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El juicio por el caso de los cuadernos de las coimas lleva tres años sin fecha de inicio y difícilmente comience en 2023

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El tribunal oral a cargo del megacaso de corrupción fue intimado por el máximo tribunal penal del país para “dar comienzo lo antes posible” al debate oral y público.

La Cámara de Casación validó las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, que fue elevado a juicio en septiembre de 2019 y aún no tiene fecha de inicioArchiv

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas fue elevado a juicio oral y público en septiembre de 2019, pero muy difícilmente pueda comenzar el próximo año, coincidieron fuentes que intervienen en el proceso ante las consultas de LA NACION. El caso, que tiene a Cristina Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado, lleva tres años sin una definición del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo el desarrollo del juicio oral y acumula más de un centenar de planteos y objeciones de las partes involucradas.

La Cámara Federal de Casación Penal intimó al TOF 7 a fijar una fecha de inicio para el expediente por el cual Jaime está detenido cuando resolvió, hace dos semanas, en un expediente del caso cuadernos, sobre la prisión preventiva del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (acusado de recibir coimas de empresarios del transporte). Al pronunciarse sobre la detención de Jaime, el único exfuncionario del kirchnerismo que sigue preso, la Casación dijo que advierte una demora “que puede tornarse inexcusable”.

“Si bien los argumentos brindados por el tribunal [para prorrogar la detención de Jaime] se encuentran fundados de conformidad con las previsiones de la norma citada y a la complejidad, naturaleza y gravedad de los hechos imputados, la prórroga dispuesta, se habrá de avalar nuevamente, pero se le vuelve a indicar y reiterar al tribunal, lo expuesto (…) que deberá fijar prontamente audiencia de debate oral y público, y dar comienzo lo antes posible, todo ello luego de advertir en autos una demora que puede tornarse inexcusable”, dijeron los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky en el fallo al que accedió LA NACION.

Ricardo Jaime
Ricardo JaimeArchivo

En junio pasado el TOF 7 dio un primer movimiento concreto después de que la Corte Suprema le concedió los recursos que le reclamó durante casi dos años, y convocó a las partes implicadas en la megacausa de corrupción para que hicieran sus planteos y ofrecieran prueba. A partir de entonces decenas de abogados se acercaron al tribunal e hicieron planteos y ofrecimientos de prueba testimonial, pericial y documental. Esa etapa llevó tres meses, a lo largo de los cuales el TOF concedió cinco prórrogas, hasta que la semana pasada sus jueces rechazaron conceder otra extensión del plazo, y ahora deberán dar a conocer la admisión y el rechazo de la prueba.

Los abogados penalistas tienen intenciones de objetar el trabajo que hicieron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio durante la instrucción del caso. “La causa entera es una vergüenza jurídica”, opinó el defensor de un importante empresario de la construcción que está involucrado en más de un expediente del universo cuadernos por haber pagado sobornos a los exfuncionarios kirchneristas.

Los funcionarios judiciales dieron por probada la existencia del sistema de recaudación que describía el chofer Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, en sus cuadernos. Concluyeron que los bolsos de dinero recaudado por vías ilegales fueron entregados en decenas de oportunidades a Daniel Muñoz en el edificio donde reside Cristina Kirchner en las calles Juncal y Uruguay. Las instancias judiciales superiores convalidaron la investigación que recibió duras críticas por parte de los abogados que intervienen en la causa. Hay decenas de empresarios involucrados en la trama de corrupción. Algunos confesaron haber hecho entregas de dinero en bolsos en concepto de “aportes de campaña”, como declaró el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y otros, como Carlos Wagner y Juan Chediack, dieron detalles acerca de cómo se repartía la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo un sistema de cartelización que organizaba el Ministerio de Planificación. El exministro Julio De Vido es acusado como organizador del armado delictivo.

Algunos abogados reiteraron viejos planteos de nulidad que ya habían hecho durante la instrucción y que fueron rechazados, como planteos por “forum shopping”, o por afectaciones a del derecho a la defensa, como por ejemplo la realización de escuchas telefónicas a imputados mientras estaban presos. También se sugirieron pedidos de informes e incorporar información de otros expedientes, además de centenares de declaraciones testimoniales y la realización de un peritaje sobre los cuadernos y sus copias. Los letrados de algunos empresarios pidieron la realización de un juicio abreviado para no afrontar el juicio oral.

Otros letrados pidieron en los últimos meses examinar documentación original a la que, según plantearon, “no se tuvo acceso durante toda la etapa de instrucción”. Se refieren a los cuadernos originales con las anotaciones de Oscar Centeno que están en poder del tribunal. En ese caso, por ejemplo, el TOF respondió que en el expediente digital del sistema Lex100 se encuentran disponibles las copias escaneadas y fotografiadas digitales de alta definición de la documentación y que “no se advierte la necesidad de compulsar la original”.

Cacaterra, Cristina Kirchner, Julio De Vido
Cacaterra, Cristina Kirchner, Julio De Vido

Otros defensores se acercaron al tribunal y pidieron descargar el contenido en pendrives propios. Otros reclamaron al tribunal no poder acceder a la totalidad de la prueba. Estos son algunos de los cientos de planteos formulados en los últimos meses y sobre los cuales el TOF deberá responder. “Tenemos que analizar toda la prueba y ver y calcular demora que lleva en casos como este la prueba suplementaria”, dijo una fuente judicial a LA NACION.

