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El Presidente convocó a Horacio Pietragalla y le pidió explicaciones por solicitar beneficios para Ricardo Jaime y Martín Báez

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Alberto Fernández convocó esta tarde al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la residencia de Olivos para pedirle explicaciones por los pedidos que hizo el organismo la semana pasada ante la Justicia para que se dispusieran la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y la excarcelación de Martín Báez , hijo del empresario Lázaro Báez.
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El secretario de Derechos Humanos se presentó en la Justicia y pidió el beneficio para el hijo del empresario santacruceño y el exsecretario de Transporte Fuente: Télam
Paz Rodríguez Niell

 

Gabriel Sued
20 de abril de 2020  • 19:57

Las presentaciones de Pietragalla no contaron con la aprobación previa del Fernández, aseguraron en Olivos. Sin embargo, después del encuentro de hoy, el Presidente hizo saber que respaldaba la actuación del funcionario.

Por la mañana, en el Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que se habían enterado de los pedidos del secretario de Derechos Humanos por los medios. “Lo hizo solo. Nadie lo sabía”, sostuvieron. La estrategia oficial de la cartera que conduce Marcela Losardo en relación con los presos y la crisis carcelaria se había limitado a presentar en los tribunales una lista con los nombres de los más de mil internos del sistema federal que integran grupos de riesgo de contraer coronavirus por su edad o su salud. No incluía hacer planteos particulares por la suerte de ninguno.

Nieto recuperado y muy cercano a las Abuelas de Plaza de Mayo, Pietragalla fue diputado durante ocho años y pertenece a La Cámpora.

Después del encuentro en Olivos, que duró solo unos minutos, Gobierno publicó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en el que sostuvo que el organismo que él encabeza actuó por planteos expresos que los detenidos hicieron ante la Justicia y en línea con una reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, ante la pandemia del coronavirus, promueve mecanismos alternativos a la prisión.

“La Secretaría de Derechos Humanos no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante denuncias concretas realizadas por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos, en estos casos en el ámbito de un proceso judicial”, dice el texto, y detalla que el organismo intervino en un total de siete causas. “No existe una elección subjetiva de la secretaría sobre los casos en los que intervenir, sino que se actúa ante las denuncias recibidas, siempre habiendo previamente analizado la veracidad o seriedad de las mismas y habiendo evaluado la posibilidad de que efectivamente se estén lesionando derechos”, agrega el comunicado.

Pietragalla ya había hecho un planteo similar a favor de Luis D’Elía, a quien le concedieron la prisión domiciliaria en febrero, y de otros cuatro detenidos en causas por delitos comunes, informaron fuentes oficiales. “No interviene de manera selectiva. Actúa por pedidos de los detenidos ante los jueces y hace recomendaciones de medidas alternativas por cuestiones de salud en el marco de la pandemia”, dijeron a LA NACION en el entorno del Presidente.

Esta explicación ya la había dado Pietragalla ante los primeros cuestionamientos informales a su actuación, pero no resultó suficiente. En el caso de Martín Báez, que se conoció ayer, el planteo de la semana pasada de Pietragalla no menciona siquiera la existencia de la pandemia. Y Martín Báez no integra la nómina del Ministerio de Justicia de los presos que pertenecen a los grupos de riesgo ante el avance del coronavirus.

Al enterarse de la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos, el Presidente convocó a Pietragalla y le advirtió que debía haber comunicado lo que estaba haciendo, por tratarse de casos sensibles, relataron fuentes oficiales. Después de escuchar sus fundamentos, dio por terminado el episodio y cerró filas con su funcionario. La justificación que dio la Secretaría en el comunicado pasó por el filtro de la Presidencia.

“La secretaría siempre actúa teniendo en cuenta que ejerce la representación del Estado nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos, por lo que debe defender internacionalmente el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Es por eso que cada presentación realizada -incluida la del Sr. Jaime- es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente”, dice el comunicado.

El caso de Martín Báez

Martín Báez cumple prisión preventiva acusado de haber lavado dinero vinculado a la corrupción. La presentación de Pietragalla pidiendo su excarcelación se conoció hoy, pero llegó a los tribunales la semana pasada, al igual que la solicitud respecto de Jaime.

