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Economia

El Gobierno rescindirá contratos para hacer rutas de la gestión de Macri

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En el ministerio de Katopodis consideran que el modelo es inviable en el contexto económico actual 

Fueron la gran promesa de la obra pública durante la gestión de Cambiemos, pero tras casi dos años sin que se produzcan avances significativos en ninguno de los seis grandes corredores viales licitados y adjudicados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno Nacional decidió cerrar ese capítulo. Según confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Obras Públicas, se buscará avanzar en la rescisión de los contratos, lo que disparará una ardua negociación por los US$567 millones depositados en concepto de garantías al momento de la adjudicación, que las empresas buscarán recuperar.

El pasado 27 de mayo, la cartera de Obras Públicas envió intimaciones a las compañías que integran los seis consorcios adjudicatarios para que cumplan con el incremento de las garantías acordado en la adenda firmada en julio 2019, que amplió los plazos para la ejecución de los distintas etapas de las obras. “Se le requiere la subsanación del incumplimiento dentro de un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de extinción del contrato PPP por culpa del contratista PPP”, dice la intimación enviada.

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Según explicaron fuentes del ministerio que conduce Gabriel Katopodis, el sentido de esa intimación es, más allá de su letra explícita, sentar las empresas a “negociar definitivamente la desactivación de esa bomba”. “La decisión del Gobierno Nacional es rescindir los contratos. El tema es cómo”, apuntaron.

“En nuestro gobierno la obra pública es el motor de la reactivación industrial y una herramienta del Estado para mejorar la vida real de los argentinos. No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo, consultado por este medio sobre el tema el ministro Katopodis.

"No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir", dijo Katopodis
“No cumplieron con las obras y endeudaron al país, eso no lo vamos a permitir”, dijo Katopodis Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

Para el Gobierno el sistema de PPP, cuyo sentido es que las empresas consigan el financiamiento para hacer las obras, es impracticable en el contexto actual y ya lo era en el momento en que se cerraron los contratos, en julio de 2018. “En el momento en que se lanza ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la economía argentina y la restricción de financiamiento externo que teníamos”, apuntan.

En el Gobierno lo señalan como un plan “excesivamente ambicioso y costoso”. Según datos oficiales, las obras licitadas bajo este sistema involucran un monto total de US$10.000 millones, de los cuales el 60% constituye el costo “puro” de las obras y el 40% restante, U$S400 millones, es el costo financiero.

Los resultados obtenidos, alegan, también son casi nulos. En términos globales la ejecución física del Plan de Obras Principales no supera el 2% y los proyectos más avanzados rondan el 4%. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dentro del Programa Rutas Seguras -que enmarca a los proyectos de PPP- “se ejecutaron solamente 6 de los 4000 kilómetros planificados, es decir, un 0,15% del total anunciado”.

En el ministerio de Katopodis aseguran que “no hay ninguna animosidad contra las empresas”, sino que heredaron una situación que deben resolver de alguna forma. Aseguran que no quieren generar conflictos con las casas matrices de las empresas internacionales involucradas ni con los jugadores de la obra pública, que son pocos y no solo tienen otros contratos activos con el ministerio, sino que son los que podrían ejecutar los proyectos por venir. “No hay otras empresas; son estas”, resumen.

Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP
Los seis proyectos adjudicados bajo el modelo de PPP

Las empresas que integran los seis consorcios adjudicatorios de los proyectos de PPP son Paolini Hnos, Vial Agro y la empresa italiana INC SpA por un lado; China Construction America y Green SA por el otro; José Cartellone Construcciones Civiles, grupo Helport (del grupo empresario de Eduardo Eurnekian), Panedile, Copasa (España) y Eleprint (del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss) en el caso de las “E” y “F” y Rovella Carranza y JCR Mota-Engil Latin American (Portugal).

Las empresas que integran los consorcios ya están al tanto de la decisión del Gobierno, aunque todavía no hubo una reunión formal luego del envío de las intimaciones. Habrá, por delante, una negociación dura sobre qué pasará con las garantías, que representan un monto total de US$567 millones.

Las empresas pujarán por que les sean devueltas, alegando que no son responsables de la parálisis de la economía argentina. Incluso, anticipándose a la situación, algunas empresas ya accionaron judicialmente para intentar reemplazar esas garantías por cauciones en pesos. Es de esperar que el Gobierno, por el contrario, busque ejecutarlas. “El Estado va a defender el patrimonio de los argentinos a como dé lugar. No estaría haciendo bien las cosas si pierde plata”, se limitan a decir.

La negociación por delante se prevé árida y en Obras Públicas prefieren no adelantar su estrategia. “Esto es, salvando las distancias, similar a lo que pasa en la negociación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores de la deuda. Hay cierto secretismo y no está mal, porque es un juego y hay que ver cómo responde el otro”, dicen, y señalan que además de personal de ese ministerio, tomarán parte en la negociación la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.