Fuentes que intervienen en el proceso e incluso un gran número de abogados defensores dan por descontado que el juicio contará con una etapa de instrucción suplementaria con el fin de “ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido”, según establece el Código Procesal Penal en el artículo 357.

El tribunal del juicio oral está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litiga ante la Corte Suprema para seguir en ese cargo, dado que llegó a ese cargo trasladado desde otro tribunal y fue objetado por el kirchnerismo.

Oscar Centeno
Oscar CentenoArchivo

La fiscal del caso es Fabiana León. “Su intención es que el juicio se haga y que se haga lo antes posible”, dijo una fuente con acceso a la causa, que considera que León no insistió con producir prueba que pueda dilatar los tiempos del proceso.

El caso de los cuadernos derivó en un conjunto de expedientes y tiene enormes dimensiones: cuenta con casi un centenar de imputados entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios y abarca varias causas judiciales que tramitan juntas, la mayoría ya elevadas a juicio oral.

Por la cantidad de imputados que hay en la causa, unos 100, podría tratarse de uno de los juicios más gigantescos de la historia argentina, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Y eso, explicaron, también impone limitaciones. El espacio es una de ellas. No hay por ejemplo sala de audiencias disponible para sentar a 100 acusados junto con sus abogados, a la fiscalía y a las querellas. La Unidad de Información Financiera (UIF) es la única parte querellante en esta causa, dado que la Oficina Anticorrupción (OA) desistió de ese rol.

El estado de las causas indica que Cristina Kirchner podría atravesar el año electoral sin ningún juicio oral en curso. El caso Vialidad, por el que es juzgada actualmente, arrojará un veredicto antes de fin de año. El juicio cuadernos no parece estar en la agenda judicial de 2023. Y si el próximo año la Cámara Federal de Casación Penal decidiera la reapertura del caso Hotesur Los Sauces, una decisión que tiene bajo estudio, ese expediente sería enviado a otro tribunal oral. En caso de ser reabierto, quienes conocen los tiempos de los tribunales de Comodoro Py consideran muy improbable que ese juicio por lavado de dinero llegue a desarrollarse durante 2023.

La causa cuadernos tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones de Centeno que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. La investigación fue realizada por LA NACION. El caso tuvo su punto más álgido en agosto de 2018, con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y a sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. En los meses posteriores, decenas de imputados declararon como “arrepentidos” y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.

 

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LA NACION
FUENTE LA NACION

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La Justicia de EEUU falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF

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La jueza Preska dejó afuera del caso a YPF, pero admitió la demanda contra el Estado argentino por una indemnización de hasta 20 mil millones de dólares.

La jueza estadounidense Loretta Preska aplicó un revés al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF en 2012 y ahora enfrenta el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por hasta 20 mil millones de dólares.

Preska, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y sucesora de Thomas Griesa, admitió las demandas de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron a accionistas privados el derecho a litigar contra Argentina e YPF por la expropiación.

El fallo de este viernes tuvo una recepción positiva en YPF. Fuentes de la compañía explicaron a LPO que “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional”. Además, indicaron que Preska no hizo lugar a todos los pedidos de los demandantes.

En la petrolera de mayoría estatal destacan que “sus activos están fuera de riesgo”, aunque en los hechos la jueza determinó que la Argentina deberá pagar las indemnizaciones y por lo tanto otros activos del país quedan sujetos a embargos.

El fallo se da apenas dos días después de la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca e implica un duro revés para el gobierno argentino, que buscó exagerar el supuesto buen vínculo con Estados Unidos.

Burford: El mega estudio que hizo de los juicios contra Argentina su negocio más rentable

La jueza neoyorkina consideró que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a la española Repsol, que tenía la mayoría del paquete. “Ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero (Argentina) no lo hizo”, consideró.

La Argentina tiene dos instancias para apelar el fallo de Preska, pero igualmente deberá pagar una garantía. Los demandantes reclaman indemnizaciones de entre 8 mil y 20 mil millones de dólares, pero la jueza Preska rechazó fijar los montos.

En el fallo sostiene que “el precio de oferta pública que Argentina habría estado obligada a ofrecer si cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, pero advirtió que no tiene certezas del momento exacto en que Argentina tomó el control de las acciones para determinar el monto.

Burford lleva adelante el juicio contra Argentina tras haberle comprado los derechos a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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Usurpación en barrio Las Heras: Ferlauto confirmó que “las familias tienen 48 horas para desalojar los terrenos”

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El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, hizo referencia a las tomas de tierras en el barrio Las Heras y la orden de desalojo que dispuso el juez de la causa.

 

“Hoy tome comunicación telefónica con el fiscal de la causa y me informó que el juez ordenó el desalojo definitivo de los terrenos del bario Las Heras. Son aproximadamente 28 grupos familiares que tienen 48 horas para hacer abandono del lugar o sino lo hará el Estado con el uso de la fuerza”, dijo.

 

Con respecto a las diferentes usurpaciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, el funcionario remarcó: “Se está replicando en varios lugares de la ciudad la toma de terrenos. Está orquestado, no se si por una o varias organizaciones, y estamos cansados de esto, yo estoy cansado. Antes que funcionario, soy argentino”.

 

“Tenemos que trabajar más allá de las ideologías porque esto es un problema de Mar del Plata, queremos proteger el estilo de vida de nuestros vecinos, simplemente eso”, concluyó.

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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