Según Pietragalla, la decisión del tribunal de mantener preso a Martín Báez “podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado argentino”, porque es “arbitraria” y está “reñida con el Estado de Derecho” y con la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero Pietragalla cuestionó además las condiciones de detención en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal (que depende del Ministerio de Justicia). Fue un punto de su escrito que no cayó bien en algunos despachos, a pesar de que el secretario de Derechos Humanos señaló como principal responsable de los problemas penitenciarios a la Justicia. “No se puede soslayar el contexto de la emergencia carcelaria y el grave problema de sobrepoblación que afecta a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, en gran medida a causa del exceso de las prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial por fuera de las normas, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, dijo. Pietragalla insistió: “Por supuesto que esta sobrepoblación carcelaria significa un óbice para la realización y respeto de todos los derechos humanos del conjunto de las personas privadas de su libertad”.

En los últimos tiempos, casi todos los presos por corrupción dejaron la cárcel. En lo que va del mes salieron de prisión el exvicepresidente Amado Boudou y D’Elía (que le agradeció a Pietragalla su intervención). Los dos están condenados y tienen hoy un arresto domiciliario.

Para el secretario de Derechos Humanos, en el caso de Martín Báez no sería suficiente, en cambio, una forma atenuada de prisión preventiva (como la prisión domiciliaria) porque lo que corresponde es la libertad. Baez no fue condenado y es “un ejemplo del abuso de las prisiones preventivas”, dijo Pietragalla.

Martín Báez lleva un año y dos meses preso. Está acusado de haber participado de una maniobra de lavado de dinero junto con su padre, Lázaro Báez, que fue amigo y socio de Néstor Kirchner. Martín Báez transitó la primera parte de la causa en libertad. Lo detuvieron cuando la Justicia advirtió que había sacado 5,5 millones de dólares de una cuenta de Bahamas que estaba embargada.

En su escrito de la semana pasada, Pietragalla citó a Alberto Fernández. “Cuando el Presidente de la Nación, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se refirió a ‘detenciones arbitrarias’ lo hizo en consonancia con las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. De eso se trata”, afirmó.

Debe otorgársele la excarcelación -concluyó el funcionario en su escrito sobre Martín Báez- “con el fin de evitar que el Estado argentino caiga en responsabilidad internacional y fundamentalmente, de respetar el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia de todo imputado, hasta que recaiga condena firme en su contra”.

FUENTE : LA NACION

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El Gobierno creó un “comando unificado de fuerzas federales” para combatir la inseguridad en el conurbano

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El Gobierno nacional creó un “Comando Unificado de Fuerzas Federales en el Conurbano” (CUC) para hacer “más eficiente la coordinación” con la Provincia de Buenos Aires y poder enfrentar la inseguridad en el conglomerado urbano más poblado del país.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La misma lleva la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que había adelantado la medida el pasado 9 de marzo, tras la conformación de un comando unificado en la ciudad santafesina de Rosario.

“Vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, había manifestado en ese momento el funcionario nacional. Días después, el gobernador bonaerense Axel Kicillof indicó que hacía tiempo habían “solicitado el envío de seis mil gendarmes” pero todavía Seguridad no había enviado “ni uno”.

Asimismo, Fernández luego había agregado que el comando estaría dividido en cinco áreas. Acorde a lo publicado en el Boletín Oficial, estas serán:

  • Comando Norte: con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz.
  • Comando Noroeste: en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
  • Comando Suroeste: presente en La Matanza.
  • Comandos Sur: con funciones en Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza.
  • Comandos La Plata: con funciones en La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.

 

El texto oficial señala que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del director nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, añade.

 

El “Mapa de calor” de la Inseguridad

Por otro lado, la disposición aclara que las Fuerzas Federales “intercambian información” con sus pares de la provincia de Buenos Aires y sus distritos, en base a lo cual se confecciona el llamado “mapa de calor”. Esta denominación refiere a aquellas zonas con “mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Cada uno de los comandos regionales (Norte, Noroeste, Suroeste, Sur y La Plata) tendrá una “Mesa de análisis criminal”, que se reunirá periódicamente para identificar la actividad criminal que podría estar desplegándose en el territorio y profundizar el intercambio de datos.

Cada uno de los comandos permitirá ejercitar “de manera más eficiente” las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en los territorios de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un “servicio de más y mejor seguridad para los ciudadanos”, concluye el documento.