Fuente FOTOS: Archivo
FUENTE : DIARIO LA ANCION

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Economia

Inflación y precios: las empresas ya validan un dólar de 450 pesos para sus productos importados

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No hay empresario ni ejecutivo de primera línea, de esos que se sientan en contadas sillas, que no tenga diálogo constante y frecuente con Sergio Massa. Escuchan de primera mano las intenciones y los pedidos del ministro de Economía. Claro que esas intenciones suelen no ser más que eso cuando de la teoría pasan al terreno de la praxis.

Pero hay algunas que sí son operativas y que dependen de su decisión o de la de los que trabajan directamente con ellos. Una de ellas es simple: las góndolas no pueden estar vacías hasta fin de año. “No quiero ver las chapas”, le escuchó decir a Massa un interlocutor.

Se refería, metafóricamente, a los estantes donde se colocan los productos a la venta. Ese pedido simple para un país que circule por el andarivel de la normalidad esconde, para la Argentina, toda una definición. Sucede que, para seguir con la ilustración del ministro, las góndolas llenas implican un alto costo, ya que importar productos o insumos implica un desembolso que se mide en dólares, pero se recauda en pesos. “El precio no importa, no pueden faltar productos”, cerró la charla el funcionario, según testigos.

Por estos días, con los precios de los alimentos desatados, la gran mayoría de los actores del sector ubican esa explicación en dos razones. La primera, el rotundo fracaso de Precios Justos; la segunda, las expectativas de un dólar mucho más alto. Esto genera una consecuencia letal para la inflación: gran parte de los productos que hoy se venden tiene un componente de precio que valida un dólar de alrededor de 450 pesos.

De aquella definición se salta a la microeconomía, una de las áreas que menos miran los funcionarios y los líderes de la oposición. Aquellos interlocutores se dieron vuelta para poder operar esa directiva. Los actores del consumo tienen un problema nada menor: recaudan en pesos y pagan en dólares. Está bien que a dólar oficial. Ahora bien, ¿a qué valor de dólar oficial? Y ahí está el punto central del asunto, ya que las licencias para importar se aprueban a 270 días, aproximadamente. Esto significa que alguien que está autorizado a comprar productos en el exterior tendrá que desembolsar los dólares entre diciembre de este año y enero de 2024.

Y entonces, la pregunta: ¿a qué precio? Liberados en esto de tener que llenar góndolas a cualquier precio, la cobertura se hace en mercados de futuros. Dicho esto, por ejemplo, quien tenga pesos en su cartera y una licencia para importar para diciembre y recurra al Rofex, el principal mercado de futuros de la Argentina, validará un precio para el último día del año, cuando se ejecuta el contrato de cambio, de 415 pesos. Para el que deba hacer su pago en enero próximo, deberá pensar en una divisa de 445 pesos y los desafortunados de febrero, podrán fijar precios con una moneda estadounidense que el mercado cree que estará en 475 pesos.

De vuelta a las góndolas, a los precios y a la inflación, pues lo que sucede en la microeconomía es que ese dólar de más de 400 pesos que esperan los que compran y los que venden ya se traslada al precio de hoy de un producto por una simple razón: el precio de reposición que se calcula está relacionado con aquella importación con la que logrará reponer el stock.

La secuencia de semejante descalabro, sofisticado y financiero, finalmente llega a los consumidores: los precios de miles de productos. De hecho, no es ninguna casualidad que los índices de inflación de los alimentos hayan mostrado sus niveles más altos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el índice nacional mostró un aumento de 9,8%, en el Noroeste y en el Noreste fue de 10,6%, y en el Gran Buenos Aires, de 10,2%. La explicación está en estas conductas de miles de empresarios, medianos, pymes y grandes, que descuentan el valor de reposición de sus ventas de hoy mediante un precio más alto.

En la Argentina hay alrededor de 280.000 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de limpieza. De ese número, los grandes supermercados suman 70.000. El resto, 210.000, se reparten entre negocios medianos y pequeños comercios. Nadie controla los precios ahí. De hecho, ya son muchos los empresarios pymes de la alimentación que prefieren no vender a los supermercados. Es decir, pasar por góndolas más resistentes a los inconducentes acuerdos de precios del secretario de Comercio, Marías Tombolini. De hecho, la gran mayoría de los que tienen a estos funcionarios de interlocutores refieren que ponen mucha más atención a las licencias de importación que a los precios en las góndolas. Dicen, le es más redituable en términos políticos políticos y económicos. Nadie sabe si esa aseveración se refiere a la macroeconomía o a la microeconomía propia.

Mientras tanto, la Argentina está a 250 días de un cambio de Gobierno. Poco se habla, o nada, mejor dicho, pero el 11 de diciembre, cuando un nuevo presidente pise Balcarce 50, lo esperará una enorme deuda invisible. Se trata de la deuda comercial de importaciones que se autorizaron en la gestión actual y que se deberán pagar entonces.

