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El Macri que se atrincheró en el Bapro

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El gobernador Axel Kicillof designó a Juan Cuattromo para conducir al entidad financiera de la provincia pero el intendente de Vicente López dilata el llamado a una asamblea de accionistas para designar las nuevas autoridades.
Imagen: Sandra Cartasso

A casi cuarenta días de la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, la designación del nuevo directorio del Grupo Banco Provincia SA (Bapro) que preside Jorge Macri deberá seguir esperando. El flamante presidente del Banco Provincia, el economista Juan Cuattromo, acusa al intendente de Vicente López de pretender aferrarse a su segundo cargo ejecutivo –por el que cobra 300 mil pesos mensuales– y lo intimó a convocar a la asamblea de accionistas para que acepte las renuncias del directorio y se pueda avanzar en la renovación de autoridades. Desde el entorno del primo del ex presidente Mauricio Macri, quien a partir de la dura derrota de María Eugenia Vidal en las urnas busca erigirse como líder de Juntos por el Cambio en la provincia, niegan cualquier irregularidad: dicen que el procedimiento se inicia con el pedido que Cuattromo hizo el miércoles y que Macri ya convocó para el martes próximo al directorio del Bapro, que ahora deberá llamar a asamblea.

El Bapro es un conglomerado de empresas que incluye a Provincia Seguros, Provincia Leasing, Provincia Fondos, Provincia Vida, Provincia Mandatos, Provincia Bursatil, Provincia ART y Provincia NET. El banco es propietario de las acciones del grupo, que Macri preside desde el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora, pese a las acusaciones de incompatiblidad por desempeñarse al mismo tiempo como intendente de Vicente López, distrito que gobierna desde 2011 y donde acaba de ser reelecto por segunda vez. El hombre fuerte de Juntos por el Cambio en la provincia también fue cuestionado desde el comienzo de su gestión por otorgar créditos preferenciales a las empresas constructoras del primo Angelo Calcaterra (Iecsa) y del amigo del alma Nicolás Caputo (Caputo SA), y a la firma de ropa del cuñado del ex presidente Macri, Daniel Awada (Cheeky).

Cuattromo, un joven economista surgido de la Universidad de José C. Paz que había acompañado a Kicillof durante su gestión en el gobierno de Cristina Fernández, asumió la presidencia del Banco Provincia el 20 de diciembre último. Como propietario de las acciones de BAPRO, el banco ejerce los derechos políticos del grupo empresario y su directorio tiene entre sus facultades la de designar a las autoridades (presidente, vice y siete directores). El 9 de diciembre, un día antes de los cambios de gobierno, el directorio que también integra José Rodríguez Larreta (hermano del jefe de gobierno porteño) puso sus renuncias a disposición de los accionistas del banco, según consta en un acta difundida desde el entorno de Macri. El cuestionamiento desde el Frente de Todos apunta a que las renuncias no son efectivas hasta que esa asamblea de accionistas las aprueba y que transcurrido más de un mes del nuevo gobierno Macri no la convocó. Esa es la razón por la que Cuattromo lo intimó a hacerlo en un plazo máximo de diez días.

Fuentes allegadas a Macri, por su parte, aseguran que “no hay demora ni atrincheramiento”. Explican que las renuncias se presentaron el 9 de diciembre y que recién el miércoles último, 15 de enero, recibieron la nota de Cuatrommo solicitando que el directorio convoque a la asamblea de accionistas. Ese pedido formal, sugieren, es condición necesaria para iniciar el proceso. A partir del pedido, Macri fijo para el martes próximo la fecha de la próxima reunión del directorio, que continúa en funciones a 40 días de haber presentado sus renuncias.

PAGINA 12

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Con una nueva regulación a los créditos, el Banco Central le dio un duro golpe a la industria fintech

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Anunció ayer que prohíbe que las compañías debiten en forma automática las cuotas de los préstamos a sus clientes. Es la principal forma de cobro que tienen las empresas que prestan dinero en forma digital. Golpea a todo el universo de las entidades extrabancarias

El BCRA prohíbe que las compañías debiten en forma automática las cuotas de los préstamos a sus clientes.