Tras la creación del CUC en Rosario, donde debe enfrentarse una compleja situación a raíz de la violencia generada por bandas criminales ligadas al narcotráfico, distintos funcionarios reclamaron a Nación reclamaron una medida similar en la zona del Conurbano bonaerense para mejorar la tarea policial.

Infobae

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Un micro de larga distancia no llegó a frenar y se incrustó contra el baúl de un auto: un herido

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El conductor de un auto resultó herido y fue trasladado al hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras un violento choque con un micro de larga distancia en el barrio El Gaucho.

El accidente ocurrió este martes por la noche en Ruta 88 e Irala cuando por causas que se desconocen y son materia de investigación, un colectivo de larga distancia de la empresa “Servitur” marca Mercedes Benz conducido por un hombre de 60 años no llegó a frenar y se incrustó contra el baúl de un auto.

Tras el fuerte impacto, el conductor del vehículo -un joven de 24 años fue trasladado al HIGA y su acompañante (36) sufrió un dolor en el pecho.

La Policía Científica realizó los peritajes a los dos vehículos involucrados para determinar las causas del accidente y los conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, pero el resultado les dio negativo.

El fiscal Pablo Cistoldi, a cargo de la investigación, dispuso que se notifique a los dos conductores de la formación de una causa por Lesiones culposas.

 

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Alberto Fernández anunció el envío de fuerzas federales a Rosario: “No permitiremos un solo acto más de impunidad”

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Este martes Alberto Fernández anunció una serie de medidas para “desarticular las organizaciones del crimen” en Rosario, “con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática”. A través de un mensaje grabado el jefe de Estado dispuso, entre otros aspectos, la movilización de fuerzas de seguridad a la ciudad santafesina y se comprometió a “poner en el centro de la escena la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad”.

En primer lugar, informó el mandatario, “he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario”. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, “estará mañana mismo en Rosario poniendo en operación este refuerzo”, afirmó el Presidente.

En segundo lugar, siguió el jefe de Estado , “he decidido que el Ejército Argentino a través de su Compañía de Ingenieros participe en la urbanización de barrios populares acelerando tareas pendientes de ejecución que son muy necesarias”.

“Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia y del mismo modo ejemplar con el que actuaron en la pandemia y en los incendios, irán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesitan”, remarcó en ese sentido.

Además, este miércoles el gobernador Omar Perotti “firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) el convenio para instalar una delegación ahí en Rosario. De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico”, indicó.

Para abordar esta problemática, “también firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del Renaper que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez y celeridad en los operativos de seguridad”, destacó.

Asimismo, “sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario”, anunció Fernández.

Por último, el sistema carcelario extremará la custodia “contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales”, sostuvo el mandatario.

En el comienzo de su discurso, Fernández reconoció que “la lucha contra el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha alcanzado los resultados que esperábamos”, aunque advirtió en ese sentido que este tipo de organizaciones “no se desarrollan de un día para el otro, requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en la fuerza de seguridad, la justicia y también en la política, que es lo que garantiza su desarrollo, su expansión y fundamentalmente su impunidad”.

“Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos”, analizó el mandatario. “Entiendo que Rosario nos necesita y se que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para enfrentar la solución del problema”, observó Fernández, quien conversó en los últimos días con el gobernador Omar Perotti y con el intendente Pablo Javkin, quienes le “ofrecieron su mirada y expresaron sus necesidades para enfrentar de fondo un problema que se ha desarrollado a lo largo de muchos años”.

“Estamos tomando decisiones contundentes, no me tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones siendo que lo haga activa o pasivamente le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas”, subrayó el Presidente.

Rosario, “cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito de desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático”, añadió, sobre la utilización electoral que hicieron varios referentes de la oposición.

“Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias y se lo debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad”, afirmó sobre el impacto de las propuestas en marcha, detallan desde P/12.

Y concluyó: “Trabajamos por una seguridad coordinada, por una seguridad federal, preventiva e integral para todos y para todas. (…) Rosario es mucho más que los problemas que atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Ninguna organización criminal ni red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido en defensa de su tierra y de su vida en comunidad”.

 

Infoveloz

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