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Judiciales

Elisa Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández y a tres miembros del Gabinete por no acatar el fallo de la Corte Suprema

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También fueron denunciados el ministro del Interior, el jefe de Gabinete, el ministro de Economía, y el gobernador de Chaco. Los acusan de desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada Ocaña pide la detención de dos funcionarios

La ex diputada Elisa Carrió presentó hoy una denuncia penal contra el presidente de la Nación Alberto Fernández y tres miembros de su gabinete por no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia también apunta al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía Sergio Massa.

Los acusan de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. A su vez, firmaron los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.

“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.

El miércoles, a través de una medida cautelar, la Corte Suprema resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.

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Luego de una reunión con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia), el Gobierno anunció mediante un comunicado la decisión de presentar un recurso de apelación ante el Máximo Tribunal y de recusar a todos los jueces.

Varios constitucionalistas consultados por Infobae aseguraron que la recusación no se puede presentar ya que deben ser planteadas en un determinado tiempo, básicamente antes de que se dicte una sentencia. Y la cautelar dictada por la Corte es una sentencia definitiva que debe cumplirse.

Los constitucionalistas consultados también consideran que la Corte rechazará el pedido de revocatoria in extremis de la cautelar que anunció el Gobierno. La revocatoria suele pedirse en casos en los que se cometió un error en el momento de dictar una sentencia y se le solicita al Tribunal que lo cometió que lo subsane. La Corte no suele admitir revocatorias porque sus sentencias son de carácter definitivo. Solo en casos de errores materiales en las sentencias se puede revocar en sentido de corregir el error.

Aunque los fondos deben ser girados por el Banco Nación, la denuncia apunta a la responsabilidad del ministro de Economía, uno de los notificados por el fallo de la Corte. “Queda claro que es el Ministerio de Economía que, a través de la Tesorería General de la Nación, debió haber girado los fondos de manera automática y diaria, en conformidad con lo resuelto por la Corte”, explica la presentación.

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Además del presidente y de los tres miembros del Gabinete, los representantes de la Coalición Cívica denunciaron al gobernador de Chaco Jorge Capitanich, a quien acusan de instigar al Presidente a alzarse en contra de la resolución dictada por la Corte Suprema.

“El Presidente debe desconocer este fallo, esto implica conflicto de poderes y también implica discutir un juicio político a los miembros de la Corte Suprema (…) Es lo que corresponde porque no puede la Corte Suprema, seguir funcionando como el resguardo del Poder corporativo (…) Yo no puedo concurrir a la reunión de la Casa Rosada pero sí he fijado mi posición pública (…) pero la verdad es que estamos cansados “nosotros los gobernadores de las provincias argentinas”, del tamaño nivel de manoseo…”, dijo el gobernador en declaraciones a C5N.

Más temprano, la diputada Graciela Ocaña también denunció al Presidente, al jefe de Gabinete Juan Manzur, al ministro de Economía Sergio Massa, al ministro del Interior Eduardo De Pedro, al Secretario de Hacienda Raúl Enrique Rigo, y a la titular del Banco Nación Silvina Batakis por los delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia. En el caso de los dos últimos, Ocaña reclamó su detención si no cumplen el fallo.

Otro que presentó una denuncia contra Alberto Fernández fue el legislador Roberto García Moritán. “Los fallos de la Corte Suprema deben ser respetados, y es inaceptable que un presidente viole la Constitución. La República está en juego y desde Republicanos Unidos tomamos el compromiso de defenderla”, opinó en las redes sociales.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires denunciará “a cada uno de los funcionarios responsables” de incumplir el fallo. No dijo cuáles serán esos funcionarios. Antes, a través de la Procuración de la Ciudad, la Ciudad realizará una presentación en la Corte para informar del incumplimiento.

La denuncia a Alberto Fernández

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FUENTE : INFOBAE

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La Justicia de EEUU falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF

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La jueza Preska dejó afuera del caso a YPF, pero admitió la demanda contra el Estado argentino por una indemnización de hasta 20 mil millones de dólares.

La jueza estadounidense Loretta Preska aplicó un revés al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF en 2012 y ahora enfrenta el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por hasta 20 mil millones de dólares.

Preska, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y sucesora de Thomas Griesa, admitió las demandas de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron a accionistas privados el derecho a litigar contra Argentina e YPF por la expropiación.

El fallo de este viernes tuvo una recepción positiva en YPF. Fuentes de la compañía explicaron a LPO que “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional”. Además, indicaron que Preska no hizo lugar a todos los pedidos de los demandantes.

En la petrolera de mayoría estatal destacan que “sus activos están fuera de riesgo”, aunque en los hechos la jueza determinó que la Argentina deberá pagar las indemnizaciones y por lo tanto otros activos del país quedan sujetos a embargos.

El fallo se da apenas dos días después de la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca e implica un duro revés para el gobierno argentino, que buscó exagerar el supuesto buen vínculo con Estados Unidos.

Burford: El mega estudio que hizo de los juicios contra Argentina su negocio más rentable

La jueza neoyorkina consideró que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a la española Repsol, que tenía la mayoría del paquete. “Ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero (Argentina) no lo hizo”, consideró.

La Argentina tiene dos instancias para apelar el fallo de Preska, pero igualmente deberá pagar una garantía. Los demandantes reclaman indemnizaciones de entre 8 mil y 20 mil millones de dólares, pero la jueza Preska rechazó fijar los montos.

En el fallo sostiene que “el precio de oferta pública que Argentina habría estado obligada a ofrecer si cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, pero advirtió que no tiene certezas del momento exacto en que Argentina tomó el control de las acciones para determinar el monto.

Burford lleva adelante el juicio contra Argentina tras haberle comprado los derechos a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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Usurpación en barrio Las Heras: Ferlauto confirmó que “las familias tienen 48 horas para desalojar los terrenos”

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El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, hizo referencia a las tomas de tierras en el barrio Las Heras y la orden de desalojo que dispuso el juez de la causa.

 

“Hoy tome comunicación telefónica con el fiscal de la causa y me informó que el juez ordenó el desalojo definitivo de los terrenos del bario Las Heras. Son aproximadamente 28 grupos familiares que tienen 48 horas para hacer abandono del lugar o sino lo hará el Estado con el uso de la fuerza”, dijo.

 

Con respecto a las diferentes usurpaciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, el funcionario remarcó: “Se está replicando en varios lugares de la ciudad la toma de terrenos. Está orquestado, no se si por una o varias organizaciones, y estamos cansados de esto, yo estoy cansado. Antes que funcionario, soy argentino”.

 

“Tenemos que trabajar más allá de las ideologías porque esto es un problema de Mar del Plata, queremos proteger el estilo de vida de nuestros vecinos, simplemente eso”, concluyó.

 

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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