El BCRA prohíbe que las compañías debiten en forma automática las cuotas de los préstamos a sus clientes.

El tope de tasas al 55% anual para la financiación con tarjeta atrajo toda la atención ayer tras la decisión del Banco Central. Pero hubo otra normativa aprobada que podría tener un impacto mucho más fuerte para el sistema financiero extrabancario. Se trata de la prohibición de cobrar la cuota de los préstamos a través de un débito en la cuenta del cliente.

Esta modalidad es el principal instrumento de cobro que tienen las compañías que otorgan préstamos por afuera del sistema bancario tradicional. En la lista aparecen desde cooperativas especializadas en otorgar crédito hasta modernas fintech, que otorgan préstamos on line. El financiamiento se otorga depositando en al cuenta bancaria del solicitante y luego todos los meses se debita la cuota a partir del CBU. De esta manera, tienen una poderosa herramienta para asegurarse el repago del crédito.

Sin embargo, el directorio del Central dispuso ayer, a través de la Comunicación “A”6.909, la prohibición de aplicar el débito directo interbancario y recurrente “para el cobro de cualquier préstamo vinculado a préstamos” La modalidad de “débito en cuenta” sigue vigente para el pago de impuestos y de servicios.

Tras conocerse la resolución del Central comenzaron los llamados entre los distintos jugadores del sector.

Tras conocerse la resolución del Central comenzaron los llamados entre los distintos jugadores del sector.

La novedad tomó totalmente desprevenido al sector. En realidad, la mayoría de los ejecutivos de fintech estaban más pendientes de saber si el tope a las tasas podría o no impactar en su actividad. Pero no tenían en el radar la posibilidad de que directamente se prohíba la modalidad de cobranza vía débito de la cuenta.

 La modalidad de cobranza a través del débito en cuenta está generalizada entre las compañías de crédito extrabancarias. Las fintech son jugadores muy relevantes del mercado, a través de la originación de préstamos on line

Tras conocerse la resolución del Central comenzaron los llamados entre los distintos jugadores del sector. “Esto va a generar automáticamente un freno en el otorgamiento de préstamos, porque cambia la principal modalidad que hoy utiliza el mercado”, explicaba un importante jugador de la industria fintech.

El Central, en cambio, sí admitió la posibilidad de que las compañías cobren por débito exclusivamente cuando el cliente autorice en forma puntual que lo hagan desde su cuenta. Pero las compañías financieras podrían perder mucho tiempo y recursos cada vez que tienen que contactar a un cliente para cobrar la cuota del préstamo otorgado. Sería extremadamente difícil de implementar.

Aunque no está clara cuál es la motivación del BCRA en avanzar en esta dirección, hay dos lecturas posibles. Por un lado frenar algunas “malas prácticas” que se estaban produciendo en el mercado. Algunas compañías abusaban del débito en cuenta de clientes. Cobraban de más de lo que correspondía en el mes como una manera de asegurarse el pago de cuotas futuras. Sin embargo no se trataba de una práctica generalizada ni mucho menos.

El BCRA autorizó a los clientes a rechazar cualquier débito que le hayan realizado en la cuenta

El BCRA autorizó a los clientes a rechazar cualquier débito que le hayan realizado en la cuenta

Otra de las versiones indicaba que se trató de la presión de los bancos, que tienen a las fintech y otro tipo de empresas de segunda línea como competidores directos en el mercado crediticio. Las entidades del sector venían quejándose hace tiempo del tratamiento diferencial que recibían las fintech, en detrimento de las fuertes regulaciones del sector financiero.

Con esto lo único que van a conseguir es que la gente se quede sin crédito. Porque como ahora será más riesgoso prestar, la tasa de interés terminará siendo más alta”, señalaban en las fintech. La decisión de casi toda la industria, al menos momentáneamente, sería la de suspender en forma temporal el otorgamiento de nuevos préstamos. Y en las cámaras que agrupan a las entidades que operan en el circuito extrabancario ya empezaban a pedir audiencia en el BCRA para explicar el caso.

