Connect with us

Judiciales

El juicio por el caso de los cuadernos de las coimas lleva tres años sin fecha de inicio y difícilmente comience en 2023

Published

on

El tribunal oral a cargo del megacaso de corrupción fue intimado por el máximo tribunal penal del país para “dar comienzo lo antes posible” al debate oral y público.

La Cámara de Casación validó las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, que fue elevado a juicio en septiembre de 2019 y aún no tiene fecha de inicioArchiv

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas fue elevado a juicio oral y público en septiembre de 2019, pero muy difícilmente pueda comenzar el próximo año, coincidieron fuentes que intervienen en el proceso ante las consultas de LA NACION. El caso, que tiene a Cristina Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado, lleva tres años sin una definición del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo el desarrollo del juicio oral y acumula más de un centenar de planteos y objeciones de las partes involucradas.

La Cámara Federal de Casación Penal intimó al TOF 7 a fijar una fecha de inicio para el expediente por el cual Jaime está detenido cuando resolvió, hace dos semanas, en un expediente del caso cuadernos, sobre la prisión preventiva del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (acusado de recibir coimas de empresarios del transporte). Al pronunciarse sobre la detención de Jaime, el único exfuncionario del kirchnerismo que sigue preso, la Casación dijo que advierte una demora “que puede tornarse inexcusable”.

“Si bien los argumentos brindados por el tribunal [para prorrogar la detención de Jaime] se encuentran fundados de conformidad con las previsiones de la norma citada y a la complejidad, naturaleza y gravedad de los hechos imputados, la prórroga dispuesta, se habrá de avalar nuevamente, pero se le vuelve a indicar y reiterar al tribunal, lo expuesto (…) que deberá fijar prontamente audiencia de debate oral y público, y dar comienzo lo antes posible, todo ello luego de advertir en autos una demora que puede tornarse inexcusable”, dijeron los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky en el fallo al que accedió LA NACION.

Ricardo Jaime
Ricardo JaimeArchivo

En junio pasado el TOF 7 dio un primer movimiento concreto después de que la Corte Suprema le concedió los recursos que le reclamó durante casi dos años, y convocó a las partes implicadas en la megacausa de corrupción para que hicieran sus planteos y ofrecieran prueba. A partir de entonces decenas de abogados se acercaron al tribunal e hicieron planteos y ofrecimientos de prueba testimonial, pericial y documental. Esa etapa llevó tres meses, a lo largo de los cuales el TOF concedió cinco prórrogas, hasta que la semana pasada sus jueces rechazaron conceder otra extensión del plazo, y ahora deberán dar a conocer la admisión y el rechazo de la prueba.

Los abogados penalistas tienen intenciones de objetar el trabajo que hicieron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio durante la instrucción del caso. “La causa entera es una vergüenza jurídica”, opinó el defensor de un importante empresario de la construcción que está involucrado en más de un expediente del universo cuadernos por haber pagado sobornos a los exfuncionarios kirchneristas.

Los funcionarios judiciales dieron por probada la existencia del sistema de recaudación que describía el chofer Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, en sus cuadernos. Concluyeron que los bolsos de dinero recaudado por vías ilegales fueron entregados en decenas de oportunidades a Daniel Muñoz en el edificio donde reside Cristina Kirchner en las calles Juncal y Uruguay. Las instancias judiciales superiores convalidaron la investigación que recibió duras críticas por parte de los abogados que intervienen en la causa. Hay decenas de empresarios involucrados en la trama de corrupción. Algunos confesaron haber hecho entregas de dinero en bolsos en concepto de “aportes de campaña”, como declaró el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y otros, como Carlos Wagner y Juan Chediack, dieron detalles acerca de cómo se repartía la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo un sistema de cartelización que organizaba el Ministerio de Planificación. El exministro Julio De Vido es acusado como organizador del armado delictivo.

Algunos abogados reiteraron viejos planteos de nulidad que ya habían hecho durante la instrucción y que fueron rechazados, como planteos por “forum shopping”, o por afectaciones a del derecho a la defensa, como por ejemplo la realización de escuchas telefónicas a imputados mientras estaban presos. También se sugirieron pedidos de informes e incorporar información de otros expedientes, además de centenares de declaraciones testimoniales y la realización de un peritaje sobre los cuadernos y sus copias. Los letrados de algunos empresarios pidieron la realización de un juicio abreviado para no afrontar el juicio oral.

Otros letrados pidieron en los últimos meses examinar documentación original a la que, según plantearon, “no se tuvo acceso durante toda la etapa de instrucción”. Se refieren a los cuadernos originales con las anotaciones de Oscar Centeno que están en poder del tribunal. En ese caso, por ejemplo, el TOF respondió que en el expediente digital del sistema Lex100 se encuentran disponibles las copias escaneadas y fotografiadas digitales de alta definición de la documentación y que “no se advierte la necesidad de compulsar la original”.