Nadie se atreve a decir cuánto será ese número, pero los que lo miran con atención reconocen que hoy ya suma 11.000 millones de dólares. Se habla de que quedará entre alrededor de 22.000 y 24.000 millones de dólares. Es una anécdota el número final. Pero será una deuda que la Argentina tiene con los proveedores privados de todo el globo. Y eso, no se puede defaultear.

 

Diego Cabot para La Nacion

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Cultura

Mar del Plata será sede del evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica

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Mar del Plata será en septiembre la sede de la Icca Latin American & the Caribbean Summitt, el evento de turismo de reuniones más importante de Latinoamérica, y se posiciona como ciudad líder del turismo de congresos y reuniones en Argentina a nivel nacional e internacional.

La novedad fue dada a conocer este martes por la tarde por el Ente Municipal de Turismo (EMTur), que trabajó en la candidatura a través de un Libro de Postulación (Bidding Book). “La Feliz” fue la única ciudad argentina que se presentó y logró imponerse ante otras propuestas que hicieron Santiago (Chile) y Río de Janeiro (Brasil).

El ICCA Latin American & the Caribbean Summitt es considerado uno de los eventos más demandados de la región latinoamericana respecto al segmento MICE, que incluye reuniones de negocios; viajes de motivación, tanto de negocios como de ocio; conferencias científicas y prácticas; seminarios de capacitación y eventos corporativos.

 

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

Bernardo Martín, el titular del Ente de Turismo, con representantes de la  ICCA Latin América & Caribbean Summitt.

 

“Es el evento regional más importante de Icca, que representa a los proveedores más notables y líderes mundiales en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones internacionales de Icca que está integrada por más de 1.100 empresas y organizaciones de casi 100 países en todo el mundo”, afirmaron en el Ente de Turismo que conduce Bernardo Martín.

Empresarios del sector consultados por 0223 se manifestaron en la misma sintonía y destacaron que es la primera vez que se hace este evento en Argentina: “Esto es realmente importante para el turismo de reuniones y posiciona a Mar del Plata dentro de toda América”.

La cumbre se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de septiembre de este año. Entre el 29 y el 31 de marzo, el EMTur recibirá a miembros directivos de ICCA Región Latinoamérica que realizarán una visita de inspección a la ciudad, en la que recorrerán hoteles, salones, espacios recreativos, culturales, venues exteriores, sitios icónicos de la ciudad, establecimientos gastronómicos, entre otros.

El comunicado de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (Icca)

 

 

"Mar del Plata (Argentina) será el destino anfitrión de la Cumbre de América Latina y el Caribe ICCA 2023.

Nuestro anfitrión local será el destacado equipo del Ente de Turismo de Mar del Plata. Les agradecemos su dedicación, profesionalismo, creatividad y voluntad de recibir a la comunidad latinoamericana de ICCA este año. Fechas confirmadas: 4-7 de septiembre de 2023

Nuestra tradicional cumbre regional continuará innovando y mejorando su estructura, sus experiencias y contenidos para crear el mayor valor para todos los participantes. Asociaciones internacionales, miembros de ICCA y actores regionales tendrán una íntima plataforma de negocios y conocimiento en un destino único que, como dice su eslogan, lo tiene todo.

ICCA espera dar la bienvenida a todos nuestros miembros, socios y colegas regionales a Mar del Plata en septiembre.

Las inscripciones se abrirán pronto”

 

0223

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Economia

Consejo del Salario: aumentará el mínimo en tres tramos hasta 88 mil pesos

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La CGT y las cámaras empresarias acordaron hoy un nuevo salario mínimo, vital y móvil con aumentos en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio, informaron esta tarde fuentes gremiales y oficiales.

En tanto, la CTA que lidera Hugo Yasky se abstuvo en la votación y su par Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy, rechazó la propuesta y anunció una medida de fuerza para abril.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel Olmos, confirmó que el acuerdo fue logrado por “amplia mayoría”, ya que el plenario del organismo aprobó la propuesta de la comisión con 30 votos positivos, una abstención y un sufragio negativo a ese incremento.

El encuentro virtual inauguró el período anual del Consejo entre abril de este año y marzo de 2024 sobre la base de los valores vigentes a marzo último, no acumulativos.

Los trabajadores que perciben ese ingreso cobrarán un 15,6% en abril, un 6% en mayo y otro 5% en junio, en tanto la cartera laboral convocará a un nuevo encuentro entre sindicalistas y empresarios para el 15 de julio próximo, confirmaron fuentes oficiales.

La CTA que lidera el docente Yasky se abstuvo en la votación, en tanto su par Autónoma (CTAA) del estatal Godoy y del visitador médico Ricardo Peidro la rechazó de forma total y anunció que convocará a la conducción para llamar a una protesta a mediados de abril.

 

La Capital

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