¿Cómo se cobrarían los préstamos de ahora en adelante? Básicamente a través de un pago voluntario, es decir que todos los meses el cliente realiza por decisión propia un débito con su dinero a favor de una entidad que le prestó. Este esquema por supuesto ya existe, pero debería generalizarse. El problema es, nuevamente, que se trata de un préstamo más riesgoso, al tener menos certeza de devolución.

Además, el BCRA autorizó a los clientes a rechazar cualquier débito que le hayan realizado en la cuenta, por cualquier motivo y monto. El dinero debería acreditarse en la cuenta a las 72 horas hábiles como máximo, en lo que intenta ser otra medida de protección al deudor.

FOTO TAPA : DIRECTORIO LEGISLATIVO

INFOBAE

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Dónde están y cuánto valen los terrenos que cedió el gobierno de Macri a la Ciudad de Buenos Aires

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La mayoría de las escrituras contemplan espacios linderos al Paseo del Bajo, los viaductos de las líneas San Martín y Mitre y las Playas Ferroviarias de Palermo y Caballito. Desde el gobierno porteño aseguraron que el decreto de este lunes solo supone una revisión de cada caso

Algunas de las escrituras cuestionadas eran de inmuebles cedidos en las inmediaciones del Paseo del Bajo (Foto: GCBA)

Algunas de las escrituras cuestionadas eran de inmuebles cedidos en las inmediaciones del Paseo del Bajo (Foto: GCBA)

La mayoría de esos traspasos se firmaron entre el 19 de septiembre de 2019, poco después de las PASO, y el 10 de diciembre del mismo año, fecha en la que se produjo el cambio de mandato.

Ahora, ¿dónde se encuentran ubicados los terrenos cedidos por parte del Estado nacional al gobierno porteño y en cuánto fueron tasados?

De acuerdo con un informe presentado por las actuales autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pusieron bajo revisión 31 escrituras que contemplaban el otorgamiento del control de cerca de 100 inmuebles a la Capital Federal.

Diez de las 31 escrituras fueron realizadas entre el 12 de septiembre y el 22 de noviembre de 2019, en el marco del convenio Paseo del Bajo (establecido el 23 de noviembre de 2018) y del decreto 87/2019 (del 29 de enero de 2019). Esa zona nueva, de sumo interés para el sector privado, fue tasada por referentes del mercado inmobiliario en 5.457.610.000 pesos (más de cinco mil millones de pesos).

En la zona del Paseo del Bajo, se destacan inmuebles ubicados en la avenida del Libertador

En la zona del Paseo del Bajo, se destacan inmuebles ubicados en la avenida del Libertador

El informe también refiere a:

La escritura 553 (5 de diciembre de 2019), realizada en el marco de los Convenios sobre Viaductos efectuado entre AABE y el Gobierno de la Ciudad en las fechas 17 de julio de 2017, 17 de octubre de 2017 y 13 de noviembre de 2019. Los predios en cuestión se ubican en las inmediaciones de las líneas de tren San Martín y Mitre. Esa escritura contempla la cesión de siete inmuebles y su valor de mercado asciende a 8.504.140.000 pesos.

La escritura 554 del 4 de diciembre de 2019, en la que se transfieren algunas parcelas de la Playa Palermo, en el marco del Convenio entre Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA y el Gobierno porteño del 3 de julio de 2018. También se hizo en base al convenio de las Playas Palermo y Caballito, del 8 de noviembre de 2019 y al convenio específico de colaboración del 5 de octubre de 2018. Las parcelas fueron transferidas por “dación de pago” y la cotización de esa zona fue estimada en 12.987.338 dólares.

La escritura 555 del 5 de diciembre de 2019, en la que se transfirieron parcelas de la Playa Caballito en base al mismo convenio de la escritura 554 y en la que se contempla un valor total del terreno de 16.961.616 dólares.

