a las compañías que integran los seis consorcios adjudicatarios para que cumplan con el incremento de las garantías acordado en la adenda firmada en julio 2019, que amplió los plazos para la ejecución de los distintas etapas de las obras. “Se le requiere la subsanación del incumplimiento dentro de un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de extinción del contrato PPP por culpa del contratista PPP”, dice la intimación enviada.

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Según explicaron fuentes del ministerio que conduce Gabriel Katopodis, el sentido de esa intimación es, más allá de su letra explícita, sentar las empresas a “negociar definitivamente la desactivación de esa bomba”. “La decisión del Gobierno Nacional es rescindir los contratos. El tema es cómo”, apuntaron.

“En nuestro gobierno la obra pública es el motor de la reactivación industrial y una herramienta del Estado para mejorar la vida real de los argentinos. No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo, consultado por este medio sobre el tema el ministro Katopodis.

"No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir", dijo Katopodis
“No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo Katopodis Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

Para el Gobierno el sistema de PPP, cuyo sentido es que las empresas consigan el financiamiento para hacer las obras, es impracticable en el contexto actual y ya lo era en el momento en que se cerraron los contratos, en julio de 2018. “En el momento en que se lanza ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la economía argentina y la restricción de financiamiento externo que teníamos”, apuntan.

En el Gobierno lo señalan como un plan “excesivamente ambicioso y costoso”. Según datos oficiales, las obras licitadas bajo este sistema involucran un monto total de US$10.000 millones, de los cuales el 60% constituye el costo “puro” de las obras y el 40% restante, U$S400 millones, es el costo financiero.

Los resultados obtenidos, alegan, también son casi nulos. En términos globales la ejecución física del Plan de Obras Principales no supera el 2% y los proyectos más avanzados rondan el 4%. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dentro del Programa Rutas Seguras -que enmarca a los proyectos de PPP- “se ejecutaron solamente 6 de los 4000 kilómetros planificados, es decir, un 0,15% del total anunciado”.

En el ministerio de Katopodis aseguran que “no hay ninguna animosidad contra las empresas”, sino que heredaron una situación que deben resolver de alguna forma. Aseguran que no quieren generar conflictos con las casas matrices de las empresas internacionales involucradas ni con los jugadores de la obra pública, que son pocos y no solo tienen otros contratos activos con el ministerio, sino que son los que podrían ejecutar los proyectos por venir. “No hay otras empresas; son estas”, resumen.

Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP
Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP

Las empresas que integran los seis consorcios adjudicatorios de los proyectos de PPP son Paolini Hnos, Vial Agro y la empresa italiana INC SpA por un lado; China Construction America y Green SA por el otro; José Cartellone Construcciones Civiles, grupo Helport (del grupo empresario de Eduardo Eurnekian), Panedile, Copasa (España) y Eleprint (del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss) en el caso de las “E” y “F” y Rovella Carranza y JCR Mota-Engil Latin American (Portugal).

Las empresas que integran los consorcios ya están al tanto de la decisión del Gobierno, aunque todavía no hubo una reunión formal luego del envío de las intimaciones. Habrá, por delante, una negociación dura sobre qué pasará con las garantías, que representan un monto total de US$567 millones.

Las empresas pujarán por que les sean devueltas, alegando que no son responsables de la parálisis de la economía argentina. Incluso, anticipándose a la situación, algunas empresas ya accionaron judicialmente para intentar reemplazar esas garantías por cauciones en pesos. Es de esperar que el Gobierno, por el contrario, busque ejecutarlas. “El Estado va a defender el patrimonio de los argentinos a como dé lugar. No estaría haciendo bien las cosas si pierde plata”, se limitan a decir.

La negociación por delante se prevé árida y en Obras Públicas prefieren no adelantar su estrategia. “Esto es, salvando las distancias, similar a lo que pasa en la negociación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores de la deuda. Hay cierto secretismo y no está mal, porque es un juego y hay que ver cómo responde el otro”, dicen, y señalan que además de personal de ese ministerio, tomarán parte en la negociación la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.

Fuente FOTOS: Archivo
FUENTE : DIARIO LA ANCION

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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