Las presentaciones de Pietragalla no contaron con la aprobación previa del Fernández, aseguraron en Olivos. Sin embargo, después del encuentro de hoy, el Presidente hizo saber que respaldaba la actuación del funcionario.

Por la mañana, en el Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que se habían enterado de los pedidos del secretario de Derechos Humanos por los medios. “Lo hizo solo. Nadie lo sabía”, sostuvieron. La estrategia oficial de la cartera que conduce Marcela Losardo en relación con los presos y la crisis carcelaria se había limitado a presentar en los tribunales una lista con los nombres de los más de mil internos del sistema federal que integran grupos de riesgo de contraer coronavirus por su edad o su salud. No incluía hacer planteos particulares por la suerte de ninguno.

Nieto recuperado y muy cercano a las Abuelas de Plaza de Mayo, Pietragalla fue diputado durante ocho años y pertenece a La Cámpora.

Después del encuentro en Olivos, que duró solo unos minutos, Gobierno publicó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en el que sostuvo que el organismo que él encabeza actuó por planteos expresos que los detenidos hicieron ante la Justicia y en línea con una reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, ante la pandemia del coronavirus, promueve mecanismos alternativos a la prisión.

“La Secretaría de Derechos Humanos no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante denuncias concretas realizadas por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos, en estos casos en el ámbito de un proceso judicial”, dice el texto, y detalla que el organismo intervino en un total de siete causas. “No existe una elección subjetiva de la secretaría sobre los casos en los que intervenir, sino que se actúa ante las denuncias recibidas, siempre habiendo previamente analizado la veracidad o seriedad de las mismas y habiendo evaluado la posibilidad de que efectivamente se estén lesionando derechos”, agrega el comunicado.

Pietragalla ya había hecho un planteo similar a favor de Luis D’Elía, a quien le concedieron la prisión domiciliaria en febrero, y de otros cuatro detenidos en causas por delitos comunes, informaron fuentes oficiales. “No interviene de manera selectiva. Actúa por pedidos de los detenidos ante los jueces y hace recomendaciones de medidas alternativas por cuestiones de salud en el marco de la pandemia”, dijeron a LA NACION en el entorno del Presidente.

Esta explicación ya la había dado Pietragalla ante los primeros cuestionamientos informales a su actuación, pero no resultó suficiente. En el caso de Martín Báez, que se conoció ayer, el planteo de la semana pasada de Pietragalla no menciona siquiera la existencia de la pandemia. Y Martín Báez no integra la nómina del Ministerio de Justicia de los presos que pertenecen a los grupos de riesgo ante el avance del coronavirus.

Al enterarse de la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos, el Presidente convocó a Pietragalla y le advirtió que debía haber comunicado lo que estaba haciendo, por tratarse de casos sensibles, relataron fuentes oficiales. Después de escuchar sus fundamentos, dio por terminado el episodio y cerró filas con su funcionario. La justificación que dio la Secretaría en el comunicado pasó por el filtro de la Presidencia.

“La secretaría siempre actúa teniendo en cuenta que ejerce la representación del Estado nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos, por lo que debe defender internacionalmente el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Es por eso que cada presentación realizada -incluida la del Sr. Jaime- es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente”, dice el comunicado.

El caso de Martín Báez

Martín Báez cumple prisión preventiva acusado de haber lavado dinero vinculado a la corrupción. La presentación de Pietragalla pidiendo su excarcelación se conoció hoy, pero llegó a los tribunales la semana pasada, al igual que la solicitud respecto de Jaime.

Según Pietragalla, la decisión del tribunal de mantener preso a Martín Báez “podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado argentino”, porque es “arbitraria” y está “reñida con el Estado de Derecho” y con la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero Pietragalla cuestionó además las condiciones de detención en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal (que depende del Ministerio de Justicia). Fue un punto de su escrito que no cayó bien en algunos despachos, a pesar de que el secretario de Derechos Humanos señaló como principal responsable de los problemas penitenciarios a la Justicia. “No se puede soslayar el contexto de la emergencia carcelaria y el grave problema de sobrepoblación que afecta a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, en gran medida a causa del exceso de las prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial por fuera de las normas, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, dijo. Pietragalla insistió: “Por supuesto que esta sobrepoblación carcelaria significa un óbice para la realización y respeto de todos los derechos humanos del conjunto de las personas privadas de su libertad”.

En los últimos tiempos, casi todos los presos por corrupción dejaron la cárcel. En lo que va del mes salieron de prisión el exvicepresidente Amado Boudou y D’Elía (que le agradeció a Pietragalla su intervención). Los dos están condenados y tienen hoy un arresto domiciliario.

Para el secretario de Derechos Humanos, en el caso de Martín Báez no sería suficiente, en cambio, una forma atenuada de prisión preventiva (como la prisión domiciliaria) porque lo que corresponde es la libertad. Baez no fue condenado y es “un ejemplo del abuso de las prisiones preventivas”, dijo Pietragalla.

Martín Báez lleva un año y dos meses preso. Está acusado de haber participado de una maniobra de lavado de dinero junto con su padre, Lázaro Báez, que fue amigo y socio de Néstor Kirchner. Martín Báez transitó la primera parte de la causa en libertad. Lo detuvieron cuando la Justicia advirtió que había sacado 5,5 millones de dólares de una cuenta de Bahamas que estaba embargada.

En su escrito de la semana pasada, Pietragalla citó a Alberto Fernández. “Cuando el Presidente de la Nación, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se refirió a ‘detenciones arbitrarias’ lo hizo en consonancia con las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. De eso se trata”, afirmó.

Debe otorgársele la excarcelación -concluyó el funcionario en su escrito sobre Martín Báez- “con el fin de evitar que el Estado argentino caiga en responsabilidad internacional y fundamentalmente, de respetar el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia de todo imputado, hasta que recaiga condena firme en su contra”.