El proyecto urbanístico de la Playa Ferroviaria Palermo también está incluido en algunas de las escrituras de la cesión de inmuebles

El proyecto urbanístico de la Playa Ferroviaria Palermo también está incluido en algunas de las escrituras de la cesión de inmuebles

Además, el informe puntualiza que existen otras 18 escrituras que no fueron especificadas y que registran la transferencia de bienes como comisarías de diferentes puntos de la ciudad, un predio de canchas de fútbol y locales comerciales en las inmediaciones de la estación de trenes Urquiza de la línea Mitreotro predio grande en la calle Crámer, cerca de la estación Colegiales, la prolongación de la calle Rondeau, un terreno lindero a la estación Sáenz, de la línea Belgrano Sur, cuarteles y una playa judicial. Hasta el momento, no se pudo establecer un parámetro del valor específico de cada uno de esos bienes en la actualidad.

Se estima que el valor total de los bienes, según los precios que se pudieron establecer, fue de 13.961.750.000 pesos y 29.948.954 dólares.

El decreto de urgencia 145/2020 firmado por Alberto Fernández y todo su gabinete consideró que las cesiones realizadas el año pasado “desnaturalizan la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”, además de privar la posibilidad de “obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.

Además, el Estado nacional calificó como algo “gravoso y reprochable” el hecho de que el Gobierno de Mauricio Macri haya firmado la medida el 28 de octubre de 2019, un día después de que perdiera las elecciones generales presidenciales en primera vuelta y que se quedara sin posibilidades de reelección.

Algunas decisiones fueron tomadas tan sobre la hora que, por ejemplo, los bajos del viaducto del ferrocarril San Martín fueron adjudicados al Gobierno de la Ciudad por 30 años el 9 de diciembre, precisamente un día antes de que Macri dejara su lugar en el mando presidencial.

La transferencia de inmuebles de la Playa Ferroviaria de Caballito también será investigada por el Gobierno nacional

La transferencia de inmuebles de la Playa Ferroviaria de Caballito también será investigada por el Gobierno nacional

Además, el gobierno actual también cuestionó que sus antecesores cedieron tierras de manera casi exclusiva a la Ciudad de Buenos Aires y no repitieron el modus operandi con otros inmuebles en las diferentes provincias del país.

“Encontramos una enorme discrecionalidad en una cantidad de inmuebles cedidos a la Ciudad de Buenos Aires” y subrayó que “esto comienza con un DNU firmado un día después de la derrota electoral: en los últimos tres meses del año pasado hubo una cesión de unos $15.800 millones, con una inclinación clara a favorecer a la Ciudad de Buenos Aires y una notoria voluntad de hacer rápido las transferencias”, declaró Martín Cosentino, titular de la AABE, en aquella oportunidad a Infobae.

Por su parte, desde el gobierno porteño por ahora evitan elevar la voz. Advirtieron que la medida del Estado nacional radica en una revisión de las transferencias y confían en que, mediante el diálogo, se podrá llegar a un acuerdo.

Los inmuebles transferidos -apuntan en la administración de Rodríguez Larreta- tienen causa en convenios originados con mucha anterioridad al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal y que la disposición de los inmuebles fue autorizada en 2013, 2018 y enero de 2019.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Por otro lado, el Poder Ejecutivo emitió el lunes otro decreto (149/2020) en el que instruyó a la AABE a “revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

INFOBAE

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Pauta oficial: radiografía de una distribución discrecional y electoralista

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Un relevamiento de la inversión entre 2016 y 2019 da cuenta de una estrategia política común. El Grupo Clarín es el más beneficiado y CABA el distrito que más gastó por habitante