Cacaterra, Cristina Kirchner, Julio De Vido
Cacaterra, Cristina Kirchner, Julio De Vido

Otros defensores se acercaron al tribunal y pidieron descargar el contenido en pendrives propios. Otros reclamaron al tribunal no poder acceder a la totalidad de la prueba. Estos son algunos de los cientos de planteos formulados en los últimos meses y sobre los cuales el TOF deberá responder. “Tenemos que analizar toda la prueba y ver y calcular demora que lleva en casos como este la prueba suplementaria”, dijo una fuente judicial a LA NACION.

Fuentes que intervienen en el proceso e incluso un gran número de abogados defensores dan por descontado que el juicio contará con una etapa de instrucción suplementaria con el fin de “ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido”, según establece el Código Procesal Penal en el artículo 357.

El tribunal del juicio oral está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litiga ante la Corte Suprema para seguir en ese cargo, dado que llegó a ese cargo trasladado desde otro tribunal y fue objetado por el kirchnerismo.

Oscar Centeno
Oscar CentenoArchivo

La fiscal del caso es Fabiana León. “Su intención es que el juicio se haga y que se haga lo antes posible”, dijo una fuente con acceso a la causa, que considera que León no insistió con producir prueba que pueda dilatar los tiempos del proceso.

El caso de los cuadernos derivó en un conjunto de expedientes y tiene enormes dimensiones: cuenta con casi un centenar de imputados entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios y abarca varias causas judiciales que tramitan juntas, la mayoría ya elevadas a juicio oral.

Por la cantidad de imputados que hay en la causa, unos 100, podría tratarse de uno de los juicios más gigantescos de la historia argentina, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Y eso, explicaron, también impone limitaciones. El espacio es una de ellas. No hay por ejemplo sala de audiencias disponible para sentar a 100 acusados junto con sus abogados, a la fiscalía y a las querellas. La Unidad de Información Financiera (UIF) es la única parte querellante en esta causa, dado que la Oficina Anticorrupción (OA) desistió de ese rol.

El estado de las causas indica que Cristina Kirchner podría atravesar el año electoral sin ningún juicio oral en curso. El caso Vialidad, por el que es juzgada actualmente, arrojará un veredicto antes de fin de año. El juicio cuadernos no parece estar en la agenda judicial de 2023. Y si el próximo año la Cámara Federal de Casación Penal decidiera la reapertura del caso Hotesur Los Sauces, una decisión que tiene bajo estudio, ese expediente sería enviado a otro tribunal oral. En caso de ser reabierto, quienes conocen los tiempos de los tribunales de Comodoro Py consideran muy improbable que ese juicio por lavado de dinero llegue a desarrollarse durante 2023.

La causa cuadernos tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones de Centeno que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. La investigación fue realizada por LA NACION. El caso tuvo su punto más álgido en agosto de 2018, con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y a sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. En los meses posteriores, decenas de imputados declararon como “arrepentidos” y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.

 

Ir a notas de Candela Ini
LA NACION
FUENTE LA NACION

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Judiciales

Caso Maldonado: la Justicia sobreseyó a los gendarmes investigados por la muerte del artesano

Published

on

El juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Santiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río ChubutSantiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Así empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de CushamenAsí empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de Cushamen

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

Para el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de MaldonadoPara el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de Maldonado

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

El juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de MaldonadoEl juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de Maldonado

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

Infobae

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Judiciales

Atentado a Cristina Kirchner: la jueza descartó vínculos políticos y envió a juicio a los tres acusados

Published

on

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió la agencia Télam.

atentado cfk

Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado.

“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Gastón Marano.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.

Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

 

Atentado a CFK: cómo sigue la causa

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la Vicepresidenta, por su parte, reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”.

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.

Infobae

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Judiciales

Se viene el IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial

Published

on

Mar del Plata será sede del IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.

A 40 años de la recuperación de la democracia, el plenario se llevará a cabo en el Hotel Presidente Perón, de Tucumán 2662, bajo la denominación “Justicia y sociedad, luces y sombras de un poder del primer Estado Argentino”.

Comprometieron su presencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, el procurador General de la Corte, Autoridades de la Federación de la Magistratura y Función Judicial, el intendente Montenegro, autoridades de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de todos los Departamentos judiciales bonaerenses y más de 500 jueces y funcionarios de la Provincia.

Este Congreso es organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS)

 

Continue Reading

Más Vistas