Por Agustin Espada y Santiago Marino – @AgustinEspada y @SantiagoMarino


Entre 2016 y 2019 las cuatro jurisdicciones más grandes del país invirtieron más de 45 mil millones de pesos en concepto de publicidad oficial, lo que representó alrededor de un 20% del mercado publicitario argentino. El dato muestra la injerencia estatal tanto en la economía, como en el desarrollo del sistema de medios argentino. Un análisis de su distribución da cuenta de su utilización electoralista, propagandística y discrecional para premiar a los grandes medios que también dice mucho (¿o todo?) sobre la estrecha relación que une los devenires de los gobiernos y de las empresas mediáticas. A continuación los detalles de una delicada relación que pone en riesgo la libertad de expresión.La pauta oficial es un recurso central para el funcionamiento del sistema. Su gestión habilita discusiones políticas pero también sobre dinero, en un contexto de crisis en los medios tradicionales. Los datos de su administración en el país permiten identificar lógicas de gestión compartidas más allá del color político, el tamaño de las “cajas” y las jurisdicciones.Las inversiones en publicidad de actos de gobierno de la administración nacional (bajo la presidencia de Mauricio Macri), de la Jefatura de Gobierno de CABA (Horacio Rodríguez Larreta) y de las gobernaciones de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), Córdoba (Juan Schiaretti) y Santa Fe (Miguel Lifschitz) son las que, sumadas, muestran un gasto promedio de $11.400 millones por año. Todo calculado en pesos constantes, es decir, equiparando los valores en pesos tomando en cuenta los índices de inflación (del INDEC y del IPC Congreso) de los distintos años.

De las cinco jurisdicciones, la Nación fue la que más redujo el gasto: pasó de $6,3 millones en 2016 a los $3,5 millones en 2016, casi 47% menos. Córdoba fue la que más creció: pasó de menos de un millón en 2016 a $1,77 millones en 2019, con un crecimiento del 87%. La gestión de CABA fue la que más dinero invirtió por habitante: $712 de promedio por año, casi el doble que Córdoba, segunda en ese ránking.

Macri y Vidal condujeron los gobiernos que más publicidad contrataron en estos cuatro años. Aunque si se mira el porcentaje que representa el ítem “publicidad oficial” en el total del gasto presupuestario la perspectiva cambia. Córdoba (0,8%), CABA (0,4%), Buenos Aires (0,3%) y Santa Fe (0,27%) superan por mucho a la Nación, donde apenas suma el 0,06% del total del gasto público.
La publicidad oficial es un tema que ocupa la agenda de los medios de comunicación. Es la cuestión más enfocada de las políticas de comunicación y las más fácil de debatir, porque la discusión es sobre plata. Claro que cada medio lo expone de acuerdo a si la distribución lo beneficia o perjudica. Es un movimiento casi intuitivo que respeta el dicho popular: “el que no llora, no mama”.

El dinero con el que los distintos gobiernos contratan espacios en medios -que sirven tanto para difundir actividades como para hacer lisa y llanamente propaganda política, según el caso- es cada vez más importante en la economía del sistema mediático. Y aquí se combina la falta de regulación integral, la carencia de criterios claros que guíen las decisiones y el uso del recurso como lubricante de la relación entre los gobiernos y las empresas u organizaciones que gestionan medios. Así se explica, por ejemplo, que mientras los anunciantes privados eligen cada vez más las plataformas digitales, y atienden así los cambios en los comportamientos de las audiencias, los gobiernos pautan en medios tradicionales como si nada hubiera cambiado.

El peso del dinero público sobre la economía de los medios de comunicación es determinante. Y los estándares internacionales definen que cuanto mayor es la incidencia de este recurso en el financiamiento, mayor es la vulnerabilidad y exposición del sistema. Como mostró el Monitoreo sobre la Propiedad de los Medios (MOM) en 2019 –informe elaborado por Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino- en nuestro país resulta riesgoso que la publicidad financiada con dinero del Estado represente una quinta parte del total pautado en medios ($219.000 millones a valores de 2019, según datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios y, en particular, de la Agencia Havas). Y mucho más cuando los destinos de estos fondos no se encuentran acordados bajo criterios preestablecidos mediante una ley.

El club del billón
Conocer quiénes y cuánto reciben y son beneficiados por la distribución de la publicidad oficial permite decir mucho sobre la economía del sistema de medios y la incidencia de la pauta en las finanzas de las empresas. Para completar el mapa es necesario que todos los gobiernos informen los destinos. En nuestro país, eso solo se puede saber en Nación, Santa Fe y CABA (sin 2019) y Córdoba (parcialmente). La gestión Vidal no informó lo suyo.

El Grupo Clarín es el más beneficiado de todos al facturar más de $6.824 millones (a pesos constantes de 2019) a los distintos gobiernos. Lo siguen VIACOM (dueño de la cadena de canales de Telefe) con $3.295 millones, el Grupo América con $1.942 millones, Indalo con $1.260 millones y Prisa-Albavisión que completa el club del billón de pesos con $1.002 millones. En un escalón medio se encuentran La Nación ($860 millones) y Cadena 3 ($811 millones). Bastante más lejos de esas cifras se encuentran Perfil ($345 millones), Octubre ($226 millones) e Infobae ($206 millones). Siempre al valor indicado del peso en 2019.

Clarín: el ganador con todos los gobiernos
Los medios del Grupo Clarín recuperaron el liderazgo de la pauta oficial en el período 2016-2019 gracias a la gestión de Cambiemos en el gobierno nacional. Y son los más pauta reciben de CABA y Córdoba también. La excepción es Santa Fe, donde el privilegiado es América, que en ese período contó con medios como La Capital, LT8 y el UNO.

Es significativo que Clarín esté al tope en casi todas las jurisdicciones. Quiere decir que sus medios reciben pauta sin relación a que produzcan contenidos en el lugar. En Córdoba, por ejemplo, lo que prima es el criterio de la masividad que también los tiene al frente.

La pauta oficial representó para Clarín al menos el 10,5% de su facturación en 2016, el 8% en 2017 y el 5,5% en 2018. Esto implica que el liderazgo estuvo acompañado de una reducción de la incidencia en sus ingresos globales. La diferencia entre 2016 y 2018 se explica, en parte, porque la pauta que recibió de Nación bajó un 65% aproximadamente. Esto se explica en la caída del gasto que mostró la gestión nacional, ya que las facturaciones del grupo no son tan diferentes entre esos años.

Los montos y porcentajes computados corresponden a todos los distritos que divulgaron información. Y no contemplan las unidades de Cablevisión, Fibertel y Personal, corazón del Grupo pero cuya modelo de negocios es otro.

¿Aquí se gasta mucho?
Los presupuestos de publicidad gubernamental no se invierten de la misma manera ni implican exactamente el mismo tipo de campaña que en Argentina, pero sí se puede tomar la inversión de los gobiernos centrales (nacionales) para contratar espacios publicitarios en medios para comparar. Por ejemplo, y a modo de referencia, el gobierno nacional de Mauricio Macri gastó en 2018 US$ 76 millones y en 2019 US$ 69.7 millones.

Ese monto es muy menor a los US$476 millones gastados por el gobierno de Enrique Peña Nieto en México durante 2018. De hecho, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso entre sus objetivos reducir esos montos. En Ecuador, las cifras corresponden a 2017, año de transición entre Lenin Moreno y Rafael Correa, cuando el gasto fue de US$ 52 millones. Chile invirtió US$ 42 millones en 2018. En el mismo año, Martín Vizcarra en Perú gastó US$ 37 millones. Michel Temer en Brasil alcanzó los US$ 100 millones de inversión, Evo Morales en Bolivia utilizó US$ 75.1 millones. Por último, un dato europeo: en España en 2018 cuando Pedro Sánchez tomó el poder el gasto fue de US$ 23.7 millones.

La comparativa de gasto en publicidad por habitante de estos países muestra a Argentina en una línea media de US$ 1,7 por habitante en el año. Por encima se ubican Bolivia (US$ 6,7), México (US$ 3,8) y Chile (US$ 2,3). Por debajo se encuentran Perú (US$ 1,2), Ecuador (US$ 1), España (US$ 0,5) y Brasil (US$ 0,5).
Ilustración: Pablo Barruti
Gráficos: Agustín Espada
Fuente: Tiempo Argentino

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